Periodo extraordinario en San Lázaro

Durante el periodo extraordinario se aprobaron tres reformas constitucionales: las minutas para facultar al Congreso de la Unión a legislar sobre un Código penal único y en materia de registros y catastros municipales.

También se avaló el dictamen sobre deuda de estados y municipios, que establece reglas y candados para la solicitud y otorgamiento de préstamos.

Empero, no se logró alcanzar un consenso para contar con una propuesta de consejero sustituto en el IFE,

La sesión:

 El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se ruega a la Secretaría hacer del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 354 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (12:15 horas): Se abre la sesión.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Proceda la secretaría a dar  lectura al orden del día.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: (Lectura del orden del día).

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado Manuel Huerta, con qué objeto.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Gracias, Presidente. El objeto de mi intervención es pedir que en el orden del día también procuremos abordar el día de hoy y antes que estos dictámenes inclusive, si es posible, el dictamen que la Jucopo debe de presentar para la elección del consejero del Trife (Sic)

Yo sé que la Jucopo está en sesión permanente, sé que va a haber una comida a las tres, pero tengo la preocupación que, si en el orden del día de hoy no incluimos este tema, me temo que haya una maniobra del Partido Revolucionario Institucional, que por cierto tiene la mayoría en la Jucopo, junto con sus adláteres, para no emitir dictamen alguno y dejar en la indefensión a los consejeros y a los diputados de una votación, y cumplir el trámite como nos está urgiendo la nación.

No precisamente es necesario que salga nombrado, pero sí hay que darle cumplimiento a la convocatoria.

Y la preocupación es inclusive por las declaraciones que usted ha hecho, no sabemos si en calidad de presidente del Congreso o como diputado de su partido, sobre que el Tribunal puede nombrar al consejero, cosa que usted sabe que es inadmisible.

A mí me preocupan estas maniobras jurídicas que he estado denunciando del Revolucionario Institucional y que evidentemente desde la Presidencia del Congreso se estén abonando a ellas.

Por tal motivo le suplico, pudiéramos incorporar el punto en el orden del día de hoy.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado Alfonso Durazo.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Gracias, presidente.

Para sumarme igualmente a la  propuesta del diputado Ladrón de Guevara. Hay de por medio –como es conocimiento de todos los diputados– una sentencia del Tribunal que llama a este cuerpo legislativo a concluir el procedimiento.

Si eventualmente no hubiese un acuerdo de la Junta Política –por cualquiera de las razones– la propuesta es que de todas maneras se trajera al pleno el tema para que cumplamos, primero con nuestra responsabilidad; número dos, con la sentencia del Tribunal y que finalmente quede en evidencia pública quiénes realmente se oponen a concluir este procedimiento.

Comparto también los argumentos del diputado Ladrón de Guevara respecto a sus declaraciones que las veo como una presión para obligar al resto de los partidos que se oponen a esta decisión, a plegarse a la propuesta del PRI.

Ojalá pudiera considerar favorablemente la petición de llevar al pleno el tema.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia toma nota. Esta Presidencia de la Cámara de Diputados es absoluta y totalmente respetuosa de la vida institucional. Esta Presidencia entiende de las facultades exclusivas de esta Honorable Cámara de Diputados que en este momento pudiesen considerarse también como una obligación a ejercer.

Esta Presidencia ha informado con toda puntualidad que estamos atentos a que la Junta de Coordinación Política nos haga llegar un acuerdo o un comunicado, mismo que de inmediato se dará a conocer a esta asamblea en cuanto lo tengamos en poder de esta Mesa Directiva.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Continúe la Secretaría dando lectura al acta de la sesión anterior.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión celebrada el martes 16 de julio de 2013, correspondiente  al primer periodo extraordinario de sesiones del segundo receso del primer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra. En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de 420 diputadas y diputados a las 11:26 horas del martes 16 de julio de 2013, el presidente declara abierta la sesión.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura al orden del día y al acta de instalación del periodo de sesiones extraordinarias. No habiendo oradores registrados en votación económica se aprueba ésta última.

Se da cuenta con comunicaciones oficiales:

a) De la Comisión Permanente, por la que comunica que se dio licencia para separarse de sus funciones a los diputados Juan Bueno Torio, del Partido Acción Nacional, y Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México. Llámense a los suplentes.

Por la que comunica que la diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña, del Partido Acción Nacional, se reincorporó a sus actividades legislativas a partir del 10 de julio del año en curso. De enterado. Comuníquese.

b) De la Mesa Directiva, por la que se informa que se turnaron a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen, tres minutas con proyecto de decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De enterado. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y actualícense los registros parlamentarios.

c) Del diputado Benjamín Castillo Valdez, del Partido Revolucionario Institucional, por la que comunica la reincorporación a sus actividades legislativas a partir de esta fecha. De enterado. Comuníquese.

La Presidencia informa a la asamblea...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Secretaria, el acta está publicada, los asuntos son de trámites. Si la asamblea no tiene inconveniente, le ruego la ponga a consideración de la misma.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Está a discusión el acta. No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias por su gentileza, diputada.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de legislación procesal única.

Para fundamentar el dictamen tiene el uso de la palabra don Julio César Moreno Rivera, presidente de la comisión dictaminadora.

El diputado Julio César Moreno Rivera: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, en la reciente historia legislativa, en los últimos periodos extraordinarios han estado presentes las reformas constitucionales.

En la LIX Legislatura, en el periodo extraordinario de junio de 2005, las reformas constitucionales consistieron en abolir la pena de muerte, sentar las bases para el debido proceso a seguir a los adolescentes. dar certeza a las etapas de promulgación y publicación en el procedimiento legislativo y definir la competencia entre autoridades federales y locales en materia concurrente.

De igual manera, en la LX Legislatura se realizó un periodo extraordinario en junio de 2008, en el que las reformas constitucionales fueron modificar las diversas causales de pérdida de la ciudadanía mexicana e introducir cambios al formato del informe presidencial, entre otras.

Previo a las reformas que el día de hoy vamos a discutir existen temas de gran trascendencia para nuestro país, como lo son el fortalecimiento de la transparencia, la reforma política del Distrito Federal. La segunda vuelta electoral, la revocación del mandato, el referéndum, entre otros.

Sin embargo, esos temas no han alcanzado el consenso suficiente para ser sometidos a discusión y votación ante esta soberanía. Seguramente son varios temas que aún quedan pendientes.

Por otro lado, los temas que en esta ocasión nos convocan a este periodo extraordinario son la seguridad jurídica de los procesos penales que se requieren por la próxima entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial, la dispersión catastral y finalmente, las escandalosas deudas de los estados y municipios que deben ser reguladas.

En primer orden, a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales vengo a fundamentar para someter a discusión y en su caso, aprobación, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de legislación procesal penal única.

La relevancia del tema recae en el hecho de que en nuestro país existe una pluralidad de legislaciones procesales que propician situaciones de injusticia y de arbitrariedad que en su aplicación atentan contra el derecho fundamental de la igualdad reconocida por nuestra Constitución y diversos tratados internacionales, ya que actualmente a quien se le imputa la comisión de un delito es tratado de manera diferente dependiendo del lugar en que lo cometió.

Con la presente reforma se fortalecerán las bases del debido proceso como parte esencial de una serie de tareas que se requieren, a fin de materializar el sistema de justicia penal, derivado de la reforma constitucional realizada en julio de 2008.

Con esta reforma se pretende establecer un modelo jurídico único de legislación procesal penal, de justicia alternativa y de ejecución de sanciones, evitando así que en el país existan distintas maneras de procurar, de administrar la justicia penal, así como de incumplir las penas.

Esta medida unificadora de la política criminal de nuestro país es con la finalidad de que el sistema de justicia penal sea similar en todo el territorio nacional, lo cual se traducirá en un beneficio para el juzgador, el procesado y, en especial, la víctima, ya que se regirá bajo un esquema de certeza y seguridad jurídica.

Por otro lado, se establecerá la homologación de los mecanismos alternativos de solución de controversias, actualmente previstos en el artículo 17 de la Carta Magna. De esta manera armonizamos lo establecido en nuestros preceptos constitucionales.

Asimismo, con la presente reforma, se busca unificar la ejecución de sanciones evitando la dispersión de la aplicación de la norma y brindando certeza jurídica al sentenciado. Esta reforma constitucional tiene como fin propiciar una administración de justicia eficiente, congruente, respetando los derechos fundamentales en un marco de seguridad jurídica, trato igualitario y debido proceso para los habitantes de este país, fortaleciendo los criterios judiciales y el Estado de derecho.

Una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad. Es por ello, compañeras y compañeros diputados, que los invito votar a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, señor presidente de la comisión.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Está a la consideración del pleno. Esta Presidencia informa que por tratarse de un artículo único, la discusión se desarrolla en lo general y en lo particular en un solo evento.

Tiene el uso de la voz, don Luis Antonio González Roldán, para fijar posición de su partido, Nueva Alianza.

El diputado Luis Antonio González Roldán: Con su venia, señor presidente; señoras y señores diputados. La impartición de justicia a través del actual sistema procesal penal se ha quedado estancada en el pasado y representa un obstáculo real para el ejercicio efectivo del derecho y de las necesidades que hoy demanda la sociedad.

Nuestro sistema de impartición de justicia tiene problemas estructurales que impiden que el principio de certeza jurídico sea efectivo. Por ello, la percepción ciudadana sobre dicho sistema está lejos de los principios de equidad e igualdad, pero sobre todo, de un sentido eminentemente de justicia, en la cual la víctima reciba la reparación del daño y el presunto acusado sea procesado de manera pronta y expedita bajo los procedimientos preestablecidos en la ley.

Sabemos que la definición del concepto de delito y su resolución representan problemas de fondo, los cuales son producto de nuestra evolución como pueblo y del mosaico que es México. Nuestra composición pluricultural constituye una de las causas en la variedad de modelos y leyes que rigen la procuración de justicia en los códigos penales del país, resultando diversos, inconexos y en algunos casos incompatibles.

Mucho se ha discutido y argumentado sobre la necesidad de establecer una legislación procedimental penal que unifique y homologue las legislaciones penales locales, eliminando discrepancias que en nada abonan a la certeza jurídica de los gobernados.

Avanzar en la construcción de un código penal procesal único para todo el país ofrece una solución a la variedad de problemas que tenemos solo en esta materia, lo cual implica un avance enorme en la federalización de la justicia mexicana.

La reforma que se somete a esta soberanía no es aislada, menos aún improvisada. Conlleva una concatenación de los avances legislativos diseñados para modernizar el sistema de justicia penal a través de un mejor desempeño policíaco, ministerial, acusatorio, de defensoría pública, abogados y de todos quienes se encuentran involucrados en la aplicación de las leyes que vieron la luz en junio de 2008.

Este modelo busca dar paso al sistema penal acusatorio mandatado en la ley y que hoy se encuentra pendiente. Para concretar la construcción de este andamiaje es requisito crear los ordenamientos de carácter nacional que sirvan de cimiento sólido, debido a los obstáculos que representan los 33 cuerpos legislativos en materia penal.

Avanzar hacia nuestro objetivo nos exige ser críticos y en consecuencia señalar que el modelo base para implementar los juicios orales, la transparencia, los procesos de mediación, la reparación del daño, la garantía de defensa de los derechos humanos de las partes en conflicto mediante un sistema en el que intervengan de manera armónica los tres órdenes de gobierno, hoy no ha sido más que un buen propósito.

En Nueva Alianza somos conscientes del riesgo que implica aprobar y publicitar esta reforma, sin tener en cuenta que sólo constituye el primer paso de un trabajo monumental, el cual deberá unificar tipos y criterios penales, operatividad administrativa, delimitación de principios, sujetos y figuras procesales, así como modalidades y gravedad de los delitos, procurando imponer sanciones congruentes con la falta, así como evitar la actuación arbitraria de la autoridad, pero también estaremos atentos para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 se incluyan los recursos necesarios para erradicar estas conductas.

Esta dictaminación conlleva a la apremiante de configuración de los cuerpos policíacos. El modelo obliga a que todos sus integrantes se capaciten en las tareas de investigación y conciliación, además de las labores de prosecución del delito que ya ejercen.

Por otra parte los funcionarios que intervienen en el proceso de impartición de justicia como los agentes del Ministerio Público, jueces y abogados, deberán hacer lo propio.

El proceso que nos espera en la legislación secundaria deberá ser cuidadoso en la construcción de la norma a fin de que las entidades y el Distrito Federal no supongan este código como una intromisión en el ámbito de sus facultades.

Señoras y señores legisladores, desde esta tribuna Nueva Alianza hace un llamado a no perder de vista los alcances de esta reforma que incluyen además la elaboración de leyes generales en materia de secuestro, trata de personas y delincuencia organizada, así como el establecer los delitos y faltas contra la Federación, penas y sanciones y los mecanismos alternativos de solución de controversias y ejecución de penas.

Bajo este esquema en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza consideramos que la ley secundaria deberá atender de manera integral la impartición y procuración de justicia en un plazo muy corto, debido a que la sociedad reclama respuestas comprometidas y contundentes en el menor tiempo posible.

Estamos obligados a hacer un ejercicio transversal donde la conceptualización nos lleve efectivamente a la reincorporación de los delincuentes al seno social, y sobre todo, que no se impongan  estigmas a grupos o sectores sociales.

Debemos analizar seriamente aquellas conductas o situaciones que propicien la criminalidad mediante ópticas integrales y no únicamente con la institución de penalización mayor y leyes persecutorias; privilegiando en todo momento la atención irrestricta a los derechos humanos, como elemento sine qua non de las leyes mexicanas, además de atender los principios de prontitud, expeditez e imparcialidad.

Compartimos la urgencia de hacer efectivo el modelo que hoy se propone. Sin embargo debemos de ser cautos e implementar el sistema de manera paulatina, a fin de corregir las deficiencias que se presenten con la intención de llegar al término que marca la ley, con buenos resultados.

Al instituir en el artículo 73 de nuestra Carta Magna la distribución de competencias en la persecución, atención y sanción de los delitos, esperamos que se concluya definitivamente la profesionalización ministerial, pues reconocemos que esta ausencia ha dado como resultado la integración de procesos penales con escasas evidencias, falta de protocolos uniformes de investigación, la recurrente fabricación de culpables, violación constante a los derechos humanos, incluso la comisión de delitos en las diligencias por servidores públicos malintencionados, corruptos o ignorantes de su función.

Estimadas compañeras y compañeros legisladores: las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza reconocemos que en el país tenemos una enorme deuda social en materia de impartición de justicia, la cual demanda un sistema efectivo, rápido y transparente.

El voto a favor del presente dictamen busca abonar a un verdadero federalismo en el acceso, a un sistema legal de avanzada, a elevar los niveles de probidad en estos procesos y a resarcir a la sociedad la falta de acuerdos para temas indispensables como el que nos trae al presente período extraordinario.

La generación de confianza entre la ciudadanía implica un trabajo multifactorial que no sólo se circunscribe al tema que nos ocupa, sino al  esfuerzo de todos los actores responsables de generar las condiciones que permitan que la presencia de delitos relacionados con la pobreza o la falta de oportunidades de desarrollo sean abatidos.

Asimismo, debemos trabajar en la creación de entornos con lazos sociales fuertes que impidan la presencia de influencias negativas, pues estamos convencidos de que la mayor vigilancia es la que se presenta en las comunidades producto de lazos solidarios y acompañados de autoridades calificadas y responsables.

La historia nos enseña que sólo mediante la reconstrucción del tejido social naciones como Italia y Colombia pudieron salir de las crisis de criminalidad que las colocaron en la palestra de los países con los mayores índices delincuenciales a nivel mundial.

Una reforma de este calado requiere de un cimiento legal sólido que descanse en sus funcionarios públicos, en sus instituciones, en la sociedad, en una relación de confianza mutua que propicie la transformación social armónica.

En Nueva Alianza creemos que todo esfuerzo descoordinado dará resultados débiles e incluso efímeros. Consideramos que la importancia de la presente reforma no se puede limitar al papel que juegan las instituciones y las leyes, sino a la creación de condiciones sociales que permitan mejores niveles de vida y desarrollo de la población mexicana.

Estamos hoy en la antesala de un trabajo de gran envergadura, en la creación de condiciones que hagan operativa la presente reforma constitucional.

En Nueva Alianza estamos plenamente convencidos que una legislación procedimental penal única otorgará certeza y seguridad jurídica a los gobernados y sin lugar a dudas fortalecerá el estado de derecho. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, don Luis Antonio.

Tenemos el gusto de escuchar  a doña Loretta Ortíz Ahlf, del PT, además con una enorme atención, como siempre.

La diputada Loretta Ortíz Ahlf: Con el permiso de la Presidencia, compañeras, compañeros legisladores: en nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para fijar la posición de nuestro grupo parlamentario en relación con el dictamen que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales por el que se reforma la fracción XXI del artículo  73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los mexicanos a lo largo y ancho del país hemos enfrentado una terrible situación de inseguridad. Los delitos de alto impacto afectan por igual a toda la ciudadanía, sin que las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia realicen adecuadamente sus tareas.

Para coadyuvar en el combate a la delincuencia, el Poder Legislativo aprobó distintas reformas a nuestra norma fundamental para establecer un sistema de justicia penal oral y adversarial en donde los juicios orales tendrán que ser establecidos en todo el país.

El nuevo sistema procesal penal acusatorio tendrá que entrar en vigor a más tardar el 19 de junio del 2016, y la Federación, los estados y el Distrito Federal deberán contar con estos nuevos códigos de procedimientos penales.

El dictamen que hoy conocemos plantea otorgar al Congreso de la Unión en el inciso c) de la fracción XXI del artículo 73, la facultad para expedir la legislación única en materia procedimental penal de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que regirán la República en el orden federal y en el fuero común.

Lo anterior significa que habrá un solo código procedimental penal con base en el que se realizarán los procesos, sea por delitos de orden federal o del fuero común.

En el Partido del Trabajo tenemos una firme vocación federalista. Estamos convencidos de que nuestro sistema político funcionaría mejor si las entidades federativas y el Distrito Federal contaran con mayores atribuciones que les permitieran realizar sus tareas de gobierno.

En el nuevo código de procedimientos penales único se tendrán que establecer las formalidades esenciales del procedimiento a las que hace alusión el artículo 14 constitucional en su segundo párrafo y respetar las garantías individuales previstas en los artículos 16, 17, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo se tendrán que respetar los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

En esta reforma también se plantea la expedición y una legislación única respecto a mecanismos alternos de solución de controversias y de ejecución de penas que regirá en toda la República Mexicana.

Lo anterior, con el propósito de eliminar la pluralidad de hipótesis y obtención de beneficios por parte de personas sentenciadas ya que existen, sobre esta materia, una ley federal, 31 leyes estatales más la del Distrito Federal.

En el caso de los mecanismos alternos de solución de controversias su fundamento constitucional está en el párrafo cuarto, artículo 17 constitucional por lo que en la fracción XXI se faculta al Congreso de la Unión para expedir una ley única en donde se asegure la reparación del daño.

Si bien en lo general aprobamos la reforma al artículo 73, fracción XXI, consideramos que se puede mejorar la reforma con base a los mismos argumentos que se exponen en los antecedentes del dictamen.

Se señala en los antecedentes del dictamen que es para fortalecer, precisamente, el combate al crimen organizado y  en concreto, se puntualiza que a través del Código Procesal Penal Único se va a lograr esta finalidad.

Pero no solamente es suficiente con establecer un Código Penal único, es necesario, precisamente, modificar no solamente lo procedimental, sino también lo sustantivo y hacer un hincapié sumamente importante en la cuestión de la investigación de los delitos en concreto.

Por esta razón la sugerencia es que se federalicen en ciertas materias los siguientes delitos y que quedara el artículo 73, fracción XXI en el siguiente tenor:

En materias de secuestro, trata de personas, tráfico de migrantes, desaparición forzada, feminicidio y delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o libertades de expresión o imprenta.

En estos delitos, a la fecha no se ha logrado una unificación de la legislación estatal. Existen sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que a la fecha no se cumplen y no solamente los problemas sobre la persecución de los delitos se dan en lo que se refiere a trata de personas y el secuestro, tráfico de migrantes, feminicidios y también los delitos contra los periodistas.

Como están actualmente redactadas estas facultades, que una ley general como la de Víctimas es la que debe designar las atribuciones, tanto las correspondientes a las entidades federativas, a los municipios, como a la Federación, desgraciadamente por esta situación se han ocasionado lo que denominamos zonas grises o zonas en las cuales se convierte en un escudo para no hacerse responsable, bien sea la Federación o el gobierno estatal en concreto.

Un ejemplo clarísimo lo tenemos en el caso del Campo Algodonero, en que no se acabó de resolver el feminicidio precisamente porque había una diferencia a quién correspondía el combate a este feminicidio, y en el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos las víctimas pedían que fuera resuelto por la Federación, por considerar que  están muchísimo más capacitados y que pueden tener, como son delitos trasnacionales, mejor contacto y ayuda tanto de la Interpol como de la Europol.

Además de esta sugerencia de federalizar los delitos ya mencionados, me preocupa seriamente la cuestión de los medios alternativos de solución de controversias. El Código Penal único, como está redactado en la minuta, es la legislación única en materia procedimental penal de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.

La propuesta es, la legislación única en materia procedimental penal de mecanismos alternos de solución de controversias, reservando exclusivamente los delitos que no sean considerados como graves. De otra manera se puede suceder, algunos sostienen, es que la mayoría de los códigos procesales deja a los medios alternos nada más para los casos de delitos leves, no los graves, pero si no se establece esa limitación en la Constitución se podría estar negociando con un tratante de personas, con un traficante de migrantes, con un feminicida, etcétera. Bastaría pagar la compensación para que no tuviera que seguir un procedimiento judicial ni cumplir con una pena y pagar por el delito cometido, al compensar el daño a la víctima.

En estos casos yo considero que debe de quedar plasmado perfectamente que los medios alternativos de solución de controversias únicamente tendrán lugar cuando se trate de delitos no graves.  En el caso de los graves, como no solamente se afecta a la propia víctima, a la víctima directa; se afecta a la sociedad, éstos habría que cuidar necesariamente que cumplan con una pena y que se sometan al procedimiento que se establezca en el Código Procesal Único. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. ¿Anunció sus modificaciones? En virtud de que ha anunciado las modificaciones, que son dos, pregunte la Secretaría a la asamblea si se admiten a discusión las propuestas de doña Loretta Ortiz Ahlf.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admiten a discusión las propuestas presentadas por la diputada del PT. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación).

Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Luego entonces, el dictamen queda en sus términos.

Tiene el uso de la voz doña Zuleyma Huidobro González, a nombre de Movimiento Ciudadano.

La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidente. El dictamen a discusión propone otorgar al Congreso de la Unión la facultad de expedir un Código de Procedimientos Penales, de mecanismos alternativos, de solución de controversias y de ejecución de penas único, que regirá en la República, en el orden federal y en el orden común.

Tiene la finalidad de homologar la legislación procesal penal para que los criterios político-criminales, que habrán de observarse en el procedimiento se informe, evitando que en el país haya distintas formas de procurar y administrar justicia penal, por lo que también se sugiere la homologación de  los mecanismos, para enfrentar eficazmente el problema de la delincuencia y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Aprobar este dictamen, implicará la posibilidad de implementar una reforma integral al sistema de justicia penal y la posibilidad de integrar en un solo frente a todas las autoridades ejecutivas y judiciales del orden estatal y federal, a través de una legislación común.

En la última década, el fenómeno delictivo se ha vuelto más complejo y obscuro, desafiando no únicamente a las instituciones encargadas de la seguridad pública en el país, sino fundamentalmente a las propias autoridades judiciales.

El problema de la inseguridad se debe a múltiples factores y algunos de ellos recaen directamente en la responsabilidad del Estado. Entre estos factores sobresale la falta de transparencia a la corrupción y la deficiente coordinación y operación de los órganos encargados de prevenir el delito, procurar y administrar justicia y rehabilitar socialmente al sentenciado. El resultado de ello, es el crecimiento de la delincuencia y de la impunidad.

La inseguridad ha atentado con nuestras formas más esenciales de convivencia y el miedo ha trastocado el flujo normal de nuestras vidas y actividades. Es necesario que  nuestras instituciones ataquen el problema de la inseguridad, pero reconociendo el inminentemente derecho humano al debido proceso, de forma institucional, responsable, organizada y persiguiendo fines legítimos y fundados en el derecho y los principios rectores de los derechos humanos.

La actitud del ciudadano frente a las instancias federales y estatales de impartición de justicia es de desconfianza. Ante la imposibilidad para encontrar en ellas la justicia a la que tiene derecho, han tenido que prescindir de su apoyo a pesar del sufrimiento moral y la pérdida material que significa el ser víctima de un delito.

Lo más grave de este hecho es el cuestionamiento que hacen los ciudadanos acerca del papel del Estado como responsable de garantizar el orden público y la justicia. Es cierto que se han heredado instituciones y prácticas añejas, pero también debe reconocerse que las deficiencias en materia de seguridad pública tienen su origen en la inoperancia de la ley.

En este sentido, la normatividad penal quedó rebasada por esta nueva dinámica social, haciendo incompatibles e insuficientes las premisas que habían servido, durante décadas, de sustento a dichos ordenamientos.

Sin ir más lejos, la normatividad que rige el procedimiento penal, a nivel federal, data de un código expedido en 1934.

Las condiciones estructurales que prevalecen en el México contemporáneo obligan al rediseño legal e institucional para enfrentar eficientemente los desequilibrios sociales y económicos derivados de los actos delictivos.

La demografía del México actual es totalmente distinta. Para cuando se expidió el Código Federal de Procedimientos Penales existían aproximadamente 17 millones de personas.

En la actualidad somos más de 112 millones. Y si a ello le sumamos las diferencias poblacionales y la fragmentación de los espacios sociales, la carencia de una infraestructura comunicacional y productiva adecuada, entonces los regionalismos penales que todavía hoy existen como inercia histórica cobran sentido en su real inoperancia.

Es la razón por la cual el universo de acción de instancias y órganos encargados de impartir justicia han tenido que crecer exponencialmente.

De igual forma, el fenómeno delictivo y los delincuentes mismos son totalmente distintos. Las organizaciones delictivas o los mismos delitos del orden común se han vuelto más sofisticados, más uniformes en sus métodos y por supuesto, más violentos. Ni las sanciones ni los procedimientos pueden ser los mismos. Los delitos cambian y evolucionan como la sociedad misma.

Pero de igual forma, tampoco podemos continuar inmersos en una lógica que supone una diferenciación delictiva por región y costumbres.

Existe una tendencia general a la homogeneidad y especialización de las conductas delictivas. De ahí el absurdo de mantener sanciones y procedimientos penales particulares para cada entidad de la República.

Existen todavía muchos temores respecto a la uniformidad de las leyes en el país. Es un asunto que gira en torno al federalismo mexicano y a la manera cómo lo entendemos y al cual históricamente somos muy susceptibles.

No obstante las críticas que pudieran en la actualidad verterse, alcanzar la uniformidad y coherencia de los criterios penales en toda la República, lejos de constituir un mecanismo de centralización supone la creación de un orden jurídico y jurisdiccional más justo y eficiente.

Las modificaciones al artículo 20 constitucional, en 2008, iniciaron el camino para terminar con el viejo sistema garantista. Los juicios orales y el sistema acusatorio vendrán a darle una bocanada de aire a un sistema de impartición de justicia lleno de contradicciones.

