Sobrepoblación en el sistema penitenciario

Sobrepoblación y hacinamiento en el sistema penitenciario.

En sólo 27 de los 387 centros de reclusión existentes se concentra más de la mitad de la población carcelaria nacional, afirmó el diputado Enrique Aubry de Castro Palomino  (PVEM), secretario de la Comisión de la Defensa Nacional.

Destacó que atender esta problemática “es una de las acciones más urgentes para mejorar las condiciones en las prisiones del país” y emprender una profunda renovación del sistema penitenciario. Sobre todo, porque en México actualmente se encuentran recluidas 254 mil personas en algún centro de readaptación (sic), en espacios diseñados para albergar 199 mil reclusos, según estimaciones de la International Centre for Prision Studies (ICPS), lo cual demuestra que es necesaria una mejor distribución, explicó.

En un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente, el legislador llamó a las autoridades responsables del control y operación de los Centros de Readaptación Social estatales y federales, a establecer mecanismos de control que permitan el respeto irrestricto del derecho al no hacinamiento, a la salubridad y a otras condiciones materiales de reclusión óptimas.

Destacó que lograr efectividad en los programas de reinserción social radica en solucionar la sobrepoblación que afecta al sistema penitenciario.

“La vulneración de los derechos de los reclusos se extiende a distintas áreas, como la de trabajo, la educación, la alimentación, la salud, la familiar y la recreación, entre otras, debido en buena parte a las condiciones de sobrepoblación, precisó.

Advirtió que aunque la población penitenciaria se ha duplicado, los mexicanos no se sienten más seguros, debido a que el sistema penitenciario no cumple con sus objetivos sociales y legales, dijo.

Por lo tanto, continúo, se tienen que generar las políticas públicas necesarias que posibiliten una profunda renovación del sistema penitenciario, mediante la atención y solución de los problemas de sobrepoblación, hacinamiento, infraestructura, insuficiencia de recursos y personal penitenciario, el cual no está capacitado ni sensibilizado en el respeto de las garantías individuales.

Indicó que, en términos generales, los empleados carecen de estabilidad laboral y reciben remuneraciones muy bajas, condiciones que en conjunto propician corrupción.

Además, su formación profesional no es la idónea, ya que los cursos de capacitación son de corta duración y los de actualización son escasos y poco formativos, lo que confirma la inexistencia de una auténtica carrera penitenciaria.

El legislador comentó que el personal penitenciario debe poseer un nivel intelectual suficiente y capacitarse constantemente para actualizar sus conocimientos, pues de la integridad, humanidad, aptitud personal y capacidad profesional depende la buena dirección de los penales.

“El sistema penitenciario requiere de una renovación general que solucione el problema de la sobrepoblación y hacinamiento, en donde se respeten los derechos humanos de los reclusos y en el que se instruya personal capacitado de carrera, el cual ayude a reinsertar de manera efectiva a la población penitenciaria a la sociedad”, aseveró.

Refirió que una de las causas principales del incremento de la población penitenciaria en los últimos años, se debe en gran medida a un mal diseño de la política criminal estrechamente relacionada con la ampliación del catálogo de delitos graves, y a la falta de criterios para imponer medidas cautelares, distintas a la prisión preventiva.

El legislador sostuvo que es momento de implementar medidas para que los centros penitenciarios dejen de ser un motivo de vergüenza para los gobiernos y la sociedad, a fin de que se conviertan en un desafío prioritario y en una urgente exigencia de labor compartida e integral de las instituciones públicas.

Para construir un sistema efectivo de reinserción social en el esquema penitenciario nacional, se requiere respetar y seguir las recomendaciones de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, en cuyo marco las personas privadas de su libertad, provenientes en su mayoría de los grupos más vulnerables, frente al abuso de poder y la violación de derechos humanos, podrán disponer de una esfera más amplia de derechos y garantías, subrayó.

El punto de acuerdo fue turnado a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia de la Permanente, para continuar el proceso parlamentario.