Revista Procesó No. 1949, 8 de marzo de 2014
Las manifestaciones de jóvenes que piden una solución a los difíciles problemas económicos y de seguridad que vive Venezuela, y la respuesta violenta de las autoridades, han colocado ante una disyuntiva a los gobiernos de América Latina. Aunque algunos compromisos como la Carta Democrática Interamericana los invitan a condenar la represión, la respuesta oficial ante los disturbios venezolanos ha sido muy cautelosa. Los reclamos para que se condene al presidente Maduro provienen de los intelectuales y grupos a la derecha del espectro político que no se encuentran en el poder. La posibilidad de una desaprobación mayoritaria surgida de los gobiernos latinoamericanos no está presente; diversos motivos explican su voluntad de mantenerse a la distancia.
La primera dificultad para tales gobiernos es definir la naturaleza de los problemas que vive Venezuela. No es un asunto de democracia entendida como elecciones libres; éstas han sido ganadas legítimamente por el gobierno de Maduro. Tampoco es cuestión de violaciones masivas de derechos humanos. A pesar del imperdonable hostigamiento hacia algunos medios de comunicación, no hay una ataque frontal a la libertad de expresión, y el hecho es que varios periódicos y canales de televisión siguen expresando el punto de vista de la oposición. ( Y el cierre de medios?)
Lo que ocurre en Venezuela es más complejo y difícil de enfrentar: La conducción desordenada de la vida económica y política del país bajo el régimen de Chávez condujo a una descomposición, a gran escala, de las instituciones gubernamentales, los valores y las normas de convivencia. Los dos ámbitos en que esto se expresa de manera más clara son la seguridad y el deterioro económico.
Venezuela es el país más violento del mundo. Los casos de homicidios y delitos a mano armada exceden, por mucho, a lo que ocurre en otros países de la región. A pesar de los gigantescos ingresos por exportaciones de petróleo, hay desabasto de víveres, medicinas y otros bienes de consumo. Los periódicos han disminuido su cobertura y están a punto de cerrar, no tanto por el empeño gubernamental en silenciarlos, sino porque es imposible conseguir papel para su impresión. Las medidas tomadas con el fin de remediar la escasez de dólares, indispensables para la importación de alimentos, elevan la inflación y, con ello, la exasperación de las clases medias.
Esa situación está acompañada de una profunda polarización política. Es imposible predecir un triunfo de la oposición, aun si buen número de observadores internacionales llegaran para asegurar que haya comicios limpios. No obstante los problemas suscitados por la Revolución Bolivariana, el 50% de la población sigue venerando la imagen de Chávez. El fervor de sus admiradores se extiende a su sucesor, Maduro, haciendo caso omiso de las debilidades y desmanes de su estilo personal. Justo es reconocer que, con todos los aspectos críticos de su gestión, la pobreza ha disminuido en Venezuela, logro que ayuda a entender su popularidad.
En esas circunstancias, ¿cuál es la acción latinoamericana que podría conducir a un mejoramiento de las circunstancias? Un primer dilema consiste en seleccionar a los organismos o foros multilaterales que tendrían la legitimidad para auspiciar un pronunciamiento. El primer intento por parte de Panamá de llevar el caso a la atención del Consejo Permanente de la OEA puso en evidencia la dificultad de avanzar por ese camino; su petición tuvo que ser retirada.
El foro mejor aceptado para una discusión sobre las dificultades por las que atraviesa Venezuela es el Unasur, un espacio donde lo más probable es que se emita un llamado muy general a entablar el diálogo entre gobierno y opositores. La simpatía frecuentemente expresada por Brasil y Argentina al actual gobierno venezolano no permite prever que se llegue mucho más lejos.
El presidente Mújica de Uruguay se ha ofrecido para ser mediador entre la oposición y el gobierno en Venezuela. Su ofrecimiento fue rechazado por Maduro y posiblemente tampoco es muy bien visto por la oposición, ahora dividida por sus diferencias respecto a la mejor estrategia a seguir para acelerar la caída del gobierno. La propuesta de lograrla mediante la desestabilización callejera, encabezada por Leopoldo López, no convence a la figura más visible de la oposición, Henrique Capriles.
La situación venezolana pone sobre la mesa el tema de la importancia y urgencia de la acción externa para precipitar un cambio político interno. Históricamente, dicha acción ha tenido efectos positivos, pero sólo cuando existen las fuerzas políticas que, al interior, puedan encabezar dicho cambio, y cuando existe consenso en el exterior sobre cómo actuar; hasta ahora tales requisitos no se cumplen.
En opinión de algunos, se puede esperar que la crisis económica y el consiguiente descontento popular lleguen al punto de que sería el propio gobierno el que decida negociar con organismos internacionales como el FMI y emprender un diálogo constructivo con los opositores. Pero es poco probable que esto ocurra por la personalidad de Maduro y los mitos que ha alimentado.
El verdadero punto de rompimiento se encontraría en el ejército. En efecto, un golpe de Estado propiciado por el caos económico no es impensable. Sin embargo, dada la polarización que hemos señalado y la posesión de armas por parte de la ciudadanía, un hecho de esa naturaleza podría ser muy sangriento y provocaría, eso sí, una desestabilización regional.
Por todo lo anterior, es comprensible y muy posiblemente justificado que los gobiernos latinoamericanos prefieran, hasta ahora, mantenerse a la distancia.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario