Vulnerabilidad
a los accidentes... y a los atentados
JORGE
CARRASCO A. Y ANABEL HERNÁNDEZ
Revista Proceso 1892, 3 de febrero de 2013
En
su estreno como gerente de Seguridad de Pemex, uno de los militares consentidos
del presidente Enrique Peña Nieto, el general brigadier Eduardo León Trauwitz
quedó muy mal con su protector, con la empresa paraestatal más importante del
país y con sus empleados y visitantes, con la sociedad mexicana, con el Estado,
con el Ejército… Ya sea que se confirmen o no las fuertes versiones recabadas
por Proceso en el sentido de que la explosión en las oficinas centrales de
Pemex se debió a un atentado urdido por Los Zetas, lo que queda al descubierto
en la tragedia es la vulnerabilidad de las instalaciones estratégicas del país
y de la población civil.
La
explosión en el edificio B-2 del complejo administrativo de Petróleos Mexicanos
(Pemex) en la Ciudad de México acabó con los días de gracia del gobierno de
Enrique Peña Nieto. Empeñado en desaparecer de la opinión pública el tema de la
narcoviolencia, a pesar de los casi 2 mil muertos registrados en su naciente
administración, quedó atrapado en su propio silencio.
La
explosión del 31 de enero no sólo tomó por sorpresa al gabinete y a los
servicios de seguridad mexicanos. También puso al descubierto las divisiones y
deficiencias en la seguridad corporativa de la principal empresa del país. Uno
de sus protagonistas es hombre cercano a Peña Nieto, el general brigadier
Eduardo León Trauwitz, actual gerente de Servicios de Seguridad Física de
Pemex.
Se
trata de quien fue escolta y jefe de seguridad del político priista cuando era
gobernador del Estado de México y que apenas el 20 de noviembre pasado fue
ascendido de coronel a su actual grado. Su nombramiento en Pemex rompió con la
tradición de que sean militares, en activo o en retiro pero con experiencia
operativa, los que estén a cargo de la seguridad de la paraestatal.
Fuentes
militares y de seguridad comentaron a Proceso la falta de control en la materia
en instalaciones de esa empresa estratégica, la debilidad de los servicios de
seguridad e inteligencia civiles y militares, y la carencia de instancias de
gobierno capaces de afrontar actos terroristas en México, incluso si sus
autores son miembros de la delincuencia organizada.
Más
de 24 horas después de la tragedia, el gobierno de Peña Nieto se limitaba a
actualizar la cifra de fallecidos –33 al cierre de esta edición– y a pedir que
no se especulara, pero sin ofrecer siquiera datos para apuntalar su interés de
que se trató de un accidente.
Intentó
llenar el vacío de información con versiones oficiosas acerca de “una
implosión”, y no una explosión, como resultado de una alta concentración de gas
halón, el que se utiliza para controlar incendios.
La
versión pretende contrarrestar aquellas que desde la noche del jueves se
refirieron a un atentado en el que se habría hecho uso de explosivos C4 y que
adjudicaron al cártel de Los Zetas en su supuesta confrontación con el
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Responsable
de la seguridad de todas las instalaciones y personal de Pemex, el general
brigadier León Trauwitz fue puesto en ese cargo al inicio del actual gobierno
en compensación por no haber ocupado el cargo de jefe del Estado Mayor
Presidencial, al que aspiró por su cercanía con Peña Nieto.
El
directorio del corporativo de la paraestatal se encuentra en “actualización”,
pero este semanario pudo corroborar el nuevo cargo del general brigadier a
través de personal de Pemex. El edificio siniestrado está apenas a 50 metros de
las oficinas de la gerencia donde despacha el exjefe de seguridad de Peña
Nieto.
Ahora
en el centro del escrutinio, el militar no se le despegó a Peña Nieto en los
dos últimos años de su gobierno en el Estado de México y durante su campaña
presidencial. Era su sombra. Estuvo adscrito a la coordinación de la ayudantía
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de esa entidad desde marzo de 2010, y
cuando Peña Nieto fue candidato a la Presidencia siguió siendo el responsable
de su seguridad; su sueldo era cubierto por el gobierno mexiquense.
Según
la información oficial consultada por Proceso, en septiembre de 2012, ya con
Peña como presidente electo, entró a la nómina de la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) en el área del Estado Mayor Presidencial, al que aspiraba
llegar el 1 de diciembre pasado.
