Si las FARC dejan el narco.../RAFAEL CRODA

Si las FARC dejan el narco.../RAFAEL CRODA 

Revista Proceso # 1961, 31 de mayo de 2014

 Un eventual acuerdo de paz en Colombia que llevara a las FARC a dejar de tomar parte en la producción de hoja de coca, tal como explícitamente se está perfilando en las pláticas de La Habana, podría atraer a los cárteles­ mexicanos para intentar llenar los vacíos de ese negocio ilícito en el país. Expertos en temas relacionados con narcotráfico y conflictos armados coinciden en lo anterior y, de hecho, la Policía Nacional ya detectó esa presencia en algunas regiones de Colombia.

 BOGOTÁ.- Con el compromiso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de “poner fin a cualquier relación que en función de la rebelión se hubiese presentado” con el narcotráfico, esta guerrilla hizo el pasado 16 de mayo un reconocimiento histórico de sus vínculos con un fenómeno que, en caso de suscribir un acuerdo de paz con el gobierno colombiano, se dice dispuesta a combatir “con la mayor determinación y de diferentes formas”, lo que tendría un efecto de alcances imprevistos sobre el negocio de las drogas ilícitas a nivel hemisférico.

 Expertos colombianos en el fenómeno de las drogas y conflictos armados dicen a Proceso que los vacíos que dejen las FARC en el negocio del narcotráfico en un eventual escenario de paz podrían ser cubiertos en parte por los capos mexicanos, que ante el temor de sufrir desabasto de cocaína financiarían a nuevos actores para mantener la producción y el procesamiento del alcaloide en los niveles actuales.

“Aquí en Colombia ya tenemos presencia de cárteles mexicanos vinculados con organizaciones criminales y ellos van a buscar, a través de esos intermediarios, solventar la eventual falta de materia prima que produzca un acuerdo de paz con las FARC”, explica el sociólogo y especialista en el tema de cultivos ilícitos Ricardo Vargas.

El director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed), Daniel Mejía, prevé que con la salida de las FARC del narcotráfico “habrá una época de acomodamiento de los nuevos actores que se van a vincular al negocio, incluso de guerrilleros que se quieran quedar en él”. Sin embargo, no cree que esto implique “una caída muy grande del abastecimiento que reciben los cárteles mexicanos”.

Mejía y Vargas coinciden en que la eventual desmovilización de las FARC y su compromiso de romper cualquier relación con las drogas ilícitas tendrá un efecto limitado sobre el fenómeno del narcotráfico en México y a escala regional.

“Puede que haya una reducción marginal en ciertas zonas del país que han estado muy vinculadas a los cultivos de coca (en especial los departamentos del sur y el oriente), pero no va a haber una reducción significativa porque el negocio del narcotráfico siempre ha cambiado de manos conforme cae un cártel o cae un líder de un cártel. No se acabó el narcotráfico con la caída de Pablo Escobar en 1993. ¿Se va a caer ahora con las FARC? No. Pablo Escobar era mucho más poderoso que las FARC y dominaba la estructura vertical del narcotráfico”, indica Mejía.

–¿Da por hecho que otros grupos ocuparán los espacios que dejen las FARC? –se le pregunta al investigador.

–Eso es lo que siempre ha pasado en Colombia –responde–. Yo no veo ninguna razón para que eso no pase en el caso de las FARC. Fueron desarticulados los cárteles de Medellín, de Cali, del Norte del Valle, y luego los paramilitares que dominaban ese negocio, y el narcotráfico siguió. Lo mismo va a pasar ahora con las FARC.

Vargas explica que el grupo guerrillero, que desde noviembre de 2012 sostiene en La Habana, Cuba, conversaciones de paz con el gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos, no es un cártel de la droga, sino un grupo armado que proporciona servicios de seguridad en las zonas productoras de hoja de coca y cocaína, “y se apropia del dinero circulante en los mercados de pasta básica, lo que muchas veces es incluso un problema para los productores”.

Entonces, puntualiza Vargas, creer que con la retirada de las FARC de esos servicios seguridad se va a dejar de sembrar coca, es un error. Va a haber muchos campesinos que ante la carencia de alternativas de corto y de mediano plazos va a seguir sembrando la hoja de coca en otros sitios”.

El vacío

Pablo Reyes, investigador en temas de seguridad de la Universidad Nacional (UN) de Colombia, considera que el escenario más probable para la mafia mexicana de las drogas, en caso de que las FARC logren un acuerdo de paz con el gobierno y se retiren de ese negocio ilícito, es que sufran un desabasto temporal que los obligue a aumentar su presencia en Colombia, que se ha dado por medio de emisarios y socios locales, como lo detectó ya la Policía Nacional en diferentes regiones del país.

