Reformas al Código Fiscal de la Federación.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 407 votos a favor, 57 en contra y 2 abstenciones, reformas al Código Fiscal de la Federación.

En tanto, en lo particular, se aprobó con 357 votos a favor, 94 en contra y 1 abstención, en términos del dictamen, las reservas a los artículos 17 H, 26, 29 B, 32 A, 32 B, 46, 69, 69 B, 84 A, 84 B, 143 incisos b) y c), así como 146.

Dice un boletín que c"con el dictamen a la iniciativa del Ejecutivo federal prevista en el paquete de reformas fiscales y remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, se busca que los contribuyentes cuenten con mecanismos más accesibles que simplifiquen el pago de impuestos.

 Impulsa medidas que lleven a facilitar la comprensión y el cumplimiento de las disposiciones fiscales que estimulan la incorporación a la formalidad y que simplifiquen el pago de los tributos, generando condiciones para contar con un sistema tributario más sólido y eficiente en beneficio del país."

 Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputado José Isabel Trejo Reyes (PAN), expresó que estas reformas introducen nuevos procedimientos simplificados que estimulan la incorporación a la formalidad y el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

 Otorga facilidades a los contribuyentes a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, ya que crea la figura del buzón tributario, con el que los contribuyentes podrán vía electrónica interactuar en tiempo real con la autoridad fiscal para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

 De igual modo, dijo, esclarece a los contribuyentes la manera en que deben cumplir sus obligaciones fiscales; tal es el caso de la manera en la que integrarán la contabilidad a través de los medios electrónicos, e incentiva el cumplimiento espontáneo de los deberes tributarios.

 Trejo Reyes mencionó que con la reforma se dota a la autoridad fiscal de un marco legal que le permita disminuir en lo posible y más rápido la complejidad y los tecnicismos aclarando el sentido de las disposiciones fiscales.

 Se busca, resaltó, que los contribuyentes tengan mecanismos más accesibles que simplifiquen el pago de impuestos. “Ésa es la intención: permitir captar nuevos contribuyentes y que inviertan menos tiempo en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales como elemento de competitividad en las actividades empresariales en México”.

 Recordó que el país cuenta con un porcentaje considerable de la población que obtiene sus ingresos en la economía informal, con un alto grado de incumplimiento de las obligaciones fiscales, “situación que ha permeado en la conciencia de los contribuyentes cumplidos provocando un desánimo e incentivos a evadir sus impuestos con aquello de que las reformas van en contra de los mismos de siempre”.

 Mencionó que el dictamen es resultado de un análisis y valoración de la iniciativa propuesta en más de 60 artículos revisados a la iniciativa original. Entre los cambios, dijo, está la eliminación de lo contenido en el artículo 5 del Código que proponía la creación de una cláusula antielusión.

 El diputado José Isabel Trejo detalló que respecto al domicilio fiscal se dota a las autoridades tributarias de información de los cuentahabientes, que estos mismos les proporcionan a las entidades financieras, y de esta manera se puedan facilitar las prácticas de actos de fiscalización en los domicilios de los contribuyentes.

 Se crea, afirmó, un buzón tributario, el cual permitirá tener una mejor comunicación entre la autoridad y los contribuyentes. En éste, añadió, se podrán notificar diversos documentos y actos administrativos, así como dar cumplimiento a los distintos requerimientos por parte de la autoridad.

 Respecto a los delitos fiscales, mencionó que se sanciona a los sujetos que tienen la obligación, en virtud de las disposiciones legales, de un contrato o de los estatutos sociales de las personas morales de impedir conductas que afectan al fisco y que como resultado de su actuar no cometen delitos y omisión.

 Al iniciar los posicionamientos, la diputada Lilia Aguilar Gil (PT) dijo estar en contra de un Código Fiscal que “trata de aterrorizar o de utilizar medidas de terrorismo fiscal y que tendrá graves consecuencias para obligar a los ciudadanos a pagar estos impuestos”.

 “El pensar que ir a aterrorizarlos, buscarlos, tratar de intervenir en sus cuentas bancarias y cobrarles a lo chino, va a hacer que los ciudadanos crean más en las instituciones y paguen sus impuestos, es una gran falacia”, afirmó.

 La diputada María Sanjuana Cerda Franco (Nueva Alianza) resaltó que estas reformas contribuyen a actualizar el sistema de justicia tributaria, aportan certidumbre en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y establecen reglas más estrictas para cerrarle el paso a prácticas que constituyen quebranto a la hacienda pública y fraude a la ley.

 Mencionó que el propósito de estas reformas ha sido que los contribuyentes cumplan cabalmente con sus obligaciones fiscales. “El imperio de la justicia en el diseño y proceso de las obligaciones fiscales favorecerá el convencimiento de los contribuyentes y otorgará legitimidad al sistema tributario”.