No obstante, el punto nodal del asunto radica en los cambios que ha venido sufriendo nuestra Constitución en materia de derechos humanos y que de una u otra manera han incidido en la conformación de un clima social y político que apela, solicita con inmediatez los cambios del régimen penal.

Como se sabe, en el año 2011 se reformó la Constitución  mexicana en su artículo 1o, en la búsqueda de implementar un sistema amplio de protección de los derechos humanos. Esto provocó la necesidad de comenzar a legislar leyes secundarias que implementan los nuevos principios rectores de la Constitución.

Si observamos cuáles han sido las leyes más importantes en materia de seguridad e impartición de justicia que se han expedido últimamente, llegaremos a la conclusión que éstas han sido aquellas que están relacionadas con los procesos perversos de delincuencia organizada.

Así, por ejemplo, tenemos la Ley General de Trata de Personas, la Ley General de Víctimas, la Ley General de Secuestro, todas ellas, repito, bajo los auspicios del cambio constitucional en materia de derechos humanos.

El común denominador de estas leyes es su criterio uniforme y homogéneo. Es una cuestión de técnica legislativa, pero sobre todo, de acuerdo político.

Lo que hasta ahora se ha realizado es importante, pero no suficiente. Es necesario realizar modificaciones en otros ámbitos relacionados. Por citar algunos ejemplos, resulta indispensable actualizar la norma en materia de reclusorios, el Ministerio Público, en materia de readaptación o reinserción social, como lo estipula la Constitución.

No basta, por supuesto, con la publicación de leyes progresistas con depurada técnica legislativa. Es necesario establecer también políticas públicas eficaces que la acompañen.

Es decir, si no somos capaces de generar un sistema económico más equitativo donde la igualdad de oportunidades para las mayorías sea lo cotidiano, donde los principios constitucionales de respeto a los derechos humanos sean una realidad incontestable, donde cada mexicano pueda llevar una vida sin exclusiones sociales o culturales y, por lo mismo, gozar de los beneficios de la educación, del trabajo, de la salud y la vivienda, y todo aquello que otorga dignidad y sentido a la condición humana.

Sólo llevando a la realidad estas ilusiones es como se generaran las condiciones suficientes para la conformación de una sociedad estable y segura. Las modificaciones legislativas son indispensables para actualizar los problemas nacionales, pero las políticas públicas equitativas y racionales, generales y eficaces, son la piedra de tope de los cambios necesarios en el país.

De ahí la relevancia del dictamen que hoy analizamos. Dotar explícitamente al Congreso de la facultad de legislar en todo el país en materia procesal penal, mecanismos alternos y ejecución de penas, constituye la ruta parlamentaria más eficaz para comenzar a resolver el ambiente social de violencia e impunidad que nos envuelve.

Sin embargo, deseamos dejar claro que facultar al Congreso General para legislar en materia procesal penal no resolverá el problema de la delincuencia ni de la inseguridad ni de la falta de certeza jurídica en los procesos.

Repito, solamente la cohesión social a partir de la redistribución del ingreso y el crecimiento económico, y sobre todo una justa distribución de la riqueza, un aumento de la capacidad productiva, el acceso a la educación y a la cultura y un cambio de conciencia colectiva, lo lograrán. Justicia social es lo que necesita México para combatir la inseguridad pública y jurídica.

Con el avance democrático del país la población mexicana exige renovar aquellas instituciones que la vinculan de una manera directa con el Estado. Por eso, la demanda de los ciudadanos es que se realicen acciones para que éste cumpla con su deber esencial de garantizar la seguridad y recuperar la confianza en la justicia, reformando los mecanismos y leyes encargados de procurarla y administrarla.

Como lo hemos manifestado en múltiples ocasiones, no se trata de un problema exclusivamente de leyes, sino de su implementación y de aquellos que la aplican. Se trata de corrupción, impunidad y vicios que existen dentro de nuestras instituciones. Sin embargo, es nuestra obligación como legisladores proveer los insumos necesarios para que la erradicación de estos vicios sea siquiera posible.

El hecho es que desde hace por lo menos una década la participación ciudadana organizada, la sociedad civil, ha sido el resorte que ha impulsado muchos de los cambios que observamos hoy en día en el país.

Pero debemos tener claro que el diseño de un sistema de justicia penal eficaz transita necesariamente por la uniformidad y armonía de sus normas, que permiten sin distinción alguna la cabal protección jurídica de todos los habitantes del territorio nacional, por lo que estamos obligados a reflexionar sobre la importancia y pertinencia de realizar lo antes posible una Ley General de Delitos Penales, con el objeto de establecer una normatividad sustantiva general que comprenda y sancione las mismas conductas delictivas que se generan en todo el territorio nacional.

Coincidimos en la necesidad de construir no un catálogo de delitos penales, pero sí una legislación penal general que permita a las distintas instancias y niveles jurisdiccionales del país afrontar con decisión y firmeza el fenómeno delictivo que nos envuelve y que tanto vulnera a nuestras familias.

Si no llevamos a cabo esta normatividad general en materia penal sustantiva entonces las bondades que se estipulan en el presente dictamen quedarán aisladas en el propósito común de contar con un sistema penal acorde con la realidad del país, armónico e integral, que verdaderamente soporte la arquitectura institucional de procuración e impartición de justicia.

Movimiento Ciudadano se suma con entusiasmo a la aprobación del presente dictamen, en la inteligencia que si bien los cambios normativos que se vienen generando en la materia son los adecuados, aún falta mucho por hacer.

Creemos que resulta ineludible que en lo inmediato comencemos a diseñar desde el Congreso de la Unión una estrategia parlamentaria, que involucre a todas las fuerzas políticas que lo conforman, que nos permita alcanzar rápidamente una lógica uniformidad de criterios en materia de delitos, que consolide el proceso de integración de nuestro sistema penal; solo de esta manera podremos construir verdaderamente lo que la sociedad requiere y espera, el bienestar y seguridad de los mexicanos nos lo demandan. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: En el uso de la voz, el diputado Antonio Cuéllar Sttefan, de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México.

Saludamos a un grupo de ciudadanos del Distrito 7, Madero y Aldama, de Tamaulipas. Invitados por la diputada Marcelina Orta Coronado. Bienvenidos.

El diputado Antonio Cuéllar Sttefan: Con su venia, diputada presidenta. En el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México hemos asumido con absoluta vocación patriótica y una responsabilidad histórica los compromisos que han derivado de los análisis, discusión, aprobación de las distintas iniciativas que han venido presentándose a lo largo de los últimos meses, con el objeto de reformar leyes diversas que inciden en múltiples materias, con incidencia económica desde luego, que tienen como único propósito, como objetivo final, el de mejorar las condiciones de vida de la población y estamos conscientes de ello.

Pero lo hemos dicho desde el principio y lo reiteramos esta vez: difícilmente creemos que esto se llegue a consolidar en la medida en la que no podamos establecer definitivamente un auténtico estado de derecho.

Nosotros entendemos por estado de derecho la observancia plena de la legalidad, por parte de todos aquellos órganos de gobierno a quienes les corresponda bien sea expedirlas, interpretarlas o aplicarlas, y es el caso de que en México hemos venido sufriendo a lo largo de los últimos años, desafortunadamente un estado de creciente inseguridad pública que mantiene en la zozobra a la nación. Esta zozobra deriva de la impunidad que nosotros repudiamos, impunidad que no se traduce en otra cosa, sino en la falta de aplicación de las leyes para castigar a todos aquellos que incurren en actividades antisociales claramente identificadas en la ley como delitos.

Tenemos que darles los elementos a las autoridades encargadas de la procuración y de la investigación de los delitos, como también a las autoridades encargadas de castigarlos y sancionarlos para que cumplan las funciones. No basta ya con que se mantenga en el discurso cotidiano esta frase reiterativa de que se va a buscar el fortalecimiento del estado de derecho, sino es con un ejercicio vigoroso y eficaz de las funciones que la Constitución le otorga a las autoridades; esto es, persiguiendo los delitos y castigándolos en los términos que legalmente sean los oportunos, los prudentes, los correctos.

Vemos nosotros múltiples discusiones legislativas en torno del endurecimiento de las penas, pero consideramos también que existen otros mecanismos a través de los cuales las Legislaturas, cada una en su soberanía, decidirá quizá también como mediante la persecución eficaz y el castigo, quizás con penas menos duras, podrían lograrse el restablecimiento de las cosas y el reencauzamiento de las actividades fuera de estos esquemas de inseguridad.

Vamos a buscar por consiguiente a través de la aprobación de las reformas conducentes la abolición de la impunidad y el establecimiento de un auténtico estado de derecho.

Desde el 2008 nuestro constituyente identificó un nuevo mecanismo y un cambio en el paradigma de la defensa de los derechos humanos  para funcionar un nuevo sistema procedimental penal que logra erradicar de alguna manera esta preocupación que vengo mencionando.

Desde luego que tan repudiable es la impunidad en la que quedan los delincuentes muchas veces cobijados por la falta de pericia o por la falta de ejercicio de las facultades que la ley les otorga a quienes se encargan de perseguir los delitos, como también lo es el abuso por parte de las autoridades judiciales tratándose del respeto de los derechos de todas aquellas personas que se les procesa por la comisión de algún delito.

La Constitución, como ya se ha mencionado antes, establece en el artículo 14 un derecho fundamental de debido proceso y de audiencia que tiene que respetarse por parte de las autoridades sin distingo, particularmente desde luego por parte de las autoridades judiciales.

¿Qué es lo que sucede en el artículo tercero transitorio de las reformas a la Constitución de 2008? Se establecen plazos fatales para la expedición de las normas procesales, las nuevas normas procedimentales que establecerán la conducción de los procedimientos por parte de los jueces penales para el cumplimiento de este nuevo paradigma y de esta nueva función, respetuosa y garantista de los derechos humanos, a fin de lograr erradicar la impunidad.

Nosotros hemos estudiado y nos percatamos de que a pesar de que existen desde luego ya grandes esfuerzos que han venido materializándose por parte de entidades federativas para concretar leyes procesales que den respuesta a este mandato constitucional, existe un rezago y un retraso en las mismas.

Pero no nada más esto. Existe también el riesgo de que por virtud de la implementación de la reforma constitucional vayan aprobándose leyes procedimentales diversas con términos, con derechos y obligaciones, facultades diversas para todos los sujetos actores dentro del procedimiento penal, que vendrían a causar una incertidumbre jurídica para todos los que participan, llámense víctimas, llámense procesados, llámense autoridades encargadas de la persecución y de la investigación de los delitos y, desde luego, llámense también de los jueces.

De aquí que, dentro de lo que nosotros identificamos como un claro compromiso dentro del federalismo que reconoce la Constitución, podemos ver dentro de la iniciativa que ahora se presenta –y que habrá en su caso de aprobarse por parte de esta Legislatura- la ventaja y la conveniencia de lograr establecer a través de esta nueva facultad el camino para que el Congreso de la Unión el día de mañana emita una ley procedimental única en materia penal para toda la República, que vendrá a dar certidumbre jurídica a todos los que participan en esta actividad que es de fundamental importancia para el desarrollo, para el progreso del país.

Si identificamos desde luego la conveniencia de aprobar este mecanismo que es congruente con el Pacto Federal, es congruente con el compromiso que asume la federación con los estados, porque respeta la soberanía de los estados por cuanto a la identificación de las conductas antisociales que deben de castigarse como delitos.

Exclusivamente atañe a los aspectos procedimentales con el objeto de armonizar a nivel nacional la forma en que los abogados habrán de cumplir sus funciones como acusadores, como defensores, como juzgadores.

Desde luego, a pesar de que en este caso solamente nosotros discutimos y valoramos esta conveniencia de aprobar esta nueva facultad constitucional en materia de Código de Procedimiento Penal Único, no dejamos de ver la conveniencia de que esto pudiera tener lugar también en otro tipo de actividades, porque finalmente acaban traduciéndose en lo mismo.

En materia contencioso-administrativa, por ejemplo, nosotros podemos encontrar legislaciones a lo largo de la República que contemplan términos distintos, obligaciones y recursos distintos, medidas cautelares y providenciales distintas que lo único que causan es incertidumbre jurídica.

Si con motivo de la complejidad conforme a la cual se vienen llevando a cabo las actividades delincuenciales hoy en día y con motivo de la intercomunicación obligada –que además irá progresando en el país entre entidades federativas–. Podemos ver que las conductas empiezan cometiéndose en una entidad y en un estado pero continúan en otras, entonces es conveniente darles a los abogados instrumentos armónicos, únicos, a través de los cuales con conciencia plena de sus obligaciones, de las facultades que la ley les concede a las autoridades, estos puedan atajar el cumplimiento de aquello que la ley establezca a fin de ver cumplidos sus propósitos en cualquiera de los sentidos que esto pueda llegar a darse.

Es por esta razón, por consiguiente, que el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, desde luego que suscribe con decisión esta iniciativa de reforma al artículo 73, fracción XXI, de la Constitución e identifica no una afectación a la cláusula federal que contempla el pacto de la Unión, sino todo lo contrario, un fortalecimiento a favor  de la mayor vinculación entre las entidades federativas con respeto, desde luego, de aquellas decisiones que en su esfera soberana hayan de  llevar a cabo e implementar por cuanto a la identificación de conductas antisociales que se identifiquen como delitos y su penalización; no desde luego sin dejar de ver que en la misma reforma constitucional que estamos discutiendo, se reconoce, se contempla y se deja a salvo, la posibilidad de que el Congreso también identifique y emita a través de leyes con valor nacional, los tipos penales y las sanciones para delitos comunes y que nos aquejan a todos como lo es el delito de secuestro o el delito de trata de personas.

De ahí que encontramos en la reforma constitucional que se propone plena congruencia y desde luego un fortalecimiento de aquello que queremos llevar a cabo con el objeto de lograr el establecimiento de un Estado de derecho y el cumplimiento de la legalidad. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Gracias, diputado. En el uso de la voz el diputado Fernando Zárate Salgado, de la fracción parlamentaria del PRD.

Saludamos y damos la bienvenida a quienes hoy nos acompañan, del municipio de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Bienvenidos.

El diputado Fernando Zárate Salgado: Con su venia, presidenta. Diputadas y diputados, ésta es una de las reformas que más consenso tienen en este periodo legislativo y es muy claro por qué.

“Donde las leyes son claras y precisas, el oficio del juez no consiste más que en asegurar un hecho. En buscar las pruebas de un delito se requiere habilidad y certeza. En el presentar lo que de él resulta es necesario claridad y precisión. Para juzgar de lo mismo que resulta, no se requiere más que un simple y ordinario buen sentido, menos falaz que el saber de un juez acostumbrado a querer encontrar reos y que todo lo reduce a un sistema de antojo”. Esta cita es de César Beccaria, aplicable en nuestro país a los estados en donde distintos códigos penales y procesales penales, aplican con distintos criterios los mismos delitos tanto en Baja California como en Chiapas, en Nayarit como en Tlaxcala.

La reforma que hoy discutimos si bien resulta simple en sus términos, sus implicaciones son muy grandes, ya que contempla el otorgamiento de facultades al Congreso para emitir una legislación procesal penal única que consuma el proceso iniciado con la reforma constitucional promulgada en el año de 2008, para el establecimiento del sistema de justicia penal acusatorio en nuestro país.

Ésta no es una idea nueva, es una idea que desde los años 40 ha sido propuesta por diversos académicos de la universidad nacional y que hoy muchos de nosotros y, repito, que ha generado varios consensos y uno de los mayores consensos en esta legislatura, implica eliminar la existencia de 33 códigos procesales penales en el país y sustituirlos por uno único que establezca las bases, que le dé contenido y que establezca sobre todo los límites y las sanciones para todos los tipos penales y todo el proceso penal que se establece en nuestro país.

Es ilógico, incoherente e injustificable fomentar criterios distintos a casos iguales e incluso el extremo de ser opuestos como ocurre –y todos hemos vivido o nuestros familiares lo han vivido en distintos casos– en distintos estados del país.

Es importante señalar un tema que se va a volver trascendente para la discusión de distintos otros temas de la misma naturaleza en esta Cámara y es que esta reforma no tiende hacia la centralización de la impartición de justicia ni mucho menos viola la competencia originaria de los estados establecida por el artículo 124 constitucional, como falazmente argumentan ciertos iluminados.

No es una reforma que viole el federalismo ni tampoco las facultades previstas por los estados de la República. Adelantémonos un poco. El federalismo es una forma de organización territorial que establece las funciones públicas y en última instancia debe estar al servicio de los ciudadanos. No es ni debe ser visto como un instrumento de protección de los intereses de los poderosos en los estados, específicamente los gobernadores.

Por cierto, este debate –y adelantémonos un poco más– se replicará en torno a la nueva organización electoral del país, como se le ha llamado a la propuesta del Instituto Nacional Electoral; incluso los argumentos serán muy parecidos: para qué queremos 33 distintos organismos y organizaciones estatales electorales si todas son corruptas o la mayoría de ellas. Para qué queremos 33 organizaciones electorales si establecen sus propios lineamientos y sus propios procedimientos e incluso en un estado de la República el mismo caso es juzgado de manera distinta que en otro.

No sólo en el Congreso se debe establecer una interpretación uniforme y coherente, sino debemos ir matizando y cada vez eliminando más las interpretaciones voluntaristas que organizaciones y organismos  dictados desde una oficina que en lo específico han sido los gobiernos estatales y los gobernadores, han creado sus pequeños feudos.

No es un debate perenne ni es un debate superficial. Repetiremos en muchas ocasiones más este mismo debate, y les recuerdo que tampoco ha habido debate sobre el federalismo en materias fiscales, en materia penal, como es el caso, y sobre todo en materias laborales.

Esta reforma está estableciendo el ejemplo de cómo podemos establecer un nuevo sistema de pesos y contrapesos con los gobernadores de los estados que han debilitado un sistema a costa y a favor de sus bolsillos y de su autoritarismo.

Queda claro entonces que estas bases se sentarán para garantizar un balance que dentro del proceso penal acusatorio beneficia, sobre todo, a los habitantes, a los ciudadanos, no a los gobernantes, y específicamente a que los derechos humanos estén en vigencia en este país.

Se trata, en esencia, de la expedición de un Código de Procedimientos Penales único que homologuen los procedimientos en materia penal, superando las interpretaciones y divergencias de carácter local y aspirando a la integralidad del sistema de justicia penal en México.

La tarea siguiente será la emisión de la propia ley en donde deberemos poner especial énfasis en los derechos humanos, especialmente en derecho al acceso a la justicia. Vigilaremos los temas sobre delincuencia organizada, declaraciones de testigos protegidos, arraigo, que se cumplan los estándares internacionales y, sobre todo, que modifiquemos el sistema legislativo que actualmente rige.

Asimismo, insistimos en recordar, como uno de los complementos indispensables es sin duda la legislación en materia de uso de la fuerza. Hoy la seguridad pública y los militares cumplen funciones de seguridad pública en la calle.

Establecer un Código Penal Procesal único, no es suficiente. Necesitamos aprobar, derivado de la reforma de 2008 y 2011 de Derechos Humanos, cuáles son las condiciones bajo las cuales la Seguridad Pública de este país ejerce su función, sobre todo para dotar de seguridad jurídica de los ciudadanos.

A su vez, la suspensión de garantías constitucionales que en estados, especialmente en el norte no han manifestado ni la circunstancia real que es necesaria para garantizar la garantía de la vida, la suspensión de diversas otras garantías individuales.

Debemos partir por el reconocimiento de nuestra realidad. Y esta realidad la hemos reconocido en materia penal a través de establecimiento de este Código Procesal único.

Como ya lo señalé, éste será el ejemplo y situaremos el precedente de cómo abordaremos la legislación electoral y muchas otras legislaciones que actualmente existe un desbalance de poder entre los gobernadores y este Congreso de la Unión. Muchas gracias, presidenta.

La Presidenta diputada Patricia Elena Retamoza Vega: A usted, diputado. En el uso de la voz, el diputado Carlos Fernando Angulo Parra, de la Fracción Parlamentaria del PAN.

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra: Compañeras y compañeros, es principal responsabilidad del Estado mexicano hacer que las condiciones de vida de todos los mexicanos sean lo suficientemente adecuadas para que todos y cada uno de nosotros, los habitantes de este país, podamos realizar nuestros anhelos.

Para ello se necesitan muchas cosas que realizar, pero destaca una muy importante, la condición esencial para poder vivir realizando las actividades cotidianas de cada uno y para poder estar trabajando de una manera positiva, de una manera tranquila, es que todos los habitantes de este país gocen de varias cosas; primero de seguridad, de un estado de derecho que garantice que haya concordia social, y donde no la haya, haya justicia. Y como lo dicta nuestra Constitución, que esa justicia sea pronta y expedita.

Ahora nos encontramos en un momento histórico esencial para el desarrollo de la vida cotidiana en este país, de poder hacer un salto cuántico al desarrollo de la justicia. Por desgracia nuestra condición de federación y la condición de inseguridad que se ha tornado muy difícil en nuestro país, por la delincuencia organizada principalmente y las condiciones socio-económicas políticas globales, nos ha llevado a que tengamos un sistema penal muy inadecuado.

Hay que tomar en cuenta varias cosas, compañeras y compañeros. En primer término los compromisos internacionales que México ha asumido  y la responsabilidad  que manda la Constitución a partir de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, de tener cabalmente garantizados los derechos humanos en el país, y uno de los derechos humanos que más es afectado es el derecho a tener una justicia cabal en el país, porque nuestro sistema inquisitorial que data del régimen colonial inquisitorial no lo hemos eliminado, y no se ha eliminado por desgracia por mucha conveniencia de los gobernantes autócratas que hemos tenido, y así en nuestro país este sistema lo hemos rechazado de una manera muy clara a partir de 2008, mandando a las entidades federativa del país y a la misma Federación, migrar del sistema penal inquisitorio a un sistema penal oral acusatorio.

Así quiero mencionarles que ahora nos encontramos ante la reforma de la fracción XXI del artículo 73 constitucional en materia de legislación penal procesal única, y tenemos también varios cambios que facultan al Congreso de la Unión en cuanto a la fracción XXI inciso a), para expedir leyes generales en materia de secuestro y trata de personas, que ambos delitos verdaderamente afectan de una manera terrible a la sociedad, y para establecer penas mínimas penales y sus sanciones, así como establecer leyes generales que contemplen la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y el  Distrito Federal, como con los municipios, para que este entramado jurisdiccional no sea ápice para que los delincuentes se aprovechen de ellos y las víctimas se vean totalmente despojadas de sus derechos.

Asimismo, estamos estableciendo reformas para que el Congreso de la Unión tenga facultades para legislar en delitos y faltas contra la federación y las penas y sanciones que por ellos deban de imponerse, así como legislar en materia de delincuencia organizada.

Ahora bien, compañeros, esta legislación es producto de un consenso multipartidista muy importante, que empieza desde la Cámara de Senadores, en donde el 14 de febrero de 2013, el 9 de abril de 2013, el 24 de abril de 2013 y el 29 de abril de 2013, presentaron diferentes senadores, del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, estas reformas que ahora estamos a punto de votar.

Ahora bien, el 29 de abril de 2013 el Senado aprobó la minuta y el 30 de abril de 2013 esta Honorable Cámara de Diputados recibió la minuta que ha sido dictaminada por la Comisión de Puntos Constitucionales, de la cual soy secretario.

Como ustedes saben, el origen de un nuevo sistema penal para la República Mexicana tuvo su nacimiento con las reformas constitucionales de 2008 y así esta etapa de implementación del sistema penal oral y acusatorio ha tenido un muy lento desarrollo, así tenemos 15 entidades federativas que aún se encuentran en su etapa de planeación, que son: Coahuila, Veracruz, Aguascalientes, Sinaloa, Quintana Roo, Baja California Sur, Colima, Querétaro, Guerrero, Jalisco, San Luis Potosí, Sonora, Hidalgo, Campeche y Distrito Federal. En la etapa de entrada en vigencia se ubican los estados de Tlaxcala, Tamaulipas, Michoacán, Tabasco y Puebla. Finalmente se encuentran en operación, mi estado natal Chihuahua y se encuentra estado de México y Morelos. Y en operación parcial se encuentran Chiapas, Oaxaca, Nuevo León, Zacatecas, Durango, Yucatán, Guanajuato y Baja California Sur.

Compañeras y compañeros, es inaceptable que a cinco años de esta reforma ni siquiera la mitad de las entidades haya implementando el sistema, manteniendo a los gobernados bajo el yugo del sistema inquisitorio.

Los principales problemas al contar con una legislación procesal por cada entidad son diversos, se tienen 33 legislaciones adjetivas en materia penal, con 33 criterios diversos, que provocan una gran oportunidad a los delincuentes. Ya lo mencionó otro compañero, de trasladarse de un estado a otro, etcétera.

La unificación y sistematización de criterios entre las 32 entidades federativas nos da una mejor coordinación y operadores jurídicos del nuevo sistema de justicia penal, con  mayor certidumbre jurídica para todos los involucrados.

La reforma penal no es algo novedoso, se empezó desde 49, 58 y 63. En el Partido Acción Nacional impulsamos las reformas que requiere el país, tanto desde el gobierno como fuera de él.

Es por ello que apoyamos esta reforma en comento, la cual tendrá como consecuencia una mayor certeza jurídica para el pueblo mexicano, ya que desde el momento en que hay presentada una acusación hay una intervención judicial, junto con el Ministerio Público, que deja de tener esa facultad omnipotente que fue causal de múltiples y ha sido causal de múltiples abusos.

Ahora vamos a tener una justicia que le garantizará al detenido el pleno ejercicio de sus derechos humanos y a las víctimas el pleno ejercicio de su reparación. Amén de que también se establecerá un sistema de resolución de controversias de querella necesaria, en donde se ven afectados nada más intereses particulares y muy fácilmente se pueden resolver múltiples problemas y quitarle el enmarañamiento que tiene el sistema penal mexicano respecto de juicios que tienen poca relevancia porque son meramente privados y ahora se pueden liberar.

Los insto, por favor, compañeros y compañeras, a que aprobemos esta reforma histórica para el bien del país y la justicia. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias a usted, don Carlos Fernando Angulo Parra.

Esta Presidencia saluda con un enorme afecto a don Peter Yocupicio, gobernador pascua yaqui de Arizona. A Jonathan Rothschild, alcalde de Tucson, Arizona y a don Ramón Guzmán, presidente municipal de Nogales, Sonora. Sean ustedes bienvenidos a esta Honorable Cámara de Diputados.

Tiene el uso de la voz dona Delvim Fabiola Bárcenas Nieves, del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Delvim Fabiola Bárcenas Nieves: Buenas tardes. Con su venia, señor presidente. Compañeros y compañeras legisladoras, el acceso a la justicia de manera eficaz, pronta y expedita, es una prerrogativa fundamental que a pesar de estar plasmada en nuestro texto constitucional, su cumplimiento aun está pendiente en la agenda nacional, el cual de no ser cumplido a cabalidad seguirá retardando la consolidación de un sistema democrático que garantice las libertades del individuo y permita el ejercicio de los derechos humanos.

Resulta prioritario construir las bases de un sistema de justicia que garantice tanto la adecuada protección de la ciudadanía y sus bienes jurídicamente tutelados, como el adecuado juzgamiento de quienes son señalados como transgresores de las normas penales, garantizando así la protección de los derechos de quienes se constituyen como partes en un proceso penal.

La situación de inseguridad en la que ha vivido inmerso nuestro país trajo consigo la incapacidad de nuestras instituciones para otorgar la debida atención y la protección de los derechos de las víctimas, así como garantizar un justo enjuiciamiento de quienes infrinjan la legislación penal.

