Cierra el colegio Westminster por casos de abuso sexual

Cierra el colegio Westminster por casos de abuso sexual/ANABEL HERNÁNDEZ

Proceso # 1965, 28 de junio de 2014

Rodeada de un halo de elitismo, la Westminster School de la Ciudad de México resultó ser un lugar donde se solapó y, más todavía, se propició una serie de abusos sexuales contra niños y niñas de entre dos y 12 años. En vez de atender las denuncias de los padres, la institución optó por encubrir a los criminales que estaban en su nómina. Ahora, una vez que las autoridades confirmaron la comisión de los delitos, el colegio anuncia su cierre definitivo.

El próximo 15 de julio, ­la Westminster School, uno de los colegios privados más caros y supuestamente de más alto nivel educativo de la Ciudad de México, cerrará sus puertas tras 66 años de existencia. La explicación de la escuela es que su director y dueño, Byron Iconomópulos, está enfermo y la institución tiene problemas financieros.

 La realidad es otra. En esa escuela, niños y niñas de entre dos y 12 años fueron víctimas de abuso sexual por parte de algunos profesores durante al menos ocho años, según averiguaciones previas abiertas en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

 Aunque el primer caso denunciado ocurrió en 2007, esas historias podrían ser anteriores, pues uno de los profesores acusado de abusar de niñas, Jaime Casarrubias Pérez –de 55 años–, dio clases ahí durante 20 años.

 Ante las acusaciones, los directivos del colegio solaparon a sus empleados e intentaron desprestigiar a los padres de familia que alertaban sobre los abusos; incluso destruyeron pruebas que incriminaban a los victimarios.

 Los directivos y el personal de la escuela denunciados, junto con los perpetradores de los abusos, son Alpha Iconomópulos; su hijo Byron; la directora de primaria, Teresita del Pilar Braña Varela; la subdirectora Lucie Kassabian, y la maestra Rosa Margarita Lezama Pérez, quien permitía la salida de una de las alumnas agredidas, en horas de clase y a petición del profesor denunciado, para que él pudiera cometer los abusos.

 El primer caso consignado, el de 2007, fue contra un niño de preescolar y la victimaria fue una de las nanas. Los siguientes casos fueron dados a conocer por niñas de quinto de primaria en 2012, aunque los abusos comenzaron en 2009, cuando cursaban tercero de primaria.

 Proceso conoce los nombres de las víctimas, que se encuentran registrados en las averiguaciones previas consultadas, pero sus identidades serán omitidas en el presente texto.

 Con su cierre, la Westminster School intenta evadir la justicia, así como impedir que haya más denuncias de padres de familia y reparaciones millonarias; es el caso de la recién confirmada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el miércoles 11 de junio, en la cual se obliga a la escuela a pagar una indemnización de al menos 12 millones de pesos a una de las víctimas.

 La nana

 La primera denuncia de abuso sexual de la que se tiene registro en esa institución fue contra Lorena Alvarado Amador, contratada en septiembre de 2005 como personal de intendencia, pero a quien empleaban como nana del área preescolar. La responsable de la contratación, según la averiguación previa FDS/FDS-2T2/572/07-10 y la causa penal 65/2008, fue la directora de preescolar, Cristina Elizabeth Pámanes.

 En agosto de 2007 el pequeño –a quien se le nombrará John– fue inscrito en la escuela cuando tenía dos años. Como parte de sus actividades, tenía clases de natación una vez a la semana, pero por razones de salud no podía tomarlas.

 La mamá del menor comenzó a notar que su hijo se volvía agresivo, lloraba y no quería ir a la escuela. Un día, una amistad de la familia le preguntó su nombre al niño y éste lo dijo en femenino. Su mamá lo corrigió y le preguntó después por qué lo había hecho. El pequeño respondió que así le decía Lore.

 Después el niño comenzó a negarse a ir a la escuela e intentaba quitarse el uniforme. Finalmente le contó a su mamá cómo la empleada solía meterle un dedo en el ano, le puso un nombre femenino y le pegaba en el pene.