 Por Movimiento Ciudadano, el diputado Ricardo Monreal Ávila consideró este paquete como una “verdadera afrenta y una canallada”, pues perjudican a la población, y dijo que contiene modificaciones que agravian a la Nación porque, lejos de aumentar impuestos o establecer climas de terrorismo fiscal, se debería impulsar una política de combate a la corrupción.

 Sostuvo que no pueden aprobarse nuevos impuestos o una política de terror sin que antes se implemente una política auténtica de austeridad republicana. “Es un engaño hablar de una reforma fiscal equilibrada, equitativa y progresiva; es meramente recaudatoria, regresiva y depredadora de las clases medias y de los campesinos”.

 El diputado Tomás Torres Mercado (PVEM) manifestó que este Código es la ley que señala cuáles son las contribuciones a cargo de los gobernados para poder proveer, en la esfera de sus necesidades, la administración pública, es decir “dime de dónde saco para darte educación o para pagarles a los diputados, pero lo que ahora discutimos es quién está obligado a pagarla y cuál es el procedimiento”.

 Argumentó que no puede cuestionarse la generación automática del Registro Federal de Contribuyentes con la apertura de una cuenta bancaria, porque esto no implica necesariamente una causación fiscal, ya que “si hay un país de malos cobradores también hay una relación unívoca, hay malos pagadores de impuestos”.

 A su vez, la diputada Karen Quiroga Anguiano (PRD) resaltó que estas modificaciones son de vital importancia para la transformación del país, pues dotan al Ejecutivo federal de todas las herramientas necesarias para cumplir con el objetivo primordial que es la recaudación, mismas que deben ser proporcionales y equitativas de acuerdo a los principios establecidos en la Constitución.

 Felicitó la incorporación de medidas estrictas y correctivas a los contribuyentes defraudadores, como son: desaparecer o no poner a disposición de la autoridad fiscal su contabilidad; utilizar los comprobantes fiscales digitales para amparar probables operaciones inexistentes simuladas o ilícitas y omitir en un mismo ejercicio fiscal, estando obligados a ello, la presentación de tres o más declaraciones periódicas consecutivas o seis no consecutivas.

 La diputada Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez (PAN) destacó que la iniciativa del Ejecutivo fue corregida en beneficio de los contribuyentes, ya que se pretendía dotar a la autoridad fiscal de facultades discrecionales y arbitrarias en aspectos como la determinación de una cláusula antielusión básica.

“Nos abocamos a corregir imperfecciones legislativas y medidas inconstitucionales e ilegales que causaban agravio a millones de contribuyentes, particularmente a los que cumplen con sus obligaciones fiscales y a los cautivos por el fisco, a quienes se pretendía tratar con disposiciones que rayaban en terrorismo fiscal”, abundó.

 Del PRI, el diputado José Luis Márquez Martínez señaló que estas reformas simplifican la vida de los contribuyentes e invitan a los ciudadanos a la formalidad. Además, moderniza el intercambio de información y comunicación entre la autoridad y los contribuyentes, a través de nuevas tecnologías, como el buzón tributario que permite agilizar la comunicación y ahorrar costos.

 Relató que se establecen herramientas para mejorar la recaudación e incentivar el pago espontáneo. Entre los cambios más relevantes, dijo, está el buzón tributario, la responsabilidad fiscal solidaria de accionistas, tráfico de comprobantes, prescripción de créditos fiscales, eliminación de la obligación de dictaminar estados financieros, así como de la cláusula antielusión.

 En contra del dictamen, el diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) consideró que el Código que hoy se propone es una ley “draconiana, abusiva, persecutoria, injusta e inconstitucional. Va contra el principio de presunción de inocencia, contra el debido proceso e incluso va por establecer penas de infamia para los contribuyentes”, afirmó.

 En lo particular

 En lo particular, se aprobó con 357 votos a favor, 94 en contra y 1 abstención, en términos del dictamen, las reservas a los artículos 17 H, 26, 29 B, 32 A, 32 B, 46, 69, 69 B, 84 A, 84 B, 143 incisos b) y c), así como 146.

 Además, se aceptó la adición de una fracción X al artículo segundo de las disposiciones transitorias del Código Fiscal de la Federación, impulsada por el diputado Tomás Torres Mercado (PVEM), a fin de establecer límites a la prescripción del plazo para el cobro del crédito fiscal, ya que ahora este se cobra en un lapso de cinco años contados al momento de que se hace exigible.

 Precisó que la prescripción es una institución que adquiere o pierde un derecho con el trascurso del tiempo. “Demos certidumbre jurídica a los gobernados y al recaudador démosle plazo para que haga efectivas las facultades que conforme a la ley tiene”.

 Las reservas que quedaron en términos del dictamen fueron impulsadas por los diputados del PAN, Margarita Licea González y Carlos Fernando Angulo Parra; del PRD, Aleida Alavez Ruiz, Alliet Mariana Bautista Bravo y Silvano Blanco Deaquino, así como por Nelly del Carmen Vargas Pérez, José Francisco Coronato Rodríguez, José Luis Valle Magaña y Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano.