La PGR pagó 126 mil dólares por 30 horas de vuelo de un avión un Sabreliner 65 matrícula XA-APC.
REFORMA / Redacción, 23 septiembre 2013.- Al tiempo que era consejero ciudadano para vigilar a la PGR, el empresario Alejandro Puente Córdoba hacía negocio con la propia dependencia. Esto ocurrió durante la gestión de Marisela Morales al frente de la Procuraduría General de la República (PGR).
En enero de 2012, Puente asumió la titularidad del Consejo de Participación Ciudadana de la PGR.
Y, en septiembre de ese mismo año, la dependencia le pagó 126 mil dólares por 30 horas de vuelo de un avión Sabreliner 65 matrícula XA-APC.
La aeronave es propiedad de Grupo Aeronáutico AFA, empresa de la que Puente posee 99 por ciento de las acciones.
Lo anterior está asentado en un acta constitutiva registrada en marzo de 2007 ante el notario público número 11, Carlos Alejandro Durán Loera.
Alejandro Puente Córdoba es también presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec).
De vigilante a proveedor
El año pasado, la entonces Procuradora Morales desmanteló la Dirección General de Servicios Aéreos de la PGR con el consecuente despido de más de 300 pilotos y mecánicos.
Ello llevó a la institución a rentar aeronaves privadas.
Luego de esto, el contrato PGR/AD/CN/SERV-192-2012 fue adjudicado en forma directa, sin licitación, a Ra Jet Aeroservicios.
Se pagó un millón 370 mil 6 dólares por la renta de nueve aviones y un helicóptero que estarían disponibles por 30 días a partir del 1 de septiembre de 2012.
Una de las aeronaves es el Sabreliner 65 de Alejandro Puente, la cual fue rentada a la PGR por Ra Jet Autoservicios.
Grupo Aeronáutico AFA, la empresa de Puente, logró su expansión gracias a los millonarios contratos que obtuvo del Gobierno de Humberto Moreira en Coahuila.
Según una factura fiscal emitida el 23 de octubre de 2012, la PGR pagó específicamente por el Sabreliner 65 una renta de 126 mil dólares.
El certificado de matrícula --expedido por la Dirección General de Aeronáutica Civil el 24 de febrero de 2011-- establece que el avión tiene el registro Rockwell NA-265-65 con número de serie 465-16 y certificado de aeronavegabilidad 20120074.
Tiene capacidad para dos tripulantes y ocho pasajeros. Su base está en el Aeropuerto Internacional de Toluca.
Alejandro Puente fue el último presidente del Consejo de Participación Ciudadana de la PGR, organismo que desapareció en marzo por instrucciones del Procurador Jesús Murillo Karam.
Fuentes oficiales confirmaron a REFORMA que, durante la gestión de Marisela Morales, la PGR dio diversos contratos para servicios aéreos Grupo Aeronáutico AFA, la empresa de Puente.
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Exigen legisladores indagar lucro en PGR
Al tiempo que era consejero ciudadano para vigilar
a PGR, Alejandro Puente hacia negocio con la dependencia, encabezada por
Marisela Morales.
Nota de Mayolo López
Ciudad de México (23 septiembre 2013).- Las bancadas del PAN y PRD en la Cámara de Diputados exigieron que se investigue a la ex Procuradora Marisela Morales y al empresario Alejandro Puente Córdoba por la presunción que hay de que incurrieron en un conflicto de intereses.
REFORMA publicó hoy que Puente Córdoba hacía negocios en la PGR de Marisela Morales al tiempo que formaba parte del Consejo de Participación Ciudadana de esa instancia de procuración de justicia. En septiembre de 2012, la PGR le pagó al empresario 126 mil dólares por 30 horas de vuelo de un avión de su propiedad.
"La PGR no puede ni debe ser tolerante. De oficio debiera procederse en términos de la legislación penal. El caso de Alejandro Puente es uno de los ejemplos más claros de cómo la política es el camino más buscado por los corruptos para hacerse de dinero mal habido y convertirse en millonario de la noche a la mañana", sostuvo el diputado perredista Fernando Zárate.
Integrante de la Comisión de Justicia, deploró que un empresario como Puente, "alguien que dice defender los intereses más profundos de la ciudadanía", sea el más corrupto e intente utilizar la política para sus fines estrictamente personales.
"Estamos en presencia de un conflicto de interés tremendo. Esto es la denigración de la política. A Marisela Morales (actual cónsul en Milán) y a Puente no les veo más destino que la cárcel para que haya un ejemplo verdadero y real para cambiar a fondo la política", afirmó.