El resultado de todo ello son agencias ministeriales, juzgados, Centros de Readaptación y defensorías de oficio, rebasadas por la carga excesiva de trabajo; funcionarios de los tres niveles de gobierno, acusados de ineficiencia o de corrupción; reclusorios desbordados por la población penitenciaria; inocentes o pobres saturando las cárceles; y delincuentes caminando impunes en las calles.

En este rubro la situación que vivimos apenas se podría imaginar, pero es peor con los datos contenidos en la primera encuesta realizada en la población interna de los Centros Federales de Readaptación Social, elaborada en el CIDE y que son muy reveladores.

El 54 por ciento de los sentenciados dijeron haber sido llevados a otro lugar antes de la Agencia del Ministerio Público. El 27.5 por ciento dijo que el Ministerio Público no le había explicado por qué razón se encontraban ahí. El 42.2 por ciento dijo que no le había comunicado o informado del derecho que tenía para tener un abogado. El 66 por ciento de los encuestados dijo que no fue informado de que tenía derecho a no declarar.

Sobre la posibilidad de hacer una llamada telefónica, el 64.4 por ciento no pudo hacer una llamada telefónica. Sobre la existencia de amenazas o el uso de fuerza pública para obligar una declaración o para cambiar ésta, el 34 por ciento dijo haber sido amenazado y que se uso la fuerza física en su contra. Esta incertidumbre que vive la sociedad hoy en día es tan sólo una pálida muestra del deterioro de nuestro sistema de justicia penal.

Esta situación no podría entenderse sino a partir de, entre otras causas, la diversidad de códigos, adjetivos, en nuestro país que han provocado la dispersión de los procedimientos penales, lo que ha restado uniformidad al tratamiento de quienes son señalados como infractores y ha dejado a la ciudadanía imposibilitada para hacer valer y para defender sus derechos constitucionales.

Es por ello que, los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, nos pronunciamos a favor de esta reforma constitucional que se somete hoy al pleno, pues gracias a ella será posible que el Congreso de la Unión expida una legislación única procedimental penal, misma que contemplará mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que regirán en la República, tanto en el orden federal como en el fuero común.

La reforma constitucional hoy sometida a este pleno nos permitirá fortalecer nuestro sistema penal, a través de estrategias que permitan atender y servir de mejor manera a quien ha sido víctima de un delito y que de ninguna manera tiene que ser victimizado de nueva cuenta por las instituciones o, bien, por los mismos servidores públicos.

Pero no sólo eso, contaremos con normas adjetivas que coadyuven al adecuado juzgamiento de quienes han violentado la ley, buscando en todo momento acceder a la verdad legal con bases en pruebas tangibles y no en consignas.

Compañeras y compañeros legisladores, Séneca decía que nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía. Nosotros agregamos que también raya en la injusticia, el juzgamiento sin equidad ni probabilidad de defensa. Injusto es criminalizar a las víctimas y ser indiferente a su dolor e indignación; injusticia es hacer de los reclusorios el vertedero de la venganza social en vez de una oportunidad para el perdón y la readaptación. No habrá justicia en México hasta que las víctimas sean atendidas con humanidad y empatía, y mientras los policías no se dediquen a proteger a la población, los fiscales dejen de poner precio a sus servicios y mientras los defensores no defiendan adecuadamente a sus clientes.

Imposible hablar de justicia, mientras los reclusorios estén llenos de injusticias cuyos derechos siguen padeciendo aquella vieja máxima cincelada en las paredes de Lecumberri, en este maldito lugar donde reina la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza.

Impensable hablar de justicia, si al contrario de cómo aconsejaba El Quijóte a Sancho Panza, en México se sigue doblando la vara de la justicia con el paso de la dádiva y no con la misericordia.

Es por ello que el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional estamos a favor de la reforma que sin duda alguna ayudará de manera positiva a seguir moviendo México. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, con esta cita del caballero de la triste figura terminamos la ronda de posicionamientos. Tendremos el gusto de escuchar, como siempre, a doña Luisa María Alcalde Lujan, que va a hablar a favor. Tiene usted el uso de la voz por cinco minutos.

La diputada Luisa María Alcalde Luján: Un gusto también escucharlo a usted, presidente. Como es bien sabido la reforma constitucional en materia penal del 18 de junio de 2008 fue una apuesta por transformar profundamente la forma de ejercer justicia en nuestro país, que como todos sabemos es obscura e ineficiente y no garantiza debidamente los derechos de víctimas ni de imputados.

La reforma busca adoptar una nueva metodología más transparente, lógica y ágil para ejercer justicia, es decir, para exponer los argumentos de las partes y decidir sobre el futuro del imputado. En vez de largos procesos de creación de expedientes y transcripciones, el nuevo proceso acusatorio adversarial estará regido por un sistema de audiencias orales en las que se deberán respetar los principios de oralidad, contradicción, publicidad, continuidad e inmediación.

Indudablemente la reforma ofrece grandes oportunidades para mejorar nuestro sistema penal, pero también implica serios retos; retos que las entidades federativas que ya han empezado a implementar el nuevo sistema de justicia acusatorio enfrentan hoy.

Uno de esos retos es la creación de un Código Procesal Penal que instrumentalice debidamente los principios y derechos que la Constitución exige ahora. Un código que integre las buenas prácticas de los sistemas acusatorios que se han implementado a lo largo del país y que se aventure a romper paradigmas y evitar reintroducir las prácticas viciadas del proceso penal pasado, como se ha visto ya en ciertos estados.

Un código que, por un lado, garantice los derechos del imputado como la presunción de inocencia y el derecho a una defensa adecuada, pero no deje de lado los derechos de las víctimas que hoy más que nunca tenemos que proteger.

Esta labor se vuelve aún más difícil en el entorno de nuestro país donde se tienen que elaborar no uno sino 33 códigos procesales penales, empezando por el Código Procesal Federal que hasta ahora no hemos aprobado. No obstante, de acuerdo a la Constitución, tenemos menos de tres años para implementar el nuevo sistema de justicia acusatorio en nuestro país.

La diversidad de códigos procesales no nada más dificulta la implementación exitosa del nuevo sistema de justicia. También motiva criterios de interpretación contradictorios entre las entidades federativas, dificulta la coordinación entre las autoridades y fomenta la improvisación legislativa sobre temas que deberían ser modificados previo consenso y discusión por parte de todos los actores sociales interesados.

Es por esto que creemos que la unificación de las leyes procesales en materia penal es el mejor camino para remediar la dispersión legislativa y las inconsistencias y vicios entre las leyes locales y federales. Es la mejor forma de lograr la armonización entre la teoría penal y la práctica en todo el país, permitiendo además concentrar los esfuerzos académicos en la capacitación de los futuros operadores y la difusión y enseñanza de la legislación procesal.

De manera más general, con la emisión de un código único, se sumaría a la creciente tendencia internacional en materia procesal: la simplificación. En pocas palabras, la unificación procesal-penal brindará certeza jurídica a la sociedad evitando que exista desigualdad en la manera de juzgar a los ciudadanos por el solo hecho de residir en distintas entidades federativas.

Aprobar el presente dictamen que facultaría al Congreso para legislar y expedir un Código Procesal Penal Único, es el primer paso de una larga lista de responsabilidades que tenemos los legisladores para enmendar un sistema corrupto e injusto, desigual y arbitrario.

Esperamos que las distintas fracciones parlamentarias acompañen esta reforma constitucional que hoy votaremos a favor. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, muy apreciable diputada.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ábrase el sistema electrónico de votación para recabar votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto del dictamen, en sus términos, por cinco minutos.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, le informo que se emitieron 452 votos en pro, 3 en contra y 2 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Estoy leyendo 453.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ah, perdón 453.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular por 453 votos el proyecto de decreto que reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de legislación procesal penal única. Pasa a las legislaturas de los estados para los efectos del artículo 135 constitucional.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de los estados y los municipios.

Para fundamentar el dictamen tiene la palabra el presidente de la comisión, don Julio César Moreno Rivera.

El diputado Julio César Moreno Rivera: Con su venia, diputado presidente; compañeras y compañeros diputados, a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, vengo a fundamentar el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de disciplina financiera de los estados y los municipios.

Es lamentable que de forma recurrente en los últimos años se han presentado casos escandalosos de sobreendeudamiento en algunos estados y municipios, por lo que no se debe dejar de lado la necesidad que existe de armonizar límites, criterios y principios que normen la capacidad de pago, evitando así que con el paso del tiempo la deuda de estos ponga en riesgo la estabilidad financiera en el país.

Como es de nuestro conocimiento, en la actualidad la insuficiencia de los ingresos públicos de las entidades federativas para cubrir el gasto público, es la principal causa del crecimiento de la deuda estatal, situación que está orillando a las entidades federativas a caer en un círculo vicioso de mayor endeudamiento, para conseguir recursos suficientes, para pagar la deuda pública.

Lo anterior en un contexto de débil crecimiento económico y de un gasto público comprometido e irreductible.

Al respecto de un estudio realizado por la Auditoría Superior de la Federación, se desprende que hasta el 31 de diciembre del 2011 el saldo de la deuda subnacional de los registros de obligaciones y empréstitos de las entidades federativas y municipios ascendió a 390 mil 797 millones de pesos.

De igual forma se indicó que del 2008 al 2011 se presentaron aumentos significativos en las variaciones reales de las deudas de los estados, observándose los montos más altos en 11 entidades federativas, siendo éstas Campeche, Coahuila, Tamaulipas, Morelos, Zacatecas, Quintana Roo, Nayarit, Yucatán, Veracruz, Chihuahua y Baja California Sur.

Compañeros legisladores: las cifras hablan por sí solas. Incrementos sustanciales en la deuda pública de municipios y estados son evidentes, por lo que ante estas situaciones tan alarmantes resulta imperativo que este Poder Legislativo lleve a cabo las acciones necesarias para controlar la deuda pública de los diferentes órdenes de gobierno.

En este sentido, con las reformas y adiciones propuestas a la ley fundamental, se pretende solucionar la problemática del endeudamiento acelerado de los gobiernos estatales y municipales, ya que se requiere de una reforma a las finanzas públicas  del federalismo hacendario que transforme las causas primarias que dan origen a la problemática que se está enfrentando.

De este modo, el dictamen puesto hoy a su consideración tiene como ejes rectores los siguientes temas: en el ámbito de la planeación nacional de desarrollo, el establecimiento de principios básicos para lograr un desarrollo económico sostenible.

La previsión para que el Estado, entendido éste en los tres órdenes de gobierno, vele por la estabilidad de las finanzas públicas. El establecimiento de las bases generales para regular la deuda pública de los estados y municipios con la intención de que todas las obligaciones de pago, con independencia de cómo se denominen, queden perfectamente armonizadas, homologadas y sean transparentes.

La creación de un registro público único de empréstitos y obligaciones que fortalecerá la transparencia y la rendición de cuentas sobre el uso de endeudamiento público, además de brindar certeza a las operaciones que realicen dichos órdenes de gobierno.

La implementación de un control político que ejercerá la Cámara de Diputados sobre las entidades federativas y los municipios en materia de deuda pública. En este caso, esta soberanía conocerá y en su caso emitirá una opinión mediante la comisión legislativa competente respecto de la estrategia de ajuste de finanzas públicas de los estados que tengan niveles elevados de deuda.

La facultad de la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar que el gobierno federal otorgue las garantías con cargo al crédito de la nación en forma adecuada. El fortalecimiento de la rendición de cuentas en el uso del endeudamiento público al concederle atribuciones a las entidades de fiscalización de los estados para fiscalizar las acciones de los estados y los municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública.

Asimismo, se prohíbe expresamente que se destinen los recursos de los empréstitos a cubrir gasto corriente, como un principio básico de responsabilidad fiscal, y se faculta a los gobiernos estatales para otorgar garantías a los municipios con el objeto de facilitar el acceso al crédito de los mismos bajo condiciones financieras más favorables.

Cabe señalar que la reforma constitucional que se pone a consideración de esta soberanía mantiene congruencia con el Pacto Federal al establecer un marco general aplicable a los diferentes órdenes de gobierno,  al mismo tiempo que respeta el ámbito de competencia de los gobiernos locales en la emisión de sus respectivos ordenamientos legales en la autorización de sus paquetes económicos, y en particular en la aprobación de los montos anuales de endeudamiento y en los procesos de contratación correspondientes.

Compañeros, compañeras diputadas, no debemos perder de vista el compromiso impostergable que como legisladores debemos de garantizar en el mediano y largo plazo un manejo adecuado de las finanzas públicas con el fin último de generar  condiciones que permitan el crecimiento de nuestra economía en beneficio de la población mexicana.

En tal sentido, los invito a votar a favor del dictamen elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales con la finalidad de establecer en nuestra ley suprema principios, reglas y controles constitucionales para que las entidades federativas y municipios lleven una administración financiera responsable que evite el sobreendeudamiento, es decir, que impida se contraten obligaciones de pago que genere problemas fiscales para el Estado o municipio,  y que en caso de que haya abusos, se sancione a los responsables.

Quiero terminar compañeras y compañeros diputados, comentando que en su momento presentaré una reserva suscrita por distintos diputados de diversas fracciones con la finalidad de alcanzar los más amplios consensos para la aprobación de esta reforma. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El dictamen ahora sí está a la consideración de la asamblea. Don Luis Antonio González Roldán, tiene usted el uso de la voz.

El diputado Luis Antonio González Roldán: Con su venia, señor presidente. Señoras y señores diputados.

El proyecto de decreto que hoy nos ocupa es producto de una amplia discusión y análisis que derivó en diversas coincidencias a partir de perspectivas y propuestas de compañeros diputados provenientes de diferentes enfoques ideológicos.

Se trata de un decreto que resume coincidencias y preocupaciones para atender, orientar y regular el endeudamiento de las entidades federativas y sus municipios, que en su conjunto conforman el Pacto Federal, pero que hoy en día, ante el desequilibrio que muestran las haciendas públicas locales en relación con su ingreso-gasto, han recurrido a la obtención de recursos mediante el endeudamiento.

Hoy entramos a una nueva etapa de responsabilidad y transparencia sobre el manejo de los recursos públicos del país, y estamos convencidos de lo anterior porque en Nueva Alianza consideramos que un buen gobierno es sinónimo de una administración honesta, transparente y con visión de futuro, centrada en la ciudadanía.

Estamos conscientes que es mucho más difícil transformar el futuro que repetir los esquemas del pasado, pero tenemos como legisladores la responsabilidad de mirar hacia adelante para mejorar el porvenir de todos los mexicanos. En eso radica lo trascendental de esta reforma constitucional. Con su aprobación sentamos las bases para un manejo adecuado de las finanzas públicas de los estados y municipios, bases que deben fomentar incluso en su endeudamiento, mejores condiciones de vida para los actuales y futuros mexicanos.

El eficaz manejo de la deuda pública es un tema fundamental en la salud de las finanzas de los gobiernos estatales y municipales. Algunos de éstos registran un endeudamiento excesivo en relación a sus posibilidades reales de pago, hipotecando el futuro de sus entidades y coartando el desarrollo del territorio y sus ciudadanos.

Como diputado federal perteneciente a la fracción parlamentaria de mi instituto político, Nueva Alianza, me complace reconocer que en esta reforma constitucional se han condensado distintos puntos de vista sobre el problema de la deuda que enfrentan las entidades federativas, y que según la estadística disponible pasaron de 203 mil 70 millones de pesos en el año 2008, a 436 mil 242 millones a marzo de este año 2013, lo que equivale a un aumento del 115 por ciento.

Según la distribución por acreedor, la banca comercial registra el 62 por ciento de dicho endeudamiento; la banca de desarrollo ha financiado casi 89 mil millones de pesos que significan el 20.4  por ciento, mientras que otras fuentes de endeudamiento, como las emisiones bursátiles, los fideicomisos y otros financiaron a los estados y municipios con el 17.8 por ciento de recursos, que rebasaron los 77 mil millones de pesos.

Sin embargo, aunque este endeudamiento de por sí es voluminoso, se advierte un consenso entre las autoridades financieras del país al señalar que el endeudamiento todavía no representa un peligro para el sistema financiero nacional, ya que en su conjunto equivale respecto al producto interno bruto, menos del 3 por ciento.

La contratación de deuda deberá realizarse bajo condiciones de mercado, aun la de organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos, así como la que sirva para otorgar garantías respecto al endeudamiento de los municipios se prevé incluso, según la reforma al artículo 73, que la licitación pública sea una modalidad y con las condiciones necesarias para la contratación de la deuda.

De igual manera, se mantiene la prohibición para contraer obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones, personas físicas o morales extranjeras, así como aquellos que deban cubrirse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional.

Luego entonces, los diputados federales que integramos esta LXII Legislatura, desde sus orígenes, a tiempo y de manera preventiva estamos actuando respecto de un problema que empieza a tener dimensiones de alcance nacional.

¿Qué logramos con este decreto al reformar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? En Nueva Alianza afirmamos que se pretende atender el problema del endeudamiento acelerado de los gobiernos estatales y municipales y al mismo tiempo promover un uso eficiente, responsable y transparente de los recursos públicos, precisando además que los servidores públicos de las entidades federativas serán los responsables del eventual manejo indebido de la deuda pública.

Al aprobarse este dictamen, los estados y los municipios, incluyendo al Gobierno del Distrito Federal, tendrán la obligación de inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único de manera oportuna y transparente.

Igualmente, se creará un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda de estados y municipios y se definirán sanciones aplicables a los servidores públicos que incumplan con estas nuevas normas.

Las entidades federativas en ningún caso podrán destinar los empréstitos para cubrir gasto corriente ni contraerán deuda cuyo destino no sean las inversiones públicas productivas o el refinanciamiento o reestructura de la misma.

La contratación de deuda deberá realizarse bajo condiciones de mercado, aún la de los organismos descentralizados, se mantiene la prohibición para contraer obligaciones con gobiernos de naciones extranjeras.

Con esta reforma estamos definiendo la participación de las fuerzas políticas del país, representadas en los Congreso locales, con una tarea muy precisa: ser las instancias que conozcan y determinen hacia dónde debe ir el endeudamiento de los gobiernos, de los cuales forman parte.

En mi grupo parlamentario estaremos muy atentos y seguiremos participando, para precisar cómo deberán ser los alcances de la legislación secundaria, que en materia de responsabilidad hacendaria expedirá la Cámara de Diputados como resultado de esta reforma constitucional y en tal sentido, se establecerán las bases generales para el endeudamiento, así como sus límites y modalidades, bajo las cuales esos órdenes de gobierno podrán afectar sus respectivas participaciones para cubrir los préstamos y obligaciones de pago que contraigan.

En Nueva Alianza mantenemos un firme compromiso con las y los mexicanos. Sabemos que demandan un gobierno eficiente, eficaz, que sea transparente y honesto al ejercer recursos públicos, recursos que provienen de sus contribuciones, a fin de que se atiendan sus necesidades y se establezcan las condiciones necesarias para su superación.

Por ello, para que México se desarrolle de forma productiva y brinde las condiciones necesarias y elementales a su población, es indispensable que cuenten con finanzas públicas ordenadas, sanas y sostenibles en los tres órdenes de gobierno.

En mi partido, en Nueva Alianza no tenemos duda, que con ejercicio de concertación, confluencia y acuerdos con todas las fuerzas políticas, como el que antecede a esta reforma, es lo que a nuestro México le dará toda la viabilidad para construir una nación más justa, moderna y con gobiernos estatales y municipales plenamente responsables, transparentes y comprometidos con sus gobernados. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo tiene el uso de la voz la diputada Lilia Aguilar Gil.

La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor presidente. Con la venia del pleno. Creo que más allá de venir a esta tribuna a decir qué es lo que contiene la reforma, porque eso es lo que haremos o lo que trataremos de hacer todos, primero debemos preguntarnos qué es lo que nos tiene aquí aprobando esta reforma claramente, aparte del Pacto por México.

Y lo que nos tiene aprobando esta reforma y la necesidad popular que se ha creado sobre este tema, es el uso irresponsable de una herramienta que debería ser virtuosa y se ha convertido en una herramienta viciosa para los estados.

Es decir, quién no recuerda, diputados ciudadanos, quién no se ofende con los grandes escándalos que se han dado con el tema de la deuda en varios estados, y no voy a nombrar a personas, porque no se trata esto de una discusión política sino de una discusión técnica, los grandes escándalos sobre los temas de Coahuila, Chiapas, inclusive, Veracruz.

Eso es lo que nos tiene aquí. Es decir, un elemento que podría haber sido virtuoso, como lo dije, que es el endeudamiento, que es una forma de financiamiento para los estados que permitiría que los estados pudiesen adquirir recursos adicionales, que bien manejados podrían crear infraestructura y podrían utilizarse para programas sociales o para programas de desarrollo de los estados y los municipios, se ha optado por utilizar congresos locales, a veces poco responsables, otras veces poco informados y en muchas ocasiones, completamente entregados a los gobernadores para aprobar deuda que ha dañado a los estados, a los municipios y que se ha ido no solamente a gasto corriente sino a gasto dudoso, por decirlo de alguna manera, en algunos estados de este país.

Entonces, ¿qué es lo que hace esta reforma, en términos prácticos? ¿Para qué sirve? Es decir, ¿por qué tanto ir y venir con el tema del endeudamiento de estados y municipios, que hemos tenido ya desde el pasado receso de este Congreso de la Unión?

Garantiza el uso responsable de la contratación de financiamiento de créditos, empréstitos y préstamos para los gobiernos estatales y municipales, así como su administración transparente.

Establece, y esto es muy importante, límites claros y precisos para que los estados y municipios adquieran deuda y disminuyan su costo. Porque hay que ser muy claros en esto, hay estados en donde –hay que decirlo, en su mayoría– los gobernadores y muchos municipios ya no tienen que pedir autorización a sus Congresos ni a sus cabildos para adquirir ciertas deudas que no superen el término de su periodo de gobierno.

Es decir, los titulares de los Ejecutivos pueden endeudarse de la manera que mejor les parezca y utilizar este recurso de la manera que mejor les parezca, todo depende de la legislación del estado.

Incluye además, esta iniciativa, mecanismos de control que obligarán a los estados y municipios, entre otras cosas, a licitar la contratación de deuda. Es decir, ya no será directamente por un trato, por un amigazgo o cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar.

Y creo, de manera muy importante, que incrementa el tema de la inversión en infraestructura para que estas deudas no se vayan a gasto corriente. Y aunque pareciera un lugar común o un tema común ésta es una de las cosas más importantes de esta iniciativa.

Es decir, si vas a endeudar al estado endéudalo con algo positivo, que tenga y que deje cuando menos en el estado infraestructura y que deje proyectos a largo plazo. Es decir, estamos de cierta manera obligando –y lo digo entre comillas– a nuestros gobernadores y a nuestros presidentes municipales a que tengan miras a largo plazo y dejar un granito de arena a quienes están gobernando.

Porque, ¿cuáles son los pros y los contras de esta reforma? Y con esto pasaría ya al último tema, que es el tema de auditoría y fiscalización. Mucho se ha dicho que con este tema –y lo discutimos nosotros en el grupo parlamentario– probablemente vamos a entrar a un sistema de centralización que no ayuda al sistema federal mexicano.

Es decir, si ustedes revisan los tres asuntos que estamos tratando en este periodo extraordinario podemos observar que todos tienen que ver con la centralización de atribuciones del Congreso.

El código procedimental único, es decir que le da la atribución al Congreso de hacer un código de procedimiento único para todos los estados. Una Ley de Catastro, donde ponemos el mínimo o las reglas generales para los temas catastrales desde esta Cámara de Diputados. Y ésta, que tiene que ver con el tema de endeudamiento de estados y municipios que se fijarán desde el estado.

Sin embargo, en este tema digamos que es necesario replantear el Pacto federal. Y creo, y creemos en el Partido del Trabajo –y así lo discutimos y así l concluimos–, que esta reforma constitucional está en congruencia con el Pacto federal, es decir, establece un marco general aplicable a los diferentes órganos de gobierno y al mismo tiempo respeta el ámbito de competencia de los gobiernos locales en la emisión de sus respectivos ordenamientos legales.

Se ha dicho sobre esta reforma –algunos legisladores– que probablemente aprobarla como está, lejos de poner orden, va a causar que haya mayor deuda o que desde el centro se pueda acreditar a algunos gobernadores o presidentes municipales a que adquieran deuda y a los menos cercanos al centro a que no lo hagan.

Es por eso que las normas son de aplicación general. Y esperamos que la tentación no esté en manos del Ejecutivo o de quien así lo pueda determinar.

Me gustaría cerrar con un tema central y que nos deja un pendiente en esta Cámara de Diputados, que es el tema de auditoría y fiscalización. Esta iniciativa toca también temas de auditoría y fiscalización para las deudas que se están adquiriendo y que se están regulando por esta ley.

Pero, sin embargo, hay un gran tema, un gran hoyo negro –diría yo– en el tema de auditoría y fiscalización en los estados. En su mayoría tenemos auditores completamente entregados a los gobernadores, por decir lo menos, y que no realizan su trabajo como deben de hacerlo.

Aunque tenemos órganos –de auditoría, se supone– autónomos e independientes, éstos finalmente obedecen finalmente a los gobernadores y nunca revisan ni fiscalizan el ejercicio real del gasto. Esta iniciativa en algunos de sus puntos habla de cómo se hará en concordancia con la Auditoría Superior de la Federación y las auditorías locales, la auditoría de estos recursos.

Pero nos queda pendiente, señores diputados, y esperemos poder presentar ya en el próximo periodo ordinario cómo se fiscalizaran los recursos de participaciones y aportaciones federales, cómo es y se tratará ese gran hoyo negro del recurso que baja en el presupuesto que aprobamos nosotros y que no sabemos muchas veces cómo se aplica y que las auditorías de los estados son cómplices en el mal manejo de estos recursos, no solamente ni las participaciones y aportaciones, sino también inclusive de los recursos propios. Éste es un gran pendiente que nos deja esta iniciativa, que el PT ve con mucha preocupación y que no nos vamos a preocupar solamente sino que nos vamos a ocupar.

Anunciamos que votaremos a favor esta iniciativa, que nos parece una iniciativa positiva, que presentaremos algunas reformas y que estas reformas –creemos– son necesarias para afianzar y no centralizar el tema ni quitar las atribuciones que deben de tener los estados y respetar, como ya lo dije, el Pacto federal. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Ricardo Mejía Berdeja, para fijar la posición del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, compañero presidente. Esta reforma constitucional puede ser la primera definición relevante que se tome en esta Cámara de Diputados, después de una serie de reformas fallidas que se han realizado al amparo del Pacto por México.

Esta reforma tiene la virtud que no surge de un dictado de la pactocracia, sino que surge de una iniciativa plural de legisladores de todos los partidos; surge, incluso, retomando la facultad que tenemos en el artículo 72, de ser la Cámara de origen cuando se tratan estos temas, facultad que quería escamotearnos, sorprendernos nuestra colegisladora.

Y decía que puede ser la primera reforma relevante, porque yo preguntaría, después de casi ocho meses de promulgada la reforma laboral: ¿Acaso hay más empleos en el país? ¿Acaso hay más competitividad? ¿Acaso hay crecimiento económico? ¿Acaso hay mejores salarios?

La reforma educativa hasta ahora ha traído más problemas que beneficios para el país y siguen esperando los maestros de México, los padres de familia, la discusión de la legislación secundaria.

