25 años después: Justicia / Fred Alvarez
Un juez de Fresno California EE UU,
condenó el pasado 3 de septiembre a Álvaro Rafael Saravia, excapitán de las
fuerzas aéreas salvadoreñas, como responsable directo del homicidio de Monseñor
Arnulfo Romero y Galdámez, arzobispo de San Salvador.
A
las 18 horas del 24 de marzo de 1980 mientras celebraba la Comunión
en la capilla de la Divina Providencia en San Salvador, un francotirador le
disparó una bala expansiva que le destrozó el corazón y lo mató casi en el instante.
La repercusión internacional de este magnicidio fue enorme; debido a que e su
última homilía el prelado había exigido a las tropas del Ejército a desobedecer
las órdenes de reprimir que daban los jefes castrenses. También había
solicitado a Washington cesar el envío de ayuda militar al régimen
cívico-militar imperante.
El
asesinato de Monseñor Romero marcó el inicio de un río de sangre que cubrió
todo el territorio nacional. Y fueron altos mandos militares los principales
responsables de asesinatos de líderes políticos y masacres de campesinos.
El
juicio fue abierto por el juez Atilio Ramírez, sin embargo, fue cerrado 13 años
después, el 31 de marzo de 1993 con base en una Ley de Amnistía. El Juez
Ramírez no pudo continuar con el caso e incluso se vio obligado a renunciar
tras un atentado a su vida, motivo que lo obligo a pedir asilo en Costa Rica,
La
Justicia llegó casi 25 años después, y pudo darse, no donde ocurrieron los
hechos, en El Salvador, sino en los EE UU, gracias a que en ese país existe una
ley que data del siglo XVIII -por cierto poco conocida- que permite que quienes
cometieron crímenes como torturas, vejaciones
y asesinatos y se encuentran físicamente en ese país, viviendo o
simplemente de paso puedan ser acusados por la vía civil, no por la vía penal.
Álvaro Saravia se refugió en Estados Unidos hace más de 15 años y vivía hasta
hace poco en San Francisco, California.
El juicio se celebro en ausencia del
demandado. Oliver Wanger, Juez del distrito Este de California con sede en
Fresno estimo las pruebas contra Saravia y calificó al asesinato como “crimen
contra la humanidad”. La Ley aparentemente es simbólica ya que sólo obliga al
condenado a la reparación del daño, no puede cumplir una pena de prisión aunque
sea encontrado culpable.
La
condena del Juez fue pagar en concepto de daños diez millones de dólares; dos
millones y medio se destinarán a un familiar del prelado, que ha permanecido en
el anonimato durante el proceso por razones de seguridad.
Sin embargo, para los abogados la
resolución tiene no sólo un valor simbólico, sino que la sentencia brinda a la
oficina de inmigración estadounidense los argumentos legales para expulsar a
Saravia de los Estados Unidos y permiten que el país “deje de ser un refugio
seguro para los responsables de estos horrendos crímenes”, dice Matthew
Eisenbrand, reprsentante de la ONG The
Center for Justice & Accountability» (CJA) que junto con la firma
«Heller Ehrman White & McAuliffe LLP» presentaron la demanda contra Saravia
en septiembre de 2003.
El CJA es una ONG con sede en San
Francisco que asiste a supervivientes de tortura y otras atrocidades
ayudándoles a iniciar acciones legales contra quienes perpetraron tales abusos
de los derechos humanos. Fue fundada en 1998 con el apoyo de «Amnistía
Internacional de EE UU y el Fondo Voluntario para Victimas de Tortura de las
Naciones Unidas.
Rafael Saravia es
considerado un hombre clave de Roberto D’Aubuisson. En marzo de 1993 la
Comisión de la Verdad, creada por las Naciones Unidas para investigar las
atrocidades cometidas durante el conflicto armado en El Salvador, culpó del asesinato de Monseñor Romero a
D’Aubuisson, fundador de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), en el
poder desde 1989. D’Abuisson, falleció tres años después de la condena de un
cáncer en la boca en febrero de 1992.
La resolución de Juez Wanger tuvo
reacciones; la iglesia católica calificó como “una vergüenza” el hecho de que
presuntamente se haya hecho justicia en Estados Unidos y no en tribunales
locales y pidió al gobierno del presidente Tony Saca a reapertura del caso. Sin embargo, el caso no puede
abrirse en El Salvador por una ley de amnistía decretada tras la firma de los
acuerdos de paz de 1992, que pusieron fin a 12 años de guerra civil.