A tono con el legislador perredista, los diputados panistas Esther Quintana y Fernando Rodríguez Doval reclamaron una investigación a fondo para deslindar responsabilidades en el caso que ventiló REFORMA.
"En este caso, lo que REFORMA publica nos hace pensar que existen indicios de una conducta ilícita por parte de este personaje (Alejandro Puente). Es entonces necesario pedirle a la autoridad que investigue y de encontrar culpables, los sancione conforme a la ley", planteó Rodríguez Doval, de la Comisión de Puntos Constitucionales.
"Queda claro que la corrupción ya es un modus vivendi de muchos, en este caso, de un cablero (Puente) de grandes vuelos. Esto empaña los esfuerzos que se requieren para acabar con la opacidad en México", resumió a su vez la diputada Quintana.
"Esperaría que se hagan las averiguaciones que se tengan que hacer y que se generen las responsabilidades. Hay mucho billete de por medio, es un dineral. Pero, además, me preocupa el caso de la ex Procuradora, que tuvo una oportunidad muy importante que le dio el Presidente (Felipe) Calderón. Qué pena que se lesione su nombre. Que se impongan las sanciones que tengan que imponerse. Ojalá esto llegue a buen puerto y se deslinden las responsabilidades", añadió la Integrante de la Comisión de Justicia, Esther Quintana.
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Negocian con PGR renta desde Canitec
REFORMA / Redacción
Ciudad de México (24 septiembre 2013).- Durante la gestión de Marisela Morales en la PGR, contratos de la Procuraduría se pretendieron negociar desde la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec), para rentar aeronaves de su presidente Alejandro Puente Córdoba.
Una serie de correos electrónicos, a los que REFORMA tuvo acceso, revelan que funcionarios de la PGR de la administración pasada, empresarios de la aviación y Jorge Sánchez Lazo, director general de la Canitec, estaban en contubernio para ajustar contratos.
Puente, el presidente de la Canitec, fue durante el último año del sexenio pasado el presidente del Consejo de Participación Ciudadana de la PGR, organismo que el pasado 25 de marzo desapareció por mandato del Procurador Jesús Murillo Karam.
En los e-mails, Jorge Sánchez Lazo envía como archivo adjunto el borrador de un contrato a Jorge Padilla Audiffred, dueño de la empresa de aerotaxis Asesoría en Aeronáutica, para que lo revise y le escriba sus comentarios.
El propósito era adecuar los términos de un contrato en el que se pretendía que la PGR rentara un helicóptero McDonell Douglas Explorer serie 900-0010 con matrícula XA-FAA, propiedad de la empresa de Puente, aunque en este caso aparecería como arrendador la compañía de Padilla Audiffred.
En el cruce de e-mails, aparecen algunos de Susana Georgina León González, hasta el año pasado directora General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales de la PGR.
La funcionaria citó en las oficinas de la PGR a Padilla para hablar del contrato, aunque en una de sus comunicaciones electrónicas indica que lo hizo por instrucciones de su jefe Francisco Javier Pérez Maqueda, el entonces director General de Recursos Materiales.
La renta al final no se concretó, contrario a lo ocurrido con el avión Sabreliner 65 matrícula XA-APC, también propiedad de Alejandro Puente, el cual sí fue rentado a la PGR a nombre de un tercero, en este caso, la empresa Ra Jet Aeroservicios S.A. de C.V.
Los correos
El directivo de los cableros Jorge Sánchez Lazo remitió los e-mails desde su dirección jslazo@canitec.org entre el 13 y 21 de diciembre de 2011, al dueño de Asesoría en Aeronáutica, quien hoy se encuentra prófugo precisamente porque Alejandro Puente lo denunció por fraude.
Sus comunicaciones y tratos tenían una explicación: el verdadero dueño de la aeronave que Padilla pretendía rentar a la Procuraduría era Grupo Aeronáutico AFA, una empresa cuyo accionista mayoritario es Puente Córdova.
El 13 de diciembre de 2011, Grupo Aeronáutico AFA compró el helicóptero a Eastern Atlantic Helicopters Inc. en un millón 720 mil dólares. El contrato fue suscrito por Jorge Sánchez Lazo, por parte de la empresa de Puente, y Simon Oliphant-Hope, como representante del vendedor.