El
nombre de León Trauwitz saltó a la luz pública en noviembre pasado por su
rápido ascenso, que fue visto con molestia al interior del Ejército Mexicano
por su falta de experiencia operativa; aunque no fue el único caso. Entonces
tenía el grado de coronel y, sin estar en la lista preliminar de ascensos
propuestos por la Sedena, la presidencia de Felipe Calderón lo incluyó en la
lista de ascensos que solicitó al Senado.
El
20 de noviembre de 2012 se convirtió en general brigadier pese a no haber
estado adscrito a la Defensa Nacional durante tres años y no haber cumplido el
periodo mínimo de servicio de cuatro años en el grado de coronel. El súbito
ascenso ocurrió a petición del presidente electo por la gran cercanía y
confianza en su escolta, pero ello le acarreó animadversiones en el Estado
Mayor Presidencial; en vez de él se quedó como jefe de ese poderoso cuerpo el
general de brigada Roberto Miranda.
El
cargo de gerente de Servicios de Seguridad Física (GSSF) de Pemex ha sido
ocupado por experimentados militares en situación de retiro. La mayoría eran
generales de división. Al puesto se le considera una de las posiciones que el
secretario de la Defensa en turno decide para sus allegados. El general
brigadier León Trauwitz fue la excepción y su llegada se vio en el Ejército
como una imposición directa desde Los Pinos.
Cuando
asumió la GSSF, exigió las renuncias inmediatas de todos los funcionarios de
mayor nivel. Su antecesor fue el general Salvador Leonardo Bejarano Gómez,
quien, molesto por estas formas, no concluyó su cargo en buenos términos, al
punto de que el proceso de entrega-recepción no se completó, dijeron fuentes
militares a Proceso. León Trauwitz habría amenazado a su antecesor con
iniciarle un procedimiento administrativo.
El
manual de organización interna de la paraestatal establece que la GSSF depende
directamente de la Dirección Corporativa de Administración y es la responsable
de “dirigir y controlar la ejecución de acciones que permitan detectar riesgos
y prevenir la realización de actos de terrorismo, sabotaje, atentados,
agresiones o intriga, que pongan en peligro el orden laboral, la integridad del
personal, bienes muebles e inmuebles y valores de Petróleos Mexicanos y
organismos subsidiarios”.
El
exescolta de Peña Nieto es el principal responsable de la seguridad física de
Pemex, tanto del personal como de las instalaciones, bienes y valores de la
paraestatal, sus organismos subsidiarios y sus empresas filiales.
El
manual especifica que debe “coordinar las acciones necesarias para la seguridad
física de directivos y trabajadores de la industria petrolera y en su caso
externos”, además de coordinar sus tareas de resguardo con otras instituciones.
De
acuerdo con los registros de la Secretaría de la Función Pública, León Trauwitz
es egresado de la Escuela Superior de Guerra y de la carrera de relaciones
internacionales de la UNAM. De 1997 a 1999 fue jefe de departamento del Estado
Mayor de la Sedena, en donde su tarea consistía en realizar análisis de prensa
y producir publicaciones.
En
1999 fue coordinador de operaciones de la VIII Región Militar con sede en
Oaxaca. Sólo duró en el puesto siete meses. Un año fue profesor en la Escuela
Superior de Guerra hasta que, en enero de 2001, se inició en el cargo de
subjefe de la Sección V del EMP con funciones de “cuerpo de seguridad”.
Permaneció en el Estado Mayor Presidencial hasta el 1 de marzo de 2010, cuando
renunció para irse a trabajar con Peña Nieto.
El
fantasma del atentado
La
afectación física de las oficinas administrativas de Pemex en la capital del
país congregó a los servicios de seguridad e inteligencia del Estado. Al lugar
corrieron agentes y elementos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional
(Cisen), Procuraduría General de la República (PGR), Policía Federal (PF),
Ejército, Marina y de las agencias de seguridad y justicia del Distrito
Federal.
Todos
acudieron a recabar información; los militares pusieron en marcha el plan DN
III de ayuda a la población civil. También llegaron Peña Nieto, su
supersecretario de Gobernación –encargado político y operativo de la seguridad
del país–, Miguel Ángel Osorio Chong, y el titular de la PGR, Jesús Murillo
Karam.
Participantes
en esos encuentros aseguraron a Proceso que desde los primeros momentos de la
destrucción de los tres niveles de la edificio B-2 elementos del Cisen y
peritos de la PGR sostuvieron la idea de un atentado.
Los
expertos consultados refirieron rastros de explosivo Composite 4 (C4), una potente
carga formada por explosivo químico y un aglomerante plástico que es de uso
militar y ha sido empleado en varios atentados terroristas. Mencionaron incluso
que algunas cargas no detonaron; de lo contrario, el número de víctimas hubiera
sido mayor. Los datos oficiales contabilizaron 33 personas muertas y 101
heridas, algunas de gravedad.
De
acuerdo con esa versión, los peritos en explosivos del Ejército y de la Marina
recogieron los restos del material y lo llevaron al Campo Militar número 1,
donde confirmaron que es C4. Estiman que el explosivo se colocó en pequeñas
cantidades en áreas cerradas, como aire acondicionado, cuartos de servicio y
botes de intendencia, y que habría sido ingresado en mochilas o portafolios.
Los
expertos estadunidenses llegaron al complejo administrativo hacia las 10 de la
noche en un vuelo privado. Lo primero que hicieron fue rastrear las llamadas
realizadas desde esas oficinas y las efectuadas a éstas.
En
especial, se rastreó una llamada desde Veracruz, donde el Ejército ha asegurado
varias cargas de explosivo C4, dijeron.
Los
peritos estadunidenses también recogieron audios de Pemex, revisaron los autos
de la zona y pidieron los videos del aeropuerto de la Ciudad de México, pues no
descartaron la presencia de extranjeros sospechosos.
Más
inquietante, esa versión sostiene que en el lugar se habría encontrado
información relacionada con Los Zetas, quienes entre otras actividades
delictivas se dedican a la “ordeña” de ductos de Pemex para revender el
combustible que ellos llaman huachicol.
El
supuesto indicio de la presencia del narcotráfico sería un reclamo de ese
cártel a Osorio Chong porque la Policía Federal y la DEA realizan operaciones
en Veracruz con uniformes y vehículos de Pemex. Personal especializado de la
Sedena habría viajado esa misma noche a aquel estado, bastión zeta.
Las
fuentes dijeron que el 12 de enero pasado aparecieron mantas en Hidalgo y
Zacatecas en contra del secretario de Gobernación: “Osorio Chong no estás
respetando el acuerdo con nuestro jefe máximo. No por muerto te valga madre
porque nos dejó órdenes precisas”. El mensaje habría aludido a Heriberto
Lazcano, El Lazca, ejecutado de manera fortuita por la Marina en octubre
último.
Ni
el Cisen ni el Ejército ni nadie advirtió de una tragedia como la del jueves. Sea
accidente o atentado, es producto de la negligencia del aparato de seguridad
del Estado, asegura Erubiel Tirado, coordinador del Programa de Seguridad
Nacional de la Universidad Iberoamericana y consultor académico del Royal
United Services Institute for Defense and Security Studies (RUSI), de Londres.
“Trátese
de un accidente o, peor aún, de un atentado, la explosión constituye un primer
desafío al gobierno de Peña Nieto sobre sus concepciones de seguridad y manejo
de riesgos”, asegura.
La
cerrazón informativa que ha mostrado su gobierno abona toda clase de hipótesis:
Desde que el avejentado equipo de las instalaciones administrativas de Pemex
potenció una alta concentración de gas, hasta la de un supuesto atentado que se
habría realizado para producir miedo o terror entre la población y poner en
evidencia la vulnerabilidad gubernamental justo al inicio de la gestión de Peña
Nieto y precisamente en torno de un organismo estratégico del Estado.
Tirado
pondera, sin embargo, el hecho de que el edificio principal no haya sido
afectado, además de la falta de reivindicación del ataque, como cuando el
Ejército Popular Revolucionario (EPR) admitió haber provocado ocho explosiones
en ductos de Pemex en Guanajuato en julio de 2007, al inicio del gobierno de Felipe
Calderón.
“Si
bien el gobierno de Peña Nieto respondió con presencia y acciones para la
atención inmediata del problema, en el fondo lo que ha hecho es negarse a
informar. Una vez que tomó el control de la información desde el momento mismo
de la explosión, el cerco y la ausencia de datos ha generado incertidumbre y
alimentado todo tipo de explicaciones”, dice el especialista.
Añade
que después de los atentados terroristas de septiembre de 2011 en Estados
Unidos, en lugares donde se han registrado ataques de ese tipo, como en Madrid
en 2004, y Londres en 2005 y 2012, se ha reconocido la naturaleza de los
hechos, lo que ha permitido un mejor manejo de control de daños. Lo mismo se ha
hecho en Colombia. Aquí, dice Erubiel Tirado, la apuesta gubernamental se ha
basado hasta ahora en la experiencia política de los operadores y en el control
de la información.
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