Libre el padre José Carlos Contreras Rodríguez

• Revisión del amparo directo 78/2012

 Se trató de un “ataque” a la Iglesia/RODRIGO VERA

 Revista Proceso No 1929, 19 de octubre de 2013

 La resolución de la Corte en el caso del sacerdote Contreras puso en evidencia al gobernador de San Luis Potosí, Fernando Toranzo, quien presuntamente desplegó el poder del Estado para encarcelar al cura salesiano acusado de violar y asesinar a una menor. Para Armando Martínez, abogado del religioso, el caso demuestra la intención del gobierno de Toranzo de atacar a la Iglesia católica con fines políticos.

El presidente del Colegio de Abogados Católicos, Armando Martínez, no se anda con rodeos y acusa al gobernador de San Luis Potosí:

 “Fernando Toranzo ordenó el encarcelamiento del sacerdote José Carlos Contreras. Lo acusó injustamente de violar y asesinar a la menor Shantal González. El gobernador es un cacique a quien no le importó meter a un inocente a prisión.”

–¿Qué motivos tuvo para ello? –se le pregunta.

–Consolidarse políticamente. Ese fue el motivo. Tan pronto asumió la gubernatura sus asesores le aconsejaron: “Da un golpe fuerte. Consolídate en tu gobierno, sepárate de la Iglesia metiendo a ese cura al bote, porque a la sociedad le va a gustar. Ya tenemos todo listo para arrestarlo”. Le gustó la idea y se enganchó.

“De esta manera el gobernador priista dio un golpe de timón para diferenciarse de su antecesor, el panista Marcelo de los Santos. Obviamente el arresto provocó un fuerte impacto en San Luis Potosí, cuya sociedad está muy polarizada; es altamente conservadora pero también altamente liberal. En pleno centro de la capital del estado está la iglesia del Carmen, la más bella de la entidad, y en su contraesquina tienes al edificio de los masones. Este hecho lo simboliza todo”.

 Martínez concede la entrevista en la sala de sus oficinas de la Universidad del Pedregal, de la cual es rector. El poderoso abogado de la jerarquía católica mexicana da esta versión de los hechos:

 “Todavía durante el gobierno de Marcelo de los Santos, una juez que siempre se ha prestado a la manipulación –Juana María Castillo– obsequió la orden de aprehensión contra el sacerdote. Pero el gobierno de Marcelo no la ejercitó porque sabía que no tenía ningún sustento jurídico, y que detrás estaba un grupo político interesado en atacar a la Iglesia.

 “Ya en ese tiempo había mucha presión social debido a la publicación del libro Shantal: Asesinato en el salesiano, escrito por el expolicía Julio Ceballos. Ese libro no es otra cosa que la averiguación previa del caso y la publicaron antes de la consignación. ¡No se respetó el sigilo procesal!

 “A Julio Ceballos le pagaron por hacer esas cosas. Le filtraron la averiguación previa para que la publicara y la rubricara con su nombre. Armó toda una novela retorcida con la información que le dieron. ¡Caray! Era para que lo hubieran metido a la cárcel por eso. Pero no, alguien lo estaba protegiendo. Al expolicía lo encarcelarían tiempo después en un penal federal, por sus presuntos vínculos con Los Zetas.

 “Con estos antecedentes llegó Toranzo a la gubernatura y decidió arrestar al sacerdote. Aventó todo el poder del estado contra el padre José Carlos y el Instituto Salesiano, a pesar de que él fue alumno becado en ese colegio católico. Su estrategia política era golpear a los salesianos, acabar con ellos valiéndose de juegos macabros y maquiavélicos.”

 Una de estas maniobras del gobernador –asegura Martínez– fue cooptar al abogado del sacerdote y del colegio salesiano, Cándido Ochoa Rojas. Esta es la historia:

 “Al darse el crimen de Shantal, en 2007, los salesianos buscaron al mejor abogado y determinaron que era Cándido. Firmaron con él un contrato de prestación de servicios profesionales para defender al Instituto Salesiano y a su comunidad religiosa.”

 Cuando Toranzo llegó a la gubernatura, en 2009, designó procurador estatal a Ochoa, quien al mismo tiempo defendía a los salesianos, pues su contrato con éstos seguía vigente. De esta manera jugaba con los dos bandos: cobraba como funcionario público y por otro lado recibía su paga para defender a quien inculpaba. Se trató de un caso claro de prevaricación.