“Los cárteles mexicanos ya tienen presencia en Buenaventura (principal puerto del Pacífico colombiano, ubicado unos 340 kilómetros al suroccidente de esta capital) y en Tumaco (departamento del sur colombiano con grandes extensiones de plantíos de hoja de coca), y una salida de las FARC de la producción y el procesamiento los obligaría a involucrarse más en esas fases del negocio, aunque lo harían a través de las Bandas Criminales (Bacrim) con las que tienen relaciones”, considera el abogado y politólogo.

Señala que otro escenario “muy probable” es que algunos de los frentes de las FARC más involucrados en el negocio referido decidan no desmovilizarse tras un eventual acuerdo de paz y continuar manejando esa actividad ilegal. “Los cárteles mexicanos ya tienen vínculos con estas estructuras y seguirían trabajando con ellas”, afirma Reyes.

El director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, reconoce que los cárteles mexicanos “han ido llegando hasta las fuentes primarias de la producción del narcótico, (que) están llegando al sur del país y, de allí, organizando sus alijos”.

Dice que esa presencia es un motivo de preocupación para la institución a su cargo y para el gobierno colombiano. “Lo que nos corresponde es tener mecanismos de contención lo suficientemente fuertes para que ni mexicanos ni nacionales ni nadie se atreva a delinquir en este país”, afirma.

Para Vargas, quien es una autoridad en Colombia en materia de cultivos ilícitos y conflicto armado, una salida por parte de las FARC del negocio de la droga será cubierta tanto por las Bacrim –grupos delictivos remanentes de los paramilitares desmovilizados la década pasada–, como por los frente de esa guerrilla que opten por permanecer en armas y los cárteles mexicanos.

“Pienso que habrá una recomposición en las zonas productoras de coca, con las Bacrim, con las estructuras de las FARC que se no adhieran al proceso de paz, y también los cárteles mexicanos pueden aprovechar esa situación”, dice el director de Acción Andina Colombia, ONG especializada en el estudio de la producción de hoja de coca.

Sostiene que “la clave es quién va a controlar a nivel local la regulación, el acopio de materia prima o de cocaína, y ahí los cárteles mexicanos pueden asumir un mayor control a través de sus socios colombianos. Es perfectamente posible ese escenario”.

El acuerdo

El pasado 16 de abril las FARC y el gobierno anunciaron en La Habana un acuerdo sobre drogas ilícitas en el marco de las negociaciones de paz para poner fin a un conflicto armado interno que se ha prolongado durante medio siglo y ha dejado 218 mil muertos.

El comunicado conjunto que divulgaron las partes establece el compromiso del gobierno colombiano de fortalecer los programas de desarrollo alternativo en las comunidades dedicadas al cultivo de hoja de coca y dejar las fumigaciones aéreas con glifosato como último recurso dentro de la estrategia antidrogas.

Las FARC, a su vez, se comprometieron a abandonar cualquier relación con las drogas ilícitas y se obligaron a desminar las zonas cocaleras que en la actualidad permanecen bajo su control, lo que facilitaría el ingreso de la fuerza pública para erradicar los cultivos en caso de que la concertación con las comunidades para que ello ocurra de manera voluntaria no arroje resultados.

De acuerdo con Mejía, un doctor en economía por la estadunidense Universidad de Brown, el acuerdo sobre drogas con las FARC “es bastante positivo” puesto que supone el inédito reconocimiento por parte de esa guerrilla de que ha estado involucrada en el narcotráfico en el marco del conflicto armado; porque se compromete a colaborar con la desactivación de las minas en las zonas bajo su control, y porque la fumigación con glifosato –un componente muy controvertido de la estrategia antidrogas de los últimos años– se deja para casos extremos.

“Uno de los grandes beneficios de este acuerdo es que, de alcanzarse la paz, se eliminará la franquicia de las FARC de la lucha política armada y los guerrilleros que decidan mantenerse en armas serán bandas criminales que habrá que combatir con estrategias de política criminal, ya no tienen ningún fin político”, indica el director del Cesed y profesor de la Universidad de Los Andes.

Vargas califica como “lamentable” que el acuerdo sobre drogas ilícitas haya omitido delinear una nueva política antidrogas en Colombia tras décadas de una estrategia prohibicionista en la cual los más afectados han sido los eslabones más débiles de la cadena, como los campesinos que siembran la hoja de coca por razones de subsistencia.