 El 18 de octubre de 2007 la madre de John pidió una cita con la directora de preescolar, y luego de contarle lo ocurrido ésta se limitó a decir que la empleada ya no tendría contacto con el niño.

 La mamá de John recurrió entonces a Alpha Iconomópulos, a quien le comunicó lo sucedido. La entonces dueña y directora del Westminster la trató de manera déspota y la corrió de su oficina.

 El 22 de octubre de 2007 la madre de ­John lo llevó al Centro de Apoyo de Víctimas de Abuso Sexual de la PGJDF, donde después de practicarle exámenes psicológicos al niño, confirmaron que sí había sido víctima de abuso sexual y, por lo tanto, debía interponerse una denuncia penal.

 John logró expresar la forma en que había sido agredido más de una vez, y agregó que la nana le hacía lo mismo a otro de sus compañeros.

 En vez de despedir a Alvarado y levantar una denuncia penal en su contra, la Westminster School la protegió y la mantuvo en nómina.

 El 23 de noviembre de 2007, la directora de preescolar, Pámanes, afirmó ante el Ministerio Público que sí recibió la queja de la madre de John, pero como Alvarado negó las acusaciones la escuela no hizo nada.

 En marzo de 2008 el Juzgado Sexagésimo Noveno en Materia Penal del DF emitió la orden de aprehensión contra Alvarado Amador por el delito de “abuso sexual agravado”. Aun así la escuela la siguió protegiendo y continuó pagando su salario. Además sufragó los gastos de los abogados de la defensa, quienes son también los representantes legales del Westminster: Igor Trujillo Cencic y José Hernández Delgado Chacón.

 El 28 de octubre de 2009 la agresora fue aprehendida por agentes de la PGJDF. El 21 y el 25 de junio de 2010 declaró que después de recibirse en la escuela la queja de la mamá de John –el 17 de octubre de 2007– habló con Alpha Iconomópulos: “Me habla la directora general para decirme que (…) no cree en la acusación y que me va a cambiar a la primaria por bien mío”.

 En las evaluaciones psicológicas practicadas por los peritos de la PGJDF se reveló que Alvarado tiene perfil de abusadora sexual.

 El 20 de octubre de 2011 la juez interina del Juzgado Sexagésimo Noveno en Materia Penal del DF, Nelly Ivonne Cortés Silva, sentenció a Alvarado a cuatro años, cuatro meses y 15 días de prisión.

 Pero el 14 de febrero de 2012 la magistrada Laura Minerva Duarte González, de la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, le conmutó la pena por sólo 20 mil pesos y la liberó de cualquier pago de reparación de daño.

 El 17 de febrero de 2012 Alvarado salió de la cárcel y se tiene registro de que volvió a trabajar al Westminster.

 El profesor de español

 En 2012 hubo nuevas denuncias de abusos sexuales dentro de la escuela, ahora contra niñas de tercero y quinto de primaria.

 El 17 de abril de 2012 dos madres de familia se presentaron ante la Fiscalía Central de Investigación para Delitos Sexuales de la PGJDF para denunciar agresiones contra sus hijas, que entonces tenían 12 años.

 Se abrió la averiguación previa FDS/FDS-6/T2/00334/12-04 D01, en la cual se acusa de abuso sexual agravado al profesor de español Jaime Casarrubias Pérez, docente de la Westminster School desde 1990, y por encubrimiento contra la directora de primaria de la institución, Teresita del Pilar Braña; la subdirectora general Lucie Kassabian –esposa de Byron Iconomópulos– y la maestra Rosa Margarita Lezama Pérez.

 Según el expediente, el caso se detonó luego de que Casarrubias Pérez fue despedido de la escuela a medio ciclo escolar, en marzo de 2012, tras ser acusado por tres niñas de tercero de primaria de que había intentado besarlas en la boca.

 Preocupada, una de las madres de familia comenzó a platicar del caso con otras y así se enteró de que su hija, quien iba en quinto de primaria, era una de las víctimas del profesor.