Otra reforma inconclusa y que apunta a fallida, es la reforma de Telecomunicaciones. Ni han mejorado las tarifas ni han mejorado los servicios. El público usuario sigue esperando que esta reforma no sea solamente un trueque entre oligopolios en el país.

Por otro lado, la reforma financiera –que ya se presentó– no es más que mayores facilidades de cobro a las instituciones bancarias. Cárcel para deudores y secuestro de bienes es la manera como se busca estimular los créditos en el país.

El país ha tenido un declive en materia de crecimiento económico en estos meses, en este periodo. Ha repuntado la inflación y la carestía es cosa que se ha ido acentuando a la luz de los gasolinazos y de los aumentos de productos de la canasta básica.

Por eso insisto en que ésta es, quizá, la primera reforma relevante que se va a construir en esta Legislatura.  Desde el inicio de los trabajos de esta Legislatura insistimos en la necesidad de poner un alto a los endeudamientos criminales que se han venido presentando en diferentes partes del país.

La deuda subnacional de estados y municipios pasó de 203 mil millones de pesos a 434 mil millones en sólo cuatro años, según  cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Hoy se quiere poner esta solución que nos parece que es un primer paso. Faltan todavía otras reformas. Lo vemos como coloquialmente se dice: Después de ahogado el niño, a tapar el pozo.

Después de los Andrés Granier, después de los Humberto Moreira, ahora sí a regular los endeudamientos criminales que han provocado falta de obra, falta de servicios, nuevos impuestos y pérdida de oportunidades para generaciones enteras en varios estados del país.

Hoy en día la deuda pública per cápita es encabezada por el estado de Coahuila, donde cada coahuilense debe 13 mil 281 pesos producto de un endeudamiento criminal de seis años.

Pasó con Enrique Martínez, hoy secretario de Agricultura, de ser una deuda prácticamente cero deuda, a 36 mil millones de pesos con Humberto Moreira que hoy está cómodamente instalado viviendo como rey en Barcelona, España.

Quintana Roo tiene una deuda per cápita de 9 mil 774 pesos por habitante; Nuevo León, 8 mil 141 pesos por habitante.

Y la pregunta es ¿a dónde se ha ido toda esta deuda? Según estudios, por cada peso que se contrata de deuda sólo 16 centavos se destinan a inversión productiva. Es decir, es una mentira cuando se argumenta que es para obra y que es para proyectos; sólo 16 centavos.

Yo preguntaría: en esos estados que están endeudados ¿cuántos constructores de obras que se realizaron supuestamente con esos préstamos no se les pagó y están quebrados?

Es decir, la deuda se fue a la corrupción y al desvío de recursos para financiar proyectos políticos y proyectos electorales. Fue una orgía financiera y un desvío de recursos para construir candidaturas.

De varios financiamientos surgieron hoy candidatos, surgieron gobernadores y surgieron también financiamientos incluso a la campaña presidencial del PRI. Por eso qué bueno que se están tomando estas medidas.

Pero compañeras y compañeros diputados, a nosotros nos parece insuficiente que sean sólo las legislaturas locales, ahora por las dos terceras partes, las que aprueben estas deudas.

Todos sabemos que los congresos locales están al servicio de los gobernadores, sean del color que sean. Por eso como reserva habremos de presentar una propuesta para que una vez que las legislaturas locales aprueben los empréstitos, sea la Cámara de Diputados  quien también los ratifique.

Se podrá alegar con un falso federalismo que esto afecta a las legislaturas, pero les puedo preguntar que los ciudadanos de esos estados que hoy sufren las consecuencias de esta corrupción galopante  de las deudas nos lo van a agradecer.

El federalismo no puede ser coartada para la corrupción, para el desvío de recursos ni para el financiamiento de campañas electorales con la deuda de muchos ciudadanos. Por eso vamos a insistir en esta propuesta que presentaremos como reservas y vamos a insistir en que esta disposición no sea un borrón y cuenta nueva.

Sí nos interesan nuevas reglas y mayores candados para la contratación de préstamos en los estados y municipios. Pero nos interesa también que no haya impunidad, que no haya intocables. Ahí está Granier, pero falta Moreira y faltan varios ex gobernadores.

Por eso vamos a insistir en el tema y no quitaremos el dedo del renglón. Esta reforma no es borrón y cuenta nueva y no es un pasaporte a la impunidad. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz la diputada Ruth Zavaleta Salgado, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Ruth Zavaleta Salgado: Con su venia, presidente. Qué bueno que ya comenzamos el debate antes de que comience el período ordinario. He escuchado las diferentes participaciones de algunos compañeros y me parecen muy interesantes porque pareciera que confundimos las cosas.

No somos los vengadores justicieros para señalar quiénes están bien y quiénes están mal y en todo caso nosotros decidir lo que es bueno y lo que es malo, compañeros. Nosotros en este caso, con los gobernadores de los estados tenemos  que ser justos también, y no es por defender a alguien en particular, no es PRD, PAN o PRI, todos gobiernan en los estados de la República y sin embargo en todos los estados ha habido problemas que no necesariamente –y eso lo quiero remarcar– se derivan de la corrupción, en este caso del endeudamiento.

El endeudamiento tiene puntos fundamentales por los que se ha fomentado en cada estado y en cada municipio. No es solamente la corrupción.  Minimizarlo a la corrupción y minimizarlo a un asunto de que vamos a ser los justicieros y vamos a hacer que se rindan cuentas por parte de los estados y municipios es no reconocer que también en los estados hay un desarrollo democrático, más lento quizás que en el ámbito federal, pero también se están desarrollando los esquemas de equilibrios y contrapesos dentro del ámbito estatal.

Quiero ilustrar la magnitud del problema repitiendo algunas cifras que los compañeros han dado, pero también fundamentarlas con los orígenes. El endeudamiento subnacional creció aceleradamente efectivamente, como lo han dicho, desde el 2008 al 2011 de 203 mil 070 millones de pesos a 390 mil 777.

Sin embargo, también aquí tenemos, compañeros y compañeras legisladores, que hacer énfasis en que la mayor deuda no la tienen los estados de la República, sino la federación, y es ahí también en donde esta soberanía tiene que poner atención en la rendición de cuentas.

Por otra parte, entre el cierre del 2011 y el primer semestre del 2012 la deuda de los estados pasó de 390 mil 777 millones a 404 mil 409 millones, como ya lo han mencionado otros compañeros que me antecedieron.

Respecto de la deuda municipal, la Auditoría Superior de la Federación reportó que entre el cierre del 2011 y junio de 2012 se incrementó de 44 mil 124 millones de pesos a 44 mil 859 millones de pesos, una diferencia de 734 millones de pesos.

Los problemas, como lo mencioné al principio, solamente los podemos resolver y en este caso creo que así se tomó en cuenta en la Comisión de Puntos Constitucionales, sí conocemos las causas.

El primer factor es la vulnerabilidad de los ingresos vinculados con las participaciones fiscales. Este problema se ha identificado por tres factores: el descenso de los ingresos petroleros gracias a la extracción decreciente, la crisis económica internacional que se ha vivido desde el 2009 y el carácter incremental e inercial de la mayoría de los componentes del gasto.

A lo anterior también se debe tomar en cuenta la incidencia de las contingencias naturales y otras discreciones como las erogaciones sin impacto social y económico que los justifiquen.

Otra razón del incremento del saldo de la deuda pública es la diversificación de fuentes de financiamiento. Otro más la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha reportado que el monto de préstamos bancarios a estados y municipios se incrementó en un 88 por ciento en los últimos tres años, es decir, hubo más oportunidad de que tuvieran financiamiento los municipios y los estados.

Compañeras y compañeros, ante esta circunstancia esta soberanía, y en particular la Comisión de Puntos Constitucionales escuchó los diversos puntos de vista. También quiero hacer mención que nosotros dentro de esa comisión pusimos mucha atención y énfasis en reafirmar las funciones que nos otorga el artículo 74 de la Constitución Política.

Reformar este artículo y darle las facultades para lograr una mejor rendición de cuentas y transparencia de los recursos económicos que gastan los estados y los municipios, fue fundamental para nosotros.

Hago mención y énfasis en esta ocasión por las discrepancias que se pudieran dar en el Senado de la República. He visto con mucha tristeza y desencanto los desencuentros que hemos tenido con los señores senadores, y lo digo realmente porque me parece que esta soberanía tiene que poner atención en que no solamente podemos sacar las normas nosotros de una manera autónoma, tenemos que tener una coordinación adecuada con los senadores y que el Congreso de la Unión funcione también de una manera equilibrada.

Y esto que nos sucede a nosotros de desencuentros –seguramente también los tienen en los estados de la República– y por eso también quiero aquí retomar el debate que el compañero del PRD vino a proponer hace un rato en el  punto anterior que votamos.

El compañero empezó a debatir el problema del federalismo en el aspecto del Instituto Electoral Federal, es un debate que vamos a dar en el futuro seguramente, pero no caigamos en la tentación, compañeros, no caigamos en la tentación del conservadurismo ni descentralizar las funciones que le corresponden a los estados y a sus soberanías, y en este caso tratemos mejor de fortalecer el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo de los estados de la Republica. No ganamos nada disminuyéndoles sus funciones, al contrario, estamos disminuyendo la posibilidad de fortalecer la democracia de nuestro país.

Los invito, compañeros, a que tratemos de rescatar nuestra relación si no cordial, por lo menos coordinada con el Senado, pero también que impongamos una posibilidad de coordinarnos con los estados de la República por medio  de los congresos locales.

Cuántas veces no se discuten aquí leyes y normas que ni siquiera les informamos a los Congresos de los estados. Cómo quieren que los compañeros diputados locales en los Congresos de los estados participen de un equilibrio de poderes, si nosotros no estamos ni siquiera contemplándolos en las discusiones importantes del país.

Yo invito a esta soberanía a que reflexionemos antes de que nos gane la tentación en seguir centralizando y siendo conservadores con las reformas que estamos haciendo para disminuirles poderes a los estados, reflexionemos en cómo podemos fortalecer a los municipios y a los estados de la República para que tengan un adecuado equilibrio de poderes y con ello pueda haber una justa rendición de cuentas, una transparencia del uso de los recursos públicos, pero también un justo desarrollo  igual para todos los ciudadanos de esos estados. Es cuanto, compañeras y compañeros diputadas. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Carol Antonio Altamirano: Con el permiso de la Presidencia. Diputadas y diputados, a nombre del PRD fijo posición ante el dictamen que se construyó en la Comisión de Puntos Constitucionales y de las reservas de consenso que lo complementan, respecto del endeudamiento de estados y municipios.

Lo primero que debemos señalar es cuál es el problema que se quiere encarar con esta forma constitución. La deuda de estados y municipios ha tenido un problema en el ritmo de crecimiento, que ha sido muy alto en algunos estados y en 22 municipios, mientras que el resto del país tiene un buen manejo de su endeudamiento.

Aun cuando a nivel nacional no representa un riesgo general, porque su monto equivale a menos de 3 puntos del PIB, es decir 436 mil millones de pesos, sí tiene un impacto fuerte en las finanzas locales. Ante este problema, el dictamen y sus reservas de consenso representan avances que debemos respaldar, pero primero hay que partir de un enfoque justo sobre el uso de la deuda.

El endeudamiento no debe ser satanizado, es un instrumento que bien usado puede servir para impulsar el desarrollo nacional y de las entidades. Si tiene destinos y controles suficientes es útil para financiar obras y proyectos que hacen falta al país. Ése es el espíritu general del dictamen y sus reservas de consenso; se trata de acotar el endeudamiento con un conjunto de disposiciones que fortalecen su destino, el proceso de su autorización y su fiscalización.

En lo particular, debemos reconocer las bondades de los acuerdos alcanzados. En el artículo 25 la reforma lleva al Estado a velar por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar al crecimiento económico y el empleo. Eso es un gran consenso y al mismo tiempo fue un acierto eliminar de este artículo el concepto de equilibrio presupuestario, pues ello daba pie a que se estableciera en la Constitución el mito genial del déficit cero, que impediría al país desarrollar políticas contracíclicas tal como lo hemos hecho desde 2008 a la fecha.  Ningún país debe renunciar a la posibilidad de financiar su desarrollo con un manejo serio de sus finanzas.

En el artículo 73 se precisa que las facultades legales en el procesamiento de leyes secundarias, en materia de disciplina y de responsabilidad hacendaria, corresponderá al Congreso de la Unión, actuando la Cámara de Diputados como Cámara de origen y la de Senadores como revisora, exactamente como lo señala la Constitución.

Respecto del artículo 74 existe una gran diferencia respecto de la discusión que teníamos hace cinco meses, que quiero destacar ante ustedes. Hubo un momento en que las primeras iniciativas y las discusiones nos llevaban a un control absoluto de la federación al manejo de las finanzas estatales. Eso por fortuna fue superado.

Ahora el dictamen establece un esquema potestativo. Es decir, que mantiene en lo general la soberanía de las entidades y al mismo tiempo permite que en los casos de altos niveles de endeudamiento, que los estados puedan pedir el apoyo de la federación para que ésta los apoye como un aval al garantizar sus adeudos.

Eso significa un beneficio económico directo, que se expresa en la disminución de los riesgos, y por tanto, en la tasa de interés, cuando los adeudos estatales queden garantizados por las finanzas nacionales como una deuda contingente, pero para evitar que se abuse del esquema y no dar un incentivo perverso, se establece que las entidades deberán sujetarse, cuando lo soliciten, a un programa de ajuste, expresado en convenios suscritos con la federación.

Los artículos 79 y 116 mantienen la misma orientación contenida en la minuta del Senado, respecto a la intervención de la Auditoría Superior de la Federación y de los órganos fiscalizadores de cada entidad.

En el artículo 117 se fortalece el esquema general del dictamen y sus reservas, al establecerse una prohibición categórica para usar el endeudamiento en el gasto corriente. La aprobación por dos tercios de los Congresos locales, para evitar mayorías incondicionales, que las reestructuraciones de los adeudos serán viable sólo en las mejores condiciones del mercado y al limitar el endeudamiento de corto plazo para los últimos tres meses de cada administración.

En los artículos transitorios destaca la disposición incluida en el transitorio séptimo, que establece un conjunto de disposiciones para mandatar la intervención de las entidades de fiscalización para no alentar la impunidad ni la opacidad.

Los informes que reciba la Cámara de Diputados, en tanto entran en vigor las reformas legales, serán verificados por la Auditoría Superior de la Federación y en las entidades se mandata la fiscalización de las obligaciones de pago.

Finalmente, uno de los avances más importantes de esta reforma se estipula en el artículo noveno transitorio, que establece la intervención del Congreso al aprobar un programa general de garantías, de manera que la soberanía y las facultades del Legislativo quedan fortalecidas y se evita una actuación discrecional por parte del Ejecutivo.

Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen y las reservas de consenso que se van a presentar establecen un esquema general de control de la deuda de estados y municipios que mejora las condiciones actuales.

Al mismo tiempo, para los casos en que se requiera, se abre una opción de acceso a garantías federales, que en efecto, implica una limitación a la soberanía estatal, pero solo de manera temporal y sujeta a un convenio que obligue a generar condiciones de pago y al saneamiento de las finanzas locales. Por esas razones, el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor de este dictamen.

Hago un reconocimiento al trabajo de los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, así como a los compañeros de la Comisión de Hacienda, que nos mantuvimos atentos al proceso de discusión junto con nuestros coordinadores parlamentarios.

El PRD, en este tema mantuvo una actitud constructiva y con propuestas, reivindicamos, junto con las demás fracciones legislativas, el respeto a los procedimientos constitucionales.

Sostuvimos y ahora reiteramos que en la discusión de la ley secundaria no cejaremos en los principios federalistas y en la lucha por alejarnos de las tentaciones centralistas.

Reconocemos y valoramos que la Cámara de Diputados está actuando con seriedad, siendo útil a la sociedad para superar un problema relevante para los estados y municipios y que no puede ni debe esperar más para ser resuelto.

Para concluir, destacamos que en este dictamen se incluye la mayor parte de las observaciones contenidas en la minuta del Senado de la República.

Por ello hacemos votos para que esta Cámara valore la posibilidad de resolver el problema de fondo de una vez por todas.

El país observa y a nadie conviene paralizar el trabajo legislativo sino encauzarlo con sus coincidencias y diferencias conforme lo señala Constitución y buscando el bien mayor.

Vayamos a nuevas condiciones que permitan un endeudamiento sano, racional y controlado. Vayamos por el federalismo, vayamos por consolidar lo avanzado en cuanto a facultades del Congreso de la Unión. Vayamos por mejorar la fiscalización de la deuda de estados y municipios. Vayamos, compañeras y compañeros, por acabar con la opacidad y la discrecionalidad. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Corresponde ahora el uso de la tribuna al diputado Damián Zepeda Vidales, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Damián Zepeda Vidales: Con su permiso, señor presidente. Ningún ciudadano, por muy gobernador o alcalde que sea, debe tener el derecho en este país de endeudar de manera irresponsable a su estado o a su municipio, arriesgando el futuro de los mexicanos. Ningún ciudadano, por muy gobernante que sea, debe poder hipotecar el futuro de nuestros hijos.

Tenemos un grave problema en México. Coahuila, Quintana Roo, Nuevo León, Chihuahua, Veracruz, por sólo señalar algunos, tienen algo en común: todos deben mucho más de lo que pueden, mucho más de lo adecuado; todos han puesto en riesgo el futuro de sus estados; todos deben más del total de las participaciones federales que reciben en todo un año; todos han visto un crecimiento exponencial de sus deudas. Hay que decirlo claro, la situación está fuera de control en México.

Tan sólo en ocho años, señores, las deudas de los estados y los municipios se han triplicado en este país. Hemos pasado de 147 mil millones de pesos a 436 mil millones. Tan sólo Coahuila aumentó en 11 mil por ciento su deuda en estos años. Veracruz más de mil por ciento, y Tabasco casi 700 por ciento.

¿Falta de dinero? Nos preguntamos. Por supuesto que no. en los últimos años estos estados y los municipios han recibido, como nunca, recursos federales vía participación y aportaciones. Ambición desmedida más bien de gobernantes irresponsables. No todos, hay que decirlo con claridad, algunos que han hecho estas irregularidades y que piensan que antes de ellos no se hacía lo suficiente en inversión de obras.

Y seguramente que después de ellos habría que sentarse a contemplar su legado, porque prácticamente dejan las arcas vacías, completamente endeudadas y sin un sólo centavo para poder invertir en el futuro en inversión productiva. No, señores, es nuestra responsabilidad ponerles un alto.

Es por esos motivos que hoy los diputados del PAN, de manera clara y decidida, apoyamos el presente dictamen. De frente decimos a quienes se han aprovechado del control que ejercen en sus estados de los Congresos locales, de la falta de reglamentación adecuada en la materia e incluso, en algunos casos, cometido delitos para lograr endeudarse, hasta aquí llegó su responsabilidad. Con esta reforma nos aseguraremos que nunca más pongan en riesgo el futuro de los mexicanos.

En el PAN –no de hoy, sino de siempre– hemos venido impulsando una reforma en deuda pública, que nos asegure finanzas sanas en los estados y en los municipios. ¿En el PAN buscamos el desarrollo y el crecimiento? Sí, por supuesto, pero sustentable, sin arriesgar el desarrollo de las futuras generaciones.

Es por esto que el día de hoy nos paramos junto a los compañeros de los distintos grupos parlamentarios y apoyamos la presente reforma. Celebramos que hayamos tenido la capacidad de ponernos de acuerdo y respaldar juntos esta importante reforma.

Y decimos que la impulsamos y la respaldamos porque la presente reforma, de manera muy clara y muy contundente, busca asegurar finanzas sanas en los estados y en los municipios, busca controlar y regular de manera adecuada el problema de la deuda pública del país, pero entendiendo que la deuda pública no debe ser satanizada.

La deuda pública en condiciones adecuadas puede ser un mecanismo válido y muy positivo para el desarrollo del país, que puede impulsar grandes inversiones en infraestructura productiva, pero reconociendo también la necesidad de pararle un alto fuerte al endeudamiento desmedido que hemos visto en los últimos años en México.

Los diputados del PAN impulsamos y respaldamos la reforma, porque de manera clara establece la obligación del Estado de velar por la estabilidad de las finanzas públicas y del sector financiero.

Impulsamos y respaldamos la reforma porque faculta a este Congreso de la Unión a establecer la ley que sentará las bases generales para el endeudamiento público a nivel nacional, a las cuales se tendrán que ajustar todos los estados y los municipios asegurando con ello un manejo irresponsable y asegurando también la transparencia de los créditos a través de un registro público único.

Los diputados del PAN apoyamos todos e impulsamos esta reforma, porque fortalece la fiscalización de la deuda pública en este país, otorgándole a la Auditoría Superior de la Federación, incluso la facultad de fiscalizar deuda local cuando utilicen recursos federales puestos en garantía.

Impulsamos esta reforma, porque de manera clara y específica la Constitución señala un régimen sancionador, señalando que los servidores públicos serán responsables del manejo indebido en la materia y adelantamos, nosotros consideramos que se tiene que fortalecer la responsabilidad tanto penal como administrativa para aquella persona que haga uso indebido de recursos públicos; cárcel es lo que merece una persona que comete un delito con recursos de los mexicanos.

La impulsamos, porque establece reglas específicas de auditorización de las deudas por parte de los Congresos locales, destacando la necesidad de aprobación de dos terceras partes de los miembros presentes de su Congreso, además prohibiendo que se utilice para gasto corriente; pero también al mismo tiempo fortaleciendo la autonomía que tienen los propios municipios y los estados otorgándoles facultad para contratar de manera directa deuda de corto plazo, sí y solo sí la pagan completamente antes de tres meses de irse de su mandato.

La impulsamos porque otorga mejores oportunidades a quien esté dispuesto a tener un manejo responsable de sus finanzas públicas, cómo otorgando garantías del gobierno federal que permita acceder a créditos con mejores tasas, más baratos, bajo un programa anual que será autorizado aquí en el Congreso de la Unión.

Y por último, entre muchas cosas más, la consideramos adecuada y solicitamos se apruebe, porque incluye nuestra propuesta de los diputados del PAN en materia de transparencia y competencia, la obligación de licitar las deudas públicas en este país, garantizando con ello competencia abierta que nos asegure las mejores condiciones de mercado.

Ya basta de la completa discrecionalidad con la que hoy se otorgan los créditos en México. Ya basta de los posibles actos de corrupción que esta falta de transparencia genera. Cómo es posible que hoy en México se tenga que licitar la compra de papelería o unos cuántos vehículos, pero no sea obligatorio el licitar cuando se contratan miles de millones de empréstitos con créditos. Ya basta, y cómo es posible que en estados como en Nuevo León tengamos casos de tasas tan diferenciadas, en las cuales se contratan los créditos en ese estado. La transparencia y la competencia en las licitaciones no van a asegurar las mejores tasas, los créditos más baratos y los créditos más justos para los estados y los municipios. Dejemos la simulación y dejemos la discrecionalidad atrás.

En el PAN estamos convencidos que esta reforma vendrá a poner orden a aquellos gobernantes que de manera muy suelta y muy irresponsable han endeudado a nuestro país. No queremos un solo Humberto Moreira más en México, que ningún estado vuelva a pasar por lo que han pasado nuestros estados, nuestros ciudadanos de Coahuila, de Tabasco, de Nuevo León o de Quintana Roo.

De manera clara lo decimos. Los diputados del PAN le enviamos un mensaje claro a México. Le vamos a apretar el cinturón a aquellos gobernantes irresponsables y vamos a fortalecer a quien hace buen uso de su gobierno, con mejores oportunidades.

No permitiremos que se vuelva a hipotecar el futuro de nuestros hijos. Hasta aquí llegó su abuso, señores. Pondremos orden a las deudas públicas en este país. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Finalmente en la ronda de posicionamientos, tiene el uso de la voz la diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la disciplina financiera, tanto en entidades federativas como en municipios, es un asunto tan relevante que no puede seguir postergándose ni poder ignorarse, por lo que se ha considerado llevar a cabo una reforma integral como la que se plantea en el dictamen que hoy discutimos, la cual recoge todas las propuestas que han hecho los distintos legisladores de los distintos grupos parlamentarios al interior de este Congreso, misma que busca armonizar la Constitución a los nuevos retos que en esta materia se han venido presentando.

A través de los años ha sido cada vez más recurrente que las entidades federativas y los municipios echen mano de mecanismos de deuda para hacer frente a las necesidades de su entorno, para así generar menores condiciones de vida en su población.

Esta realidad, la del crecimiento en el empleo de instrumentos de deuda de los órdenes locales y municipales, hacen necesario replantear los mecanismos que rigen las finanzas públicas para generar un manejo más responsable, transparente y oportuno de las finanzas, toda vez que su uso discrecional e irregular pone freno al desarrollo y al crecimiento económico e incide negativamente a los bolsillos de todos los mexicanos.

Es menester en esta soberanía garantizar el empleo transparente y responsable de los instrumentos de deuda pública y de acceso al financiamiento del que gozan los órdenes locales y municipales.

Aprovechando esta oportunidad histórica de consenso entre todas las fuerzas políticas para fortalecer el marco normativo de la disciplina financiera con absoluto e irrestricto respeto al federalismo, fijando así límites evidentes y precisos al endeudamiento para disminuir en lo posible el costo que representa a las arcas públicas y, por ende a todos los mexicanos, lo que redundarán en un uso racional de los recursos financieros y crediticios que incidan en un México más sólido, con un gasto más eficiente, oportuno y claro.

A lo largo y ancho del país se requiere de manera urgente incrementar la inversión en infraestructura que genere y promueva la prestación de servicios sociales con los estándares que la sociedad exige y que la misma merece.

En este sentido, para que las necesidades sociales sean realmente atendidas, es importante sentar las bases de un sistema que rinda cuentas de cara a la sociedad mexicana evaluando cómo se ejercen los recursos financieros en los tres órdenes y niveles gubernamentales, haciendo hincapié en los objetivos a través de los instrumentos de endeudamiento público, lo que permitirá la generación de bienestar y condiciones de desarrollo en las entidades federativas y en los municipios, por lo que para ello es fundamental el uso transparente, responsable y ético de los recursos financieros a los que se tiene acceso.

Es en razón de lo expuesto que en el grupo parlamentario del PRI concordamos con el dictamen que discutimos el día de hoy, pues es necesario llevar a cabo adecuaciones a nuestro orden normativo en materia de endeudamiento público y disciplina financiera en las entidades federativas y en los municipios, con la finalidad de seguir considerando y de tener acceso a esta alternativa para el financiamiento total o parcial de los proyectos de infraestructura que sean altamente rentables socialmente y que puedan ser complementados por inversiones públicas de los tres órdenes de gobierno.

Lo anterior cobra especial relevancia cuando se toma conciencia que el uso incorrecto o indebido de los recursos públicos, parcialmente, el financiamiento o endeudamiento, menoscaban la posibilidad de un crecimiento y un desarrollo óptimo para los órdenes locales y municipales de todo nuestro país.

Desafortunadamente algunos gobiernos locales y municipales han hecho uso poco responsable de los instrumentos de la deuda al cabo de los proyectos que reportan grandes dividendos políticos, más sin embargo su costo es trasladado a administraciones subsecuentes, lo que compromete el patrimonio público y el desarrollo, pues en muchos de los casos se ha excedido la capacidad de contratación de deuda de las entidades y de los municipios, haciendo que los recursos presupuestales destinados a liquidar intereses y capital sean desmesurados y que frenen sensiblemente la operación gubernamental normal, situación que ha comprometido seriamente las arcas y los servicios públicos y sociales que el gobierno debe prestar obligatoriamente para cumplir sus funciones constitucionales y legales.