En ese momento parecía que la aeronave sería rentada, a través de la empresa de Padilla, a la PGR de Marisela Morales, pues el mismo día en que AFA adquirió el helicóptero, Sánchez Lazo le envió a Padilla un primer correo electrónico que decía lo siguiente:
"Te envío para tu revisión y comentarios la última versión del proyecto de contrato de arrendamiento. Saludos. JSL", dice el correo que el directivo cablero le envió al dueño de Asesoría en Aeronáutica.
Como el archivo adjunto no logró ser transferido, al día siguiente Sánchez Lazo le envió un nuevo email que ya contenía el documento, un "contrato de arrendamiento puro" de 14 páginas que tiene como fecha el 15 de enero de 2012 y donde aparece Padilla y su empresa como arrendador.
El texto tiene en blanco los espacios donde va el nombre del arrendatario y las características de la aeronave. Contiene, además, tres anexos: A, la ficha técnica de la aeronave; B, el certificado de aceptación y, C, "Montos y fechas de pago de la renta mensual".
El 16 de diciembre siguiente, Padilla recibió un nuevo e-mail, pero esta vez ya no era el directivo cablero quien le escribía, sino una funcionaria de la PGR que lo buscaba para una cita en la sede de la institución, el día 19 del mismo mes.
Este correo se titula "Reunión" y se lo envió Susana Georgina León González, entonces directora General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales de la PGR, desde su dirección susana.leon@pgr.gob.mx.
"La duración de la reunión será de una hora. Y tendrá por objeto revisar las condiciones del servicio que la sociedad que usted representa, es decir, Asesoría en Aeronáutica, S.C., prestará a esta institución", dice este e-mail cuya copia la funcionaria envió a su asistente María Luisa Castillo Ramírez.
León González asegura en su correo a Padilla que la invitación le ha sido girada por instrucciones de Francisco Javier Pérez Maqueda, el entonces director General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la PGR.
Al parecer, la cita era la segunda a la que convocaban a Padilla, luego de una registrada el 15 de diciembre.
El 21 de diciembre Sánchez Lazo, desde su email de la Canitec, envió a Padilla un correo titulado "PGR Propuesta técnica y económica.doc", con el borrador del contrato del helicóptero McDonell Douglas.
Los términos del arrendamiento, según este documento, serían por 50 mil dólares mensuales, con un mínimo de 30 horas de vuelo, un precio unitario por hora de vuelo de 3 mil 500 dólares y una opción de compra de 2 millones 70 mil dólares al finalizar el contrato, además del IVA.
Las pruebas y revisiones al helicóptero arrojaron algunas fallas que echarían abajo la contratación con la PGR. Fueron precisamente estos desperfectos en el helicóptero y en un avión Lear Jet 24D, serie 290, lo que dio lugar a que la empresa de Alejandro Puente denunciara a Padilla Audiffred por fraude.
La acusación señala a Padilla de ser el intermediario en la compra de dichas aeronaves, las cuales al llegar a México dejaron de volar.
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Favorecen a Puente en litigio
REFORMA/ Redacción
Ciudad de México (25 septiembre 2013).- La PGR de Marisela Morales investigó por un delito del fuero común y congeló cuentas bancarias a un empresario denunciado por Alejandro Puente Córdoba, pese a que el ilícito que le imputaron no era federal.
El 7 de agosto de 2012 Grupo Aeronáutico AFA, empresa de Puente, denunció por fraude a Jorge Padilla Audiffred, propietario de Asesoría en Aeronáutica, porque les ofreció un avión Lear Jet 24D, que compraron en 270 mil dólares, y al final no pudo volar por el sobrecalentamiento del motor.
Contrario a la norma, la PGR instruyó una averiguación previa por fraude contra Padilla, pese a tratarse de un pleito entre particulares que correspondía llevarlo desde un principio a la Procuraduría del Distrito Federal, pues en teoría no había una afectación a la Federación, dijo Javier Coello Zuarth, abogado del acusado.
Además, el lunes pasado, REFORMA reveló que Puente, quien fungía como vigilante ciudadano de la Procuraduría, terminó haciendo negocios con la dependencia que encabezó la actual Cónsul de México en Milán.
Lo inusual del caso es que, lejos de declararse incompetente, la PGR acumuló los expedientes 185 y 206/UEIDAPLE/LE/06/2012, e instruyó a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Ambientales llevar a cabo la averiguación previa, agregó el litigante.