 Ya como procurador, Ochoa le recomendó a su defendido que se presentara a juicio y le aseguró que no le dictarían auto de formal prisión. El sacerdote siguió esas indicaciones y al llegar ante las autoridades lo arrestaron. Indignados, los salesianos acudieron con Ochoa para pedirle explicaciones, pero éste no volvió a recibirlos.

 “Detrás de esta vergonzosa maniobra siempre estuvo el gobernador manejando los hilos. En cuanto el sacerdote fue arrestado, Toranzo movió a Ochoa de la procuraduría estatal para darle la Secretaría General de Gobierno. Fue el premio por su trabajo sucio. En la actualidad, Ochoa es el brazo derecho del mandatario”, apunta Martínez.

 –¿Es aquí cuando entra usted en escena?

 –Sí. El Colegio de Abogados Católicos comenzó la defensa del religioso en 2010. Muy pronto me di cuenta de todo el armazón político creado en torno a ese hecho criminal. Un tema de justicia se había politizado.

 –¿Y qué hizo usted?

 –Reabrir el caso inmediatamente. Le pedimos al gobierno estatal que abriera una fiscalía independiente para asegurar la imparcialidad. No lo quiso hacer. En varias ocasiones le pedí a Toranzo que, por lo menos, sentara a Cándido con nosotros para hablar del asunto. Tampoco lo hizo. Mientras tanto, quienes trabajaban con nosotros empezaron a recibir amenazas.

 “La justicia en San Luis Potosí está tan prostituida que ya no podíamos hacer nada ahí. Con Toranzo en el gobierno teníamos todas las de perder. Entonces decidí sacar el caso de San Luis y llevarlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cabildeamos para que los ministros conocieran el asunto y se interesarán en él.”

 –¿El caso realmente ameritaba la intervención de la Corte?

 –Por supuesto. La Corte sólo atrae los asuntos con relevancia y trascendencia jurídica nacional. Este caso va mucho más allá, pues tiene importancia a nivel internacional. En primer lugar se trata de un brutal asesinato cometido dentro de una escuela contra una menor de edad, lo cual ya de por sí es muy grave. En segundo término está el involucramiento absoluto de un gobierno caciquil que injustamente le achaca ese crimen a un sacerdote, quien padece un calvario de cuatro años en prisión en un contexto mundial de linchamiento contra la pederastia sacerdotal. Aparte están las anomalías en el proceso judicial.

 “La ministra Olga Sánchez Cordero hizo la solicitud formal de atracción. La Corte atrajo el caso el año pasado y le llevó 14 meses analizarlo. Tuvo que estudiar nueve tomos. Es la primera vez que la Corte analiza el caso de un sacerdote católico, a quien finalmente le dio la libertad en agosto pasado porque lo consideró inocente, pues las pruebas en su contra, dijo, no se sostenían ni por la lógica ni por la razón.”

 –Se dice que hubo un acuerdo cupular entre el Vaticano y la Suprema Corte para absolver al religioso, una componenda política de alto nivel. ¿Qué dice al respecto?

 –Esa versión es absurda, pues si el Vaticano tuviera influencia sobre la Corte hubiéramos ganado la batalla que libramos en esta instancia contra la despenalización del aborto en la Ciudad de México. Y no fue así. La Corte nos dio una arrastrada tremenda.

 “En temas ideológicos nos hemos enfrentado contra algunos ministros, entre ellos Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Olga Sánchez Cordero, la ministra más liberal. Ahora, sin embargo, ambos nos dieron la razón. Este asunto nada tiene que ver con influencias políticas ni con ideologías. Es un tema estrictamente penal y de derechos humanos, de integración de pruebas y de valoración de las mismas.”

Pruebas endebles

De 171 páginas, el amparo directo 78/2012 otorgado por la Corte al religioso fue elaborado por el ministro Zaldívar. En él se fueron desechando las pruebas que inculparon al sacerdote José Carlos.

Por ejemplo, sobre el testimonio de la guardia de seguridad María Galdina Flores en el sentido de que vio a la víctima cerca del dormitorio del religioso poco antes de ser asesinada, dice la Corte que “esa cita carece de alcance probatorio”, pues “no resulta suficiente para concluir que Shantal ingresó a la casa salesiana”, ni mucho menos que fue asesinada por el fraile. Además, “existen contrapruebas que acreditan ciertos hechos incompatibles con lo señalado por la citada testigo”.

