FCH tuvo la razón al extinguir Luz y Fuerza/Miguel Alessio Robles,

 FCH tuvo la razón al extinguir Luz y Fuerza/Miguel Alessio Robles, exconsejero jurídico de la Presidencia en el gobierno de Felipe Calderón.

Reforma, 2 Feb. 13

A la memoria de Fernando Todd.

 El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación había resuelto, por unanimidad de votos, que el decreto que ordenó la extinción de Luz y Fuerza del Centro, era apegado a la Constitución y a la ley. Quedaba pendiente resolver si la Comisión Federal de Electricidad era patrón sustituto de Luz y Fuerza del Centro y, por tanto, si la primera debía recontratar a los trabajadores de la segunda que no optaron por la indemnización, debiendo pagarles además los salarios caídos desde la extinción hasta la recontratación, lo que habría evidenciado un error en el cálculo y en la medición de las consecuencias. Hoy la propia Suprema Corte ratifica, desde el ángulo constitucional y legal, que el Presidente Calderón tomó la decisión correcta. Nuevamente por unanimidad de votos, esta vez de una de sus salas, ha resuelto que no hubo tal sustitución patronal y que las medidas que se tomaron

fueron las justas, con tendencia al bien común. La Corte tuvo claro que el organismo receptor es una persona jurídica pública con personalidad diversa y obligada por ley a prestar el servicio de energía eléctrica, lo que necesariamente debía hacer con los bienes de aquella extinta, dados en uso gratuito por el liquidador.

Frente a las decisiones de trascendencia para el país, en el pasado los titulares del Ejecutivo optaron casi siempre por privilegiar los valores políticos que les permitían mantener un determinado estado, decidiendo equivocadamente por lo fácil, en lugar de enfrentar las consecuencias que temporalmente pudiera tener una resolución que a la larga conllevara el bien común. Pero Felipe Calderón está hecho de otra manera. Sus valores políticos, jurídicos, éticos y morales y su formación democrática, necesariamente lo llevarían a tomar el camino difícil; la línea política incómoda que conduce a la larga al bien de todos, sacrificando todo aquello que a cambio de extensión política hiciera perder al país ascensión. Para hacerlo, abogado de firmes convicciones, se basó en el orden jurídico y cumplió con sus obligaciones constitucionales.

Corresponde ahora ir dando cuenta de los resultados que de tiempo en tiempo vayan teniendo esas decisiones. Todos los gobiernos anteriores, incluyendo a las legislaturas que proveyeron de presupuesto, habían sostenido a esta empresa pública, que no solamente costaba a cada mexicano varios miles de pesos cada año, sino que era materialmente dirigida por un sindicato corrupto, en base a un contrato colectivo de trabajo que mantenía sin armas a los usuarios frente a la corrupción. Basta con señalar que desde su creación, el organismo descentralizado no dejó de recibir transferencias presupuestarias cuantiosas, las cuales lejos de disminuir se vieron incrementadas año con año. Un solo dato: en 2009 dichas transferencias fueron del orden de 41,945 millones de pesos.

De frente a todos los valores señalados, las posibilidades eran o seguir manteniendo un organismo costoso y fuente de múltiples ilícitos o cumplir con la ley y ordenar su extinción, con todas las consecuencias previsibles, especialmente el desempleo de sus trabajadores en un momento de especial énfasis en la creación de trabajos formales. Cualquier consejero político habría pedido mantener el estado de las cosas, no sólo frente al problema que implicaba el ejercicio del liderazgo administrativo para paliar el problema del desempleo, sino frente a las consecuencias políticas y electorales que marchas, protestas, molestias a los ciudadanos iban a causar. Pero, otra vez, Felipe Calderón no se veía siendo expresidente como uno más que se mantuvo cómodo, pero con la conciencia de haber podido mejorar la situación del país en ese rubro. Ordenó la extinción del organismo y enfrentó valientemente las consecuencias. Hizo todo lo posible en el ámbito administrativo para aligerar la carga de los trabajadores; buscó y encontró la manera de entregar indemnizaciones extraordinarias, porque extraordinario era el caso; instruyó mecanismos de recontratación de los más capacitados y necesarios; destinó recursos para fomentar actividades colaterales y negocios de diversa índole; presidió periódicas reuniones de gabinete para dar seguimiento a todos estos temas y estuvo pendiente de las resoluciones judiciales. En efecto, también en el caso de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, Felipe Calderón tuvo razón.