María
Julia Hernández, directora de Tutela Legal, del la arquidiócesis de San
Salvador, señaló que corresponde a la Fiscalía General de la República actuar
en este caso, “por mandato constitucional y en cumplimiento de obligaciones
internacionales contraídas por el estado salvadoreño” y le pidió que ejerza la
acción penal “en forma debida”, en el crimen, el cual no prescribe por ser
considerado de lesa humanidad.
Para
ello añadió que la Asamblea Legislativa deberá derogar las disposiciones de la
Ley de Amnistía, que en 1993 liberó de responsabilidades a los que cometieron
atrocidades durante el período de la guerra civil (1980-1992). Enmendando así
“el grave error político y la inexcusable violación constitucional, cometida al
emitir una ley de amnistía irrestricta, contraria al derecho internacional y a
la misma Constitución, y que ha propiciado la impunidad por los graves crímenes
en el país”.
Por
su parte el arzobispo Fernando Sáenz Lacalle, dijo que es necesario conocer la
verdad y reafirmó que los involucrados en el crimen por lo menos deben “pedir
perdón”. La verdad ayudará al proceso de
beatificación.
Empero,
el pesidente del gobierno de El Salvador Antonio Saca, no está de acuerdo con
una reapertura del juicio para ventilar el asesinato del arzobispo. “A mí los
salvadoreños me eligieron para administrar el futuro, por lo tanto reabrir
heridas es una situación en la que no estoy de acuerdo”, declaró.
“Seguramente
puede ser fácil perdonar, pero no olvidar. Sin embargo, se tiene que pensar en
la sociedad que va para adelante”, afirmó. El mandatario señaló que “reabrir
heridas es una situación en la que no estoy de acuerdo. Cada quien tiene
derecho a pedir justicia, pero la ley de amnistía generó un nuevo ambiente”.
El
juez Oliver Wanger ordenó al ex capitán el pago de una indemnización por 10
millones de dólares por el asesinato, calificado por la justicia estadounidense
como una ejecución extrajudicial constitutiva de crimen de lesa humanidad.
Juez de
California condena a un responsable por el asesinato del arzobispo de San
Salvador
Monseñor Oscar
Romero murió en 1980 en El Salvador
FRESNO, lunes, 6
septiembre 2004 (ZENIT.org).- El viernes pasado un tribunal civil de California
reconoció responsable del homicidio del arzobispo de San Salvador (El Salvador)
--monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez-- a un antiguo capitán de las fuerzas
aéreas salvadoreñas, Álvaro Rafael Saravia.
La sala 2 del tribunal estadounidense del
distrito Este de California (con sede en Fresno), presidida por el juez
Oliver Wanger, ha estimado las pruebas contra Saravia, mano derecha de
Robert D’Aubuisson.
Ya fallecido,
D’Aubuisson organizó escuadrones de la muerte y organizaciones paramilitares
compuestas por miembros civiles y militares que cometieron asesinatos por
motivos políticos y otros abusos contra los derechos humanos en El Salvador.
El magistrado, que
calificó el asesinato de monseñor Romero de «crimen contra la humanidad»,
ha condenado a Saravia a pagar en concepto de daños diez millones de dólares
estadounidenses, de los que dos millones y medio se destinarán a un familiar
del prelado, que ha permanecido en el anonimato durante el proceso por razones
de seguridad.
En septiembre de
2003, «The Center for Justice & Accountability» (CJA) y la firma
«Heller Ehrman White & McAuliffe LLP» presentaron una demanda civil contra
Álvaro Rafael Saravia, quien en ese momento residía en Modesto (California),
por su presunta participación en la organización del asesinato del arzobispo
Oscar Romero.
Mientras celebraba la Eucaristía en la
capilla de la Divina Providencia en San Salvador, el prelado fue asesinado por
arma de fuego el 24 de marzo de 1980.
La demanda
--interpuesta en nombre de un familiar del arzobispo desaparecido-- alegaba que
Saravia obtuvo armas, vehículos y otros elementos para el asesinato, ordenó a
su conductor que llevara al asesino a la capilla donde monseñor Romero fue
asesinado, y pagó al asesino una vez perpetrado el crimen.
Según apunta el
CJA, tanto la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas como la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos concluyeron, tras investigaciones separadas,
que Saravia estuvo involucrado en planear y llevar a cabo el asesinato.
El juicio se ha
celebrado en ausencia del demandado, del que hace tiempo que se ha perdido el
rastro. El proceso legal ha sido posible gracias a una normativa estadounidense
del siglo XVIII.
Para Matthew
Eisenbrand, abogado del CJA, además del valor simbólico del pronunciamiento
judicial, la sentencia brinda a la oficina de inmigración estadounidense los
argumentos legales para expulsar a Saravia de los Estados Unidos y permiten que
el país «deje de ser un refugio seguro para los responsables de estos horrendos
crímenes».
El CJA
(www.cja.org) es una organización no gubernamental (ONG) con sede en San
Francisco (Estados Unidos) que asiste a supervivientes de tortura y otras atrocidades
ayudándoles a iniciar acciones legales contra quienes perpetraron tales abusos
de los derechos humanos.
Esta organización
independiente fue fundada en 1998 con el apoyo de «Amnistía Internacional USA»
y el Fondo Voluntario para Victimas de Tortura de las Naciones Unidas.
ZS04090607
La Iglesia pide reabrir el caso de monseñor Romero
08 de septiembre de
2004
SAN SALVADOR, El
Salvador (AFP).— La oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador
demandó ayer la reapertura del juicio por el asesinato en 1980 del arzobispo
Oscar Arnulfo Romero, luego que un juzgado estadounidense condenara la semana
pasada a un ex militar salvadoreño como responsable del crimen.
“El juicio penal
por el asesinato de monseñor Oscar Arnulfo Romero debe ser reabierto por la
justicia salvadoreña”, declaró en rueda de prensa la directora de Tutela Legal,
María Julia Hernández.
Según Hernández, a
la Fiscalía General de la República le corresponde actuar en este caso, “por
mandato constitucional y en cumplimiento de obligaciones internacionales
contraídas por el estado salvadoreño, que ejerza la acción penal en forma
debida”.
Añadió que la
Asamblea Legislativa deberá derogar las disposiciones de la Ley de Amnistía,
que en 1993 liberó de responsabilidades a los que cometieron atrocidades
durante el período de la guerra civil (1980-1992).
“La Asamblea
Legislativa debe derogar la amnistía, enmendando así el grave error político y
la inexcusable violación constitucional, cometida al emitir una ley de amnistía
irrestricta, contraria al derecho internacional y a la misma Constitución, y
que ha propiciado la impunidad por los graves crímenes en el país”, aseguró
Hernández.
La petición del
organismo humanitario del arzobispado se produce luego que el viernes un juez
en Estados Unidos declaró culpable al capitán retirado de la Fuerza Aérea
Salvadoreña (FAS), Alvaro Saravia, por estar vinculado al asesinato de Romero.
El juez federal de
Fresno, California, Oliver Wanger, condenó en ausencia a Saravia, de 57
años, como el responsable de la organización del asesinato del arzobispo,
cometido cuando el prelado oficiaba una misa en el hospital de cancerosos La
Divina Providencia, en el sector noroeste de San Salvador.
A petición de un
familiar de Romero no identificado, la denominada Comisión para la Justicia y
la Responsabilidad, con sede en San Francisco, acusó en septiembre de 2003 a
Saravia de haber ejercido un papel clave en la organización del asesinato.
Como resultado del
juicio, el juez Wanger ordenó al ex capitán, en ausencia, al pago de una
indemnización de 10 millones de dólares por el crimen.
Según Hernández,
que estuvo presente en el juicio en Fresno, la base de la sentencia fueron las
pruebas documentales y el testimonio del chofer personal de Saravia, Amado
Garay, quien declaró ante el jurado.
Hernández comentó
que “Garay declaró ante el jurado que por orden del ex capitán Saravia condujo
al francotirador hacia la iglesia La Divina Providencia el 24 de marzo de 1980
en horas de la tarde, presenció el asesinato y condujo nuevamente al asesino al
lugar donde se encontraba esperando Saravia, el cual notificó después al mayor
Roberto D’Aubuisson”.
Saravia es
considerado un consejero clave del fallecido mayor Roberto D’Aubuisson, acusado
de ser el líder de los escuadrones de la muerte salvadoreños y autor
intelectual de la muerte de Romero.
En marzo de 1993 la Comisión de la Verdad,
creada por las Naciones Unidas para investigar las atrocidades cometidas
durante el conflicto armado en El Salvador, culpó del asesinato de Romero a
D’Aubuisson, fundador de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), en el
poder desde 1989.
D’Aubuisson
falleció de un cáncer en la boca en febrero de 1992.
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