Y respecto a la prueba del luminol que detectó supuestos rastros de sangre, señala el amparo:

“No se demostró que las manchas que reaccionaron con luminol correspondieran a sangre humana. Al respecto, la diligencia en la cual se recabaron tales muestras fue realizada de forma ilegal, pues no se siguieron protocolos adecuados para el manejo de la evidencia, por lo que carecen de cualquier alcance probatorio los elementos que se recabaron en la misma… y aun suponiendo que las manchas localizadas en la casa fueran de sangre humana, no se acreditó que sus dimensiones demostraran que ahí se cometieron los hechos delictivos.”

Por otra parte, la Corte invalidó el perfil criminal que se hizo del sacerdote. Para ello argumentó:

“No es posible advertir una compatibilidad entre el perfil psicológico del quejoso y el perfil criminal que fue elaborado durante la averiguación previa, pues el mismo no se realizó conforme a un método adecuado, ya que no partió de evidencias y elementos comprobados, pues las conclusiones que contiene son producto de especulaciones.”

Una a una desechó otras pruebas acusatorias, y al final señaló que “fueron producto de una inferencia carente de lógica”.

Exculpó así al religioso:

“En conclusión, del estudio de fondo contenido en la presente sentencia se advierte una notoria insuficiencia probatoria, aunado a una indebida valoración de los elementos de convicción, por lo cual no es posible tener por acreditada la responsabilidad penal de José Carlos Contreras Rodríguez en la comisión de los delitos de homicidio calificado y violación por los que fue acusado.”

Y ordena lo siguiente: “Comuníquesele a la autoridad penitenciaria el sentido de este fallo y ordénese la inmediata y absoluta libertad de José Carlos Contreras Rodríguez”.

Ante este fallo del máximo tribunal del país, Armando Martínez considera que el gobierno de Toranzo “quedó totalmente derrotado”.

–¿Toranzo ya no puede interponer ningún recurso?

–No puede hacer nada. Ante el amparo directo que nos dio la Corte no queda ningún otro recurso.

El abogado católico esboza una sonrisa triunfal, se acomoda los puños de la camisa y agrega:

“Bueno, todavía le queda algo por hacer: pedirnos una disculpa pública. Se la estamos exigiendo, lo mismo que a Cándido Ochoa, su secretario de Gobierno. Ya respondieron que no se disculparán.”

–¿Y entonces qué harán ustedes?

 –Acudiremos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que los obligue a disculparse. Deben hacerlo. Fue de gran brutalidad la violación a los derechos humanos que ellos cometieron contra el padre José Carlos y los demás salesianos.­

 –¿Qué hace ahora el sacerdote José Carlos?

 –Por lo pronto está en la casa provincial de los salesianos, en Guadalajara. Se está recuperando porque salió de prisión con algunos problemas de salud. En breve le darán alguna parroquia o algún otro destino.

–¿Quién mataría entonces a Shantal?

–¡Ah! Eso le corresponde averiguarlo a Toranzo. Debe encontrar al asesino, pues el homicidio es un delito que no prescribe.

**

Caso Shantal: Delito “sin culpable”/ RODRIGO VERA

Revista Proceso No 1929, 19 de octubre de 2013

La violación y asesinato de la adolescente Shantal González, ocurridos en San Luis Potosí hace seis años, parecían temas resueltos y con el criminal –un sacerdote salesiano– en la cárcel. Sin embargo, hace un par de meses la Suprema Corte reavivó el caso al declarar inocente al inculpado y ordenar su liberación. Pero hay voces que alertan: el cura sí es culpable, es un psicópata y la recuperación de su libertad obedeció a negociaciones políticas del más alto nivel. El crimen está rodeado de secretos, eventuales encubrimientos, desapariciones y probablemente más homicidios, comenta a Proceso un especialista que participó en la investigación.

SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- El pasado 21 de agosto el sacerdote salesiano José Carlos Contreras Rodríguez –sentenciado a 33 años de cárcel por la violación y asesinato de la menor Shantal González– recibió una noticia en su celda del penal potosino de La Pila: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acababa de determinar su inocencia y ordenaba su libertad inmediata.

El fallo de la SCJN puso fin a los cuatro años de cautiverio de Contreras y le dio un vuelco a la disputa político-judicial entre el gobierno estatal (encabezado por Fernando Toranzo) que encarceló al sacerdote y las altas esferas del Vaticano, empeñadas en sacarlo de prisión para lavar la imagen de una Iglesia ya de por sí muy cuestionada por sus numerosos escándalos de pederastia.