“No hay absolutamente en ese acuerdo una nueva política antidrogas. Es la vieja política prohibicionista, con el agravante de que el Estado colombiano logra quitar una estructura incómoda, como las FARC, que impide el acceso de erradicadores manuales a la zona. La aplicación de la ley permanece inalterable para los campesinos”, indica el experto.

Estrategia cuestionada

Reyes considera que el narcotráfico es más un problema de demanda que de oferta, por lo cual mientras persista el voraz apetito por las drogas en mercados como Estados Unidos y Europa “habrá una economía criminal muy rentable capaz de satisfacer esa demanda”.

Según el experto en seguridad y profesor de la UN, aunque las FARC salgan del negocio el abasto seguirá, ya que así ha ocurrido en los últimos años a pesar del agresivo programa de fumigaciones aéreas con glifosato que se aplica en Colombia bajo el auspicio de Estados Unidos.

Entre 1996 y 2012 se fumigaron 1.6 millones de hectáreas de plantaciones de hoja coca en Colombia, una hectárea cada cinco minutos en promedio, como parte del Plan Colombia. Esta estrategia militar impulsada por Estados Unidos ha contado con inversiones por 9 mil millones de dólares en los últimos 13 años por parte de la Casa Blanca, de los cuales 73% se destinaron a las guerras antidrogas y contrainsurgente, que en este país es una misma y en las cuales ocupa un lugar central el programa de aspersión aérea.

Las fumigaciones provocan graves daños de salud a las comunidades y deterioran el medio ambiente, lo que merma la credibilidad del Estado en esas zonas

remotas.

El general retirado Rafael Colón, quien dirigió los programas oficiales contra los cultivos ilícitos, dice que la aspersión de plantaciones con glifosato es un mecanismo muy agresivo para las comunidades y que resulta inútil sin una política social que saque de la miseria a los campesinos. “Aquí tenemos un problema rural de pobreza extrema y de marginación social que el Estado no ha enfrentado de manera integral”, sostiene el militar.

Estimaciones del gobierno de Estados Unidos indican que los cultivos de hoja de coca en Colombia se redujeron de 170 mil hectáreas en 2001 a 79 mil en 2012, pero el rendimiento por hectárea creció más del doble y gran parte de la producción se trasladó a Perú y a Bolivia.

La producción de cocaína pura también cayó en forma drástica en Colombia en la última década, al pasar de 700 toneladas en 2001 a 175 toneladas el año anterior, pero aumentó en Perú y en Bolivia de 355 a 455 toneladas en el mismo lapso.

El resultado es que las más de 600 toneladas de cocaína que demandan cada año los países consumidores siguen fluyendo hacia esos mercados a pesar de la reducción de plantaciones en Colombia.

Para el abogado Rodrigo Uprimny, la guerra contra las drogas ha terminado por hacer más rentable el negocio, pues al aumentar el riesgo aumentan el precio y la ganancia del producto, lo que se convierte en un poderoso incentivo para las organizaciones criminales. “Mientras la demanda persista, esto no va a variar, y ésta persiste. Y en eso es en lo que consiste el fracaso estructural del prohibicionismo”, afirma.­

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El proceso de paz, en vilo/RAFAEL CRODA

Revista Proceso # 1961, 31 de mayo de 2014

BOGOTÁ.- El sorpresivo triunfo del candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga en la primera vuelta electoral del 25 de mayo, y la posibilidad de que sea elegido como el nuevo mandatario de Colombia en la segunda ronda del 15 de junio, pone en vilo el proceso de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y genera incertidumbre a nivel regional sobre el rumbo que tomaría este país en caso de que el aspirante del partido Centro Democrático (CD) llegue al poder.

Zuluaga, el “delfín” político del exgobernante Álvaro Uribe Vélez –fundador y líder del CD–, ha advertido que lo primero que hará si llega a la presidencia será suspender de manera provisional los diálogos con las FARC y exigiría a esa guerrilla decretar una tregua unilateral, la desmovilización de sus combatientes y aceptar que sus jefes vayan a la cárcel, lo que implicaría la virtual ruptura de las negociaciones.

El candidato de Uribe Vélez, el más enconado crítico del proceso de paz con las FARC, obtuvo 29.25% de los votos en los comicios del domingo 25, seguido del actual mandatario y candidato de la Unidad Nacional, Juan Manuel Santos, quien logró 25.69% de los sufragios. Ambos deberán presentarse a una segunda ronda electoral el 15 de este mes, ya que fueron los dos candidatos con mayor respaldo, aunque ninguno de ellos logró la mitad más uno de los votos que se requieren para ganar en la primera vuelta.

