Caso Dauahare, el último acusado/JORGE

Caso Dauahare, el último acusado/JORGE ALEJANDRO MEDELLÍN |

La Silla Rota, | 2014-08-19 

La llegada a la PGR de Jesús Murillo Karam sirvió, entre otras cosas, para lavarle la cara a una institución sin credibilidad.

1.- Será cuestión de semanas, quizá de días, para que el abogado Gerardo Ortega Maya, coacusado en uno de los procesos que la Procuraduría General de la República (PGR) armó en contra de los generales Tomás Ángeles Dauahuare, Ricardo Escorcia Vargas, Roberto Dawe Gonzálezy elMayor Iván Reyna Muñoz, señalados falsamente, en el 2012, de tener nexos con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, salga de la cárcel.

2.- La mala obra fue estructurada por los máximos pilares del sexenio calderonista: La procuradora Marisela Morales Ibañez y el general secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, ambos de traumático, cruento y dudoso desempeño.

3.- Las venganzas personales permitieron orquestar un burdo y procaz entramado narcopoliciaco para golpear a militares fuera del control panista y a quienes estuvieron cerca de ellos.

La procuradora y su general anticrimen organizaron, con pedacería de aquí y de allá, con testigos colaboradores elegidos para reforzar expedientes hechos sobre las rodillas, un caso de falsa colaboración con cárteles de la droga (el de los Beltrán, el de Sinaloa) que llevó a prisión a cinco militares y a un civil.

4.- Los de uniforme fueron quedando en libertad conforme se caía el caso de papel, cortado por la PGR de Calderón. Todos están libres tras demostrarse que las acusaciones eran falsas, que los testigos colaboradores (Jennifer – Roberto López Nájera- y Mateo (el narcotraficante Sergio Barragán Villarreal, El Grande) fueron usados para acusar a modo a los generales y al civil.

5.- La llegada a la PGR de Jesús Murillo Karam sirvió, entre otras cosas, para lavarle la cara a una institución sin credibilidad y con escaso margen de maniobra entre la sociedad y la opinión pública.

El desaseo y el quebranto del Estado de derecho dejado en la procuraduría de Calderón fueron abordados con casos insignia como el del general Dauahare y sus coacusados, especialmente los militares, para ser resueltos de inmediato ya que no sólo se trataba del manoseo vulgar de la PGR hecho por la propia PGR, sino además del linchamiento de militares pergeñado desde instituciones civiles y castrenses.

Había que extender una verdadera operación limpieza para sanear las heridas de la anterior administración.

6.- Por eso el apresuramiento, dentro de plazos legales pertinentes, para que la PGR de Murillo reconociera en los primeros meses de la gestión de EPN que no había, que nunca hubo pruebas en contra de Dauahare, Escorcia, Dawe y Reyna en los expedientes armados por Marisela Morales.

Pero en la lista de coacusados del general Tomás Ángeles quedaba y queda una persona más; el abogado Ortega Maya, un civil sacado de su casa una noche de mayo de 2012 por agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y llevado a los separos de dicha instancia para ser torturado física y psicológicamente con un objetivo: declarar en contra el general Dauahare y coacusados.

Gerardo Ortega Maya no cooperó con la PGR y sufrió las consecuencias. Se le ha seguido proceso en la causa penal 31/2012.

7.- A partir de ese momento, su hermana Karina se ha dedicado a difundir el caso de Gerardo en donde le ha sido posible hacerlo. El abogado fue arraigado durante 50 días en la Casa de Arraigo para luego ser enviado al Centro Federal de Readaptación Social Número 3 (CEFERESO 3), en Matamoros, Tamaulipas.

Karina ha relatado en varias ocasiones que “su único delito es haber sido amigo del General y haberle demostrado su lealtad y amistad a pesar de la brutalidad con la que fue lastimado durante su tortura en la cual tan sólo por reseñarle le navajearon y quemaron con cables eléctricos sus piernas centímetro a centímetro, lo golpearon y trataron de asfixiar con diversos líquidos y métodos de tortura y por no haber aceptado cooperar le dijeron que le acabarían la vida y pasaría el resto de su vida en prisión…”.

En 2012 una juez federal negó la formal prisión en su contra por falta de elementos, sobre todo por las inconsistencia en las declaraciones de los testigos colaboradores cuyos testimonios sirvieron para iniciar la indagatoria en contra de Dauahare y luego de Ortega Maya.

Otra jueza le abrió una nueva causa penal basada de nuevo en pruebasaportadas por los mismos testigos protegidos, quienes señalaban que el abogado trabajaba para una organización de Los Cabrera Sarabia, que reclutaba funcionarios de PGR para comprar información sensible de la lucha antidrogas.

8.- Por la forma en que opera nuestro sistema de justicia penal, es prácticamente imposible saber si el caso del abogado Ortega Maya va avanzando de manera favorable porque llegó a su fin la era panista en Los Pinos o porque en algún lugar del sistema todavía se aplica la ley y no la justicia a secas.

El pasado 7 de agosto, los abogados de Ortega Maya ganaron un amparo en segunda instancia con el que han conseguido que se le decrete la libertad inmediata por el delito de Delincuencia Organizada por el que lo detuvieron en 2012.

9.- A Gerardo Ortega le queda aún otro delito, el de portación de armas de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, las cuales estaban en su poder al momento de ser detenido.

El detalle es que las armas en cuestión pertenecen al general Tomás Ángeles Dauahare, quien solía dejárselas encargadas al abogado cuando salía de viaje.

De hecho, la defensa de Ortega Maya pidió en al menos dos ocasiones durante el proceso que el general Dauahare compareciera en Tamaulipas para que explicara que él era el dueño de las armas de fuego y que dijera que se la había dejado a su amigo como la había hecho en varias ocasiones durante 12 años, el tiempo que llevaban de conocerse.

10.- Dauahare, por consejo de sus abogados, nunca atendió los citatorios. La defensa de Gerardo Ortega Maya también pidió a la Sedena copias, constancias de la propiedad de las armas a partir de los números de serie registrados por la dependencia.

Pronto se conocerán esos datos con los que se tendrá el panorama completo del montaje de la PGR en el caso Dauahare, y en particular en el caso del abogado Ortega Maya, detenido por no culpar a su amigo a quien, además, le cuidaba sus armas registradas ante la Sedena.