El 21 de agosto, con cuatro votos a favor y uno en contra, la Primera Sala de la SCJN –en la revisión del amparo directo 78/2012– determinó que las pruebas aportadas por el gobierno de Toranzo “carecen de sentido”, por lo cual el religioso debía ser puesto en libertad “al no ser responsable de los hechos que se le imputan”.

 Afuera de La Pila, al salesiano lo abordó un nutrido grupo de periodistas. Amable y sonriente, Contreras comentó que había puesto toda su confianza “en Dios” y “en la Iglesia” para salir libre, y pidió a las autoridades aprehender al verdadero asesino.

 “Vamos a pedir que se haga justicia. Que haya justicia para Shantal. Que esto no quede impune”, dijo, flanqueado por su influyente defensor Armando Martínez, presidente del Colegio de Abogados Católicos.

Sin embargo en San Luis Potosí mucha gente está segura de que el sacerdote es culpable. Algunos analistas y criminólogos afirman que su excarcelación es producto de negociaciones políticas de muy alto nivel, en las cuales incluso llegaron a intervenir en años pasados Benedicto XVI y el entonces presidente Felipe Calderón.

 Intervención vaticana

En entrevista con Proceso el perito en criminalística Julio Ceballos, quien le ha dado un minucioso seguimiento al caso con investigaciones que influyeron en el arresto del religioso, asegura tajante: “No me sorprendió para nada el fallo de la Suprema Corte. ¡Para nada!

“Ese fallo ya se veía venir desde que el Colegio de Abogados Católicos asumió la defensa del padre José Carlos, pues ese colegio y su presidente Armando Martínez reciben instrucciones directas del Vaticano, sobre todo para impedir en México la legalización del aborto y de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Eso está comprobadísimo. Son un brazo de la ultraderecha. Por eso cuando el colegio se metió al caso Shantal yo me dije: ‘Ya se metió de lleno el Vaticano y seguramente le va a tirar línea a la Corte’. Y así fue. Todo era muy previsible”.

–¿El Vaticano influyó entonces sobre los ministros de la Corte?

–¡Sí! ¡Definitivamente! Y quien estuvo promoviendo el caso en la Corte fue la ministra Olga Sánchez Cordero. El Vaticano les tiró línea a los ministros. Fue una decisión meramente política. Y la Corte absolvió al religioso valiéndose de un procedimiento legaloide, muy ajeno a la justicia y a la verdad histórica.

 Autor de dos libros sobre el caso –Shantal. Asesinato en el salesiano y Carlos. Un cura en llamas–, Ceballos dice que siguió paso a paso las negociaciones del Vaticano para poner en libertad a Contreras.

 Señala que primero intervino el rector mundial de la orden de los salesianos, Pascual Chávez Villanueva, radicado en Roma y quien por ser potosino estuvo muy interesado en echarle tierra al crimen, ocurrido en octubre de 2007 en el Instituto Salesiano Carlos Gómez de esta ciudad y donde José Carlos Contreras dirigía la primaria. Shantal, de 16 años, cursaba ahí el cuarto semestre de bachillerato.

 Relata Ceballos: “Pascual Chávez nació en una comunidad del municipio de Real de Catorce. Estudió aquí en San Luis. Luego se va al Vaticano y allá hace una brillante carrera que lo encumbra a líder mundial de los salesianos. El asesinato de Shantal lo alarmó mucho porque ocurrió en su tierra natal y justamente en una escuela salesiana.

 “Gente muy cercana a Pascual me comentó que éste vino a México y logró hablar con el presidente Felipe Calderón, pidiéndole que lo ayudara a calmar el escándalo. Y Calderón a su vez le pide el favor al entonces gobernador de San Luis Potosí, el panista Marcelo de los Santos, quien empieza a proteger a los salesianos.

 “Pero sale Marcelo y entra Toranzo. Y éste sí aprehende al salesiano. El arresto traía tan preocupada a la Santa Sede que en marzo de 2012, durante la visita del Papa Benedicto XVI a Guanajuato, se abordó el asunto dentro de los temas de agenda entre los jefes de Estado. No era para menos pues es un crimen considerado de alto impacto social e incluso de dimensiones internacionales.”