 La pequeña –a quien llamaremos Laura–, le dijo a su mamá que desde tercero de primaria, durante el ciclo escolar 2009-2010, Casarrubias la obligaba a besarlo en la boca y los abusos continuaron y aumentaron en cuarto grado, aunque él ya no le daba clases, y estaban ocurriendo todavía en quinto grado, cuando él había vuelto a ser su profesor de español.

 La niña señaló que en tercero de primaria él comenzó sus abusos diciéndole que le iba a enseñar cómo se besaba; ella fue sometida bajo la amenaza de tener malas calificaciones si no accedía.

 En cuarto de primaria y en horas de clase de la maestra Lezama, Casarrubias mandaba llamar a Laura y la profesora consentía en que saliera.

 Los abusos aumentaron y ocurrieron a la vista de todos, incluyendo a compañeras a quienes Laura les pedía que no la dejaran sola, que la esperaran afuera del salón donde el profesor abusaba de ella durante la hora del recreo.

 También la llevaba a otra área de la escuela, conocida como “la torre”, donde “con el pretexto de que lo ayudara a buscar unos libros ahí también la encerraba en el salón”, se asentó en la indagatoria.

 Como parte de los abusos sexuales el profesor también sentaba a la menor en sus piernas. Incluso en hora de clases la llamaba para manosearla. En el casillero del maestro había una fotografía de la niña, tomada sin que ella se diera cuenta.

 La menor señaló a su madre que no le había dicho nada por vergüenza y por miedo a ser regañada. Contó que cuando las tres niñas de tercero de primaria denunciaron al profesor por intentar besarlas, la directora hizo una investigación interna y mandó llamar a siete alumnas para saber si habían sido víctimas. Entre ellas estaba Laura. Cuando la menor denunció a la directora los hechos e incluso habló de la fotografía que el maestro tenía en su casillero, Braña mandó buscar la foto y la subdirectora Kassabian la rompió.

 En vez de informar sobre lo sucedido a los padres de familia, la escuela optó por despedir a Casarrubias el 12 de marzo de 2012.

 “Al hablar con la directora Braña me confirma todo lo que mi hija (…) me había dicho y me da el argumento de que no me habían avisado de tal situación debido a que mi hija no quería que sus padres se enteraran (…) además de que las autoridades del colegio no hicieron ni tomaron ningún acto que les correspondía, como una denuncia o queja administrativa ante la SEP”, declaró ante la PGJDF la mamá de Laura.

 La segunda denuncia interpuesta el 17 de abril de 2012 fue de una mujer cuya hija, amiga de Laura, había sido acosada por el profesor y fue testigo del abuso contra la otra pequeña, junto con otras seis, desde tercero de primaria, cuando tenían 10 años.

 “Aunque a mi hija no la había abusado (el profesor) sexualmente, sí había abusado psicológicamente de ella al haberla obligado a presenciar sus actos”, señaló la madre de la otra menor.

 En su declaración, la amiga de Laura ratificó todas las versiones y agregó que cuando las mandaron llamar de la dirección para conocer los hechos, la subdirectora Kassabian les pidió “discreción” sobre el asunto.

 La PGJDF hizo un peritaje psicológico de la menor y determinó que presentaba un cuadro de abuso sexual.

 Casarrubias Pérez, casado y con dos hijos, licenciado en psicología, fue detenido el 28 de mayo de 2012 en la Ciudad de México y actualmente está bajo proceso en el Reclusorio Oriente.

 Cuando Braña y Kassabian fueron citadas a declarar a la PGJDF, se dijeron inocentes del cargo de encubrimiento y se negaron a declarar.

 Dos meses después de haber sabido de los abusos, y ya que las madres de familia habían acudido a la PGJDF, la ­Westminster School reaccionó para intentar ocultar su negligencia: el 27 de abril envió a la SEP un escrito firmado por Braña Varela denunciando la conducta del profesor, y el 2 de mayo presentó una denuncia de hechos ante la fiscalía que atiende delitos sexuales en el DF.

