· Avaló la PGR acciones de DEA/Doris Gómora|
El Universal Pp, Martes 07 de enero de 2014
En
el penal de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco, la presión del fiscal
estadounidense Stephen May fue incisiva:
"si no nos dices algo, si no colaboras, en Estados Unidos las prisiones no
son como las de aquí, y además tienes familia, una nieta, si no
quieres...", tradujo Gregory Garza, agente de la Agencia Antidrogas
(DEA), a su interlocutor Miguel Colorado. Junto a ellos, el ministerio público
mexicano Martín Marín Colín, quien acompañaba a los funcionarios
estadounidenses, no reportó en ninguna sección del proceso legal las amenazas
que hicieron May y Garza a Colorado, pero los registros del Centro Federal de
Readaptación Social en Puente Grande fueron testigos de la visita.
En
el penal de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco, la presión del fiscal
estadounidense Stephen May fue incisiva: “si no nos dices algo, si no
colaboras, en Estados Unidos las prisiones no son como las de aquí, y además
tienes familia, una nieta, si no quieres...”, tradujo Gregory Garza, agente de
la Agencia Antidrogas (DEA), a su interlocutor Miguel Colorado.
Junto
a ellos, el ministerio público mexicano Martín Marín Colín, quien acompañaba a
los funcionarios estadounidenses, no reportó en ninguna sección del proceso
legal las amenazas que hicieron May y Garza a Colorado, pero los registros del
Centro Federal de Readaptación Social en Puente Grande fueron testigos de la
visita.
“En
México, solamente el agente del Ministerio Público y, en su caso, el juez,
pueden interrogar válidamente a un detenido, aun por un procedimiento de
extradición para que éste conteste si es su voluntad y siempre en presencia de
su defensor”, explica Juan Velásquez, reconocido abogado penalista en el país.
El
experto agrega: “Si para que conteste se le obliga, amén de que su contestación
sería inválida, quien la hubiese obtenido así cometería un delito previsto en
la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura; aparte, creo que lo
anterior debería hacerse mediante los canales diplomáticos y en tanto convenios
celebrados por el Presidente y aprobados por el Senado”.
Registros
del penal de alta seguridad de Puente Grande, cuya copia tiene EL UNIVERSAL,
confirman la visita del fiscal estadounidense Stephen May y de Gregory Garza,
acompañados de Martín Marín Colín, quien aparece como Coordinador General de la
Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la
Procuraduría General de la República (PGR), “con el fin de realizar una
diligencia” con Miguel Colorado.
En
el Cefereso, los dos funcionarios estadounidenses y el Ministerio Público
mexicano buscaban obtener información que confirmara las declaraciones de su
testigo protegido Jennifer, especialmente porque Miguel Colorado era el único
de los 14 detenidos en la llamada Operación Limpieza, al que el gobierno de
Estados Unidos solicitó en extradición y que reiteradamente se ha declarado
inocente de las acusaciones.
El
9 de agosto de 2013, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) entregó al
juzgado y a Miguel Colorado el desistimiento de extradición del gobierno de
Estados Unidos, cinco años después de que el ex funcionario fuera detenido con
el resto de los acusados en la Operación Limpieza, que la PGR dio a conocer a
finales de 2008, durante el sexenio de Felipe Calderón.
Tras
su detención, en agosto de 2008, Colorado pasó 82 días arraigado en el Centro
de Mando de la Policía Federal en Iztapalapa, en medio de torturas sicológicas
y físicas por parte de agentes y fiscales estadounidenses, así como de
funcionarios mexicanos, situación que continuó en los siguientes siete meses en
los que estuvo confinado en el área de tratamientos especiales del Cefereso, en
espera de su extradición a Estados Unidos.
“Si
agentes de Estados Unidos han participado en actos de tortura, Estados Unidos
posee leyes y un sistema judicial medianamente efectivo como para que sus
fiscales federales tomen inmediatamente cartas en el asunto e impulsen causas
penales en contra de éstos”, comenta Edgardo Buscaglia, profesor de la
Universidad de Columbia.
En
opinión del especialista, las víctimas y sus familias podrían también llevar
esos casos a instancias internacionales como la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, para que a través de un debido proceso se determine la verdad
judicial sobre los hechos.
El
30 de septiembre de 2013 se cerró la instrucción en el caso de Miguel Colorado,
ambas partes entregaron conclusiones entrando al periodo de espera de
sentencia; sin embargo, de forma inesperada, en diciembre fue cambiado el juez
que llevó durante cinco años el proceso. La nueva jueza desconoce el expediente
y proyecta dictar sentencia tan pronto como conozca de ello.
El
FBI y la “Operación Limpieza”
El
ingeniero militar Miguel Colorado fue coordinador general técnico de la
entonces SIEDO en el sexenio de Felipe Calderón. En septiembre de 2007 recibió
instrucciones de dar seguimiento a tres ex militares que operaban como agentes
federales de investigación, a quienes se les relacionaba con el crimen
organizado.
“El
señor procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, instruyó darles
seguimiento a tres Afis de procedencia militar (gafes), debido a que el FBI de
Estados Unidos informó al señor procurador general de la República de tres Afis
comisionados en la SIEDO que colaboraban con los Beltrán Leyva”, señala Miguel
Colorado en su testimonio.
Habían
pasado seis meses desde que Colorado había visitado el Centro de Intercepciones
de la DEA en Nueva York —por invitación de la propia agencia— para conocer la
operación del lugar, como resultado de que la Coordinación Técnica a su cargo
en la SIEDO había logrado la detención de una célula delictiva en Nuevo Laredo,
Tamaulipas, mediante intervenciones telefónicas.
Pero
en la nueva orden enviada a través de Noé Ramírez Mandujano, entonces titular
de la SIEDO, estaba involucrada otra agencia estadounidense: el Buró Federal de
Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), que afirmaba que el capitán
Fernando Rivera Hernández, director general adjunto, y los tenientes Carlos
Milton Cilia Pérez y Roberto García García trabajaban para el cártel de los
Beltrán Leyva.
Colorado
planteó lo inconveniente de que el seguimiento a los Afis lo realiaran sus
mismos compañeros, y a los tres días de hacerlo, los tres ex militares
sospechosos descubrieron el espionaje de que eran objeto, lo que generó pleitos
verbales, amenazas y conatos de peleas con sus seguidores.
“De
todo esto se le informó al señor Procurador. Manifestó que ese grupo de
Afis-Gafes lo ubicaría en la Cenapi (Centro Nacional de Planeación e
Información de la PGR), esto no sucedió antes de agosto de 2008, fecha en la
que fui detenido”, refiere Colorado.
Mientras
que los tres ex militares Afis siguieron trabajando en sus cargos, con las
mismas funciones, en enero de 2008 el Ejército mexicano anunció la detención de
Alfredo Beltrán Leyva, alias El Mochomo.
Durante
la detención de Beltrán Leyva, la noche del 20 de enero, el Ejército reportó
que encontró entre los documentos de El Mochomo un oficio de investigación
dirigido a Miguel Colorado, donde se le pedía checar domicilios en Sinaloa, uno
era el inmueble donde fue detenido el narcotraficante.
Pero
fue hasta el 2 de julio de 2008 cuando Alberto Pérez Guerrero, ubicado como el
testigo protegido Felipe, declaró que Colorado realizaba investigaciones sobre
el cártel de los Beltrán Leyva y evitaba que éstas llegaran a completarse; y
que tanto él como Colorado tenían el apoyo de José Antonio Cueto López, un
agente federal de investigación, ex policía judicial y ubicado como enlace de
los narcotraficantes.
Información
integrada a la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/241/2008, señala que el
testigo Felipe laboró en 2007 y 2008 como investigador criminal en la Oficina
de los Marshalls de Estados Unidos, en la embajada de México, y que trabajaba
para los Beltrán Leyva cuando fue detenido, por lo que hizo su declaración en
la embajada de México en Washington, donde prestó asistencia a la DEA.
Posteriormente,
a finales de 2008 fueron detenidos los tres ex militares Afis —tras 11 meses de
iniciado su seguimiento y continuar laborando en la PGR—, quienes confesaron
trabajar para los Beltrán Leyva y se incorporaron al programa de testigos
protegidos bajos los nombres de Saúl, el teniente Carlos Milton Cilia Pérez;
David, el teniente Roberto García García, y Moisés, el capitán Fernando Rivera
Hernández, éste último preso en Hermosillo, Sonora, tras revocarle el
Ministerio Público ser testigo.