Reconstrucción

El día del asesinato, el sábado 20 de octubre de 2007, Shantal llegó a las 9:08 horas al Instituto Salesiano. Su madre, Teresa Bibiana López Ortega, la llevó en automóvil hasta la puerta de la escuela, plantel constantemente vigilado con videocámaras.

Shantal tenía entrenamiento con el grupo de porristas. A las 13:40 le envió a su mamá un mensaje por celular: “Ma ya stoy akin la escuela”. Fue la última señal de vida enviada a su familia. Al paso de las horas y cuando Shantal no volvió a su casa, su madre intentó comunicarse con ella por celular y no lo logró. Ese día y el siguiente se le estuvo buscando.

No fue sino hasta el 22 de octubre cuando se encontró su cadáver en el salón de usos múltiples, en la planta alta de la escuela. El cuerpo estaba bajo un colchón de prácticas de tae-kwon-do. Shantal estaba semidesnuda, con el brasier desgarrado y la blusa abierta. La cara golpeada. La ahorcaron con un cordel de su mochila y todavía lo tenía alrededor del cuello. La necropsia reveló que había sido violada.

El gobierno del panista Marcelo de los Santos, cuyo procurador era Francisco Martín Camberos, empezó a darle largas a la investigación: dijo que la escena del crimen había sido contaminada y sería muy difícil dar con el culpable.

En 2008 apareció Shantal. Asesinato en el salesiano, libro de Ceballos donde se incluyeron documentos, fotografías y testimonios de la averiguación previa, hasta entonces secretos. El autor afirmaba que el asesino fue uno de los seis religiosos que habitaban en la casa sacerdotal, ubicada dentro del Instituto Salesiano: Antonio Martínez (director del plantel), Luis Miguel García, José Carlos Contreras, Miguel Huerta, Pedro Vallejo y Francisco Zárate.

Ceballos aseguraba que todos los indicios apuntaban a que Contreras violó y asesinó a la adolescente en su habitación y después llevó el cadáver al salón de usos múltiples para no inculparse. Incluso algún otro salesiano pudo haberle ayudado a mover el cuerpo. Pero en definitiva hubo complicidad y encubrimiento de los religiosos.

En septiembre de 2009 el priista Fernando Toranzo asumió el gobierno potosino. Y a diferencia de su antecesor dejó de proteger a los religiosos, además de realizar una audaz maniobra contra ellos: nombró procurador al abogado del Instituto Salesiano –es decir, quien llevaba la defensa de la institución en el caso Shantal–, Cándido Ochoa Rojas, quien ahora ya es secretario general de Gobierno y considerado desde entonces traidor por sus antiguos empleadores.

En octubre de 2009 Contreras fue arrestado. La juez Juana María Castillo lo condenó a 33 años de prisión por los delitos de violación y homicidio calificado. Para la Iglesia era inadmisible que uno de sus sacerdotes estuviera tras las rejas bajo cargos tan denigrantes.

En 2010 el Colegio de Abogados Católicos tomó la defensa del salesiano y llevó el caso a la SCJN.

Pruebas desestimadas

“La Corte determinó que las 256 pruebas que inculparon al religioso son ilógicas. ¡No puede ser! ¡No puede ser que la Corte diga tal disparate! Al contrario, todas las pruebas tienen una concatenación lógica y natural de ese hecho criminal. Son pruebas indiciarias que ubican a la víctima y al victimario en tiempo, modo, lugar y ocasión, como yo ya lo había expuesto en mi libro”, comenta Ceballos a Proceso.

–¿Qué pruebas contundentes podría mencionar?

–A Shantal la violan y la matan entre las 14:00 y las 14:45 horas. Pues bien, hay una testigo, la guardia de seguridad Galdina Flores, quien declaró haber visto a Shantal alrededor de las dos de la tarde a las puertas de la casa salesiana. Galdina dijo que recibió amenazas del padre José Carlos para que no dijera nada, pero su conciencia no le permitió callar.

“Aparte, durante las investigaciones se realizó la prueba del luminol, una prueba química forense de rastreo hemático. Esa prueba detectó 73 rastros de sangre que iban de la recámara del religioso al salón donde se encontró el cadáver. En fin, quedó comprobadísima su culpabilidad, al grado de que la defensa del padre José Carlos no pudo aportar ninguna prueba de descargo.”

–¿Usted ya tiene bien elaborado el perfil criminal del asesino?