 El 3 de diciembre de 2012 Casarrubias fue sentenciado a cuatro años, cuatro meses y 15 días de prisión y también a reparar el daño “en cuanto sea contable”. Sin embargo la Octava Sala del Tribunal Colegiado del DF determinó concederle libertad bajo fianza por ser primodelincuente. Pagó 10 mil pesos y fue puesto en libertad el 8 de abril de 2013.

 Según información pública de la SEP, Casarrubias sigue siendo profesor en el Distrito Federal; su filiación es CAPJ570526QE8 y su clave presupuestal, 071152 E0286 000 001306.

 El 14 de noviembre de 2013 Byron Iconomópulos envió un correo electrónico colectivo para informar a alumnos, padres de familia y maestros que el ­Westminster iba a cerrar sus puertas a partir del ciclo escolar 2014-2015 por problemas financieros. El inmueble donde ocurrieron los abusos sexuales fue vendido a la Universidad La Salle.

 Según información obtenida por Proceso en la Dirección General y de Admisiones del Westminster, el 15 de julio la escuela será cerrada.

 El miércoles 11 la Primera Sala de la SCJN emitió un fallo contra un recurso de inconformidad interpuesto por la institución y confirmó el acuerdo dictado el pasado 4 de marzo por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en el cual se condenó a la escuela a indemnizar con 12 millones de pesos a John.

 La madre del pequeño agraviado en 2007 dice a Proceso que esa es una victoria en defensa del derecho de los menores, y afirma que su interés no es el beneficio económico, sino que la escuela pague su negligencia y complicidad. También refiere que destinará el dinero a la creación de una clínica de atención a menores víctimas de agresiones sexuales, pues sólo existe un centro así en todo el país.

 El ente caritativo que cuenta con más fondos en México, la Fundación Mary Street Jenkins, se halla en el centro de un escándalo de corrupción y presunto lavado de dinero con implicaciones en las instituciones que patrocina, entre ellas la Universidad de las Américas en el estado de Puebla. El motivo es un conflicto entre los miembros del patronato de la fundación, la propia familia Jenkins, que se encuentra enfrentada con el primogénito, quien a su vez acusa a su madre, su padre y sus hermanos de enriquecerse ilegalmente a costa del organismo de beneficencia.

 Una trama de corrupción, tráfico de influencias, compra de justicia y otras ilegalidades sacude a la Fundación Mary Street Jenkins, la institución de caridad más rica de México con casi 10 mil millones de pesos de patrimonio y patrocinadora de una de las principales escuelas privadas del país: la Universidad de las Américas.

 Se trata de una disputa de poder y de dinero entre los integrantes del patronato de la fundación, la propia familia Jenkins: padre, madre y hermanos enfrentados con el primogénito, quien los acusa de enriquecerse ilegalmente a costa de la institución de beneficencia.

“Éste ya no es sólo un asunto familiar, es un tema público”, advierte Guillermo Jenkins de Landa, el primogénito de la familia, quien revela que un personaje clave en el conflicto es el rector de la Universidad de las Américas (Udla), el panista Luis Ernesto Derbez, canciller en el gobierno de Vicente Fox.

“Es una persona que tiene mucha influencia sobre mi familia, los manipula completamente”, afirma y asegura que Derbez ha cometido o solapado delitos que la Procuraduría de Justicia de Puebla no investiga, porque –según él– ha “comprado” a ésta mediante becas de la Udla a agentes policiacos.

Eso mismo hizo la familia Jenkins –acusa– con el presidente de la Junta de Instituciones de Beneficencia Privada de Puebla, Amado Llaguno Mayaudón, quien avaló la reforma a los estatutos de la fundación: le obsequiaron una beca de la Udla para su nieto.

Precisamente ante la junta, que depende del gobernador panista Rafael Moreno Valle, Guillermo Jenkins de Landa presentó, en diciembre, una denuncia para ser restituido como patrono de la Fundación Jenkins y que sus padres, Guillermo Jenkins Anstead y Elodia Sofía de Landa Irízar, sean removidos por actuar de manera ilegal para beneficiarse de la fundación.