De hecho, el 23 de noviembre, la Procuraduría, ya dirigida por Jesús Murillo se declaró incompetente y pidió a la PGJ del DF que consignara el caso. Además, turnó el asunto a su Unidad de Delitos Ambientales.
Para el acusado, este litigio inició con una denuncia que presentó el apoderado de Grupo Aeronáutico AFA, Bruno Paredes Pérez, el 7 de agosto de 2012.
Por medio de Paredes, la empresa de Puente, quien era presidente del Consejo Ciudadano de la PGR, acusó a Padilla de fraude, por el desperfecto en el Lear Jet 24D.
El área que investiga los delitos ecológicos en la PGR se dedicó a indagar un presunto fraude entre empresarios y muy al principio de la indagatoria le congeló las cuentas bancarias a Padilla, como suele ocurrir contra los miembros del crimen organizado.
"Es clara la fuerza del señor Puente respecto al control que tenía en esta unidad, no sé si en PGR, pero sí en esta Unidad de Delitos Ambientales; nosotros no podíamos ver la averiguación si no estaba nuestro cliente presente, se nos propuso llegar a una negociación con él, que se le pagara a Grupo AFA a través del Ministerio Público Federal.
"Lo más grave es que como no existe delito, no quisimos negociar con ellos y lo que hicieron fueron diversas medidas precautorias contra mi cliente como el congelamiento de cuentas, giraron un oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que cancelaran sus tarjetas de crédito, le giraron orden de localización y presentación, entraron a sus oficinas para verificar información, lo apretaron de todas formas", dijo Coello.
La Unidad Especializada que integró la indagatoria dependía de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, que estaba a cargo de Irving Barrios Mojica. El fiscal federal encargado de la averiguación era Raúl Martínez Justo.
El congelamiento de cuentas a Padilla distaba mucho de la forma en que la PGR había procedido en otros casos relevantes como el de Néstor Moreno, ex funcionario de la CFE, acusado de enriquecimiento ilícito, a quien le aseguraron sus cuentas muchos meses después de haber sido encarcelado.
Coello exhibió documentos que señalan las solicitudes a la PGR para citar a declarar como testigo a Alejandro Puente, pero el Ministerio Público nunca lo requirió, pese a ser el accionista mayoritario de Grupo Aeronáutico AFA, la denunciante, y ser mencionado por su nombre en la indagatoria.
El defensor de Padilla narra que se vieron obligados a recurrir al amparo y el Juzgado Quinto de Distrito en esa materia instruyó a la PGR resolver de nueva cuenta la pertinencia de citar a Puente, pero la Procuraduría nuevamente no lo citó a declarar.
Las pruebas que ofreció Grupo AFA contra Padilla eran depósitos bancarios a su favor por asesorías en materia de aeronáutica y renta de hangares. Pero no hay alguna que demuestre que les vendió el avión o suscribiera el contrato de compra venta, dice su defensor.
En la averiguación consta el contrato y este documento acredita que George C. Bartocci, representante de Aerocraft International Inc., vendió el avión a Alejandro Puente en Florida. Las firmas de ambos constan en el convenio, mismo que Puente firmó el 30 de noviembre de 2011.
"El comprador ha realizado una inspección preliminar de la aeronave en su base local en Charleston, Virginia del Este, el 12 de noviembre de 2011 y ha considerado a la aeronave como aceptable para la inspección de precompra", dice el contrato.
Para Coello Zuarth, la PGR concluyó la averiguación previa en un tiempo récord de 3 meses con 16 días y el 23 de noviembre remitió la indagatoria relacionada con el avión a la Procuraduría del Distrito Federal.
"La irregularidad es la federalidad que le quisieron dar al asunto, al final la PGR mandó la averiguación a la Procuraduría del DF para que la consignara porque sabían ellos desde un principio que eran incompetentes", señaló el litigante.
La indagatoria tuvo un trámite aun más veloz en la PGJDF, pues tres días después se pidió la aprehensión de Padilla y el 28 de noviembre el Juez 50 de lo Penal del DF, José Eligio Rodríguez Alba, ordenó su captura por fraude, un delito que en el DF es grave por el monto que le atribuyen.
Desde entonces, Padilla es prófugo y está ilocalizable.
"No quiero decir que existía un coto de poder de este sujeto (Puente) en la PGR, pero es evidente que manejaron la averiguación en contra de la norma, tan es así que hace 15 días el Octavo Tribunal Colegiado amparó a mi cliente para efectos de que el juez del fuero común analice probanzas que dejó de analizar", mencionó el hijo de Javier Coello Trejo.
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