La especialista en el proceso de paz del diario El Tiempo, Marisol Gómez Giraldo, considera que la contienda entre Zuluaga y Santos se ha convertido en un referendo sobre las negociaciones con las FARC en el cual los electores decidirán entre la continuidad de los diálogos –en caso de que el actual mandatario logre su reelección–, o su virtual cese y la prolongación del conflicto armado interno que vive Colombia desde hace medio siglo si es que los votantes se inclinan por el candidato uribista.

Santos ha hecho de la pacificación de Colombia su principal oferta de campaña, mientras que Zuluaga ha centrado su discurso en descalificar las negociaciones con las FARC, las cuales, a su parecer, garantizan “la impunidad” para los jefes guerrilleros que hayan cometido delitos de lesa humanidad, algo que el gobierno descarta.

De acuerdo con el asesor de Santos, Mauricio Rodríguez, durante la primera vuelta electoral “fue evidente nuestra incapacidad para transmitir a los colombianos los beneficios de la paz en términos de seguridad, de progreso, de desarrollo del país, y esto explica en parte el triunfo de Zuluaga, pero también influyeron las distorsiones que hizo el uribismo de nuestra propuesta de paz”. Dice que en la campaña para la segunda ronda afinarán ese mensaje.

Aunque todas las encuestas indican que la mayoría de colombianos respalda el proceso de paz con las FARC, más de 80% cree que los jefes de la guerrilla deben pagar con cárcel sus delitos, y tres de cada cuatro rechaza que participen en política tras un eventual acuerdo.

Según la firma Gallup, la paz con la guerrilla ocupa el séptimo lugar entre los principales problemas que, según los colombianos, debe resolver el próximo presidente. Por delante están el desem­pleo, el mejoramiento del sistema de salud, el combate a la delincuencia común, educación de calidad, atacar la corrupción y disminuir la pobreza.

“El beneficio de un proceso de paz es un asunto difícil de explicar al ciudadano común. Por eso es tan fácil que el uribismo lo manipule políticamente y por eso es que el tema polariza la campaña política. Los demás son temas en los cuales las diferencias son de matices, pero el de la paz y la guerra sí que plantea una gran controversia acerca del futuro del país”, afirma el vicedecano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia (UNC), Alejo Vargas.

El también coordinador del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la UNC señala que lo que existe en Colombia es “una clara polarización entre un sector (los uribistas), que pretenden seguir vendiendo la tesis que el conflicto armado se va a resolver por la vía de la capitulación militar, y otro amplio sector de la sociedad que considera que es a través de mecanismos concertados que se va a lograr este propósito”.

De acuerdo con Vargas, la confrontación de estas dos visiones “será el eje central de la segunda vuelta electoral y de la contienda entre Santos y Zuluaga”.

Dimensión regional

El proceso de paz entre el gobierno de Santos y las FARC, que arrancó en La Habana en noviembre de 2012 y el cual sigue desarrollándose en la capital cubana, cuenta con el unánime respaldo de la comunidad internacional: desde Estados Unidos y la Unión Europea hasta Latinoamérica en pleno. Cuba y Noruega actúan como países garantes de los diálogos, mientras que Chile y Venezuela participan como acompañantes.

Luego de su triunfo en la primera vuelta electoral, Zuluaga repudió el papel de Venezuela en el proceso de paz y catalogó al gobierno del presidente del vecino país, Nicolás Maduro, como una “dictadura”, lo que augura la vuelta al periodo de inestabilidad que caracterizó las relaciones colombiano-venezolanas durante la administración de Uribe Vélez (2002-2010), en especial durante la última etapa, cuando las dos naciones rompieron nexos diplomáticos en medio de amagos de guerra.

Fue Santos quien restableció las relaciones bilaterales con Venezuela, en agosto de 2010, días después de juramentar como presidente.

El candidato uribista señaló que en un eventual gobierno suyo invocaría la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA) para exigir el restablecimiento de la democracia en Venezuela, donde el gobierno de Maduro enfrenta una serie de movilizaciones estudiantiles y populares desde febrero pasado en repudio al desabasto de productos básicos, la carestía y la falta de garantías ciudadanas.

La internacionalista y doctora en ciencias políticas por la Universidad de La Sorbona, París I, Socorro Ramírez, explica que Zuluaga ha patentizado que, como presidente, pretendería revivir el clima de confrontación con Venezuela que caracterizó al gobierno de Uribe Vélez, cuando Colombia “se aisló de la dinámica regional y se enfrentó en un conflicto estéril y peligroso con el gobierno del país vecino”.