Y pone un ejemplo: Sus padres crearon una empresa que recibió un préstamo de la Fundación Jenkins para comprar un edificio en Paseo de la Reforma e Insurgentes, en la Ciudad de México, que luego se lo vendieron a otra empresa de la propia institución de beneficencia, con cuya operación ganaron ambos más de 8 millones de dólares.

Esta triangulación implicó el desvío de más de 14 millones 200 mil dólares del patrimonio de la fundación, una conducta que Jenkins de Landa califica de ilegal, igual que la multimillonaria “inversión” que sus padres y hermanos tienen en un desarrollo inmobiliario en Los Cabos, Baja California Sur, en el que están involucrados –además– otros parientes.

Afirma que los socios del desarrollo en Los Cabos, Mariano Mariscal Barroso y Mariano Mariscal Asúnsolo, son familiares de Jacqueline Asúnsolo, esposa de su hermano Roberto Jenkins de Landa, “por lo que innecesariamente se sometería a la fundación a potenciales conflictos de interés derivados de esa relación personal”.

Roberto Jenkins de Landa, quien junto con sus padres tramó la destitución del primogénito, recibió también un préstamo de la fundación por 600 mil dólares, en 2007, pero hasta la fecha no ha pagado nada.

No sólo eso: La familia Jenkins usa los recursos de la fundación como si fueran suyos y los despilfarra en la compra de obras de arte que acostumbra la madre, en el uso del helicópteros y renta de lujosas oficinas en Santa Fe, pese a que la sede está en Puebla.

Y más aún: Los Jenkins “lavaron” dos millones de dólares de la Fundación Jenkins para contratar a un despacho de abogados, con el fin de armar una estrategia de expulsión de Guillermo Jenkins de Landa como patrono de esa institución, de la Udla y de otras dos fundaciones.

Guillermo Jenkins afirma en su demanda: “La única razón que existe para que, a través de la violación de los derechos del suscrito se haya buscado su remoción como patrono propietario de las fundaciones en las que tiene ese cargo, es la de quitarlo como obstáculo para que puedan continuar con su agenda personal en las operaciones de la fundación”.

Cosas de familia

El escándalo en la Fundación Jenkins se inició luego de que, en junio de 2013, el patronato anunció que Guillermo Jenkins de Landa había sido expulsado, lo que llamó la atención porque él era, desde 2002, secretario y llegó a ser tesorero, pero también integraba las fundaciones de la Udla, del Colegio Americano y del Club Deportivo Alpha, todas de Puebla.

Además era presidente del consejo de administración de Reforma Bicentenario, la empresa que compró con fondos de la fundación el edificio de Reforma e Insurgentes, y de Proyecto Nuevo Siglo, compañía que tiene en Puebla un edificio de oficinas, un hotel y un estacionamiento en Las Ánimas.

Dedicado a los seguros, Jenkins de Landa prestaba inclusive sus oficinas de Las Lomas de Chapultepec para que sesionara el patronato de la Fundación Jenkins, que duplicó su patrimonio de 350 millones de dólares, en 2002, a 750 millones de dólares hasta el año pasado.

Fundada en 1953, es la institución de caridad más rica de México y lleva el nombre de la viuda de William Jenkins, un controvertido estadunidense que hizo fortuna en Puebla gracias a su trabajo, pero también a sus relaciones políticas y aun criminales (Proceso 197).

Lo que detonó el conflicto, que derivó en la remoción de Guillermo Jenkins de Landa como patrono propietario y secretario de la fundación, ocurrió a principios de 2012: El patriarca de la familia planteó reformar los estatutos de la institución, por él presidida, para que sus cinco hijos fueran incluidos como “herencia” en él.

El primogénito se opuso argumentando que no podía ser “herencia”, porque la fundación no era propiedad de ellos ni de nadie, pero también porque sus cuatro hermanos no cumplían con los requisitos de solvencia y carácter intachable.

“No creo que varios de mis hermanos cumplan con eso”, le dijo a su padre, revela Jenkins de Landa, en entrevista con el reportero, el lunes 9, en sus oficinas de Las Lomas.

