Senado discute darle autonomía constitucional a la PGR

Rediseñan a PGR en reforma política; Senado discute darle autonomía constitucional

Excelsior 18/11/2013 

Leticia Robles de la Rosa, reportera

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de noviembre.- PRI, PAN y PRD en el Senado analizan en la reforma política darle autonomía constitucional a la Procuraduría General de la República (PGR) y cambiar su estructura, para que, por un lado, sea la fiscalía que persiga delitos, y por otro, una procuraduría que tenga la función de representación social.

Los cambios buscan fortalecer la capacidad del procurador y que las actuaciones de los ministerios públicos sean independientes de intereses políticos y económicos.

De aprobarse, el rediseño constitucional de la PGR operará el próximo sexenio.

 Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado, explicó que la autonomía de la PGR fue planteada por PRD y PAN. El artículo 102 de la Constitución, referente a la PGR, es el que concentra la mayoría de los cambios que se pretenden.

 La propuesta plantea convertir en organismo constitucional autónomo a aquel ente que se encargue de perseguir los delitos ante los tribunales penales. Se denominará “Fiscalía General de la Federación”, separando la función de representación de los intereses de la sociedad para atribuirla a una procuraduría general supeditada al Ejecutivo federal.

 Avanza en el Senado la reforma a la PGR

 Se busca que por un lado sea fiscalía y por otro tenga la función de representación social.

 El grupo de senadores del PRI, PAN y PRD que construyen la reforma política analiza otorgar la autonomía constitucional a la Procuraduría General de la República (PGR), así como la necesidad de hacer cambios en su estructura, para que por un lado sea la fiscalía que persigue delitos, y por la otra una procuraduría que tiene la función de la representación social, informó el perredista Alejandro Encinas.

 Los senadores que discuten este tema explicaron a Excélsior que el rediseño constitucional de la Procuraduría General de la República operará a partir de 2018, y se está en pláticas con expertos para tomar la mejor decisión, pues entre las aristas que se analizan está mantener o no la pertenencia a ella de la policía ministerial.

Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado, explicó que la autonomía de la PGR fue planteada por los senadores del PRD y el PAN, como parte de su propuesta de reforma política, y se trata de modificar los artículos 16, 17, 20, 21 y 102 de la Constitución, aunque en particular es el 102 el que concentra la mayoría de los cambios que impulsan panistas y perredistas.

Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda y quien junto con Luis Miguel Barbosa forma el equipo de los senadores del PRD en la mesa de negociación de la reforma política, adelantó que “en la autonomía de la PGR ya hay avances”, y la discusión se basa “en el modelo que fue presentado por los senadores del PAN y el PRD”.

Entrevistados por separado sobre los avances de la reforma político-electoral, Cristina Díaz y Alejandro Encinas coincidieron en que la autonomía de la PGR es uno de los temas en los que más se ha trabajado desde la semana del 4 al 8 de noviembre, cuando se intensificó la negociación entre las tres principales fuerzas políticas para procesar los cambios que requiere el régimen de gobierno.

De acuerdo con Cristina Díaz, la discusión sobre la autonomía de la PGR también incluye el análisis de otras propuestas que han sido presentadas en el Senado, en legislaturas anteriores, porque desde la perspectiva de panistas y perredistas la idea no es sólo que se tenga la autonomía constitucional, sino dotarla de un rediseño institucional que permita un cambio en el modelo del Ministerio Público federal.

Posición receptiva

Cristina Díaz aclaró que el tema se discute en la mesa de negociación, porque el PRI asume una posición receptiva, abierta a analizar todos los temas y lograr los consensos necesarios; Alejandro Encinas comentó que el tema es considerado por panistas y perredistas como fundamental para la reforma política y de él dependerá mucho si avanza o no el modelo anticorrupción que se procesa desde el año pasado.

La propuesta de los senadores del PAN y el PRD, presentada oficialmente el 24 de julio pasado, precisa que “la autonomía de la Procuraduría implica fortalecer la capacidad del procurador y los agentes del Ministerio Público de independizar sus decisiones de la política y los intereses económicos en juego. Al hacerlo, el trato igualitario ante la ley, consustancial al Estado de derecho, se vuelve una realidad y equilibra la cancha jurídica para todos los miembros de la sociedad”.

Los legisladores de oposición plantean “convertir en organismo constitucional autónomo a aquel ente que se encargue de perseguir los delitos ante los tribunales penales. Se denominará Fiscalía General, separando la función de representación de los intereses de la sociedad para atribuirla a la Procuraduría General de la República, que continuaría supeditada jerárquicamente al titular del Ejecutivo federal”.

Pero en las comisiones del Senado también está una propuesta que presentó el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJUNAM), para la reforma del Estado y que plantea la necesidad de que México tenga una Fiscalía General del Estado.

“Por la falta de resultados satisfactorios de la Procuraduría General de la República en la investigación y persecución de ambos tipos de delitos y la imposibilidad de exigir responsabilidad política por ello a su titular, el IIJUNAM propone la modificación de su diseño, para que la acción penal sea ejercida por un órgano no dependiente de un poder movido por motivaciones de partido.

“Que la autonomía del órgano competente sea la más amplia que otorga la Constitución; esto es, que la PGR se transforme y se convierta en un órgano constitucional autónomo bajo el nombre de Fiscalía General del Estado”, añade.

Y la propuesta de la UNAM coincide con la planteada por los senadores de oposición.

“El IIJUNAM propone distinguir la función ‘persecutoria de los delitos’, de la función de ‘representación social’ (…) La primera sería considerada función de Estado, encomendada a un órgano constitucional autónomo, la Fiscalía General del Estado; la segunda, en cambio, permanecería como atribución del Ministerio Público.

IMPLICACIONES

La Procuraduría General de la República se modificaría sustancialmente si pasan los cambios en el Congreso.

Actuales funciones. El fundamento constitucional de la PGR —coordinadora del Ministerio Público de la Federación— está asentado, principalmente, en los artículos 21 y 102-A.

En el primero de estos se establece que corresponde al Ministerio Público  la investigación y persecución de los delitos, con el auxilio de una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediatos.

El artículo 102 establece los requisitos para ser nombrado Procurador General de la República, entre los cuales se incluye ser ratificado por el Senado de la República o, en sus recesos, por la Comisión Permanente.

Posibles cambios. La propuesta perredista implica que  el titular de la PGR sea propuesto por el titular del Ejecutivo, pero designado por el voto de la Cámara alta, como sucede con los ministros de la Suprema Corte.

También se le dotaría al Congreso de la Unión la facultad de objetar o rechazar la remoción del titular de la Procuraduría General de la República, por parte del Ejecutivo.

Se le podrían quitar las facultades de la Policía Ministerial,  para que estas labores pasen a la Secretaría de Gobernación.

La dependencia se centraría en la función de representación social.