“Esto me parece muy dañino para Colombia y la región”, puntualiza la autora del proyecto de investigación El conflicto colombiano: ¿un asunto doméstico, regional o internacional?, con el que obtuvo un posdoctorado en estudios latinoamericanos por la Universidad de La Sorbona, París III.

Para Ramírez, ni Zuluaga ni su mentor, Uribe Vélez –quien goza de una popularidad de 57% entre los colombianos– entienden la dinámica regional.

“La ven simplemente como un asunto de chavismo y castrismo, con una concepción muy simplista, por lo que un gobierno del Centro Democrático sería una fuente de conflicto para Colombia y el conjunto de la región, con efectos de desestabilización regional y de aislamiento para Colombia”, indica.

La especialista en relaciones exteriores comenta que Zuluaga y Uribe Vélez “son hombres de provincia (de Pensilvania, Caldas, y Medellín, Antioquia, de manera respectiva), muy parroquianos, que no conocen el mundo, que no siguen la evolución de las tendencias internacionales y que miran el mundo y la región a partir de las angustias locales. Me parece que la reedición de esa política exterior sería para Colombia un golpe realmente desastroso”.

La senadora electa del Centro Democrático, Paloma Valencia, considera que las posiciones de Zuluaga en materia de política exterior son las correctas porque Colombia “debe manejarse con base en principios y no por intereses”.

“Uno no puede aceptar que haya un dictador en Venezuela asesinando a los estudiantes (suman más de 40 los muertos en el marco de las protestas) y metiendo presos a los líderes de la oposición (entre ellos Leopoldo López, Daniel Ceballos y Enzo Scarano). Nosotros debemos defender modelos de sociedad y contribuir a que los países latinoamericanos tengamos más libertad y más democracia”, asegura la legisladora electa.

Caudillismo

La profesora Ramírez piensa que la eventual llegada de Zuluaga a la presidencia de Colombia y la ruptura del proceso de paz tendría un enorme costo social, humanitario, político y económico para el país.

“Si Zuluaga se convierte en presidente y rompe los diálogos, sería muy irresponsable. Ninguno de los acuerdos que se ha alcanzado hasta ahora con las FARC en La Habana se opone a los intereses de Colombia, al contrario”, sostiene la doctora en ciencias políticas.

Para Ramírez, lo que el país se juega en la segunda ronda electoral del 15 de junio es “la opción entre la guerra y la paz, y entre un proyecto caudillista como el de Uribe y un proyecto más anclado en el siglo XXI, como el de la pacificación que propone Santos”.

Colombia gasta entre 3.7 y 6.5% de su producto interno bruto (PIB) en enfrentar el conflicto armado interno y la partida de seguridad y defensa figura como la más alta del presupuesto nacional, con 14 mil 717 millones de dólares este año, monto que supera en mil millones de dólares lo que el gobierno canaliza a educación y duplica a la partida de salud y protección social en un país donde 32.9% de su población es pobre y 10.4% es indigente, de acuerdo con cifras de 2012 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

“Aquí hay un elemento que es fundamental y es el nefasto caudillismo que le está haciendo daño a Colombia y a otros países de América Latina. En unos lados tiene un contenido ideológico de izquierda y, en el lado colombiano, de derecha, y esto propicia la desinstitucionalización de los países, el retroceso en avances democráticos, el desprecio por la ley y por el estado de derecho, y todo esto lo representa en particular el segundo gobierno de Uribe Vélez (2006-2010)”, asevera Ramírez.

A su vez, la senadora electa del Centro Democrático sostiene que más que un proyecto caudillista contra un proyecto modernizador, lo que se juega en la segunda vuelta electoral “es un modelo de país basado en la eficacia para ejecutar las políticas públicas, como lo hizo el presidente Uribe durante su gobierno, y un modelo basado en el clientelismo político, que es lo que defiende el presidente Santos”.

De acuerdo con el gerente de la encuestadora Cifras y Conceptos, César Caballero, Santos puede remontar la desventaja porque “creo que en esta segunda vuelta es más sencillo conformar una alianza contra Uribe y su candidato Zuluaga que una alianza contra el presidente”.

Para el especialista en opinión pública, la clave de los comicios del 15 de junio está en los departamentos de las costas del Caribe y del Pacífico, donde Santos goza de más apoyo que Zuluaga, pero en los cuales la abstención llegó a 71% el 25 de mayo, 11 puntos más que el promedio nacional.

El pasado 27 de mayo, el jefe de los negociadores de las FARC en La Habana, Iván Márquez, declaró que más allá de la coyuntura electoral, la paz debe ser “asumida como una política de Estado”, y negó que las críticas de Zuluaga a las negociaciones hayan colocado el proceso en el limbo.