Es ineludible generar los cambios normativos para materializar efectivamente el uso eficiente, transparente y responsable de los recursos de todos los mexicanos por parte de los funcionarios federales, estatales y municipales, pues su mandato no es una patente para ejercer de forma discriminal su encargo para el beneficio de intereses personales, sino es más bien una relación de servicio a la ciudadanía sujeta a transparenta y a rendir cuentas, un mandato que debe de dar certeza a los mexicanos sobre la forma en que sus impuestos se gastan en los asuntos más necesarios con garantía de que no se comprometan en lo absoluto por visiones cortas o egoístas y que no se comprometa el bienestar de la ciudadanía ni de las generaciones venideras.

México requiere, pues, un cambio en la forma en la que se gasta y en lo que se gasta; México tiene prisa por encaminarse en las vías del desarrollo, la competencia y el crecimiento. México está ávido de gestiones efectivas, oportunas y transparentes, siempre sujetas a la rendición de cuentas, y no puede esperar más.

Por ello, el día de hoy, compañeros y compañeras, el Grupo Parlamentario del PRI celebra este dictamen producto del consenso y del estudio concienzudo de nuestra realidad nacional, convencido de que generará las condiciones que han sido reclamadas por toda la ciudadanía mexicana y que hemos recogido materializándolas en este presente proyecto, el cual en el Partido Revolucionario Institucional  estamos convencidos que rendirá los frutos añorados en materia de endeudamiento público y disciplina financiera por todos los mexicanos reclamados. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Quiero aprovechar la oportunidad para dar la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de derecho de la Universidad Londres del estado de Querétaro que están aquí invitados por el diputado Marcos Aguilar. Bienvenidos a esta sesión.

Compañeras y compañeros: concluida la ronda de posicionamientos y en razón de que hay dos compañeros que están inscritos para la discusión en lo general, antes de ponerlo a discusión quisiera permitieran darle el uso de la voz al diputado Julio César Moreno, presidente de la comisión, para que presentara las reservas consensuadas en la comisión para poder ponerlo a discusión con las reservas, si éstas son aceptadas por la asamblea.

Tiene el uso de la voz el diputado Julio César Moreno para presentar estas reservas que ya todos pueden consultar en el monitor de su escaño. Están ya en este momento publicadas. Son propuestas de modificación, más que reservas, perdón.

El diputado Julio César Moreno Rivera: Con su venia, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados: a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales vengo a presentar cuatro modificaciones al dictamen que pueden consultar en el sistema electrónico y es de mi conocimiento que se las han entregado en forma física en sus curules.

Estas modificaciones son los resultados de los acuerdos alcanzados por los principales grupos parlamentarios de esta Cámara y, cabe resaltarlo, mismas que consisten en lo siguiente:

Modificar el primer párrafo del artículo 25 y el párrafo sexto de la fracción II del artículo 116, así como adicionar la parte final del segundo párrafo y un tercer párrafo al artículo séptimo transitorio y adicionar un artículo noveno transitorio, los cuales están contenidos en el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de disciplina financiera de los estados y los municipios, para quedar de la siguiente forma:

La primera propuesta consiste en suprimir del primer párrafo del artículo 25 contenido en el proyecto de decreto el texto que indica: “Para ello procurará el equilibrio presupuestario y la sostenibilidad financiera, tomando en consideración los ciclos económicos nacionales e internacionales, debido a que no debe quedar plasmado en la Carta Magna el equilibrio presupuestal”.

Al final del párrafo se propone que únicamente indique que el Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar el principio de estabilidad de las finanzas públicas y para ello al final del párrafo la redacción deberá indicar: “deberán observar dicho principio”.

La segunda propuesta consiste en suprimir de la parte final del párrafo sexto de la fracción II del artículo 116 contenido en el proyecto de decreto la palabra “federales”, debido a que se invaden las facultades de las entidades estatales de fiscalización, pues a éstas les corresponde fiscalizar las acciones del Estado y municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública, no así de recursos federales.

La tercer propuesta consiste en adicionar en la parte final del segundo párrafo del artículo séptimo transitorio de este decreto el texto: para tal efecto, la Auditoría Superior de la Federación verificará el destino y aplicación de los recursos en los que se hubiere establecido como garantía recursos de origen federal. Y adicionar un tercer párrafo a dicho artículo transitorio que indique lo siguiente: las legislaturas de los estados realizarán y publicarán por medio de sus entes fiscalizadores una auditoría al conjunto de obligaciones del sector público con independencia del origen de los recursos afectados como garantía en un plazo no mayor a 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Así por último la cuarta propuesta consiste en adicionar un artículo noveno transitorio para que en la ley se establezca un programa anual de garantías por parte del Ejecutivo federal. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea en votación económica si se aceptan las modificaciones propuestas por el diputado Julio César Moreno a nombre de la comisión.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se acepta la modificación propuesta por el diputado Julio César Moreno, a nombre de todos los integrantes de la comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. En consecuencia está a discusión en lo general con las modificaciones propuestas por la comisión y aceptadas por la asamblea.

Informo a la asamblea que están inscritos para hablar a favor los diputados: Nabor Ochoa, el diputado Héctor Roblero y el diputado Ricardo Monreal. En consecuencia tiene el uso de la voz para hablar a favor el diputado Nabor Ochoa, hasta por cinco minutos.

El diputado Nabor Ochoa López: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros, para nadie es un secreto el enorme endeudamiento que se ha presentado en los últimos años en estados y municipios. Y esto hay que decirlo, no es un problema de un color, un partido. No podemos darnos el lujo, porque entonces no vamos a encontrar soluciones a esto, de sólo asignar responsabilidad de mal uso a un solo color.

En endeudamientos ha habido colores de todo tipo, por ello no debemos dejar que nos ceguemos por cuestiones de colores, que el color no nos lleve a cegarnos y no reconocer una realidad. La realidad es que no sólo Coahuila y Veracruz, también están Jalisco y Guanajuato, también está el DF. Reconozcámoslo para entonces sí encontrar una solución a este grave problema, problema que según cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública anda por ahí alrededor de los 450 mil millones de pesos, y esto es nada más la deuda registrada, porque hay mucha deuda a corto plazo.

Hay muchas obligaciones con proveedores, con contratistas que ahí están y que obviamente aumentarían una vez que se registren como lo establecen algunas disposiciones que hemos aprobado en esta Cámara, caso concreto la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que van a incrementar estos montos.

Resulta significativo que en los últimos 12 años este endeudamiento se haya incrementado en más del 130 por ciento, y de esto el 50 por ciento se contrató en los últimos 4 años, de 2008 a 2012. Por eso es importante que tomemos decisiones como éstas que abonan en el camino de poner orden, responsabilidad, transparencia y mejor rendición de cuentas en la deuda pública.

Ha sido muy importante este tema para todos los integrantes de esta Cámara, lo acredita el hecho de que todas las fracciones parlamentarias presentaron propuestas en este tema de disciplina financiera. Por ello venimos a manifestar nuestro apoyo, nuestro respaldo a estas reformas porque tienen elementos importantes para el uso eficiente, responsable y transparente de los recursos obtenidos vía endeudamiento.

Lo primero es destacar la facultad de esta Cámara de expedir una Ley Reglamentaria de Responsabilidad Hacendaria para Estados y Municipios, así como ocurre hoy para el gobierno federal, pero también algo importante es el hecho de que aunque en algunos estados para contratar la deuda ya se exigen las dos terceras partes, también es cierto que en muchos otros estados no está establecida esta obligación. Por eso es importante la mayoría calificada para la contratación de créditos, como es importante también precisar la inversión pública productiva, pero prohibiendo expresamente el uso de la deuda para gasto corriente, como se acostumbra actualmente en muchas ocasiones.

Ahora viene la prohibición expresa de que no podrá destinarse al gasto corriente, y también el hecho importante de poder contratar deuda en mejores condiciones de mercado, es decir la licitación, además de que el hecho de que el gobierno federal pueda garantizar la deuda, compañeras y compañeros, eso implica mejores condiciones de tasas, de plazos para los contratantes.

Finalmente un tema que tiene que ver con la transparencia y rendición de cuentas es la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, para auditar el destino, el ejercicio, el uso de esos recursos.

Miren ustedes. En este tema ha habido irresponsabilidades y abusos, es cierto, incluso ha habido contratación de deuda fuera de la ley y todo eso debe castigarse, pero en muchas ocasiones y aquí estamos algunos que hemos ocupado cargos municipales, la diputada Monreal, pero también hay ex gobernadores como el diputado Ricardo Monreal, la diputada Amalia García, el diputado Arnoldo Ochoa, entre otros, que sabemos que en muchas ocasiones el único camino que tenemos para hacer frente a las necesidades de la gente, a los compromisos que se tiene con la sociedad, es el endeudamiento y esto parte, ése es el fondo del problema, el problema está en que necesitamos ya entrarle a redefinir el sistema nacional de coordinación fiscal.

Necesitamos modificar este esquema de asignación de recursos, para que los estados y municipios tengan más recursos y pueda atender de mejor manera sus compromisos y sus obligaciones.

Y bueno, en obvio de tiempo, señor presidente, sólo quisiera que me permitieran señalar, compañeras y compañeros, que aparte de este tema que hemos dejado de lado, hay otro tema que tiene que ver con los pari paso, es decir, la aportación de los gobiernos locales, que en muchas ocasiones no se cuenta con esos recursos, las reglas de operación que nos obligan a destinarlos, a etiquetar esos recursos, y bueno, finalmente también la necesidad de los gobiernos locales de darle respuesta a la gente.

Sólo insistir, señor presidente, y con esto culmino, en que vamos por buen camino, esto abona en el sentido de un uso eficiente, responsable y transparente de la deuda pública en estados y municipios. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. De todos modos le corresponde el uso de la voz, en razón de que el diputado Roblero ha declinado su intervención, tiene el uso de la voz el diputado Ricardo Monreal, que también se inscribió para hablar a favor y puede responder sus alusiones.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, me inscribí para alusiones y en el mismo turno me ha concedido el tiempo para mi intervención en el debate en general.

Primero desarrollaré el tema de las alusiones. Miren, los políticos piensan que todos somos iguales, el león piensa que todos son de su condición. Y voy a aclararlo porque además está registrado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En 1998 inicié como gobernador y en el 98 recibí una deuda de 600 millones de pesos, con un presupuesto de 3 mil millones de pesos, era un gobierno del PRI. Es decir, recibí una deuda de casi el 20 o el 22 por ciento del presupuesto que le correspondía a mi estado por año, que era de cerca de 3 mil millones de pesos. No sólo no la incrementé, la disminuí. Al término de mi gestión, 2004, la deuda que quedó en el estado fue de 280 millones, con un presupuesto de casi 9 mil millones de pesos.

Están los registros en la Secretaría de Hacienda y por eso no puedo permitir que nos metan a todos en un mismo costal. Yo no soy Moreira. Yo no acepto que me comparen con estos pillos, porque bastante trabajo me ha costado conservar mi posición. No acepto, de ninguna manera, que me comparen con esos bribones que tanto daño le han causado al país. Esos ladrones que ahora se dan aires de decencia. Que están estudiando en el extranjero o que andan en el país como si fueran grandes señores, delincuentes de cuello blanco, los hay por todas partes. Ladrones que han dejado al país en bancarrota.

Pero déjenme decirles lo que creo sobre el tema que se discute. Y lo hago con mucha seriedad porque sé que aquí, en la Cámara, podremos tener diferencias, yo las tengo con muchos, de manera ideológica, pero sé que hay estudiosos, abogados, conozco algunos de todos los partidos.

Hace varios años Porrúa publicó un libro que escribí, que se llama El federalismo. Origen y perspectivas del federalismo mexicano. Y lo que aquí he escuchado me parece absurdo.

No pueden decir, nadie, que esta reforma que hoy se está aprobando sea federalista. Me parece un exceso discursivo, acepto el que gobernadores sátrapas y corruptos, presidentes municipales con la misma característica o congresos locales subordinados y lambiscones de los gobernadores usen el sistema federalista o la expresión del federalismo para justificar sus pillerías. Acepto eso.

Acepto el que ha sido este slogan de federalismo, a través del cual se han ocultado estos grandes saqueos a los estados del país. Pero lo que no puedo aceptar es que digan que es una reforma federalista, porque recuerden ustedes cómo se construyó el federalismo en 1824. Las diputadas y diputados provinciales, fundamentalmente de Nueva Galicia, Jalisco, de Yucatán, de Oaxaca, de Zacatecas, que fueron las primeras diputaciones provinciales que se declararon independientes y autónomas, como una muestra de oposición a Iturbide, que en 1823 estaba el exceso del Imperio de Iturbide.

Como una muestra de confrontación, de oposición, de inconformidad, estas diputadas y diputados provinciales dijeron basta en razón del Plan de Casamata, dicen, yo me declaro un estado independiente.

¿Por qué se declararon estados soberanos e independientes? Porque querían que las facultades y las atribuciones no se centralizaran sino que quedaran en manos de los estados y municipios, desde la recaudación de rentas, desde el pago de alcabalas, desde el derecho de tránsito o peaje, quedaran en manos de las soberanías de los estados.

¿Qué ha pasado a través del tiempo? Que usamos un lenguaje federalista pero en realidad estamos legislando centralistamente. Porque el restarle facultades al estado, a una entidad federativa, en esta materia de deuda y atribuírsele al Congreso federal pues es un centralismo. No pueden decir que es una reforma federalista.

Lo único que les pido es que no se excedan. Podríamos estar de acuerdo en el propósito, pero me parece un lenguaje inapropiado, incorrecto y un debate falso. Las tres reformas que ahora están inscritas en esta discusión, las tres reformas en materia constitucional, las tres son centralistas. Las tres son centralistas.

¿Por qué son centralistas? Porque le restas a la autonomía del estado una facultad, se la arrancas, y se la atribuyes a la federación en el artículo 73 como una nueva facultad de la federación o del centro en detrimento de los estados.

Si la justificación es el saqueo, que de manera indiscriminada han sufrido los estados y los municipios, los ladrones de cuello blanco, pues digamos es una reforma en razón de las circunstancias, que es necesario frente al saqueo que viven nuestros estados. Pero no se excedan, no digan que es una reforma federalista.

¿Por qué es una reforma centralista? Porque elimina facultades de atribuciones de los estados, o las comparte, pero finalmente le restringimos a los estados y municipios facultades. Por eso no podría sustraerme al debate, porque me parece que se han dicho muchas imprecisiones.

Miren, las tres reformas que ahora se tienen, las tres, son centralistas. Vamos a entrar a la del catastro, es centralista. ¿La anterior? Es centralista. ¿Ésta que se está discutiendo? Es centralista. Y lo puedo discutir, desde el punto de vista jurídico y constitucional o doctrinario, con cualquier miembro de este parlamento.

Lo único que pido es que no se excedan en la verborrea y en el discurso fácil, porque no es una reforma federalista. Es una reforma centralista, en la que en la primera me abstuve y seguramente en las otras lo haré, independientemente de que mi grupo ha acordado votar a favor. Pero, desde el punto de vista doctrinario, repito, no puedo admitirlo. No puedo admitirlo por mi formación jurídica constitucional. Presidente, por su tolerancia, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Ha solicitado, y se le concede, la palabra para rectificación de hechos la diputada Amalia García. ¿Desde su escaño?

La diputada Amalia Dolores García Medina (desde la curul): Sí, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante. Desde su curul. Sonido en la curul de la diputada Amalia García, por favor.

La diputada Amalia Dolores García Medina (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente, para rectificación de hechos.

Hay un debate aquí muy importante sobre las deudas estatales y municipales, que me parece que es de interés de toda la sociedad, puesto que, aunque mi intervención es para rectificación de hechos hubo una mención a distintos legisladores que hemos sido gobernadores, gobernadora en mi caso. Quiero que quede incluido, incorporado al Diario de los Debates y a la versión estenográfica de esta sesión, un documento con información que he solicitado al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de las deudas de los estados, de las entidades federativas, incluyendo el Distrito Federal de 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, la totalidad de las entidades federativas.

Quisiera que quede asentado todo el documento, toda la información precisa, pero en el caso de Zacatecas, en esta información no oficial se señala que para el 2010, que es el año cuando yo terminé mi responsabilidad como gobernadora, la deuda que quedó y que está asentada es de 682 millones de pesos y la deuda que está asentada en este documento es que para marzo de 2013 la deuda en el estado de Zacatecas es de 5 mil 298 millones.

Le pido entonces que se incorpore este documento con esta información, a la versión estenográfica y al Diario de los Debates.

El Presidente diputado José González Morfín: Con mucho gusto, diputada. Tanto su intervención, como el documento del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados se incorporarán al Diario de los Debates.

Quiero decirles que ha concluido la discusión en lo general y que han sido reservados el artículo 73, fracción VIII, numeral 1, por el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana; el artículo 73, fracción VIII, numeral 3, por la diputada Rosa Elba Pérez Hernández; el artículo 73, fracción VIII, numeral 3, por el diputado José Guillermo Anaya Llamas y también por el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana; el artículo 74, fracción VIII, por la diputada Merilyn Gómez Pozos; el artículo 74, fracción VIII, por la diputada Loretta Ortiz Ahlf; el artículo 79, fracción I, párrafo segundo, por el diputado Enrique Alejandro Flores Flores, también por el diputado Víctor Manuel Jorrín y también por la diputada Loretta Ortiz Ahlf; el artículo 117, fracción VIII, párrafo segundo, por el diputado Alfonso Durazo Montaño, también el mismo artículo, fracción y párrafo por la diputada Nelly del Carmen Vargas; y finalmente el artículo 117, fracción VIII, párrafo tercero, por el diputado Gerardo Villanueva Albarrán.

El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia voy a pedir a la Secretaría, se abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos, para recoger la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados, con las modificaciones propuestas por la comisión y aceptadas por la asamblea. Ábrase el sistema electrónico.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, de los artículos no reservados.

(Votación)

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: De viva voz.

El diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez (desde la curul: A favor.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, a favor 457, 2 en contra, 1 abstención.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 457 votos.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, vamos a empezar a tramitar las reservas. Espero que nadie vaya a sugerir que estamos acordando en lo oscurito.

Tiene el uso de la voz para presentar la reserva de la fracción VII, numeral 1 del 73, don Marcos Rosendo Medina Filigrana.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana: Gracias. Con su venia, ciudadano presidente. Compañeras y compañeros diputados. Sin duda el dictamen que se pone a consideración el día de hoy, se trata de una propuesta para perfeccionar y para darle sentido y transparencia a la deuda de estados y municipios. En éste mismo ánimo vengo a esta tribuna; no en el ánimo de ir en contra del dictamen -que me parece que tiene avances- sino en el ánimo de que pudiera ser perfeccionado.

En términos generales, me parece que el dictamen responde a la preocupación y a las inquietudes que en este tema tenemos la mayoría de los grupos parlamentarios. En particular reconozco el trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales y de su presidente, nuestro compañero diputado Julio César Moreno.

La propuesta que les presento en su origen la presentó en la comisión mi compañero diputado José ángel Ávila, compañero de mi mismo grupo parlamentario y es una preocupación que tenemos en el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Señala esta reforma que se plantea que las operaciones de refinanciamiento o reestructura de deuda que deban realizarse bajo las mejores condiciones del mercado, y lo que nosotros estamos proponiendo es que se anexe: y preservando el interés público.

Porque muchas veces las condiciones del mercado no van en sintonía con el interés público y la obligación que tenemos en esta soberanía es la de vislumbrar posibles escenarios y, sobre todo, garantizar y salvaguardar el interés de México y de las y los mexicanos.

No podemos dejarlo nada más a las condiciones del mercado, que son condiciones económicas. Tenemos que incorporarle también el sentido social y la obligación del Estado mexicano. Y por eso es esta propuesta que hacemos de que se anexe, se adicione el término o el párrafo: “y preservando el interés público a la hora de generar estas condiciones de refinanciamiento o reestructuración de deuda”. Esa es la propuesta, ciudadano presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría, señor presidente, por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Desechada. Queda en términos del dictamen. Doña Rosa Elba Pérez Hernández, del Verde Ecologista, para presentar reserva de la fracción VIII, numeral 3 del 73.

La diputada Rosa Elba Pérez Hernández: Gracias. Compañeras y compañeros, un par de horas pueden hacer la diferencia entre un gobernador y un gobernador en fuga; entre una alcaldesa y una alcaldesa en fuga.

El INEGI reporta 41 millones de usuarios de Internet. Navegan diariamente un promedio de 4 horas y 9 minutos. Esas son las horas que los mexicanos realmente tienen para ejercer su derecho de acceso a la información; ellos no tienen tiempo de salir a la oficina de Transparencia de su municipio y pedir la información en un formato que en el mejor de los casos tardará 72 horas en llegar.

Según un estudio académico, en la legislatura LXI, sólo el 34 por ciento de los legisladores tenía cuenta de twitter.

Pregunto, a tan sólo un año ¿quién no tiene una cuenta de twitter? Los mayores tuiteros, por cierto, el Partido del Trabajo, el Verde Ecologista y el PRI.

Felicito la reforma para disciplinar a municipios y estados en su endeudamiento, pero, señores gobernadores y alcaldesas, sabemos que los recursos a su disposición son insuficientes, eso lo entendemos. Pero también conocemos las consecuencias de la oscuridad en la que ustedes han tomado sus decisiones de endeudamiento.

La reforma que discutimos hoy, que lee en su numeral tercero, fracción VIII del artículo 73: “la obligación de inscribir y publicar la totalidad de empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único, y ojo, de manera oportuna  y trasparente”. ¿Qué diablos es esto de “manera oportuna y transparente”? Es indispensable la reforma pero no es suficiente.

La reserva que hoy presento requiere indicar explícitamente que este registro deberá y podrá ser consultado en una plataforma de información digital en línea abierta y de acceso gratuito, mejor y vulgarmente conocido como Internet.

Requerimos información en un formato donde las horas que transcurren entre la generación de información, esto es, de la solicitud u otorgamiento del empréstito y su publicación en línea pueden hacer la diferencia entre firmar o no firmar la autorización para recibir o utilizar el empréstito. La sociedad hace el resto.

Por qué empujar, compañeros y compañeras –especialmente a los abogados, me dirijo a ustedes– por qué empujar en poner esto en el texto de la Constitución. Por qué no esperar a la ley secundaria, dirán  los abogados y algunos de mis compañeros congresistas. Es demasiado importante. Porque es dejar a la Constitución en la época del papel; sólo si le damos fuerza desde el punto de partida, que es esta reforma constitucional, estaremos reconociendo una nueva realidad social que los ciudadanos ya enfrentan.

Internet no es un teorema, es un axioma que no debe ni puede ser demostrado. Todos sabemos de lo que estamos hablando. Y repito la pregunta para mis compañeros que se han opuesto a que esto vaya a la Carta Magna. ¿Tiene el nivel, la calidad para estar inscrito en la Carta Magna? Les invito a que salgan y chequen la realidad.

Entiendo que hay información sensible que no puede ser liberada sino en plazos de ley. Pero la información de nuestro dinero público no puede ser cautiva de alcaldesas y gobernadores. Justicia que no es aquí ni ahora no es justicia. La información que no está aquí y ahora y en línea abierta digital de acceso gratuito no es una información oportuna y mucho menos transparente.

Dejémonos de  atavismos; perdámosle el miedo a las palabras tecnológicas. La Constitución debe dejar atrás el momento del papel e incorporar la realidad de la información digital. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, diputada. Pregunte la Secretaría a la asamblea si es de admitirse a discusión la propuesta de doña Rosa Elba.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Desechada. Queda en sus términos. Don José Guillermo Anaya Llamas, tiene usted el uso de la palabra.

El diputado José Guillermo Anaya Llamas: Gracias, Presidente. Compañeras y compañeros: como ya ha quedado señalado en este pleno, quiero hacer hincapié en que los diputados de Acción Nacional nos congratulamos por supuesto con la propuesta del dictamen que acabamos de aprobar en lo general.

Han sido ya varios años de trabajo constante en la materia por parte de nuestro grupo parlamentario encaminados todos ellos a regular la contratación de deuda en los estados y municipios del país, por lo cual presenté iniciativa de ley precisamente iniciando esta legislatura el 18 de septiembre de 2012.

Hoy esos trabajos, en coordinación con los diferentes grupos parlamentarios se ven concretados en una iniciativa de ley que reforma nuestra Constitución, y que no tengo duda, pondrá fin al ejercicio irresponsable de los recursos públicos de muchos gobernadores y presidentes municipales.

Con este dictamen esperamos no tener más estados endeudados más allá de sus condiciones presupuestarias, como el caso de Coahuila. Ya no tendremos más gobernadores irresponsables como Humberto Moreira, porque ahora habrá reglas claras, habrá sanciones sobre aquellos que incurran en delitos y una reglamentación que dará orden al proceso de contratación de deuda. Sin embargo, como toda ley es perfectible, creemos conveniente proponer modificaciones de redacción a la propuesta del dictamen.

La reserva que someto a consideración, compañeros diputados, tiene que ver con la facultad del Congreso para establecer bases generales para limitar la adquisición de deuda.

Actualmente el texto del dictamen hace referencia al establecimiento de los límites y modalidades bajo los cuales los órdenes de gobierno local pueden afectar sus participaciones para cubrir empréstitos y obligaciones de pago.

Sin embargo, no se establece de manera específica que el reglamento establecerá límites a todo tipo de deuda pública sumando a las obligaciones financieras derivadas de las participaciones federales que quedarán en garantía de pago ya permitidas por la ley. Esto para evitar simulaciones.

Actualmente la deuda de una buena parte de las entidades federativas rebasa el 100 por ciento de sus participaciones; es decir, que al dejar en garantía de pago a mediano y largo plazo esos recursos, se limita la capacidad de inversión en otros rubros.

Por ello, el objeto de la presente reserva es que sea el Congreso quien establezca no sólo los límites de endeudamiento, sino también las formas en que se podrá adquirir la deuda.

Con ello brindaremos la posibilidad de generar finanzas públicas locales sanas garantizando en consecuencia los derechos de desarrollo de los ciudadanos.

La propuesta de reserva al artículo 73, fracción VIII, numeral 3 de la Constitución que ustedes compañeras y compañeros tienen ya en sus pantallas. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Pregunte la Secretaría a la asamblea si es de tomarse en cuenta a discusión esta propuesta de don Guillermo Anaya.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría, presidente, por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Desechada. Queda en sus términos.

Don Marcos Rosendo Medina Filigrana, igual el 3 de la fracción VII del 73.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana: Gracias, ciudadano presidente. Compañeras y compañeros diputados.

Ahora sí estamos a plena luz. Es evidente que esta reforma trata de poner orden ante el caos administrativo y financiero que se vive en una gran cantidad de entidades federativas y municipios de nuestro país.

En ese sentido, es positivo y qué bueno que la reforma establece la creación de un Registro Público Único en el cual debe inscribirse y publicarse los empréstitos y las obligaciones de pago de las entidades federativas  y municipios. La reserva que hoy presento ante ustedes tiene por objeto que dentro de ese Registro Público Único también se inscriban los laudos laborales, porque si bien son de otra naturaleza también son pasivos, y quienes han tenido la oportunidad de estar al frente de una administración municipal o de participar en la administración pública estatal saben que a veces el monto de los laudos constituye verdaderos lastres para el  erario municipal o para el erario del estado.

Por eso la propuesta es la siguiente, que diga; La obligación de dichos órdenes de gobierno de inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pagos en un Registro Público Único, incluyendo los posibles pasivos por laudos laborales de manera oportuna y transparente.

Ojalá pudiera ser tomada en cuenta en beneficio de la transparencia y de la solidez también de las finanzas municipales y estatales. Es cuanto, ciudadano presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si es de admitirse a discusión la propuesta de don Marcos Rosendo Medina Filigrana.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría, presidente, por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Desechada. Quedan en sus términos.

Doña Merilyn Gómez Pozos, para presentar reserva de la fracción VIII al artículo 74.

La diputada Merilyn Gómez Pozos: Gracias, presidente. Esta Cámara está obligada a encontrar la respuesta a los abusos en que han incurrido estados y municipios en la contratación voraz de deuda, la cual ha provocado en la mayoría de los casos una crisis de solvencia en sus finanzas, dejando sin resolver muchas de las necesidades de los gobernados.

Sobran los ejemplos de este inadecuado manejo de los gobiernos, por lo cual se ha optado por proponer cambios constitucionales que acaben con ese escenario que perjudica el desarrollo del país, que de continuar provocaría una gran debacle económica cuyos efectos dañarán a todos los mexicanos.

La urgencia de sentar las bases para un nuevo sistema de contratación de deuda por parte de los estados no puede llevarnos a cometer errores que a la larga podríamos lamentar. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano ha realizado un análisis detallado de la propuesta para modificar el artículo 74 constitucional, en el cual se propone facultar a la Comisión legislativa competente en términos de la Ley Reglamentaria, para que opine respecto a las estrategias de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados, por lo cual se está facultando a una Comisión legislativa para conocer y dar su opinión respecto de aspectos de la vida institución de los estados de la Federación.

Sin embargo, no debemos olvidar cuál es la naturaleza de las comisiones legislativas, siendo éstas órganos auxiliares en el trabajo legislativo. Es decir, no se trata de órganos representativos o cuya función sea legislar, sino que únicamente se trata de órganos dependientes de esta Cámara, por lo que en nuestra opinión resulta dañino que exista una comisión legislativa que conozca y opine respecto de este tema sin que su facultad derive de esta Cámara, sino que sea designada directamente por la Constitución.

En ese sentido, dicha comisión legislativa se constituiría en un órgano autónomo de la Cámara, teniendo una suerte de naturaleza constitucional que implicaría una separación con la misma Cámara de la cual teóricamente derivan todas sus facultades.

El pleno es el órgano del cual derivan todas las facultades de las comisiones y para favorecer la normalidad en el funcionamiento y la relación entre el órgano primigenio y el derivado, correspondería asignar la competencia al pleno de la Cámara.

Asimismo, es el pleno de la Cámara el que cuenta con facultades específicas con relación a la organización del Estado, el que cuenta con la legitimidad para conocer del tema, legitimidad derivada de la representación que ostenta. Es decir, la representación directa de la población y de la cual carece absolutamente una comisión legislativa.

Debemos reconocer que la conformación del pleno tiene una naturaleza más plural que enriquecería el debate correspondiente, pudiendo participar de forma activa y directa legisladores de todos los estados, incluido aquél que plantee la problemática específica.

Por ello la modificación en los términos propuestos podría resultar inconveniente para los efectos deseados, ya que la opinión favorable de la comisión podría verse afectada por la conformación de la misma y teniendo un sesgo partidista, sin que ello resulte conveniente en las finalidades de este dictamen.

Por tal motivo someto a la consideración de esta asamblea la reserva al artículo 74, el dictamen en comento, para que sea el pleno y no una comisión legislativa quien emita su opinión en el tema de la deuda en los estados. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la reserva.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Desechada. Queda en sus términos.

Doña Loretta Ortiz Ahlf, igual, la fracción VIII del 74.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia. Compañeros legisladores, antes de referirme a mi reserva quisiera hacer notar que a pesar de que ahorita se está regulando la cuestión de la deuda externa o tratando de regular la cuestión de la deuda adquirida por las entidades federativas y los municipios,  se deja un amplio campo todavía de falta de control, que es lo que se refiere a la deuda externa y aunque a muchos de ustedes les puede llamar la atención el que utilice el término de deuda externa, las entidades federativas, los municipios o cualquier fideicomiso público puede adquirir deuda externa vía acuerdos interinstitucionales, regulados actualmente por la Ley de Celebración de Tratados de 1992 y que se pretende modificar por una ley que está ahorita precisamente en el Senado, aprobada por la anterior legislatura, que es la Ley General sobre Celebración de Tratados.

Ésa ha sido la fuente, precisamente, de mayor adquisición de deuda por parte de entidades federativas y de municipios.

Su servidora presentó una iniciativa, desgraciadamente no se ha emitido ninguna opinión al respecto y ésa sería la forma, abrogación total de ambas, de una ley y la otra, de impedir que ya en su momento se expida, para que pudiera controlarse desde la federación, porque es una facultad de la federación la contratación de deuda externa, precisamente la adquisición de estos compromisos internacionales.

En relación con la reserva al artículo 74 y su fracción VIII, la que presento, tiene por finalidad fortalecer las atribuciones que se le otorgan a esta soberanía, en la regulación de la deuda de los estados y municipios.

La redacción propuesta en dicha fracción habla de que la Cámara conocerá y en su caso, podrá opinar en relación a la estrategia de ajuste que llevarán a cabo las entidades federativas para obtener garantías del gobierno federal para hacer frente a la deuda que hayan contratado.

El convenio que celebren los estados con el gobierno federal debe incluir una serie de medidas para mejorar la situación financiera de los estados como un requisito indispensable para que el gobierno pueda ser aval de los pasivos contratados.

Esta parte es relevante porque de nada sirve que el gobierno federal sea aval si no se corrigen las situaciones que llevaron a las entidades a tener un desequilibrio financiero.

Nos parece que señalar que la Cámara podrá opinar sobre dicha estrategia de ajuste limita la facultad, como está actualmente en el dictamen que pretende incluirse en el texto constitucional. Señalar una facultad potestativa y no obligatoria para que la Cámara opine sobre la estrategia de ajuste, vulnere el equilibrio de poderes porque si la Cámara aprueba el presupuesto de egresos, donde en un momento dado se establecerá la partida presupuestal para otorgar las garantías.

Por ello, consideramos que la facultad debe ser plena, la Cámara de Diputados debe conocer y opinar, subrayo opinar, sobre la estrategia de ajuste y saneamiento que vayan a llevar a cabo las entidades federativas en acuerdo con la Secretaría de Hacienda.

Compañeros legisladores, esta reserva contribuye a que el proceso de ajuste y saneamiento se lleve a cabo con mayor transparencia, por lo que solicitamos de manera muy atenta pueda ser aceptada y votada por este pleno. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, doña Loretta. Pregunte la Secretaría a la asamblea si es de admitirse a discusión.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría, presidente, por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Desechada. Queda en sus términos. Don Enrique Alejandro Flores, el segundo párrafo de la fracción I del 79.

El diputado Enrique Alejandro Flores Flores: Gracias. Con su permiso, diputado presidente.

Compañeras y compañeros diputados, Acción Nacional celebra la propuesta de dictamen que el día de hoy se somete a votación. Éste es un dictamen que dará rumbo, sin lugar a dudas, a la regulación de deuda de los estados y de los municipios.

Sin embargo, en esta tarde podemos mejorarla aun  más. Mi intención es contribuir a generar mayor transparencia en el ejercicio de los recursos públicos. Un ejemplo claro de la opacidad y la falta de rendición de cuentas es que hoy en día existen en el país estados con crecimientos exorbitantes en sus deudas, y de cuyos mecanismos de financiamiento con respectivas tasas de interés, plazos de pago y fondeo se sabe poco al no existir la obligación de ser información pública.

Tenemos los casos ya mencionados el día de hoy en este pleno, como los de Coahuila, Nuevo León, Veracruz, Tabasco. También Guanajuato, también Jalisco, pero también hay de deudas a deudas.

La deuda de Coahuila, los ciudadanos, si quisieran pagarla tendrían que pagar cerca de 15 mil pesos cada ciudadano de Coahuila. Igual, en el estado de Nuevo León tendrían que pagar cerca de 12 mil pesos cada ciudadano para saldar las deudas que sus gobernadores contrajeron.

Por otro lado, es casi imposible que en los presupuestos locales podamos detectar no sólo los montos de endeudamiento que se prevé que contraigan los gobiernos en el registro fiscal, sino que también las tasas de intereses altas, como en el caso de Nuevo León con Rodrigo Medina.

La reserva que hoy planteo para que se someta a consideración y se apruebe es dotar a la Auditoría Superior de la Federación de más facultades para que de los recursos propios que bajan de la federación también puedan ser objeto de auditoría por parte de la Auditoría Superior de la Federación; es decir, que la caja chica de los gobernadores y de los presidentes municipales para financiar campañas políticas no sea exenta de ser auditada por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

En este caso le doy la razón al diputado Mejía Berdeja, que decía: que de ahí, de ahí exactamente, de los recursos que no son auditables por la federación, se dota dinero a las campañas, como la de Enrique Peña Nieto, por supuesto.

Y también quiero decirle a la diputada Ruth Zavaleta que sí es cierto, no somos vengadores ni justicieros para venir y criticar y juzgar a los ex gobernadores. Pero sí es cierto que no podemos negar lo obvio, que existen Graniers, que existen Fideles Herreras y que existen Rodrigos Medinas, que no podemos seguir con este tipo de hurtos.

Y por eso quiero que la Auditoría Superior de la Federación pueda auditar también los recursos locales. No es quitarle facultades o autonomía a éste, simplemente son recursos que bajan de la federación a los municipios. Y por supuesto que deben ser objeto de transparentarlos.

No podemos ser opacos y no podemos seguir negando lo que estamos viendo a cada rato. Se acabaron, como bien dijo mi compañero Guillermo Anaya, se acabaron los gobernadores opacos. Y por eso promuevo una adición al segundo párrafo del artículo 79, que versa de la siguiente forma:

En el caso de los estados y municipios, cuyos empréstitos cuenten con la garantía de la federación o que se hayan afectado los recursos federales bajo su administración o ejecución, incluyendo las respectivas participaciones para cubrir los empréstitos y obligaciones de pago que contraigan, fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan realizado los gobiernos locales.

Con esto evitamos los gobiernos con cajas chicas para financiar campañas electorales. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se acepta a discusión la propuesta.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Desechada, en sus términos.

Doña Loretta Ortiz Ahlf, segundo párrafo, fracción I, del 79. –Perdón. Don Víctor Manuel Jorrín. Discúlpeme, doña Loretta, discúlpeme. Le ruego sea benevolente.

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano: Con su permiso, presidente. La reserva al segundo párrafo de la fracción I, del artículo 79 del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de disciplina financiera de los estados y los municipios.

Es el artículo 79 y es una adición muy sencilla en la que se menciona que también se va a fiscalizar directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales con excepción de las participaciones federales.

En el caso de los estados y los municipios cuyos empréstitos cuenten con la garantía de la federación, fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan realizado los gobiernos locales; y la adición es la siguiente:

Que diga: en el último año de gobierno de los titulares del Poder Ejecutivo de estados y municipios, la fiscalización de dichos empréstitos será ejercida de manera trimestral. Lo que se pide es que exista una revisión permanente, de tal manera que no tengamos que esperar un año para poderlos auditar, sino que sea de manera inmediata. Ésta es la propuesta, espero que la voten a favor. Sin embargo quiero aprovechar el tiempo para hacer un comentario; estas reformas que se están haciendo solamente es una parte que me parece muy positiva, pero es una sola parte de una iniciativa que presenté en el periodo pasado de sesiones, en la que estoy pidiendo que la Auditoría Superior de la Federación ejerza un mayor control sobre los estados y municipios y esto ayuda muchísimo.

Pero la otra parte es el aumentarle el presupuesto a los estados y municipios, de no hacerlo estaríamos dejando solamente la vigilancia, pero no vamos a permitir el desarrollo de los municipios, debe hacerse de manera integral.

No es posible que sigamos permitiendo que también los municipios que sí trabajan sigan endeudados y además sean embargados por la misma Secretaría de Hacienda, en donde tenemos municipios que tienen embargado su mercado o tienen embargados hasta el panteón municipal o la plaza pública porque tienen adeudos que no pueden sostener, porque los 4 centavos que le da la federación del recurso que le pertenece al municipio, por los impuestos que genera su  municipio a nivel federal, no se les regresan más que 4 centavos y la federación se queda con los 80 centavos, que después no los puede aplicar y se van al subejercicio.

Por eso la importancia de valor que esta reforma, se entienda como una reforma parcial y que hace falta analizar en forma integral la otra parte importante para atender realmente a los municipios, independientemente de la vigilancia.

Y yo diría, que no habría necesidad tal vez de hacer tantas reformas, sino que simplemente la Auditoría Superior de la Federación ejerza acción inmediata en todos los municipios en donde sabe que existe desvío de recursos o en los estados en donde sabe que existe la desviación de recursos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, y es mucho. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría, presidente, por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Desechada, en sus términos.

Ahora sí, doña Loretta; ahora sí. Es la misma reserva: párrafo segundo de la fracción I del 79.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Muchas gracias, presidente, con su venia. Compañeros legisladores, con relación a la reserva al artículo 79, fracción I. Discutir las reformas a nuestra Norma Fundamental para fortalecer el equilibrio financiero de los estados y de los municipios, habla de la preocupación que existe entre la opinión pública y los ciudadanos que exigen rendición de cuentas y que no se repitan los abusos de gobiernos estatales que contrataron deuda de manera excesiva.

Por ello la reserva que estamos proponiendo es relevante porque, de aprobarse, se estaría abonando a que los recursos que son de todos los mexicanos sean auditados para comprobar que se destinaron para los fines correctos.

El endeudamiento excesivo se explica por varias razones. Una de ellas es la falta de controles administrativos y de auditoría en el ámbito local, por ello nos parece positivo que se fortalezca a través de la Auditoría Superior de la Federación la labor de fiscalización de los recursos que se derivan de la contratación de deuda y empréstitos, pero también consideramos que se debe ir más allá.

El texto constitucional vigente excluye de la órbita de fiscalización de la auditoría las participaciones federales, ya que ésta se realiza a través de los órganos locales de fiscalización. Sin embargo dichos órganos a veces no gozan de la autonomía que se requiere y ven limitada su actuación por presiones de los Ejecutivos estatales.

Por ello nos parece que debe abrirse la fiscalización de estos recursos a la Auditoría Superior, porque de esta forma se afianza la rendición de cuentas y se minimiza una actuación sesgada por parte de las entidades de fiscalización estatales, más aún si las participaciones federales servirán en algunos casos para garantizar los pasivos contratados, es más imperioso que la institución federal colabore en la revisión del uso y destino de las mismas.

Éstos son los argumentos que justifican nuestra propuesta y esperamos que sean atendibles y voten a favor de la reserva que proponemos. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, doña Loretta. Pregunte la Secretaría a la asamblea si es de admitirse a discusión.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación).

Mayoría, presidente, por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Desechada. Queda en sus términos.

Don Alfonso Durazo, tiene usted el uso de la voz. ¿Está don Alfonso? Ahí viene. Llegó por otro lado –adelante-, pero llegó al fin.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Es la versatilidad para el diálogo político. Gracias, presidente. Primeramente quisiera comentar cómo no estar de acuerdo con las cosas que aquí se han expresado. La verdad es que no hay forma, es un discurso políticamente correcto, lo que no significa que esté apegado a la verdad. Y no lo está porque no hay el menor asomo de autocrítica en ninguno de los partidos.

La verdad es que donde un partido está en el poder, ha cometido iguales, mayores o mayores trapacerías, y eso le da una dimensión de mayor gravedad al problema.

La pregunta aquí sería, para ser autocrítica es: ¿cuántos partidos donde son poder a nivel estatal o municipal o incluso federal escapan a esta realidad?

La otra es: ¿qué dimensión de esta deuda se ha ido a romper los topes de campaña, a romper la legalidad que debe enmarcar la contienda electora?

Y no me voy a extender en argumentos por una razón, porque quiero pedirles que reflexionen una propuesta realmente sencilla que traigo.

En el fondo de todos los conflictos económicos que tienen los estados, está una disputa no democrática por el poder. Ningún gobernante que llegue a su responsabilidad municipal, estatal o a la presidencia de la República, si no es producto de una elección limpia, equitativa y transparente, no tendrá un desempeño responsable y sobre todo comprometido con los electores.

Para no enredarme y cumplir con mi compromiso ante ustedes, de ser muy breve es, les pido que reflexionen la propuesta; jóvenes diputados, diputadas, les pido su atención.

La propuesta es que toda aquella infraestructura estatal o municipal que no haya sido construida con deuda, no sea utilizada para pagar deuda. Así de simple, así de sencillo.

Si tenemos una carretera que se construyó ya con recursos propios, que no la utilicemos para pagar deuda porque al siguiente día van a llegar a ponerle a la gente, una caseta, un puente, la infraestructura de agua potable. Esa es la propuesta.

En síntesis es agregarle al artículo 117, fracción VIII, el siguiente texto: “tampoco se podrá pagar deuda adquirida con la venta o cesión de infraestructura o bienes públicos que no fueron construidos, desarrollados o adquiridos con esa deuda”. Eso es todo.

Ojalá  merezca su consideración esta propuesta tan sencilla. Muchas gracias a todos por su atención.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, don Alfonso. Pregunte la Secretaría a la asamblea si es de admitirse a discusión la propuesta de don Alfonso Durazo.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría, presidente, por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Desechada, en sus términos. Doña Nelly del Carmen Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la voz.

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: Históricamente el manejo de la deuda en los estados se ha efectuado con total  opacidad y de manera discrecional por parte de los ejecutivos locales, quienes sin importar la prevención constitucional de que la deuda únicamente será destinada a inversiones productivas, han aplicado libremente los recursos aun sin número de fines ajenos al desarrollo de su estado.

Lo anterior ha sido posible porque constitucionalmente se reservó a los congresos estatales la facultad de fiscalizar los recursos derivados de la contratación de empréstitos, siendo que en la mayoría de los casos las legislaturas locales están sometidas a los intereses de los gobiernos en turno.

El ejemplo del ex gobernador de Tabasco Andrés Granier se mantiene como un caso emblemático al respecto quien, a poco más de 40 días que terminara su gestión, contrató deuda por la cantidad de cuatro mil 130 millones de pesos sin que a la fecha se conozca su destino y que dejó en pobreza y miseria preocupante al estado.

Los integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano urgimos a esta Cámara, integrante del Constituyente Permanente, a impulsar la creación de nuevos candados constitucionales que acaben con estas prácticas nocivas e ilegales que tanto han perjudicado a las haciendas de sus estados.

Nuestra reserva propone modificar el dictamen presentado al pleno por la Comisión de Puntos Constitucionales adicionando un nuevo candado que incluya la obligación de destinar los recursos adquiridos por medio de la contratación de créditos y empréstitos a proyectos específicos y plenamente identificados.

Lo anterior supone la etiquetación de los recursos para que sean aplicados a proyectos que impliquen el desarrollo económico del estado y en consecuencia el bienestar de la sociedad.

Con este candado adicional a los ya previstos en el dictamen materia de discusión daríamos un paso adelante en los controles de deuda, sin que ello implique que hayamos concluido con este proceso.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de la asamblea la siguiente reserva al artículo 117 del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de disciplina financiera de los estados para quedar establecido como sigue:

Artículo 117. Los estados no pueden, en ningún caso, contraer directa o indirectamente obligaciones, empréstitos o créditos con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional.

Los municipios y estados no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas, asignadas con proyectos específicos que hayan sido previamente aprobados en el presupuesto correspondiente y a su refinanciamiento o estructura, mismas que deberán realizarse bajo condiciones de mercado, inclusive las que contraigan organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos, y en el caso de los estados, adicionalmente para otorgar garantías respecto al endeudamiento de los municipios.

Lo anterior, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en la ley correspondiente en el marco de lo previsto en la Constitución, y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas aprueben.

Los ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir a la cuenta pública. En ningún caso podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Pregunte la Secretaría a la asamblea si es de admitirse a discusión.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría, presidente, por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Desechada. Queda en sus términos.

Don Gerardo Villanueva Albarrán, finalmente, tiene el uso de la voz. Reserva el párrafo tercero de la fracción VIII del 117.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Con su venia, diputado presidente. En años recientes, como se ha dicho aquí una y otra vez, hemos sido testigos de múltiples casos de pillería protagonizadas por gobernadores corruptos quienes teniendo la anuencia de congresos locales afines, han endeudado gravemente a sus estados y a los ciudadanos.

El caso más evidente quizá sea el de Coahuila, en donde la deuda pasó de ser de 200 millones de pesos a 36 mil 384 millones de pesos. Es decir, 12 mil 800 per cápita, sin que el destino de ese dinero beneficiara de forma alguna a dicho estado, es más, existe la sospecha de que dicho dinero fue destinado a financiar diversas campañas políticas.

También se ha mencionado aquí el caso de Chiapas que endeudó a su estado el gobernador de entonces, por 5 mil millones de pesos faltando solamente tres meses para acabar su mandato, y el multicitado caso Granier que es una vergüenza a 40 días que concluyera su mandato se endeudó con más de 4 mil millones de pesos.

Quiero agregar, incluso, que hay voces que se atreven  a plantear el incremento al IVA en alimentos, en medicinas, en transportes y libros para cubrir estos huecos financieros provocados por la deuda pública y el dispendio. Esto a costa del sufrimiento de la mayoría de la población.

Sí les quiero decir una cosa, no lo vamos a permitir y vamos a plantear una resistencia férrea aquí en la Cámara, pero también en las calles. Les voy a hablar como militante de Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, el 8 de septiembre nos vamos a reunir en el Zócalo capitalino miles de mexicanas y mexicanos para plantear que este tipo de pillerías y de iniciativas...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado, diputado. Usted como gente conocedora de la Constitución sabe que en un período de sesiones extraordinarias sólo podemos abordar los asuntos para los que fuimos convocados. Le ruego por favor respeto a la Carta Magna.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Claro que sí, diputado presidente. Es el mismo tema y son las peores consecuencias de las que estoy haciendo referencia. Ojalá pudieran acomodar el sonido.

En el sobreendeudamiento hay ineptitud, irresponsabilidad y falta de probidad, se debe cumplir con el Pacto federal, pero federalizando la austeridad republicana y el uso honesto de los fondos públicos. Por eso corresponde a esta Cámara de Diputados resolver a través de esta reserva, adicionando al artículo 117 de la Constitución en la fracción VIII un párrafo en el que no únicamente quede establecido que sean los  Congresos locales los que aprueben la deuda de los estados, sino que una vez aprobado en los Congresos locales se traiga a esta Cámara de Diputados, que a su vez se apruebe por mayoría.

Diputado presidente, es cuanto. Le agradezco su tolerancia aunque he observado que ha dado un trato distinto a quienes hacemos uso de la palabra, que tenemos todo el derecho de hacer planteamientos que sí tienen que ver con el tema, y refrendo la invitación al Zócalo el 8 de septiembre, con Andrés Manuel López Obrador. Ahí los esperamos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si es de admitirse a discusión la propuesta del diputado.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Proceda la Secretaría a abrir el sistema electrónico por 10 minutos, a efecto de recoger la votación en lo particular de los artículos 73, 74, 79 y 117 que fueron reservados. Éstos se van a votar en sus términos.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación de los artículos 73, 74, 79 y 117, en sus términos.

(Votación)

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Ciérrese el sistema de votación electrónico.

Se emitieron, señor presidente, a favor 421 votos, 18 en contra, 9 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de los estados y los municipios. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

Dejo la Presidencia en las expertas y doctas manos de don José González Morfín.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de registros públicos inmobiliarios y de personas morales de las entidades federativas y los catastros municipales.

Tiene la palabra por diez minutos para fundamentar el dictamen, el diputado Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, quien, me informan, también hará alguna propuesta de modificación por parte de la comisión.

El diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias. Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales vengo a fundamentar el dictamen de la minuta con proyecto de decreto que propone adicionar una fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la cual se pretende otorgar al Congreso de la Unión la facultad para expedir una Ley General en Materia de Registro Público Inmobiliario y Catastro.

En la actualidad el Registro Público de la Propiedad presenta diversos problemas, que inciden en la seguridad jurídica de la propiedad, lo que trae como consecuencia un impacto al catastro que cada entidad federativa tiene y con el cual le permite determinar la base gravable para el pago de los impuestos predial y de traslado de dominio.

A pesar de que las entidades federativas han implementado programas para mejorar, modernizar y actualizar los registros públicos, éstos no han logrado su objetivo. Esto es, contar con un registro público eficiente y eficaz, que otorgue certeza y seguridad jurídica a los actos que por ley deben ser inscritos.

Por ello, la reforma constitucional que hoy se analiza tiene como principal objetivo contar con una normativa que permita unificar esfuerzos y recursos de los tres órdenes de gobierno, ya que actualmente existe dispersión de leyes, acuerdos y demás dispositivos normativos en materia de registro inmobiliario, generando políticas encontradas o dispersas.

Lo anterior significa que las gestiones que realice cualquier ciudadano para registrar su propiedad se harán los mismos trámites y tiempos en cada uno de los estados del país. Además, implica que las inscripciones no pueden ser modificadas o alteradas, lo que da seguridad y certeza jurídica a la propiedad.

Por otra parte, la ley general que aprueba el Congreso de la Unión para hacer efectiva la facultad que se pretende concederle debe ser respetuosa de la soberanía de los estados y de los municipios. Órdenes de gobierno que conservarán sus facultades en el aspecto tributario que sobre los ingresos de registro perciban, la designación de los funcionarios de tales registros y catastros y la administración de las instalaciones, entre otras atribuciones.

En otras palabras, la única facultad que tendrá el Congreso de la Unión será expedir la base jurídica que permita crear una ley en la cual se determinen los términos del procedimiento de registro, procesos, sistemas, mecanismos de coordinación para la capacitación y modernización de los mismos para que mediante el uso de las nuevas tecnologías se lleven a cabo todos los trámites correspondientes, como ya se hizo en varias entidades, entre ellas en el Distrito Federal.

Asimismo, para este órgano legislativo no pasa desapercibido el hecho de que en los estados y en los municipios el catastro y la base gravable para la generación de impuesto predial se encuentran desactualizados, además de que los registros públicos no están modernizados ni armonizados con los catastros, por lo que es necesario contar con valores catastrales actualizados y uniformes con los registros públicos, sin que ello implique cobrar más impuestos a la población.

En este sentido la reforma constitucional que hoy se pone a su consideración otorgará la seguridad jurídica a la propiedad, facilitará la traslación de dominio de los inmuebles y los estados y municipios tendrán una herramienta útil para diseñar mejores políticas de desarrollo y ordenamiento urbano y de vivienda.

En concreto, el dictamen cuyos fundamentos ahora se exponen, pretenden modificar la minuta enviada por el Senado de la República en los siguientes aspectos:

Primero. Se propone precisar que la normativa que expedirá el Congreso de la Unión sea una ley general, con la finalidad de dar mayor claridad a la redacción contenida en la minuta aprobada por el Senado de la República, en donde únicamente se refiere al término ley sin distinguir si es federal o general.

En segundo lugar, se suprime el artículo cuarto transitorio propuesto en la minuta, por considerar que la función notarial, al ser distinta de la registral no tiene ninguna relación con los alcances de la reforma que ahora se propone.