Jenkins de Landa fue parte del equipo que, en 2000, venció en tribunales a Manuel Espinosa Yglesias, quien pretendía también dejar a sus hijas en el patronato de la fundación. “Con mi padre resultó peor”, afirma.

Pese a la oposición de él y de las observaciones que también hizo Manuel Mestre Martínez, el único miembro del patronato que no es de la familia, y luego también de que su hermano Roberto sustrajo indebidamente el libro de actas, él decidió finalmente avalar las reformas a los estatutos.

“Lo que yo no quería era causar un problema familiar”, dice y confió en que la Junta de Beneficencia Privada de Puebla no avalaría la reforma a los estatutos, porque, por ejemplo, se decía que no podían ser patronos personas mayores de 80 años y su padre y Mestre rebasaban esa edad, y que no podía haber cónyuges, pero sus padres lo eran.

“Yo pensé que la junta iba a tener más seriedad, pero no la tuvo y avaló. Luego me enteré que fue a cambio de una beca para el nieto del presidente”, asegura.

El nuevo patronato se integró con Guillermo Jenkins Anstead, su esposa y sus hijos Roberto, Juan Carlos, Margarita y María Elodia Jenkins de Landa, así como su sobrino Juan Eustace Jenkins. Mestre fue ratificado.

Fue su hermano Roberto quien le pidió la renuncia a todas las fundaciones y empresas: “De acuerdo, sólo quiero que me releven de toda responsabilidad. Me dijo que no. Y yo le dije: ‘Entonces impútenme una responsabilidad, si hay algo que hice mal’. No tenemos nada que imputarte. ‘Entonces me relevan o me imputan algo. Si ustedes cometen errores, el responsable voy a ser yo’”.

Luego fue a ver a su padre para preguntarle por qué quería que saliera de los consejos de las fundaciones y de las empresas, pero se encontró que también le exigía salir de los consejeros consultivos de la Udla, del Colegio Americano y de los clubes Alfa:

 “–¿Y por qué?

“–No sé.

“–Oye, tú eres el presidente, cómo que no sabes.

“–No sé, pero me tengo que ir con la mayoría.

“–¿Y quién es la mayoría, caray?

“–Tú mamá y tus hermanos.”

Dice Jenkins de Landa: “En ese momento honestamente me di cuenta de que mi papá ya no estaba en sus facultades. Yo todavía no sabía lo que se pretendía hacer después”.

Lavado de dinero

En junio de 2012 su padre le suspendió a Jenkins de Landa sus honorarios de 110 mil pesos al mes, pero el embate se intensificó: Se enteró, fortuitamente, de que sus padres contrataron por 2 millones de dólares un despacho de abogados para expulsarlo de la empresa Reforma Bicentenario con cargo a la Fundación Jenkins.

El 29 de mayo de 2013 recibió un correo electrónico, “seguramente por algún error del remitente”, Roberto Illanes, de un contrato de prestación de servicios profesionales del despacho Rincón, Mayorga, Román, Illanes, Soto, con un calendario de pagos.

Uno de éstos era por 450 mil dólares “a la exclusión de Guillermo Jenkins de Landa” de Reforma Bicentenario, la empresa que él formó, en 2010, para comprar el edificio de Reforma y del que es socio con sólo dos acciones.

“Soy el único accionista persona física. Claro, soy mini-mini, pero soy”, explica y afirma que la transferencia de los 2 millones de dólares de la Fundación Jenkins a Reforma Bicentenario es lavado de dinero.

“Lavan dinero como si fuera capital para comprar fierros y ladrillos. También los tengo denunciados por la vía penal”, afirma Jenkins de Landa, quien en su queja ante la Junta de Beneficencia detalla cómo es que sus padres ganaron más de 8 millones de dólares a costa de la fundación.

Y es que el matrimonio Jenkins-De Landa y su hijo Roberto, en el desarrollo del que los dos primeros son accionistas y el segundo administrador único, obtuvieron una ganancia multimillonaria con la compra del edificio de Reforma e Insurgentes, en el Distrito Federal.

