Cuando
la justicia se tuerce.../Patricia Mayorga
Revista Proceso #1935, 30 de noviembre de 2013
La
reciente liberación de Israel Arzate –a quien trataron de implicar en la
matanza de Villas de Salvárcar– saca a la luz un problema de la justicia de
Chihuahua: la tortura parece ser la única “técnica de investigación” aplicada
por las policías locales y las federales desplegadas para colaborar en la
guerra contra el narco. Organizaciones defensoras de los derechos humanos
revelan que muchas personas han sido juzgadas y sentenciadas sin que la
fiscalía estatal haya acreditado sin lugar a dudas su culpabilidad, basándose
en confesiones arrancadas con agresiones físicas y amenazas. Así, las cárceles
de Chihuahua podrían estar llenas de inocentes.
CHIHUAHUA,
CHIH.- La orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de liberar
a Israel Arzate Meléndez –implicado en la matanza de Villas de Salvárcar,
Ciudad Juárez, en 2010– prendió las alarmas en el sistema judicial de
Chihuahua: podrían venir otras liberaciones de presuntos delincuentes si se
acredita que en sus casos se incurrió en irregularidades procesales.
Uno
de los problemas recurrentes en el estado tiene que ver con la tortura como
principal violación al debido proceso. La Comisión Estatal de los Derechos
Humanos (CEDH), según su presidente, José Luis Armendáriz González, recibió 128
quejas al respecto contra efectivos del Ejército entre 2008 y 2012. Y sólo
durante 2013 en el mismo sentido se han recibido 19 más contra militares y seis
contra la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Policía Federal y la
Procuraduría General de la República.
En
los primeros años de la guerra contra el narcotráfico en Chihuahua el Ejército
y la Policía Federal fueron las instituciones con más quejas por tortura ante
la CEDH, organismo que turnó esos casos a la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH).
Además,
la contrarreforma aprobada por el Congreso estatal en 2011 significó un golpe
para el sistema penal acusatorio, coinciden en señalar organizaciones no
gubernamentales.
Con
esa contrarreforma, explican a Proceso las abogadas del Centro de Derechos
Humanos de las Mujeres (Cedehm), las garantías del imputado se remiten al
ámbito del Ministerio Público, puesto que la flagrancia, de acuerdo con el
actual Código de Procedimientos Penales del estado, es “el lapso comprendido
entre el momento de la ejecución del delito y el de la detención, el que podrá
realizarse en minutos, horas o incluso días, según las circunstancias del caso,
siempre y cuando no se hayan suspendido las actividades de investigación
policial tendentes a la localización y detención del probable interviniente”.
También
se induce a la tortura –ahora tipificada sólo como “lesiones”–, pues el
Ministerio Público puede introducir al juicio la declaración del imputado
rendida ante esa instancia, con el requisito de que ésta se videograbe en
presencia del defensor, indican las abogadas.
“Esta
reforma restauró la tortura y tratos degradantes como una forma sistemática y
socialmente aceptada de realizar investigaciones y llevar a juicio a los
presuntos responsable de la comisión de delitos. Es obligatorio para los jueces
de garantía recibir la prueba de confesión del imputado ante el Ministerio
Público”, advierte el Cedehm.
Por
lo demás, ahora se puede detener a alguien sin orden de aprehensión mediante la
figura de “caso urgente”, cuando haya sospecha fundada de que la persona
señalada participó en un delito grave.
Hay
otro fenómeno que viola las garantías de los presuntos delincuentes. El
ómbudsman chihuahuense explica a este semanario que las autoridades suelen
presentar a los detenidos ante los medios antes que ante el juez, con el afán
de mostrar resultados inmediatos.
Aunque
el principio de presunción de inocencia está vigente y es parte importante del
sistema penal acusatorio, la presentación de imputados ante los medios
atribuyéndoles responsabilidad plena antes de llegar a juicio es una práctica
continua.
La
Fiscalía General del Estado (FGE) y el gobernador han hecho común exhibir a
detenidos sin que hayan sido presentados ante un juez. Todos los días emiten
comunicados en ese sentido, aunque en varios casos las personas exhibidas han
sido absueltas después.
El
coche-bomba
La
noche del 11 de agosto de 2011, cinco jóvenes platicaban en una calle de Ciudad
Juárez cuando fueron detenidos por policías federales. Un mes antes un
coche-bomba había estallado en esa localidad fronteriza y varios agentes
federales murieron.
En
el mismo vuelo en el que enviaron a la Ciudad de México el cadáver de uno de
los policías iban los cinco jóvenes detenidos, a quienes trasladaron a la
entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia
Organizada.