Compañeras, compañeros diputados, los invito a votar a favor de este dictamen, que sin duda alguna fortalecerá la institución catastral y con ello las haciendas locales por medio de la recaudación de impuestos inmobiliarios, tales como los impuestos predial y de traslado de dominio, lo que simboliza un paso adelante en el camino de la seguridad y la certidumbre jurídica, de la que actualmente carecen la mayoría de los organismos registrales estatales.

Antes de concluir quiero también hacer de su conocimiento que a nombre de la comisión hago entrega a la Presidencia de la Cámara la propuesta de modificación al artículo segundo transitorio para su trámite correspondiente, en su momento oportuno. Es cuanto, diputado presidente. Y muchas gracias a todos ustedes, diputados.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. En razón de que se trata de una adición de un renglón al segundo transitorio la propuesta de modificación planteada por el presidente de la comisión, y por la comisión, voy a pedir a la Secretaría que consulte a la asamblea si se acepta la modificación planteada, para que la discusión se dé ya con esta modificación que trae el consenso de la comisión.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se acepta la modificación planteada.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica si se acepta las modificaciones propuestas por el diputado Julio César Moreno Rivera. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Se acepta la modificación.

Y en razón de haberla presentado en tiempo y en forma, tiene el uso de la voz el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar una moción suspensiva.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, la tenencia de la tierra, ciudadanos legisladores, representa un problema político ancestral, es sin duda uno de aquellos que generan siempre no sólo inconformidad, sino que su falta de regulación provoca también la falta de planificación y de desarrollo.

Históricamente el tema catastral ha sido discutido, por eso afirmo que las tres leyes o tres reformas motivo del periodo extraordinario que hoy hemos tocado, las tres, son o representan una involución federalista. Las tres son regresivas, las tres son centralistas.

¿Por qué lo afirmo y lo sostengo? Porque actualmente el tema de catastro y registro público es una facultad exclusiva de los estados y de los municipios, es una figura regulada directamente por la Ley de Catastro de cada entidad federativa o municipal, o sus respectivos reglamentos según se encuentre total o parcialmente determinar esta función.

No discutimos sobre la protección de los derechos de propiedad como un elemento indispensable para el crecimiento y desarrollo de nuestro país. Tampoco discutimos si con una claridad en la norma se genera mayor seguridad jurídica, o si sea indispensable la actualización catastral en el país. Incluso creo, que desde la óptica liberal, cuanto más sólido es el marco jurídico institucional para proteger los derechos de propiedad, se supone que es más eficiente el funcionamiento de la economía.

Sin embargo, les quiero señalar lo siguiente, por eso planteo la moción suspensiva; los registros públicos de la propiedad y catastro son instituciones clave en la economía y su objetivo principal de establecer y asegurar los derechos de propiedad, brindar certidumbre y transparencia sobre ellos es fundamental.

El catastro conceptual y operativamente hasta ahora se concibe en todas las entidades como el órgano encargado de la conformación y conservación de los registros sobre los predios y construcciones que se ubican en cada una de las regiones, los cuales permiten obtener los elementos técnicos, estadísticos, jurídicos y fiscales de cada bien inmueble.

¿Qué es lo que está pasando con esta reforma que se propone? Finalmente lo que esta reforma propone y en lo que se traduce es en una mayor recaudación económica para los ciudadanos, no solo se concentra una facultad que actualmente desde los estados y los municipios, no solo se anula el federalismo, sino que se establecen bases para la nueva actualización del catastro y del Registro Público de la Propiedad.

Por eso nosotros no podemos estar en favor, porque finalmente lo que esto se traduce es que los ciudadanos van a pagar más por sus casas, van a pagar más por sus terrenos, porque en la llamada modernización que algunos pugnan no es sino más cobro para los ciudadanos, y los ciudadanos ya no pueden aguantar más carga; los servicios públicos se encarecen, las gasolinas se encarecen, la energía eléctrica se encarece y ahora el catastro.

Ahora, fíjense ustedes, ahora con la llamada actualización y modernización catastral se le restringe una facultad a los estados y los municipios y con motivo de la actualización los ciudadanos a través de una ley federal van a pagar más impuestos prediales por sus predios de manera general. Pero no solo es esto, ya expliqué dos razones por las cuales yo no votaré en favor.

Segundo, hay un problema de técnica legislativa y procedimental. No podemos pasar por alto las violaciones al proceso legislativo de este particular, de esta reforma a la fracción XXIX-R, del artículo 73. ¿Por qué? Por lo siguiente: se está violando el artículo 95 y se está violando el artículo también 63. ¿Por qué? Fíjense lo que pasó. Esta reforma llegó el 30 de abril. Cuando llega hay una obligación del presidente de informarla al pleno. No la informaron –se violó el Reglamento– sino que hasta julio, dos meses o tres meses después, el Presidente de la Cámara y de manera directa, envía esta minuta a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Y Cuando envía directamente la minuta a Puntos Constitucionales, la comisión emite un dictamen y está violando el Reglamento. Está violando flagrantemente el procedimiento legislativo, porque en periodos de receso el Presidente de la Cámara no puede enviar ninguna minuta a comisiones para su dictamen. Tiene que hacerlo ante el pleno. Por esa razón adolece de un procedimiento correcto.

Es no sólo grave el contenido, sino incluso procedimental se está violando la Ley y el Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por esa razón a mí me parece muy grave que se pretenda ignorar esta fase procedimental porque esta minuta se envió en julio a la Comisión de Puntos Constitucionales, cuando debió el Presidente de la Cámara recibir la minuta y turnarla a comisiones en el pleno; en el pleno. Y decir, como siempre se dice, se recibió la minuta de la Cámara de Senadores y se turna a la comisión de tanto para su dictamen. Eso no se hizo.

El 30 de abril que la Cámara de Senadores aprobó esa minuta nos la envió. Pero el Presidente de la Cámara en ningún momento la turno a la comisión, sino fue hasta julio cuando la turnó a la comisión y la comisión emitió este dictamen. Es absurdo, es ilegal y es totalmente contrario a la ley.

Yo sé que aquí hay abogados serios aunque los sometan sus grupos parlamentarios, pero no pueden permitir violación tras violación.

Por esa razón, presidente, planteo una moción suspensiva. Que se regrese a la comisión y que una vez que entremos al periodo de sesiones ordinario se haga el procedimiento y se convalide, se reciba por la Mesa Directiva, la Mesa Directiva informe al pleno, el presidente turne a la comisión y se haga el dictamen. ¿Cuál es el problema por unos dos meses más? Esta reforma es clave.

Nosotros no estamos de acuerdo y por eso planteo la moción suspensiva. Es un grave error y lamentablemente de nuevo otro sector de la izquierda está planteando esta modificación centralista, cercenando la facultad de los estados y otorgando la posibilidad de una ley federal en materia catastral y del Registro Público de la Propiedad.

Por esta razón, presidente, planteo la moción suspensiva que ojalá y pudieran con seriedad reflexionar. Es muy grave lo que está pasando en esta Cámara de Diputados. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Voy a pedir a la Secretaría que consulte a la asamblea en votación económica si se toma en consideración inmediatamente para su discusión la moción suspensiva presentada.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta si se toma en consideración inmediatamente para su discusión la moción suspensiva. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Se desecha.

El Presidente diputado José González Morfín: En la fijación de posiciones tiene el uso de la voz el diputado Luis Antonio González Roldán, para fijar la posición del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

El diputado Luis Antonio González Roldán: Con su venia, señor presidente. Señoras y señores legisladores, el Sistema Registral Mexicano constituye una tradicional institución jurídica de nuestro país, no sólo en la regulación de los fundamentales temas civiles relativos a la propiedad inmobiliaria, sino en temas torales de derecho público como lo es el impuesto catastral, la certeza en la titularidad de la propiedad inmobiliaria y los derechos y modalidades inherentes a ésta, que permite la organización administrativa del Estado en estas materias.

El Registro Público Inmobiliario, institución de competencia del ámbito local, asocia igualmente aspectos de relevancia estatal como la determinación de políticas públicas de vivienda y de organización territorial, diseño de programas sociales y de seguridad pública, entre otros.

Sin embargo para el ciudadano la importancia esencial de la institución es la seguridad jurídica sobre un derecho tan próximo y altamente valorado como lo es la propiedad inmobiliaria.

De este modo podemos señalar el valor fundamental de la actividad registral pública y éste lo constituye precisamente la seguridad y legalidad en la detentación de la propiedad y en las modalidades, derechos y condiciones que afectan a la misma y por ende, la seguridad en la traslación de los derechos inherentes a los bienes inmobiliarios, sin lo cual no podría constituirse un sistema jurídico esencial en cualquier Estado.

La iniciativa que presenta la adición de una fracción XXIX-Q al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de registro público inmobiliario y catastros, propone una atribución de relevante importancia para el Legislativo federal a fin de otorgar a éste la facultad de dictar normas generales con el propósito de normar, homologar y modernizar la organización y el funcionamiento de la institución registral de la propiedad inmobiliaria: el Registro Catastral y el Registro de Personas Morales, en las entidades federativas.

La reforma propuesta resulta acorde a los nuevos desafíos y alcances que proyecta el Estado mexicano y en los que es partícipe y promotor de manera preponderante el Poder Legislativo.

A través de la expedición de una ley general que concede igualmente precisión, uniformidad, facilidad de acceso y publicidad y eficacia y eficiencia en la tramitación de los derechos inherentes a las materias que abordamos.

El fortalecimiento de la función registral permitirá igualmente fortalecer la potestad estatal y realizar cambios institucionales que propicien el desarrollo del país, además de brindar a los ciudadanos en todo el territorio nacional el acceso a servicios registrales en igualdad de condiciones, aspecto que resulta esencial bajo los principios de igualdad y justicia social.

Es conocida la diversidad de condiciones, de recursos y eficiencia que reportan los registros inmobiliarios en las distintas entidades federativas, lo que motiva que los ciudadanos tengan acceso al servicio en distinto grado y por tanto su derecho no sea el mismo, dependiendo del territorio, situación que deberá ser superada al uniformarse las instituciones que la iniciativa promueve.

Por supuesto, inicialmente la reforma vendría a beneficiar el sistema registral en sí dando mayor certeza a la titularidad y al comercio inmobiliario, por lo que destacamos un aspecto importante correspondiente a la mayor y más eficaz publicidad de la información registrada acorde a la transparencia y apertura de un gobierno moderno y eficiente.

La reforma igualmente da cumplimiento a lo prescrito por el párrafo inicial del citado artículo 121 de nuestro ordenamiento constitucional supremo que dispone: el Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, prescribirá la manera de probar dichos actos, registros, al referirse a los actos públicos como son los inherentes a las instituciones referidas en esta reforma.

Cabe insistir de manera expresa, superando cualquier objeción al respecto, que la facultad constitucional que se promueve no vulnera o afecta de ningún modo la soberanía de las entidades federativas, toda vez que se refiere estrictamente a disposiciones generales que la propia Constitución política concede a la autoridad legislativa federal, correspondiendo al ámbito local en cada caso determinar las normas específicas que regulen la ejecución y modo de cumplimiento de los citados principios generales.

Es importante señalar que la reforma impactará positivamente a la institución catastral y la recaudación que este impuesto genera, por lo que su aplicación tenderá a ser más justa, precisa y equitativa en la aplicación de un nuevo marco regulatorio.

Esta reforma permitirá establecer las bases legales para la constitución de modernas, eficientes y confiables bases de datos registrales de la propiedad inmobiliaria y de las personas morales, de las que se beneficiarán tanto entidades públicas como ciudadanos, eliminando los registros ineficientes e incluso anacrónicos que aún subsisten.

Reconocemos la importancia de la labor legislativa en llevar a cabo las reformas normativas que marchen acordes al desarrollo del país, fundamentalmente aquéllas que impactan favorablemente y decisivamente en distintas instituciones esenciales de la estructura jurídica y social, como es el caso de la reforma a la cual hoy nos referimos.

Por lo señalado anteriormente, en Nueva Alianza expresamos nuestra coincidencia y aprobación con la minuta de la Comisión de Puntos Constitucionales, conviniendo la importancia y la procedencia de la reforma propuesta y su respeto a las competencias federal y local en una integración armónica. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la voz la diputada Magdalena Núñez Monreal para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Además propondrá la adición de un artículo transitorio.

La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores: en nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, acudo a esta tribuna para fijar nuestra posición respecto al dictamen que nos presenta la Comisión de Puntos Constitucionales en el que se propone la adición de una fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En esta fracción se propone otorgar la facultad al Congreso de la Unión para expedir una ley general que armonice y homologue la organización y funcionamiento de los registros públicos inmobiliarios y de personas morales en las entidades federativas y los catastros municipales.

Es necesario tomar en consideración que hasta el momento y conforme a lo que se dispone en el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que se refiere a la distribución de competencia, los Congresos de las entidades federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tienen la facultad para legislar en materia de registros públicos y en lo referente a los catastros municipales.

De ser aprobada la reforma que se contiene en el dictamen, el Congreso de la Unión tendrá facultades para expedir la ley a que se hace referencia.

La Ley General de Sociedades Mercantiles dispone en su artículo 2o que las sociedades mercantiles inscritas en el Registro Público de Comercio tienen personalidad jurídica distinta de la de los otros.

En el artículo 6o, segundo párrafo señala que la escritura social de una sociedad mercantil se debe presentar dentro de un término de 15 días para su inscripción en el Registro Público de Comercio.

Por su parte, el Código Civil del Distrito Federal, en su artículo 1157, en lo que se refiere a la prescripción positiva establece que la sentencia en donde se declare procedente la acción, se inscribirá en el Registro Público y servirá de título de propiedad al poseedor.

En el tema de asociaciones civiles, el Código Civil del Distrito Federal, en su artículo 2673 establece que las asociaciones se regirán por sus estatutos lo que deberá ser inscrito en el Registro Público para que produzca efectos contra terceros.

En el caso de sociedades civiles el artículo 2694 del Código Civil para el Distrito Federal establece que el contrato de sociedad debe inscribirse en el Registro de Sociedades Civiles para que produzca efectos ante terceros.

Como se puede apreciar, en esta exposición de una ley federal, la de Sociedades Mercantiles establece la obligación de inscribir a éstas en el Registro Público y en el caso de una legislación local, el Código Civil del Distrito Federal  dispone la obligación de registrarse ante el Registro Público a las asociaciones o sociedades civiles que en este ámbito geográfico se constituyen.

La función de los registros públicos es muy importante dada la pluralidad de actos jurídicos que se deben registrar, fundamentalmente para dar seguridad jurídica a terceros, por lo que con la aprobación de este dictamen sólo se faculta al Congreso para expedir una ley general que armonice y homologue la organización y funcionamiento de dichos registros públicos, uniformar los procedimientos de inscripción y fundamentalmente garantizar que en los registros no haya simulaciones, evitando hasta donde esto sea posible, actos de corrupción.

También en esta fracción XXIX-R se hace alusión a los catastros municipales. Debemos tomar en cuenta que en el artículo 115, fracción IV de nuestra norma fundamental, en el inciso a) se establece que los municipios percibirán las contribuciones incluyendo tasas adicionales que establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio del valor de los inmuebles.

Este es el fundamento constitucional para que las legislaturas de los estados aprueben el denominado “impuesto predial”.

También el tercer párrafo de esta fracción IV se establece la facultad de los ayuntamientos para proponer a las legislaturas de los estados las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejora y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

Reiteramos, estas facultades de los municipios y de las legislaturas de los estados no se ven afectadas por la reforma constitucional, en todo caso debemos estar atentos para que bajo el argumento de las actualizaciones catastrales no se dispare la tasa del impuesto predial y que con ello se afecte a particulares cuya capacidad contributiva es escasa.

Llamamos la atención de nuestras compañeras y compañeros legisladores para evitar abusos en esta materia y generemos una gran inconformidad  social. Sabemos que los mecanismos de coordinación fiscal premian la eficacia recaudatoria de los municipios, en particular sobre el impuesto predial, pero no podemos ni debemos abrir una puerta en la que se castigue fiscalmente a quienes menos tienen. Por eso, sobre este tema en particular formulamos una reserva en la que se propone adicionar un artículo transitorio.

En nuestra opinión se debe adicionar este artículo transitorio cuarto al dictamen, en donde se establece con claridad que previo a que los ayuntamientos del país envíen a las legislaturas de los estados las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones, que sirvan de base para el cobro de contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria,  se deba hacer consulta entre los posibles afectados en el incremento del impuesto predial a efecto de que, contribuyentes y autoridad municipal puedan determinar si la actualización propuesta corresponde o no al valor que el propietario considera que tiene su inmueble para efecto de la determinación del impuesto predial.

De esta manera se da la certeza al contribuyente que el monto del impuesto que debe cubrir corresponde a la realidad.

En todos los estados de la República hay inconformidad en los propietarios de inmuebles porque de un año a otro se incrementa de manera notable el impuesto predial y no siempre se está en capacidad de cubrirlo oportunamente. Lo que estamos proponiendo es un asunto en donde la autoridad hacendaria que corresponda, en un ámbito de apertura política dialogue con los contribuyentes para lograr una solución adecuada entre ambas partes.

Estamos convencidos de que se deben fortalecer los ingresos propios de los ayuntamientos, entre ellos el del impuesto predial, pero no a costa de la capacidad contributiva de la persona obligada al pago.

Por lo anterior, nuestro Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor el dictamen. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada.

Tenemos la propuesta de adición de un artículo transitorio, presentado por la diputada Núñez Monreal. Pediría a la Secretaría consulte a la asamblea  si se acepta la propuesta de adición de un transitorio más.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia...

El Presidente diputado José González Morfín: Le pediría que leyera para que todo mundo tenga conciencia de lo que se trata.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Propuesta de la diputada Magdalena Núñez Monreal. Adición de un artículo cuarto transitorio.

Cuarto. Cuando los ayuntamientos ejerzan la facultad que les confiere el tercer párrafo de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tendrán la obligación de realizar audiencias públicas, para que los contribuyentes del impuesto predial a quienes pueda afectar la actualización de las tablas de valores unitarios de suelo y construcción, puedan alegar lo que a su derecho convenga, con el propósito de evitar cobros excesivos en el impuesto predial que determinen la legislatura de los estados en las correspondientes leyes locales de la materia. Atentamente, rúbrica de la diputada.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. No se admite a discusión. Se desecha. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano tiene el uso de la tribuna el diputado José Luis Valle Magaña.

El diputado José Luis Valle Magaña: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la tenencia de la tierra en México ha sido resultado de un conjunto de reivindicaciones políticas, económicas y sociales y uno de los procesos de mayor trascendencia para la sociedad mexicana.

El catastro en México tiene sus orígenes desde la época colonial y ha sido utilizado a lo largo del tiempo como la principal herramienta para la distribución de la tierra, así como para la determinación del uso y modalidades de la misma. Es decir, si ésta se constituye como propiedad privada, ejidal o comunal.

Empero a lo largo de la historia el tema catastral ha carecido de un equilibrio a nivel federal, ya que esta figura es regulada directamente por la Ley de Catastro de cada entidad federativa o municipio y sus respectivos reglamentos, según se encuentre total o parcialmente centralizada esta función.

En cuanto a la clasificación de la propiedad inmobiliaria para efectos catastrales, existen diversos criterios plasmados en las diferentes legislaciones de cada uno de los estados, sobresaliendo por lo general la división en dos tipos de predios, rural y urbano, además de un tercero denominado suburbano.

Por esta misma razón, es que el catastro conceptual y operativamente se concibe de diferente forma, sin embargo en términos generales la normatividad vigente le asigna funciones y características comunes, como son, la conformación y conservación de los registros sobre los predios y construcciones que se ubican en cada una de las regiones, los cuales permitan obtener los elementos técnicos, estadísticos, jurídicos y fiscales para cada bien inmueble.

En los últimos 50 años la población ha crecido de manera desigual y desordenada dentro del territorio, lo que ha llevado a obtener diferencias en cuanto a las operaciones de control y registro inmobiliario en los tres órdenes de gobierno, provocando afectaciones a la población, ya que cada uno trabaja de acuerdo a un marco jurídico y administrativo propio.

Una de las principales inconsistencias de los sistemas de información es que las propiedades se encuentran desvinculadas y contienen información incongruente sobre la misma, como por ejemplo, cambios de nomenclatura de calles, errores de medición, abreviaturas usadas en nombres y apellidos, celebración de contratos privados, construcciones no declaradas a la autoridad competente.

Y qué decir de inconsistencias mucho más graves, como es la proliferación de asentamientos irregulares, donde además de la nula certidumbre en la tenencia de la tierra, quienes construyen y viven ahí, viven en condiciones deplorables por la falta de servicios elementales.

Indudablemente, la protección a los derechos de propiedad es una condición necesaria para el crecimiento y desarrollo económico en una sociedad, pues a través de éste se genera un ambiente favorable para la realización de transacciones, además de dotar de certidumbre jurídica sobre la prelación de derechos y obligaciones de bienes inmuebles y empresas.

Cuando más firme es el conjunto de derechos de propiedad, más eficiente será el funcionamiento de la economía. Mientras más eficaz y fácil sea ejercer los derechos de propiedad existirá el incentivo para regular derechos y situaciones, fortaleciendo la economía formal y todos los beneficios que se derivan de ella.

La economía mexicana se ha visto afectada y continuamente se ha producido una obstaculización de la democratización de la propiedad y el crecimiento económico.

En ese entendido, la reforma hoy planteada se sustenta en la necesidad de reordenamiento urbano y de vivienda que impera tanto a nivel federal, estatal y municipal en el país, además de dotar de mayor seguridad jurídica respecto a la titularidad y tenencia de la tierra.

La necesidad de cambio, modernización y actualización en que se encuentra inmerso el catastro en México, surge no solo como la exigencia de optimizar sus rendimientos tributarios sobre la propiedad inmobiliaria, tema muy valioso en sí mismo, ya que nuestro país experimenta una de las tasas, efectivamente, más bajas de recaudación predial en América Latina.

Dicho esto, que son precisamente los motivos y las razones positivas para pensar en la conveniencia de esta reforma que se propone, tendremos que añadir que si bien son muchos los beneficios que se obtendrían de esta medida, como ya fueron también comentados por quienes nos antecedieron, también tendremos que decir que si de certeza jurídica se habla, necesitamos empezar por respetar el marco jurídico que nos marca precisamente los procedimientos al interior de esta soberanía, mismos que, como bien lo apuntó nuestro coordinador, no fueron respetados.

No dejamos de reconocer que trae esta iniciativa muchas cosas positivas, sin embargo, en función de no haber respetado el procedimiento, por un lado, que de antemano por la práctica que se ha dado aquí en esta Legislatura, que en muchas ocasiones se ha hecho, sin embargo hay algo que todavía nos preocupa más, como es precisamente el quitarle facultades a la administración pública municipal, atribuciones que le corresponden única y exclusivamente a la misma.

Quienes tuvimos la oportunidad de ser presidentes de nuestro municipio sabemos que en los escasos recursos con los que cuenta el mismo es precisamente la recaudación catastral, la predial, la que aporta lo más significativo de los recursos de un municipio.

Dicho esto tendremos nosotros que dejar muy claro que –aunque reconocemos muchas bondades de esta iniciativa, sin embargo, por estos dos motivos: uno de procedimiento y el otro que va precisamente contra la autonomía y las atribuciones del municipio– no estamos a favor. Votaremos en contra por las razones anteriormente expresadas. Es cuanto, señor presidente. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado Valle Magaña. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Carlos Castellanos Mijares, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

El diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares: Con el permiso de la Presidencia.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares: Compañeras diputadas y compañeros diputados, el proceso de consolidación del Estado de derecho en nuestro país exige el establecimiento de las medidas necesarias para ofrecer a los ciudadanos condiciones de seguridad jurídica, tendientes a garantizar la propiedad y la posesión de bienes.

Para ello es imprescindible la existencia de un marco normativo que defina con claridad los derechos de propiedad, así como las prerrogativas y obligaciones de todos aquellos que intervienen en la actividad económica y social del país.

No obstante, tanto una regulación excesiva, como la falta de reglamentación suponen en muchas ocasiones un obstáculo para el desarrollo económico de las naciones, sobre todo en un mundo en el cual la realización de inversiones depende en buena medida de un marco regulatorio que no imponga costos innecesarios a la actividad económica de los ciudadanos.

Para ser un país competitivo es prioritario, entre otras cosas, contar con un gobierno eficiente que promueva el crecimiento económico, mediante el mantenimiento de la seguridad jurídica y la estabilidad. Parte esencial de lo anterior es, a su vez, una regulación de calidad e instituciones eficientes, que diseñen y apliquen dicha regulación.

Por este motivo se hace necesario instaurar ordenamientos que además de brindar certeza jurídica a los gobernados se adapten a los requerimientos actuales de la economía mundial.

Asimismo la modernización de instituciones constituye un elemento esencial para que el Estado, de manera eficaz y eficiente, con sus funciones regulatorias, sin entorpecer la reactividad productiva puedan garantizar esta seguridad jurídica.

La tierra es uno de los recursos fundamentales de cualquier comunidad, por ello, desde la antigüedad hasta nuestros días, el hombre ha realizado múltiples esfuerzos orientados a su estudio, clasificación y registro. Al mismo tiempo, las sociedades han establecido diversos impuestos ligados a la propiedad de la misma como una forma de financiar la realización de las tareas que al Estado le corresponden.

En tiempos recientes el papel que juega la tierra en la producción se ha transformado paulatinamente; si bien ésta ha cedido terrenos frente a avances de otros factores como el conocimiento, lo cierto es que sigue siendo muy importante para la promoción del desarrollo económico y en este sentido la protección de los derechos de propiedad es una pieza fundamental para crear un clima propicio para la inversión.

En México, como en todo el mundo, el Registro Público de la Propiedad y los catastros constituyen la piedra angular en el establecimiento de la protección de los derechos de propiedad. Pero además de lo anterior, estas instituciones cumplen con una importante función de proveer de un banco de información muy valiosa, al cual se pueden dar diferentes usos, tanto en el ámbito político como en el privado.

Una ciudad o región que cuenta con información clara y sistematizada sobre los derechos de propiedad brinda certeza jurídica a los ciudadanos, al tiempo que promueve la realización eficiente de toda clase de actividades productivas, las cuales van desde la creación de empresas hasta la transferencia de bienes o la obtención de créditos.

En el México contemporáneo la función catastral había estado reservada a las entidades federativas hasta la década de los años ochenta del siglo pasado, cuando con la finalidad de fortalecer el régimen municipal en nuestro país, se realizaron reformas al artículo 115 constitucional, en virtud de las cuales la gestión catastral y la administración de los impuestos inmobiliarios se transfirieron a la esfera de los ayuntamientos.

Más tarde, en 1999, una nueva reforma otorgó a los municipios la facultad de llevar a cabo la valuación catastral, con lo cual se aceleró el proceso de transferencia de funciones desde los estados a los ayuntamientos.

Sin embargo, para muchos municipios asumir estas nuevas funciones supuso un gran dilema, pues se enfrentaron en un principio a la insuficiencia de funciones, de funcionarios públicos debidamente capacitados en la realización de labores propias del catastro, lo cual ha redundado en la generación de diversos problemas que alejan a nuestras instituciones registrales de aquellas que se mantienen a la vanguardia a nivel internacional.

Un funcionamiento inadecuado de las instituciones registrales provoca que el país no cuente con la información necesaria para diseñar mejores políticas públicas, sobre todo en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.

Además se debe señalar que la evaluación catastral es un dato fundamental para la fijación de impuestos que a final de cuentas recalan en las haciendas municipales, por lo que una variación en los valores catastrales tiene una incidencia directa en los recursos con los que cuentan los ayuntamientos para llevar a cabo sus funciones.

Hoy en nuestro país existen muchos predios que reciben servicios públicos en una zona urbana, pero gracias a la falta de actualización de los datos catastrales siguen pagando impuestos como si aún fueran rústicos, lo cual implica un déficit significativo en la recaudación de las haciendas municipales.

Ante estas situaciones es evidente la necesidad de realizar propuestas de modernización en materia de registros públicos inmobiliarios y de catastros.

Para garantizar un buen funcionamiento, la permanente actualización de sus instituciones sobre la base de mejoras continuas en sus procesos, en su infraestructura, que se vea reflejado positivamente en la sociedad y en la economía.

El proyecto de reforma que hoy discutimos tiene la finalidad de reformar nuestra Ley Fundamental para dar pie a la expedición de una norma general que regule el funcionamiento de los registros públicos y de las normas catastrales.

Lo anterior incluirá de manera directa en la creación de empresas así como en el establecimiento y desarrollo de infraestructura, las cuales representan actividades sobre las que se detona la riqueza al resto de los sectores del país y en los cuales tenemos todavía un largo camino por andar.

El hecho de que las haciendas municipales se hagan de una mayor cantidad de recursos redundará en la evaluación, en la elevación de los niveles de bienestar de la población que podrá acceder a más y mejores servicios públicos. Asimismo, las propias dependencias de los diferentes órdenes de gobierno podrán realizar una planeación urbana y la administración de servicios más eficientes.

Finalmente la bancada del Partido Verde Ecologista de México quiere dejar en claro que la reforma propuesta busca la coordinación entre el ámbito federal y los gobiernos de los estados y los municipios.

Así es, pues, que ya con anterioridad en este pleno aceptamos la modificación al texto constitucional... al dictamen, perdón, para que se tome en cuenta la opinión de las entidades federativas en la generación de la ley reglamentaria que derivada de esta reforma constitucional se vaya a implementar.

Los gobiernos locales son los mejores conocedores de la realidad física, urbanística y económica de su comunidad por lo que constituyen un agente de colaboración imprescindible que no puede ser excluido de las funciones catastrales. Por su atención, compañeros, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado José Ángel Ávila Pérez, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado José Ángel Ávila Pérez: Gracias, diputado presidente. Aquí se han expuesto ya muchas y muy variadas razones por las cuales los diversos grupos parlamentarios apoyarán en sus términos el dictamen propuesto por la Comisión de Puntos Constitucionales, relativo a la minuta que enviara el Senado para dotar al Congreso de la Unión de facultades para legislar y para homologar el funcionamiento de los registros públicos de la propiedad, el Registro de las Personas Morales y los catastros municipales.

Puedo suscribir prácticamente todas estas referencias a las ventajas que ofrece la reforma que se consolidaría a través de este dictamen.

Y por otro lado disiento de quienes han visto con objeción lo relacionado con los aspectos impositivos derivados de una reforma como la que aquí se está comentando.

En efecto difiero de esas posiciones puesto que es claro que la reforma propuesta, la adición a una fracción al artículo 73 de la Constitución, no versa sobre la facultad de dictar impuestos, específicamente el predial, que es al que se han referido, ni ningún otro. Por ello me parece que no ha lugar a una referencia de objeción en ese sentido.

Por el contrario, me parece que es fundamental que en este momento cuando se ha complejizado de tal manera no solamente el sistema de seguridad jurídica patrimonial, sino también el mercado inmobiliario en el país, que se logre finalmente a través de una norma que expida el Congreso de la Unión, homologar el funcionamiento, la organización, los sistemas registrales que en todas las entidades federativas y en los municipios del país se llevan para efecto de darle certidumbre jurídica a los actos que requieren para ser oponibles a terceros de su inscripción.

Me parece inobjetable que en estos momentos del país, se convierte en una necesidad contar con la información que procede de registros públicos eficientes, completos, veraces y no como desgraciadamente hoy los tenemos.

A todos seguramente nos constan las enormes dificultades por las que atraviesa cualquier particular para averiguar la pertinencia de una titularidad de propiedad de un inmueble, de una garantía otorgada para garantizar cualquier tipo de operación, la pertinencia y certidumbre de que en el catastro municipal se esté reflejando con objetividad el tamaño, la dimensión, el valor de la propiedad inmueble de las personas.

Eso no sucede hoy. Hay una gran disparidad por supuesto, hay entidades federativas, hay municipios con un desarrollo más amplio que otros. Se ha intentado por otros medios.

Diputadas, diputados, ustedes han visto seguramente que en los últimos años se han celebrado diversos convenios de colaboración entre la federación y los estados para poder regularizar y homogeneizar los sistemas registrales en el país. Desgraciadamente los resultados han sido muy pobres; desgraciadamente los resultados no son suficientes para garantizar que en efecto se pueda aprovechar la información para beneficio de las comunidades y de los habitantes de las respectivas ciudades, así como también para las autoridades del país que en su búsqueda de la comisión de  ilícitos que desgraciadamente todos los que están en torno a la delincuencia organizada tienen una expresión inmobiliaria tarde o temprano, y para que pueda ser utilizada esta información creo que es el momento en que, a través de la facultad que se le está confiriendo al Congreso de expedir esta ley general se podrá lograr.

Me parece también que el tema tocado por algunos diputados y algunas diputadas previamente en torno a la vinculación de reformas como ésta y como las otras que hemos discutido en el día tienen con el federalismo mexicano no es un asunto menor.

El federalismo tal como está concebido en nuestra Constitución, desde la definición que el Constituyente de 1824 adoptó, es un sistema que implica el reconocimiento de esferas de gobierno distintas y este sistema, desde que se adoptó en nuestro país, ha ido marcando la historia política de México entre tendencias centralizadoras y tendencias descentralizadoras.

Hay una diferencia fundamental entre unas y otras. Las tendencias centralizadoras generalmente se hacen en silencio, se generan en las muy pequeñas cúpulas del poder político y van logrando fortalecer a esa cúpula para hacer un gobierno más fuerte, más sólido, un gobierno que pueda lograr sus propósitos.

Por contra, las corrientes descentralizadoras le han costado mucho trabajo, mucho tiempo, le han costado hasta vidas a los grupos muy amplios de la sociedad que han buscado acercar a los gobiernos locales las verdaderas decisiones que impactan en la vida de los seres humanos.

Por eso llamo la atención sobre el momento que atraviesa este Congreso. Hoy hemos resuelto tres reformas que, sin ambages hay que decirlo, son reformas centralizadoras. Pero esto tampoco nos lleva a quienes hemos votado a favor de esos dictámenes y lo hemos hecho aquí en el pleno, a arrepentirnos ni mucho menos. Yo lo asumo; sí, son reformas centralizadoras. Pero son reformas que ante la inactividad de este legislador en otros ámbitos y en otras direcciones se convierten en indispensables.

Por qué tener que arrebatarle a los estados de la federación la facultad para resolver con limpieza y con pulcritud su endeudamiento público? Pues porque hemos permitido que se endeuden de manera ilegal, no solamente en exceso, sino con documentos falsos, eso ha sido acreditado; sin embargo las consecuencias legales no existen. Entonces este Congreso tiene que tomar la decisión de arrebatar la facultad a los estados para regular.

¿Quién dice que la norma emitida por el Congreso ahora si va a ser obedecida? Si las normas estatales nunca lo fueron por los gobernadores que juraron cumplirlas y hacerlas cumplir y no ha sucedido, ¿qué nos hace pensar que la federal sí? Bueno, hagamos un intento más.

¿Por qué tenemos que regular para homologar los registros públicos de la propiedad y de las personas morales? Pues porque el federalismo hacendario de este país es tan insuficiente que ni los estados ni los municipios tienen el dinero necesario para hacer sistemas registrales adecuados.

Bueno, no hemos corregido las deficiencias del federalismo hacendario, pues tenemos que corregir de una u otra manera el problema que hoy tenemos.

¿Por qué tenemos que arrebatarles también la facultad de emitir un Código Procesal Penal como corresponde de manera natural en nuestro sistema federal? Porque no hemos sido capaces de generar en los sistemas existentes como es el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el consenso necesario para adoptar un código único, un código modelo, pero que sea un código expedido como debe ser, por cada entidad federativa.

Ante esas deficiencias, tenemos que buscarle soluciones. Por eso es que nuestro partido ha votado en favor de las propuestas anteriores y lo hará también en favor de ésta, porque es indispensable hacerlo, pero también es indispensable que retomemos el tema en este Congreso y que no dejemos llevarnos por la facilidad de ir concentrando nuevamente atribuciones, facultades que ya le corresponden originalmente a las entidades federativas.

Lo federal debe permanecer siendo federal, pero lo estatal, lo local, también debe permanecer siendo así. Defendámoslo, creo que es un mejor camino. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.

Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Ricardo Villarreal García, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Ricardo Villarreal García: Con su permiso, señor presidente. El dictamen que nos ocupa el día de hoy es un dictamen de suma importancia. Escuchaba algunas de las intervenciones de mis compañeros, en donde se establece o se puede pensar que le estamos quitando atribuciones a los estados y a los municipios, y como abogado y como un creyente en el federalismo de este país, pues creo que sería totalmente incorrecto, pero considero que no es el caso.

Así como tenemos que darles más recursos a los municipios y a los estados para poder ser ellos los que atiendan las necesidades básicas de los ciudadanos, también tenemos que garantizar la seguridad jurídica de los mexicanos y de cualquier persona que pretende venir a invertir a nuestro país.

Hemos visto grandes abusos en este país en una materia tan importante como es la propiedad privada. Creo que si no tenemos garantizada la propiedad en este país no podemos hablar de crecimientos económicos, no podemos hablar de desarrollo, no podemos hablar de absolutamente nada porque todo empieza precisamente en la seguridad jurídica de las propiedades de todos los mexicanos.

En ese sentido es importante generar esta homologación que no es quitarle facultades, porque los registros públicos seguirán siendo estatales, los catastros seguirán siendo municipales, pero sí tendremos un mucho mejor orden al homologarlos, al armonizarlos y el garantizar que las cosas funcionen, y ahí va a ser un trabajo de todos nosotros garantizar que en la nueva Ley General de Registros  Públicos de la Propiedad y del Catastro de los municipios generemos una legislación que funcione en todo lo largo y ancho del país.

Como todos sabemos aquí, ésta es simplemente una reforma constitucional que va a da r el marco para que el día de mañana podamos ya meternos a detalle y generar estas leyes generales iguales para todos los mexicanos, y lo importante va a ser trabajar muy cuidadosamente estas leyes para que podamos tener mucho mejores registros públicos.

También yo debo de reconocer, tenemos estados que funcionan  hoy en materia registral muy bien. Yo vengo del estado de Guanajuato y en mi estado en tres días hábiles tienes una hipoteca registrada, o en cinco días hábiles tienes una compra-venta de un bien inmueble registrada, pero tienes lugares como esta ciudad, que es la capital de nuestro país, en donde tardas seis meses o un año para registrar un acto y eso evidentemente no lo podemos seguir permitiendo porque paralizas el comercio, paralizas el desarrollo y no generas la seguridad jurídica que todos los mexicanos necesitan.

Tenemos estados en el país que inclusive le han delegado a los municipios los registros públicos de la propiedad, y eso ha generado que haya alcaldes que han hecho barbaridades y que han registrado tres o cuatro veces un mismo inmueble. No tenemos una homogeneización de los procedimientos de matriculación registral, no tenemos una homogeneización de cuándo puede registrar actos y cuándo no y eso lo que genera son sin duda alguna esas incertidumbres jurídicas que tanto daño nos hacen.

En materia de catastros, compañeras y compañeros, creo que es un tema muy relevante, porque lo que vamos a buscar es, al tener una ley igual para todo el país, de entrada logremos una mejor y mayor recaudación en los municipios.

Todos sabemos que las muy poquitas posibilidades que tienen los municipios de recaudación es precisamente el catastro, las traslaciones de dominio, y sin embargo tenemos muchos municipios que no han podido tener un catastro muy bien ordenado, que no saben todavía de quiénes son las propiedades, que no saben quién debe y demás. Si tenemos este órgano o este marco jurídico general sin duda alguna vamos a lograr que los municipios, sobre todo los pequeños municipios de este país, puedan tener mejores catastros y mejores recaudaciones. De eso se trata y qué mejor que pensar que a raíz de esto que estamos haciendo el día de hoy, el día de mañana en unos años tengamos un mapa digital de todos los rincones de este país, en donde uno pueda acceder con la tecnología con la que hoy contamos, y saber que un predio en Oaxaca o en Chiapas o en la Ciudad de México o en Guanajuato, está registrado con tal folio en el Registro Público de la Propiedad de dicho estado, que no tiene gravámenes o que tiene tal y cual gravamen y que ha pagado todos sus impuestos o que debe sus impuestos prediales, eso nos ayudaría muchísimo en la vida práctica, a agilizar y a evitar que haya fraudes o que inclusive la gente tenga un mayor compromiso de pagar, porque sabe que si no paga va a ser público que debe impuestos.

Ese tipo de cosas creo que son muy posibles el día de hoy con el marco digital en el que vivimos, con la agenda digital en la que vivimos y creo, como abogado, como litigante, que nos ayudaría muchísimo a todos poder tener estas  normas generales, que el día de mañana nos hagan mucho más sencillo el trabajo a todos, y sobre todo, como decía hace un rato, nos den una seguridad jurídica plena a todos los mexicanos, y finalmente tengamos un verdadero orden en los catastros y en los registros públicos de la propiedad. Es cuanto, señor presidente, gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.

Finalmente en esta ronda de fijación de posturas tiene el uso de la voz la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano: Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores legisladores, el Grupo Parlamentario del PRI celebra la reforma propuesta, toda vez que como bien señala, tanto el dictamen a discusión como la minuta enviada por parte de la colegisladora, en la medida que se fortalezca a las instituciones catastrales, se fortalecerá también la hacienda, locales, a través de la recaudación de impuestos inmobiliarios, como son el predial y el traslado de dominios dentro del marco de seguridad jurídica de la propiedad.

Coincidimos con el presente dictamen en cuanto a señalar que actualmente el Registro Público de la Propiedad, en el país, presenta diversos problemas que inciden en la seguridad jurídica de la propiedad, lo que trae como consecuencia un impacto al catastro en cada entidad federativa y tiene y con el cual permite determinar las bases gravables para el pago de los impuestos prediales y traslado de dominio, esto pese a los programas implementados para mejorar, modernizar y actualizar los registros públicos, mismos que no han logrado su objetivo de contar con un registro público eficiente y eficaz que otorgue certeza y seguridad jurídica a los actos que por ley deben ser inscritos.

Esta reforma es fundamental ya que resulta a todas luces prioritaria generar información para el ordenamiento territorial y para la política pública de desarrollo urbano y vivienda, con lo que se evitarán miles de litigios hereditarios por falta de claridad en las propiedades.

Por otro lado, las instituciones de seguridad pública y fiscales podrán contar con una herramienta de apoyo a sus investigaciones y las familias y las empresas podrán tener mayores oportunidades de acceso al crédito, atendiendo a que dicho registro protege la seguridad de los derechos que garantizan la certeza jurídica de la titularidad de los inmuebles registrados.

La legalidad de las transacciones del mercado inmobiliario constituye reducir el costo de averiguaciones, seguros, incertidumbre, así como probables litigios.

Es de señalarse que la propuesta al actualizar el sistema constitucional propicia un nuevo marco regulatorio que permitirá la modernización del catastro, lo cual sin duda beneficiará la economía nacional al contribuir a cobrar mejor, de manera progresiva, equitativa, los impuestos locales, cumplimentando así la máxima de justicia distributiva que debe privar en materia tributaria.

Bajo el anterior orden de ideas es menester considerar que de aprobarse la propuesta se otorgará mayor certeza y seguridad al patrimonio inmobiliario de las y los mexicanos, lo cual a todas luces constituye una condición fundamental en la materia, toda vez que el patrimonio de las personas y de las familias es uno de los bienes jurídicamente tutelados de mayor envergadura.

Es preciso reconocer que México tiene un pendiente en la materia. Lo que se requiere es modernizar las instituciones registrales para estar en la vanguardia a nivel nacional e internacional y así coadyuvar en el trabajo de las autoridades fiscales y de procuración de justicia, facilitando con ello la traslación de dominio de los inmuebles bajo criterios de certeza, equidad y transparencia.

No debemos perder de vista que una auténtica política pública de vivienda y de desarrollo urbano requiere de las herramientas confiables y actualizadas que permitan un verdadero desarrollo sostenible que impulse un crecimiento urbano lógico, armónico, sustentable, eficiente y orientado a las necesidades ciudadanas y regionales.

Bajo el anterior orden de ideas, resulta conveniente dejar en claro que la propuesta en comento se inscribe en el marco del nuevo federalismo, de donde resulte necesario fortalecer las capacidades recaudatorias de los estados y municipios, así como contar con instrumentos útiles de registro mobiliario y de catastro.

De ahí resulta fundamental, en el primer término, adicionar una fracción al artículo 73 de la Constitución, no solo para elevar la ley fundamental de esta facultad del Congreso, sino como una forma de reconocer que las legislaturas locales también forman parte del Constituyente permanente, por lo que su aval y su voz en este tema no pueden dejar de ser tomados en consideración.

Reconocemos que la propuesta que hoy está en nuestra consideración requiere, para su cabal implementación, de la suma de todas las voluntades, porque implica posibilitar, desde el punto de vista económico, político, jurídico e institucional a los municipios del país para que modernicen sus registros al tiempo de que fortalezcan su capacidad recaudatoria, lo cual, sin duda alguna, fortalecerá su economía en beneficio de la población, respetando, en todo momento, la autonomía municipal.

En México es claro que la idea federal ha sido columna vertebral en la constitución de la República y lo debe seguir siendo. El federalismo unió la voluntad común, la variedad de culturas regionales, desarrollos históricos, las realidades locales que conforman al país diverso que somos.

El federalismo por su importancia en la vida nacional exige una renovación constante del Pacto federal que restablezca el equilibrio entre los poderes del Estado y a los distintos órganos de gobierno y las facultades de cada uno en la materia. Por ello, esta propuesta no tendría ningún sentido si no cuenta con el aval mayoritario de los Congresos locales.

Señoras diputadas y señores diputados, el Grupo Parlamentario del PRI una y otra vez ha señalado que el federalismo no será una realidad hasta que en tanto venga acompañado en su diseño de la suma de voluntades, de la actitud y de los actores sociales, políticos e institucionales, involucrados y comprometidos en el afán de trascender en el orden práctico y cotidiano.

Compartir importantes tareas legislativas y gubernamentales en México de grave desigualdad social y de latente desequilibrio regional es la mayor y la mejor de las ventajas del sistema federal, como lo es también el dictamen que aquí nos ocupa.

En este sentido, es importante dejar en claro que si bien el fondo del dictamen merece nuestra posición favorable es también pertinente aclarar la importancia de legislar con mayor pulcritud técnica y jurídica, y de ahí que se considere pertinente modificar los alcances de la propuesta contenida en la minuta para adicionar la fracción XXIX-R, que corresponde al orden constitutivo. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Concluida la ronda de fijación de posturas está a discusión el dictamen en lo general y en lo particular, en razón de que se trata de un solo artículo. Y tiene el uso de la voz, para hablar en pro, la diputada Lilia Agilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT.

La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor presidente. Y con la con su venia de la asamblea. Permítanme iniciar esta intervención, como la mayoría de mis intervenciones, citando a personajes mucho más inteligentes que su servidora. Decía Honoré de Balzac, el novelista francés: Las leyes son como las telas de araña, a través de las cuales pasan libremente las moscas grandes y se quedan enredadas las pequeñas.

Mi posicionamiento en efecto es para refrendar, como ya lo había comentado la diputada Magdalena. Votaremos a favor esta iniciativa, obviamente con muchas reservas. Pero no queríamos dejar pasar el momento de señalar algunas cosas de la línea tan delgada sobre la que estamos caminando, de lo que comentaba ya Ricardo –perdón¸ el coordinador de Movimiento Ciudadano, el diputado Monreal, sobre centralizar y caer en los excesos de desfederalizar esta república.

¿Y por qué lo decimos? En efecto, esta iniciativa, de la que se ha hablado mucho en esta tribuna, sobre el objetivo que tiene de dar seguridad jurídica, en efecto, da seguridad jurídica, pero estamos quitando a los estados y municipios una atribución que tiene muy cerca y que puede causarles grandes problemas sociales.

No podemos dejar de lado el hecho de que centralizar o poner, como han dicho en esta tribuna, reglas generales sobre el tema de catastro y de actualización catastral no le causará a los estados y a los municipios un desapego, cuando menos un desapego a un tema tan sentido como es la propiedad.

Se ha dicho mucho aquí que esto es para dar seguridad jurídica y es para ayudar a darle certeza a aquellos que tienen propiedades y que finalmente tendrán que regularizarlas; yo lo que les digo es: primero, en efecto, nos estamos metiendo con una atribución de los estados y de municipios; y segundo, cuando las actualizaciones catastrales se hacen en el gabinete, los problemas que se tienen con la ciudadanía en general son inmensos, porque las actualizaciones de gabinete se hacen en un escritorio en el centro y los problemas están en sus municipios, en sus distritos, en sus estados.

Eso es lo que queremos señalar y era lo que señalaba la diputada Magdalena y era por eso su reserva sobre esta iniciativa. ¿Qué es lo que queremos dejar nosotros claro en esta tribuna? En efecto, estamos caminando en una línea muy delgada sobre el tema federal, pero en este tema del catastro, como se harán actualizaciones de gabinete habrá problemas sociales, como ya lo ha habido en estados como Chihuahua o como el propio Distrito Federal con la actualización del pago predial.

Entonces debemos de ser muy cuidadosos de que cuando venga la ley general, no solamente haya una actualización de gabinete, sino que haya una verificación en la tierra de la actualización de los catastros y de los valores catastrales de los predios, porque si no, como decía bien Honoré de Balzac: “Las moscas grandes pasarán por en medio de la telaraña y las chicas se quedarán atoradas”. Es decir, se verán perjudicados aquellos precisamente que son los más pobres, los menos informados, los que tienen menos acceso a la ley y a defenderse, y creo que todos nosotros hemos, cuando menos, sabido o conocido de casos muy claros, donde personas que pagaban 200 pesos de impuesto predial, al siguiente día con una actualización catastral, de un momento a otro están pagando 20 mil, 30 mil pesos cuando viven en colonias populares.

Seamos cuidadosos, caminemos con cuidado en la línea delgada del federalismo, pero también caminemos con cuidado en esta línea de la certeza jurídica donde podemos hacer mucho daño a nuestros representados. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Ahora para hablar en contra, tiene el uso de la voz la diputada Aida Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

La diputada Aida Fabiola Valencia Ramírez: Con su venia, señor presidente. A pesar de que esta reforma es necesaria para establecer una reorganización territorial y urbana, no podemos votarla en favor cuando surge de un procedimiento viciado, máxime que estamos en el recinto donde emana la norma que rige la conducta de la sociedad, de ahí que toca a los congresistas, ser los primeros en defender y hacer respetar la ley.

Aun tratándose de un procedimiento no debemos olvidar que una norma que nace viciada corre el riesgo de ser nula, recalcando que Movimiento Ciudadano no olvida que el respeto al derecho ajeno es el principio básico que debería regir a toda sociedad y una regla fundamental que facilite la convivencia.

De ahí que surja como una obligación para el Estado procurar que el desarrollo de los grupos sociales se dé en un marco del respeto para alcanzar la paz. Tal es el caso de la seguridad jurídica patrimonial, en donde existe la imperiosa necesidad de crear una ley que dé certeza jurídica al patrimonio inmobiliario y robustezca las instituciones administrativas que conduzcan a un ordenamiento urbano y garanticen la convivencia social.

Por las razones vertidas, Movimiento Ciudadano vota en contra de la presente iniciativa. Pero aprovechando el tiempo que me resta, quiero sumarme a la indignación y a la postura que tomó el Cabildo de Oaxaca de Juárez –del municipio–, al decir que Vicente Fox Quesada no es una persona grata, máxime que ha ofendido al Benemérito de las Américas.

Como Oaxaqueña exijo a este personaje poco inteligente –y se me hace que nulo inteligente- que se retracte. No es posible que quiera compararse con don Benito Juárez García; que haya dicho que es mejor presidente que él, cuando todos sabemos aquí el poco crecimiento que tuvo nuestro país al ser gobernado por Vicente Fox.

Parece que a ese señor ya le hizo daño no la mariguana, sino el toloache que se toma. Por eso le exijo una disculpa pública para el pueblo de México. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Agotada la lista de oradores, lo que corresponde es solicitar a la Secretaría se abra el sistema electrónico de votación para recoger la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto con las modificaciones propuestas por la comisión y aceptadas por la asamblea. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, así como de las adiciones aprobadas presentadas por la Comisión de Puntos Constitucionales.

(Votación)

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, le informo que se emitieron 424 votos en pro, 26 en contra y 4 abstenciones.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular por 424 votos el proyecto de decreto que adiciona la fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de registros públicos inmobiliarios y de personas morales de las entidades federativas y los catastros municipales. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.

Honorable asamblea, nos hemos ocupado de temas importantes para la vida de la república y hemos dado cauce y votación a los asuntos primero, segundo, tercero y quinto establecidos en el artículo 3o. del decreto por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unió, convoca a la Cámara de Diputados a celebrar un periodo de sesiones extraordinarias, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de julio pasado.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Respecto del asunto precisado en el punto 4 del mencionado decreto, la Junta de Coordinación Política nos informa lo siguiente:

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Permítame y no me interrumpa en este momento.

Comunicado: después de haberse instalado en sesión permanente y durante el proceso de deliberación para determinar la propuesta de consejero electoral del Consejo General del Instituto Federal Electoral, de conformidad con lo establecido en el punto XI de la convocatoria, la Junta de Coordinación Política comunica que, en virtud de que no se han alcanzado los consensos necesarios a que obliga la convocatoria para dar a conocer al pleno de la Cámara de Diputados la propuesta de candidato al cargo de consejero electoral del Consejo General del Instituto Federal Electoral que concluirá su periodo el 30 de octubre de 2019, la Junta de Coordinación Política mantendrá durante el receso legislativo, los esfuerzos de diálogo y construcción de acuerdos para concluir el proceso de selección determinado en la convocatoria. Es un comunicado que no está a debate.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Sobre ese tema.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: No está a debate. No está a debate. Se invita a los presentes a ponerse de pie.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Hoy 17 de julio de 2013, la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión declara formalmente terminados sus trabajos correspondientes al primer periodo de sesiones extraordinarias del segundo receso del primer año de ejercicio.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Procedemos a entonar el himno nacional mexicano.

(Himno Nacional)

La Presidencia de la Mesa Directiva participará por escrito al Ejecutivo federal, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Cámara de Senadores y a la Comisión Permanente, que ha declarado formalmente terminados sus trabajos correspondientes al primer periodo de sesiones extraordinarias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se autoriza a que el acta de esta sesión se dé por leída y copias de la misma se distribuyan a los grupos parlamentarios para su revisión y aprobación.

La Secretaria diputada Tanya Rellstab Carreto: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza  que el acta de la sesión se dé por leída y copias de la misma se distribuyan a los grupos parlamentarios para su revisión y aprobación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación) Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se da por leída.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (18:28 horas): Y se levanta la sesión.

--o0o—