Con base en la documentación que Jenkins de Landa anexó a su denuncia, Desarrollo FAM adquirió, el 26 de noviembre de 2010, el inmueble por un precio total de 20 millones 500 mil dólares más los impuestos aplicables y, el 15 de diciembre, se lo vendió a Reforma Bicentenario en 34 millones 726 mil dólares.

“Esto quiere decir que en sólo 20 días Desarrollo FAM obtuvo una ganancia por 14 millones 226 mil dólares a partir de una operación de compraventa de inmuebles que presumiblemente adquirió con dinero que, en carácter de préstamo, recibió de la Fundación Jenkins y como resultado de una venta a una empresa subsidiaria de la propia fundación de la que originalmente obtuvo los recursos.”

Añade: “Si a todo lo anterior sumamos que, por contratos por separado, Desarrollo FAM le vendió el inmueble a Reforma Bicentenario los permisos y las licencias relacionadas con el inmueble y construcciones arriba mencionados, podría resultar que la utilidad injustificadamente obtenida por esta transacción fuera aún mayor”.

En la denuncia se acredita que, en 2011, los accionistas de Desarrollo FAM, el matrimonio Jenkins-De Landa, obtuvieron un gran dividendo y recibieron, cada uno, un cheque por 4 millones 217 mil 509 dólares, para un total de 8 millones 435 mil 18 dólares.

 Cuando Guillermo Jenkins pidió a su padre y madre que rindieran cuentas sobre esta operación en perjuicio de la fundación, ellos se negaron.

“Me contestaron que su única obligación para con la fundación Mary Street Jenkins era la de pagar el préstamo que su empresa había obtenido de 28 millones 500 mil dólares y que el suscrito carecía por completo de facultades para cuestionarlos respecto de las operaciones de una sociedad mercantil (es decir Desarrollo FAM) con la que no tenía participación accionaria alguna.”

Insistió en que se asegurara el pago del préstamo por los 28 millones 500 mil dólares y que hubiera rendición de cuentas, pero sus padres lo rechazaron: “No solamente no presentaron ninguna rendición de cuentas, sino que iniciaron su campaña para sacarme a como diera lugar del patronato de la fundación y, así, poder disponer a su antojo de su patrimonio”.

Inversiones dudosas

En su demanda, Jenkins de Landa pide a la junta que inicie procedimiento de remoción inmediata de sus cargos de patronos de sus padres y su hermano Roberto, pero además que ordene que le sean restituidos a la Fundación Jenkins los 14 millones de dólares, más los intereses, de los que se dispusieron de manera indebida.

En caso de que se nieguen a devolver el dinero, exige, que se inicien las acciones civiles y legales que correspondan. También pide que se declare ilegal la inversión que hizo la fundación Jenkins en el proyecto Cabo Riviera Marina y Resorts, en Los Cabos.

A mediados de 2012, su hermano Roberto Jenkins de Landa propuso al patronato invertir en Los Cabos a través de las empresas Desarrolladora La Ribera y Grumar, pero él se opuso por la experiencia con Desarrollo FAM y por las diferencias con otros proyectos de la fundación, como Proyectos Nuevo Siglo y Reforma Bicentenario.

Por ejemplo, la fundación no tendría el control absoluto de la sociedad y convertiría la inversión en un auténtico capital especulativo contrario a los fines de la fundación y a las leyes que la regulan. Más aún, estaba sujeto a litigios de carácter agrario.

También cuestionó la sociedad con Mariano Mariscal Barroso y Mariano Mariscal Asúnsolo, parientes de su cuñada Jacqueline Asúnsolo de Jenkins.

Puntualiza: “Por esa razón, el suscrito exigió que la fundación hiciera un análisis legal y financiero profundo respecto de estos temas antes de embarcar a la fundación en una aventura que parece ser totalmente descabellada, con el agravante de ser totalmente innecesaria para el adecuado funcionamiento de la fundación”.