Cancelan vigilancia a Congreso

  Cancelan vigilancia a Congreso

La Presidencia de la República dio marcha atrás en su intención de vigilar el trabajo de los legisladores. La oficina del Poder Ejecutivo anuló el contrato con un particular que tenía la misión de supervisar el trabajo de los legisladores y cabilderos durante la discusión de las reformas estructurales. Reforma publicó que ese contrato fue adjudicado de manera directa a Jorge Jaime Díaz Basáñez, editor del portal Talla Política, el pasado 17 de octubre, por 348 mil pesos, con vigencia al 31 de diciembre. La Presidencia confirmó la existencia del contrato y su asignación. Sin embargo, adujo que una vez asignado tenían 10 días para aceptarlo o rechazarlo y decidieron no contratar el servicio.
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Nota de Érika Hernández y Claudia Guerrero

 Reforma, Ciudad de México  (29 octubre 2013).- La Presidencia de la República dio marcha atrás en su intención de vigilar el trabajo de los legisladores.

 La oficina del Poder Ejecutivo anuló el contrato con un particular que tenía la misión de supervisar el trabajo de los legisladores y cabilderos durante la discusión de las reformas estructurales.

 REFORMA publicó que ese contrato fue adjudicado de manera directa a Jorge Jaime Díaz Basáñez, editor del portal Talla Política, el pasado 17 de octubre, por 348 mil pesos, con vigencia al 31 de diciembre.

 La Presidencia confirmó la existencia del contrato y su asignación. Sin embargo, adujo que una vez asignado tenían 10 días para aceptarlo o rechazarlo y decidieron no contratar el servicio.

 Sin precisar el día que decidió anular el convenio, argumentó que por "cuestiones técnicas, operativas y jurídicas" no fue viable concretar el acuerdo.

 Asimismo, se consideró que existen "enlaces" con el Congreso, en este caso el ex diputado federal priista Jesús Ramírez Stabros, titular de la Coordinación de Vinculación de Los Pinos, y Felipe Solís Acero, subsecretario de Gobernación.

 "El hecho de que se haya publicado el contrato en Compranet no quiere decir que se formalizó, porque una vez que se adjudica, la Presidencia tenía un plazo de 10 días para aceptar o rechazar el contrato, y se optó por no contratarlo desde un inicio porque por cuestiones técnicas, operativas y jurídicas no era viable.

 "Sí se consideró y se buscaron proveedores y esta persona se registró. Después se decidió que no tenía razón de ser porque se cuenta con un área en la Presidencia y en el Gobierno federal que sí tiene la responsabilidad de tener acercamiento con el Congreso", justificó la Residencia Oficial de Los Pinos a través de su área de Comunicación Social, sin dar más detalles de la intención de vigilar el trabajo de legisladores y cabilderos.

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