Mientras
sus familiares los buscaban en Ciudad Juárez, Noé Fuentes Amaya (de 29 años),
Rogelio Amaya Martínez (de 27), Gustavo Martínez Rentería (de 24), Víctor
Manuel Martínez Rentería (de 19) y Ricardo Fernández Lomelí (de 28) estaban
siendo torturados para declararse culpables de haber hecho estallar el
coche-bomba el 15 de julio de ese año. Así lo acreditó la CNDH en su
recomendación 75/2012.
También
los obligaron a aceptar cargos de delincuencia organizada y tráfico de drogas y
de armas.
Las
lesiones que les provocaron los llevaron a recibir atención médica; estuvieron
internados un día, según documentó la asociación civil Centro de Derechos
Humanos Paso del Norte, que coadyuva en la defensa del caso.
Sin
haber recibido sentencia –el Ministerio Público Federal se empeña en alargar el
proceso– los cinco jóvenes fueron trasladados a diferentes centros penitenciarios
de máxima seguridad en todo el país pese a que los detuvieron en Ciudad Juárez
y su caso está radicado en el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal, en
Guadalajara.
Según
señalan la recomendación de la CNDH y Paso del Norte, los familiares y
defensores de los cinco jóvenes han sido amenazados. La madre de Víctor y
Gustavo Rentería, Antonia Rentería Adriano, fue vigilada en su domicilio y
hostigada por teléfono en septiembre de 2011.
En
su recomendación la CNDH señaló que los agentes de Seguridad Pública Federal
violaron los derechos humanos a la legalidad, a la integridad y seguridad
personal de los detenidos por la retención ilegal y la tortura, comprobada con
dictámenes médicos y una valoración psiquiátrica.
Paso
del Norte logró que el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam,
se comprometiera a aplicar una evaluación psicológica a dos de los detenidos
elegidos al azar. De los resultados dependerá si la PGR se desiste o no de los
cargos que les imputan a los cinco jóvenes.
Falso
operativo
La
tarde del 18 de febrero de 2012 la Policía Municipal irrumpió en la casa de los
hermanos Juan Antonio, Jesús Iván y Luis Adrián Figueroa Gómez, en Ciudad
Juárez. Los detuvieron pese a que no había orden de aprehensión en su contra.
Fueron torturados y acusados de extorsión. Permanecieron incomunicados 48 horas
mientras sus familiares los buscaban en distintas dependencias policiacas,
donde les negaron información.
Cuando
finalmente los localizaron, los tres hermanos estaban visiblemente golpeados y
ya se habían inculpado. Dijeron que los amenazaron con asesinar a su madre si
no se declaraban culpables.
Pese
a ser menor de edad (tenía 14 años) Luis Adrián estuvo retenido 48 horas en la
fiscalía. Luego lo enviaron a la Escuela de Mejoramiento Social para Menores
Infractores de Ciudad Juárez. El Ministerio Público omitió presentar ante el
juez los testimonios de los padres y tíos de los menores, quienes fueron
testigos de los hechos.
Luis
Adrián quedó libre el 30 de agosto de 2013. El magistrado Miguel Medina Perea
acreditó que no había pruebas en su contra, pues la víctima María Teresa
Murillo Hernández nunca identificó al adolescente como una de las personas que
le cobraba una extorsión semanal de 500 pesos.
Cuando
Murillo interpuso la denuncia, los agentes municipales le dijeron que
aplicarían un operativo para hacer “caer” a los extorsionadores, pero el
Ministerio Público nunca acreditó los hechos que presentó.
La
versión de la parte acusadora es que la policía encubierta advirtió cuando
llegaron tres jóvenes al local comercial de Murillo Hernández, el cual tiene
grandes ventanales que permiten ver lo que ocurre adentro.
Los
policías afirman que vieron a un joven dirigirse al local mientras otros dos
montaron guardia frente al establecimiento. Cuando el primero salió después de
haber cobrado la cuota, aprehendieron a los tres.
Los
familiares de los jóvenes afirman que en realidad detuvieron a los hermanos en
la calle, cerca de su casa, y en el camino aprehendieron a otro joven y a una
mujer para implicarlos en el ilícito.
Pero
Murillo Hernández, quien estaba en su establecimiento, nunca vio el supuesto
operativo de la Policía Municipal. Sus empleados tampoco.
El
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte asumió la defensa de Luis Adrián y
luego de 20 meses logró que un magistrado lo declarara inocente, aunque el
fallo no se basó en un presunto acto de tortura sino en las imprecisiones de la
parte acusadora.
Salvárcar
La
FGE está empeñada en que Israel Arzate Meléndez es culpable de la matanza de
Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, cometida el 31 de enero de 2010, pero la
SCJN ordenó su liberación el pasado 5 de noviembre –además el 27 del mismo mes
borró de su expediente todos los cargos– porque se acreditó que fue torturado
para obligarlo a declararse culpable.
