¿Y dónde estaba el defensor
de oficio de Martín del Campo?/FA
Publicado en La Silla Rota, 31 de julio de 2014
- ¡Ahí donde siempre estuvo!
Desde
que fue sentenciado -el 28 de mayo de 1993- ha presentado varios amparos para
obtener su libertad, asegurando que no hubo debido proceso y que fue torturado
por la policía judicial de la Ciudad de México. Hay un informe de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos “por su
detención ilegal y tortura, así como su posterior condena a 50 años de prisión
en un juicio sin respeto de las normas de debido proceso, que incluye la
utilización de una confesión obtenida bajo tortura.”
El
caso ha sido largo y en este espacio de La
Silla Rota le hemos dedicado varias líneas,
¿Y
qué ha pasado con el caso de Martin del Campo?, 11 de julio de 2013
Debemos
decir que en octubre de 2011 la Séptima Sala del Tribuna Superior de Justicia
del Distrito Federal (TSJDF) declaró por unanimidad improcedente el incidente que
la defensa de Martín del Campo interpuso
el 5 de agosto de 2010, tras 19 años en prisión. Los juzgadores afirmaron que
no se pudo acreditar las hipótesis previstas en la fracción VI del artículo 614
del Código de Procedimientos Penales del DF, y además fueron desechadas las
principales pruebas presentadas.
La
reacción entonces de la CDHDF fue que lamentaba la determinación del Tribunal
pero que respetaba la decisión “Si bien este
Organismo no se pronuncia sobre la inocencia o culpabilidad de las
personas procesadas, es importante enfatizar que el señor Martín del Campo fue
víctima de violaciones graves al debido proceso que iniciaron con su detención
arbitraria, incomunicación y tortura,
seguidas de las deficiencias en el resguardo de la escena del delito, la cadena
de custodia y la consideración de pruebas periciales exculpatorias, como quedó
constatado en la Recomendación 13/2002 y en el propio informe 117/09 emitido
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso.”,
señaló un comunicado oficial.
El asunto en la SCJN
El
asunto se fue entonces hasta la Suprema Corte Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), y recientemente- principios de julio- la Primera Sala, discutió el
proyecto de sentencia bajo la ponencia del Ministro Cossío Díaz donde se
proponía otorgar un amparo liso y llano, a favor de Martin del Campo
argumentando como acreditada la tortura con el informe de la CIDH. Sin embargo,
el proyecto de amparo fue desechado por 3 votos en contra, y como lo prevé la
ley fue returnado a otro ministro, para que elabore una nueva propuesta de
resolución en la que se valoren y estudien a fondo las pruebas a partir de las
cuales Martín del Campo pretende acreditar que fue torturado por autoridades
capitalinas para aceptar el doble homicidio y, en consecuencia obtener el
reconocimiento de inocencia.
De hecho el Ministro
Jorge Pardo
dijo que "los informes de la Comisión Interamericana no resultan vinculantes
para esta Suprema Corte (...) y en todo caso habría que hacer el análisis de
primera mano del material probatorio con el que se pretende justificar el
reconocimiento de inocencia".
Y
el caso continua, y lo tiene hoy el Ministro Pardo Rebolledo, quien seguramente
presentará proyecto en los próximos meses.
¡Y que aparece el defensor
de oficio!
Pero
en el inter nos hemos enterado de que apareció de repente el defensor de oficio
Rolando Torres Martínez.
La verdad es que siempre
estuvo ahí, en una oficina del gobierno de la ciudad.
Y es que según la defensa del Martin
del Campo esa persona habría sido inventada
e incluso se habló ante las instancias internacionales que hubo una violación a
su derecho de defensa.
Dice
el numeral 60 del INFORME No. 117/09 de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos de la OEA que:
“Los
peticionarios sostienen adicionalmente que la víctima en este caso no tuvo el
derecho a la defensa que le garantiza la Convención Americana:
Alfonso
Martín del Campo careció de una defensa
adecuada, puesto que el defensor que se le había asignado no participó en las
diligencias fundamentales y, más grave aún, tal defensor carecía de los
requisitos para representar legalmente al Sr. Martín del Campo Dodd, de
acuerdo con los estándares establecidos por la legislación mexicana, así como
por la jurisprudencia interna. México es
responsable de lo anterior. Sobre todo
porque este defensor había sido proporcionado por el Estado (defensor de
oficio).”
Y
en el pie de página dice:
“Comunicación
de los peticionarios de 18 de enero de 2002, pág. 11. Los peticionarios presentaron una copia del
oficio DAEP 1 0078/98 Folio 0295 de 21 de enero de 1998, en el cual la
Dirección General de Profesiones certifica que el señor Rolando Torres Martínez, supuesto defensor de Alfonso Martín del
Campo Dodd, carece de título “que lo faculte para ejercer como Licenciado
en Derecho”. En el mismo documento se
certifica que el señor Torres Martínez tiene cédula profesional expedida en
octubre de 1993 que “lo faculta para ejercer la profesión Licenciado en
sistemas de computación administrativa”.
Todavía
más en página web de la defensa de Martín del Campo señala que “Aparente y falsamente se le designó a
Alfonso un defensor de oficio durante la integración de la averiguación
previa, o sea durante la falsa confesión y durante la reconstrucción de hechos
apócrifa. Ese supuesto, falso e
inexistente abogado defensor de oficio en apariencia respondía al nombre de
Rolando Torres Martínez.”
Pero
hoy leemos que esa persona “ese falso e inexistente abogado” no es inventado
sino que es de carne y hueso y trabaja en la Consejería Jurídica desde el 1 de
noviembre de 1985 con el cargo de Defensor
de Oficio. Su jefe es José Ramón
Amieva Gálvez Consejero Jurídico y de Servicios Legales del Gobierno del
Distrito Federal.
Dice
un texto de la pagina oficial de la Consejería Jurídica que “actualmente se
encuentra adscrito a la Subdirección de Asistencia Jurídica Penal asignado a la
oficina de defensoría de Oficio ubicada en la Agencia 50 de la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal.”
También
dice ahí que “ha participado en varios cursos como el de
"Introducción
al Sistema Acusatorio" impartido por el Instituto de Formación Profesional
de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.”.
Y
sobre también colocan su perfil y su foto.
¿Qué no era abogado
titulado entonces?
Es
cierto. Y no sólo él sino varios defensores de oficio. Hasta hace unos años los
defensores de oficio bastaba que fueran pasantes de derecho; años después hubo
una reforma y hoy deben ser licenciados en derecho con la cedula
correspondiente. Ese fue caso de Rolando Torres, quien se titulo en 2010
por la UNAM y hoy tiene la cédula profesional # 6756066.
¿Y
entonces quién es el Licenciado en Sistemas de Computación?
Seguramente un homónimo como muchos que hay en
una población de casi 120 millones de habitantes. También encontramos en la red
a otro Rolando Torres Martínez, que es Contador Público egresado de la
universidad Autónoma de SLP.
La
pregunta es ¿por qué el silencio en todo este tiempo de la Consejería Jurídica?
¿Por
qué no precisó de inmediato que ese defensor de oficio estaba ahí?
Era
muy simple.
¿O
nadie se lo pidió?
¿Porqu
é no acudió el defensor de oficio al llamado que tuvo
–edicto- como tercero perjudicado, de la
Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el
Distrito Federal Lic. Julieta Isabel de Montserrat Ruiz García, publicado el 14
de marzo de 2008 en el Diario Oficial de la Federación?
Muchas
preguntas sin respuestas.
Por
cierto, el defensor de Martín del Campo de hace 3 años labora hoy en el Poder Judicial, concretamente
en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Este
asunto dará mucho todavía de que hablar.
Le
daremos seguimiento.
PD:
La semana pasada escribí sobre el caso Puebla, y concretamente que la fracción
parlamentaria del PRI en el Senado responsabilizaba al gobernador del estado,
Rafael Moreno Valle, por la muerte del menor José Luis Tehuatlie Tamayo
lesionado durante el operativo del pasado 9 de julio para la liberación de la
autopista Puebla-Atlixco.
Comenté
que se había quedado enlistado una propuesta de Punto de Acuerdo en contra del
Gobernador de Puebla. Por cierto, los
considerandos fueron muy duros. Otros analistas comentaron el asunto, también.
Y hoy buscando en la pagina del Senado para darle seguimiento toda vez que ayer
hubo Comisión Permanente, descubrimos
que la propuesta había sido retirada sin ningún aviso y además fue borrada de
la pagina web; pero conservo una copia integra de su publicación.
¿Qué
pasaría?
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