“De
todo esto se le informó a la recién titular de la SIEDO, Marisela Morales
Ibáñez, asimismo del odio que tenían estos tres Afis-Gafes en contra del señor
Antonio Mejía Robles, del AFI Jorge A. Zavala Segovia, auxiliar administrativo,
y del coordinador Miguel Colorado González”, explicó en su testimonio Colorado.
Mejía
Robles y Zavala Segovia fueron certificados por la DEA, para la que trabajaban
en las Unidades de Inteligencia Sensibles (SIU, por sus siglas en inglés), y
eran monitoreados constantemente mediante rastreadores que la Agencia
Antinarcóticos los obligaba a llevar.
Tras
su detención, los tres ex militares Afis comenzaron a recibir dinero, hospedaje
y vivienda, protección para ellos y sus familias, como parte del programa de
testigos protegidos. Ellos, junto con ocho testigos más, los más conocidos
Jennifer y Emiliano, declararon en contra de Colorado, Mejía y Zavala.
Encierro
en condiciones deplorables
El
6 de agosto de 2008, Colorado y Mejía fueron llamados a la oficina de la
entonces titular de la SIEDO, Marisela Morales, para rendir un informe de las
actividades de la Coordinación Técnica, pero en ese momento fueron detenidos
por agentes del Ministerio Público federal y por el teniente coronel Abigaí
Vargas Tirado, del Cenapi, a quien Colorado conoció en la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena).
“No
nos dieron a leer algún documento de detención, nos conducen hacia el sótano
del edificio de la SIEDO, nos suben a vehículos particulares escoltados por
personal militar vestidos de civil y nos trasladan al Centro de Mando de la
Policía Federal”, señaló Colorado.
Al
término de su primera declaración, en la que no contó con defensor particular,
Colorado fue informado por el agente Martín Marín Colín que en el Centro de
Mando estaban tres agentes de la DEA, entre los cuales estaba Gregory Garza, a
quien Colorado conocía previamente por eventos de la SIEDO, otro agente de
apellido García y uno más con una laptop.
“Al
abrirla me mostraron varias fotografías, entre ellas la de un señor de apellido
Cueto; les comenté que a ese señor lo conocí en el año 1994, ya que ambos
trabajamos en el gobierno del licenciado Emilio Chuayffet Chemor en el Estado
de México, en diferentes áreas, y que casualmente por alguna reunión general
nos encontramos sin tener relación particular”, explicó Colorado.
De
manera paralela a la detención de Colorado fue cateada su casa, confiscadas
propiedades, solicitada la renuncia de su hijo, Alejandro Colorado, del
Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como de sus otros dos hijos; y
de ello derivó que el agente de la DEA Garza lo cuestionara sobre un auto Volvo
de su propiedad.
De
acuerdo con Colorado, durante su proceso quedó acreditado que el Volvo lo
adquirió en una agencia donde dejó a cuenta otro vehículo, y el resto del monto
se le descontó de sus pagos, pero en ese momento el auto era considerado un
regalo de los Beltrán Leyva, a quienes relacionaban con él y con su ex jefe en
la SIEDO.
“El
señor Garza me preguntó si tenía conocimiento de alguna relación de mi ex jefe,
Noé Ramírez Mandujano, con la delincuencia. Le contesté enfáticamente que yo no
tenía ninguna información; me dijo que lo pensara bien, ellos allá en Estados
Unidos me darían sustento y protección con toda mi familia, otra vez le
contesté, ya molesto, que yo no podría ser un falso testigo, es así como este
señor agente me presionó con tortura psicológica, fue la primera aquí en
nuestro México”, refirió.
En
los separos del Centro de Mando, donde los detenidos permanecen 72 horas en
promedio, Colorado llegó a cumplir 82 días. “No tenían ventanas donde entrara
el oxígeno, con frío proporcionado por aire acondicionado durante las 24 horas,
con intensa iluminación de día y de noche, ocasionando tortura física y
emocional, sólo tenía un solo servicio con un solo excusado, un lavabo y una
regadera tanto para hombres como para mujeres”.
De
acuerdo con memorándums del gobierno de Estados Unidos, es considerada tortura
el uso de técnicas de interrogación que implican tormento físico o sicológico,
tales como alteraciones al sueño, posiciones estresantes, inducción de
ahogamiento, bofetadas e insultos, luz permanente, presión para obtener
atención, azotar contra las paredes, presión facial, abofetear con insultos,
confinamiento apretado, con o sin insectos, y parar contra la pared.
En
los primeros días, Colorado usó sus zapatos de almohada y su saco de cobija, no
se cambió de ropa hasta que sus familiares le llevaron mudas para hacerlo, y además
para integrar su proceso fueron llevados los testigos protegidos que lo veían
detrás de un cristal.
Marisela
Morales visitó a Colorado en dos ocasiones en el Centro de Mando, una
acompañada de Óscar Rocha Drawosky, asesor del procurador general de la
República Medina Mora.
“La
licenciada Marisela Morales volvió a insistirme para ser informante, nuevamente
le repetí que no y ella expresó abiertamente que lo pensara muy bien, que lo
hiciera por mi esposa, porque ella iba a sufrir. Le repetí que no, aunque sentí
la tortura psicológica y emocional que con su presión me llenó de temor”,
expresó.
Envío
a Puente Grande
Tras
la presión del agente de la DEA Garza, y la amenaza de extraditar a Colorado a
Estados Unidos, fue enviado al penal federal de Puente Grande, en Jalisco, y se
le informó que estaría ahí hasta que se resolviera su extradición. En tanto,
quedarían pendientes los cargos de la causa penal 250/2008 por los cuales fue
detenido originalmente.
Al
respecto, la PGR detalló que el 24 de octubre de 2008 se consignó la
averiguación previa SIEDO/UEIDCS/351/08 contra Colorado, por los delitos de
delincuencia organizada y contra la salud, ante el Juzgado II de Distrito en
materia penal de Jalisco, relacionados con los hermanos Beltrán Leyva, pero esa
orden no se había cumplido.
Por
ello, la PGR informó —en enero de 2009— que Colorado, quien era considerado el
principal acusado de la Operación Limpieza, no había sido consignado por delito
alguno y el juzgado VI de Distrito había otorgado la detención provisional con
fines de extradición a Estados Unidos por los delitos de delincuencia
organizada para producir y distribuir cocaína en ese país.
El
fiscal litigante Stephen M. May, de la División Penal de la Sección de
Narcotráfico y Drogas de Estados Unidos, fundamentó la acusación con las
declaraciones de testigos protegidos, entre ellos Emiliano, Saúl, Felipe y
Jennifer, e hizo la petición de extradición de Colorado al gobierno de México
desde el 27 de octubre de 2008, un día después de que un juez mexicano giró la
orden de aprehensión con la causa 250/2008 contra Colorado.
El
ingreso de Colorado al Cefereso 2 de Puente Grande se dio en un patio donde los
miembros de seguridad interna le gritaron repetidamente, incluso cerca de los
oídos, le acercaron perros ladrando, le hicieron que se desnudara, se pusiera
el uniforme y tenis, caminara con la cabeza agachada por los pasillos con los
brazos entrelazados a la espalda y era jaloneado constantemente.
“Estos
actos violentos, como el que con sus palmas de manos los custodios me pegaron
en mi cabeza, han sido permitidos por las autoridades, aplican la tortura física,
psicológica, con el abuso de autoridad, es así como me dieron la bienvenida”,
agregó Colorado en su testimonio.
Visita
de agentes
Después
de permanecer 15 días en el Centro de Observación y Control del Cefereso,
Colorado fue enviado al área de “tratamientos especiales”, la misma área en la
que se ubican Daniel Arizmendi El Mochaorejas, José Ramírez Villanueva, quien
mató al hermano de Joaquín El Chapo Guzmán, entre otros; en donde cada celda
tiene una exclusa de dos puertas.
En
esa área, Colorado permaneció siete meses sin aire directo, en un ambiente
húmedo, con moscos, un cono a nivel del piso que hacía las veces de excusado,
una regadera con agua fría para el baño a las seis de la mañana, una cámara
permanente de vigilancia, una celda en la que tenía prohibido hacer ejercicio,
comunicarse con el resto de los internos, enviar mensajes a familiares, y ante
la falta de papel higiénico usaba una calceta que lavaba tras usarla.
El
10 de marzo de 2009, Colorado decidió allanarse, es decir, aceptar la extradición.
El 7 de abril, el juez federal Arturo César Morales Ramírez —adscrito al
Reclusorio Sur del DF— dio el visto bueno, quedando pendiente la entrega.
Semanas
después, el 22 de abril de ese año, Colorado recibió la visita del fiscal
Stephen May, del agente de la DEA Gregory Garza, y de Martín Marín Colín, de la
SIEDO. En esa ocasión, May le preguntó si contaba ya con un abogado en Estados
Unidos o que el gobierno le podría proporcionar uno.
“Preguntó
si ya quería ser informante, que si ya lo había pensado bien. Les repetí una
vez más que yo no era delincuente, ni tenía relación con la delincuencia
organizada, externó que allá en su país las cárceles sí son cárceles”, relató
Colorado, quien enseguida les pidió que se lo llevarán a Estados Unidos para enfrentar
el proceso en sus cortes.
Y
agregó que “su presión incidiosa no me amedrentó, sin embargo fue tortura
psicológica. Entiendo que ningún fiscal y/o funcionario de Estados Unidos puede
venir a este país en acción de sus funciones enfocadas a presionar en forma por
demás incidiosa, además, junto a agentes especiales de la DEA acompañados por
el Ministerio Público Federal de México, el señor Martín Marín Colín, esto es
claramente abuso de autoridad y de sus funciones”.
Un
día después de esa visita, Colorado fue transferido del área de “tratamientos
especiales” al Módulo 1, y su vida cambió. Pudo salir al patio, tener
actividades laborales, contacto con otros internos, y ver el sol.
“Sin
embargo, se me pasó lista extraordinaria, es decir, dos veces más de lo usual,
esa lista se me suspendió después de más de tres años, evento que me incriminó
y daño psicológicamente, se realizaba en cualquier parte en la que me
encontraba dentro del penal. Esta ubicación en tratamientos especiales, la
lista extraordinaria y el seguimiento constante resultó por recomendación de la
señora Marisela Morales Ibáñez”, afirmó Colorado.
En
mayo de 2009, la Secretaría de Relaciones Exteriores concedió a Estados Unidos
la extradición de Colorado para ser procesado en la Corte Federal de Columbia,
pero cuando estaba a punto de ser entregado, el 3 de junio de ese año, la PGR
anunció que el juez segundo de distrito en materia penal de Jalisco dictó el
auto de formal prisión del ex coordinador de la SIEDO.
Lo
anterior con base en la causa penal 250/2008, por su probable responsabilidad
en los delitos de delincuencia organizada y contra la salud en la modalidad de
entrega de información reservada de averiguaciones previas a personas
relacionadas con los hermanos Beltrán Leyva. La orden de captura que había sido
emitida el 26 de octubre de 2008 fue cumplida siete meses después.
Entre
el 29 de octubre y el 12 de diciembre de 2009, Colorado envió siete escritos al
juzgado, a la SIEDO y a la AFI para pedir que le cumplieran la captura, como
había ocurrido con sus coacusados Zavala y Mejía, procesados en el mismo
expediente, de los cuales Zavala quedó absuelto de la Operación Limpieza y está
preso por otro juicio.
Tras
cinco años de encierro, el desistimiento del gobierno de EU para procesarlo, y
el reciente cambio de juez del caso, ahora Colorado espera su sentencia, que
está en manos de una jueza que nunca conoció el expediente del proceso.
“El
gobierno mexicano debería abrir una investigación sobre los funcionarios
mexicanos que ayudaron a Estados Unidos en operaciones que resultaron en
testigos protegidos y que a su vez provocaron que fueran detenidas personas, la
mayoría de las cuales están libres”, señala Edgardo Buscaglia.
“El
gobierno mexicano debería ya mismo abrir investigaciones que estén
orgánicamente vigiladas por un panel internacional compuesto por sociedad
civil”, destacó el experto.
Hasta
ahora, expresó Colorado, los 11 testigos protegidos “no han podido acreditar la
verdad de sus dichos, ésta fue la estrategia y proceder en mi contra y de mi
familia de la Agente del Ministerio Público Federal, licenciada Marisela
Morales Ibáñez”.
La
declaración de los testigos protegidos “les dio sustento jurídico para crear la
famosa Operación Limpieza, se coronaron, se llenaron del éxito mediático con el
visto bueno del señor Calderón Hinojosa, jefe directo de la señora licenciada
Procuradora General de la República… ese fue su premio”.
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