Se Resolvió Amparo en Revisión 105/2013.

Se Resolvió Amparo en Revisión 105/2013.

  CONSTITUCIONAL QUE AUTORIDAD RESPONSABLE FIJE MONTOS PARA ACOGERSE AL BENEFICIO DE LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN

•  En sesión de 17 de abril del año en curso, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el amparo en revisión 105/2013, a propuesta del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

En él se confirmó que la determinación de la autoridad responsable al fijar los montos para que el aquí quejoso pudiera acogerse al beneficio de la libertad provisional bajo caución (cien mil pesos, para garantizar sus obligaciones procesales y cuatro millones doscientos mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos, para garantizar la posible reparación del daño), no vulneró el principio de asequibilidad, contemplado en el artículo 20, apartado A, fracción I, constitucional, antes de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho.

Es de mencionar que dicho principio es un criterio rector de la función jurisdiccional, ya que se refiere a la concesión y condicionamientos del derecho fundamental a la libertad bajo caución. Su importancia radica en que no sólo rige en la cuantificación del monto para hacer procedente el aludido beneficio, sino también incide en otras facetas, tales como, la procedencia o no de dicha libertad, la determinación de los rubros que deberán ser materia de garantía a fin de asegurar la vinculación del imputado al proceso penal (sanción pecuniaria, obligaciones procesales, reparación del daño, o bien todas juntas), la determinación de las formas para garantizar cada uno de ellos (fianza, prenda, hipoteca, depósito) y, finalmente, el plazo en el que deberán ser exhibidas las cauciones.

En el caso, en contra del aquí quejoso se dictó auto de formal prisión por su probable responsabilidad en la comisión de delito de fraude específico, por lo cual solicitó se fijara la caución a fin de que pudiera gozar de dicho beneficio durante la tramitación del proceso. Inconforme por los montos que le fueron impuestos por concepto de garantía de la reparación del daño y sus obligaciones procesales, interpuso diversos medios de defensa, entre ellos un juicio de amparo que le fue negado y es el motivo del presente recurso.

La Primera Sala al confirmar la sentencia recurrida y determinar que ésta respetó el citado principio constitucional, subrayó que tratándose de delitos con efectos económicos en los que el autor obtiene un beneficio o causa un daño patrimonial el objeto de la garantía es asegurar la reparación del daño, pues de lo contrario la fianza podría resultar significativamente menor al beneficio obtenido con el ilícito o a los daños y perjuicios causados con su realización.

Además, en el caso, la autoridad responsable al fijar dichos montos tomó en cuenta los antecedentes del quejoso, la gravedad y circunstancias del delito que se le imputó, el mayor o menor interés que pudiera tener en substraerse a la acción de la justicia, las condiciones económicas del mismo y la naturaleza de la garantía que se ofreciera. Y, por otra parte, las diversas formas previstas en la legislación penal para exhibir la caución permite cumplir con que la garantía deberá ser asequible para el inculpado, ya que éste puede presentar la caución fijada en la forma que más le convenga, por mandato constitucional.

Resuelto el problema de constitucionalidad planteado, se reservó jurisdicción al tribunal competente a fin de que se pronuncie sobre la legalidad del acto reclamado.

Comunicado de la SCJN No. 076/2013

México D.F., a 17 de abril de 2013