–Sí. Desde que empecé a señalar al religioso como el asesino, en la revista Expresión San Luis, comencé a dar datos sobre su perfil criminal. Hoy tengo la plena certeza de que es un psicópata. Existe la falsa creencia de que los psicópatas son personas toscas, hurañas y deformes. No es así, son generalmente personas cultas y refinadas, de buena presencia física y con mucha aceptación social. Pero no tienen remordimientos ni sintonía emocional con sus víctimas.

“El día del crimen el padre José Carlos estaba en su habitación y vio afuera a Shantal –siempre se refería a ella como ‘la niña de las caderas bonitas’–. La vio sola y completamente vulnerable. Él es un fisicoculturista de más de un metro 80 de estatura. Ella, una niña con 48 kilos de peso. Seguramente la llamó y Shantal entró confiadamente a la recámara. Ahí la violó y la mató espantosamente. No es la satisfacción sexual lo que mueve al psicópata, sino la sensación de poder sobre la víctima, al extremo de gozar al provocarle la muerte.

“Al recibir su sentencia, el padre iba vestido con ropa morada y negra para realizar un ritual muy raro: se quitó los zapatos y los calcetines y los bendijo. Después se arremangó los pantalones y se sentó descalzo en el piso en señal de inocencia y humildad. Estuvo preso en el área geriátrica de La Pila, la sección carcelaria para los privilegiados. Vivió cómodamente; tenía televisión, refrigerador y una sala bien amueblada para recibir a las vistas.

“Tampoco mostró ningún arrepentimiento al salir de la prisión. Todo lo contrario; volvió a declararse inocente y a pedir justicia para Shantal. Si ya de por sí es muy difícil rehabilitar a un psicópata, ya se imaginará lo que provocará la impunidad: reforzará todavía más sus psicopatías.”

–¿Cómo consiguió usted la averiguación previa que realizaba la procuraduría estatal?

–De manera anónima me llegó parte del expediente, quizá porque tengo ascendencia en los círculos policiales debido a mi larga experiencia; he resuelto más de mil asesinatos en 37 años de carrera. Y este crimen decidí investigarlo por cuenta propia y con dinero de mi bolsillo. Junté mi investigación con esas partes del expediente en mi primer libro, Shantal. Asesinato en el salesiano, que contribuyó muchísimo al arresto del padre José Carlos.

“Algunos dicen que detrás de mí hay enemigos ocultos de la Iglesia, como los masones, que mis dos libros fueron escritos por otra persona o que trabajo para el gobierno de Toranzo. Nada es cierto. Incluso soy un acérrimo crítico del actual gobierno estatal. Eso sí, siempre me han indignado los feminicidios y sobre todo éste del salesiano, que casi me cuesta la vida por haberlo investigado.”

Al decir esto Ceballos se toca la larga cicatriz que le atraviesa la sien derecha y explica: “Un machetazo. Una noche, en octubre de 2008, caminaba por una calle solitaria y de repente me agredieron con un machete. Me defendí como pude. Por ese tiempo recibía amenazas telefónicas de muerte… Sospecho de los salesianos”.

También refiere que en diciembre de 2010 fue detenido por la Marina, la cual lo entregó a un grupo especial del Ejército que a su vez lo llevó a las oficinas de la entonces llamada Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada en la Ciudad de México, donde fue interrogado sobre el caso Shantal. De ahí lo trasladaron al penal tamaulipeco de Santa Adelaida, donde estuvo siete meses preso en una celda subterránea.

“Me acusaban de tener vínculos con Los Zetas. Nada pudieron comprobarme. Todo fue un montaje. Tuvieron que dejarme en libertad”, dice.

El criminalista hace una pausa. Luego comenta intrigado y meditabundo: “Han pasado muchas cosas extrañas en torno al caso. Por ejemplo, quien escribió los prólogos de mis dos libros, Israel Cárdenas Martell, ya lleva dos años desaparecido; sospecho que muerto. Uno de los religiosos del salesiano, Luis Miguel García Longoria, murió en un accidente automovilístico después de hacer declaraciones sobre el libertinaje sexual y la corrupción en el instituto. Y la familia de Shantal desapareció; no sabemos nada de ella”.

–¿El fallo de la Corte le pondrá punto final a todo esto?

–No. El caso sigue más vivo que nunca. La Corte lo revivió. Por lo pronto escribiré otro libro sobre la decisión política de los ministros y sobre el religioso en libertad. No olvidemos que es un psicópata muy peligroso, hay que seguirle la pista… puede reincidir.