Tras
la liberación de Arzate, la FGE ha filtrado a los medios que hay una nueva
orden de aprehensión contra él, pero hasta ahora ningún juez ha ordenado su
recaptura.
El
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), el cual lleva la
defensa de Arzate, señaló que las autoridades de Chihuahua lucran con el dolor
de las víctimas porque su estrategia es mediática.
Consideran
que las autoridades persisten en el encubrimiento de su incapacidad al pretender
litigar mediáticamente el caso, lo cual expone a las víctimas a una
revictimización innecesaria y manifestaron su voluntad de reunirse con las
familias de Villas de Salvárcar para exponer los elementos sólidos de prueba
que sustentan la inocencia de Arzate.
La
principal prueba de la FGE contra él es que una testigo lo reconoció durante un
juicio oral realizado a otros cuatro imputados, quienes ya fueron
sentenciados.
Pero
esa testigo tiene lesiones neurológicas permanentes derivadas de disparos que
recibió en la cabeza durante la matanza y que le provocan pérdida de memoria,
según diagnosticó el médico José Francisco Lucio Mendoza en un dictamen emitido
el 4 de septiembre de 2010. El juicio se efectuó el 6 de junio de 2011.
“Tenemos
la voluntad de acercarnos a las familias de las víctimas para mostrarles las
razones por las cuales vemos que es inocente; si quieren informarse, estamos en
plena disposición”, dice Simón Hernández, uno de los defensores.
La
exigencia del Prodh, agrega, siempre será la justicia, y explica que cuando
toman un caso lo analizan bien, pues no se trata de defender a toda persona que
se acerque, aunque tampoco tienen como fin investigar y suplir las carencias de
la fiscalía.
“No
somos una organización que busque casos. Más bien respondemos a solicitudes
expresas de intervención. Es importante señalar que al documentar y analizar
las peticiones de intervención somos muy cuidadosos y meticulosos. Por lo mismo
estamos convencidos de la inocencia de Israel y llamamos a las autoridades del
estado de Chihuahua a respetar la exigencia de las víctimas y cesar en la
difusión de información falsa que busca lucrar con su dolor”, señala Andrés
Díaz Fernández, coordinador de abogados del Prodh.
Por
apellido y parentesco
Martín
Sáenz Martínez, estudiante de 21 años de la Universidad Regional del Norte, en
Ciudad Juárez, fue vinculado con la banda de secuestradores Sáenz de la Cruz
por apellidarse Sáenz y ser sobrino de integrantes del grupo criminal.
Pese
a resultar absuelto en un juicio oral, el Ministerio Público tiene la consigna
de no dejarlo salir de la cárcel, toda vez que su captura fue exhibida ante los
medios como un gran golpe de las autoridades.
La
FGE apeló la absolución y Martín aún está preso.
La
madre del joven, Aurora Isela Martínez Rodríguez, perdió casa y trabajo por
dedicarse a defender a su hijo. “Tengo que viajar cada ocho días para verlo”,
explica. Martín está preso en el Centro de Reinserción Social de la Ciudad de
Chihuahua, a más de 400 kilómetros de Ciudad Juárez.
Martín
vivía en Ciudad Juárez con su madre y tres hermanos. El 5 de julio de 2009
agentes municipales catearon su casa, de donde sustrajeron una cámara de video,
dinero y joyas. Más tarde se comunicaron con el joven para que fuera a
recuperar la cámara. Ese fue el gancho para detenerlo.
Una
hermana de Martín estudiaba en la academia de la Policía Estatal. Tres días
después de la captura del joven ella fue llevada a la ciudad de Delicias para
identificarlo. Sólo entonces supieron dónde se encontraba. Ella fue dada de
baja de la corporación.
Lo
que siguió fue la presentación ante los medios. Lo mostraron como parte de una
peligrosa banda y fue procesado por secuestro agravado.
El
detonante de este operativo fue el secuestro de un empresario de Delicias que
se amparó para evitar comparecer y huyó de la ciudad. Por lo tanto, nadie ha
identificado a Martín.
El
joven permanece en el área de alta seguridad del penal desde el 3 de junio de
2009 y hasta la fecha, pese a que fue absuelto el 28 de diciembre de 2012. No
obstante el agente del Ministerio Público Noel Orlando Jiménez Holguín apeló la
absolución ante un tribunal de Casación, el cual ordenó reponer la sentencia y
el juicio.
La
madre del joven admite que dos tíos de Martín (hermanos de su papá y ambos ya
en prisión) están relacionados con la banda Sáenz de la Cruz, pero aclara que
sus hijos nunca han tenido relación con su familia paterna.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario