Las prisiones como negocio privado/ reportaje

Las prisiones como negocio privado/RODRIGO VERA

REVISTA PROCESO # 1972, 16 DE agosto de 2014

No resolverán el hacinamiento, las violaciones a los derechos humanos ni la corrupción. No resolverán nada pero ya están funcionando y son un buen negocio. Tanto así que ya invierten en ellas empresarios como Carlos Slim, Olegario Vázquez Raña o las familias Quintana y Hank. Se trata de las cárceles privadas. Son ilegales, pues la Constitución determina como función del Estado el manejo de las prisiones, pero cada vez habrá más de ellas, sobre todo en la medida en que vaya en aumento el número de internos.

El criminólogo Martín Barrón Cruz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, advierte: “La privatización de las cárceles mexicanas no resolverá el problema del hacinamiento, la sobrepoblación y la violación de los derechos humanos en nuestras prisiones. A final de cuentas seguirá en aumento el número de reclusos debido a la política de mano dura, a las leyes cada vez más punitivas y a la guerra contra el narcotráfico que emprende el gobierno mexicano”.

 Las cárceles privadas sólo servirán para que “hagan negocio” los empresarios que empiezan a invertir en el ramo, asegura el especialista a Proceso; entre ellos Carlos Slim, Olegario Vázquez Raña y las familias Hank Rhon y Quintana.

 Recalca: “Las cárceles privadas mexicanas están copiando el modelo estadunidense. Son una vil y vulgar copia del sistema gringo, cuyo objetivo no es la reinserción social sino simplemente castigar y hacer negocio”.

 –¿Es la reinserción la base del sistema penitenciario mexicano?

 –Así lo marca nuestra Constitución. Incluso señala que la reinserción social debe sustentarse en cinco principios: ofrecerle al recluso trabajo, educación, capacitación para el trabajo, salud y deporte.

 “Sin embargo, hay que reconocerlo, en las cárceles mexicanas no han existido las condiciones para que se cumplan estos objetivos estipulados en la Constitución. ¿Realmente a nuestros reclusos se les da educación? ¿Tienen condiciones para trabajar y llevar una vida sana? ¡Pues claro que no!”

 –¿Hoy la cárcel privada ofrece estos beneficios?

 –De ninguna manera. Es más bien lo contrario. Y lo vemos en las cárceles que más se están privatizando: las federales o las de máxima seguridad. Ahí se le aplica al reo el aislamiento absoluto. Lo que no se quiere es que haya convivencia entre internos. De manera que ni siquiera pensar en practicar deportes y cuidar la salud.

 –Pero en esas prisiones están los reos de alta peligrosidad…

 –Es cierto. Pero la Constitución pide reinserción social para todos, estipulando que el sistema penitenciario mexicano debe basarse en ese principio. No hace distingos entre los presos del fuero común y los de la delincuencia organizada.

 Desde hace tiempo Barrón Cruz insiste en que –además de ser sólo un negocio para los grupos empresariales– las prisiones privadas son “totalmente ilegales”, pues el artículo 18 constitucional estipula claramente que únicamente el Estado debe hacerse cargo de las cárceles y toda la cuestión penitenciaria.

 “La misma Organización de las Naciones Unidas –ha recalcado el investigador– señala que no deben privatizarse las prisiones, cuyo objetivo final debe ser reeducar y reintegrar al reo a la vida social, meta muy contrapuesta a la de la empresa privada, interesada solamente en convertir a los reos en un negocio rentable” (Proceso 1927).

 En 1977, detalla Barrón, la ONU expidió los lineamientos básicos para el tratamiento de reclusos y marcó el camino de la reinserción social, dejando fuera a la iniciativa privada. Desde entonces se adoptaron esas reglas que fueron firmadas y ratificadas por México, que hoy incumple estos compromisos internacionales.

 Refiere: “En otros países, la privatización de las cárceles no ha resuelto el problema del hacinamiento y la violación a los derechos humanos de los reclusos. Eso sí, la privatización ha provocado un acelerado incremento de la población penitenciaria. Hay muchos estudios sobre este tema”.

 Empresarios

 Pese a que en México es muy reciente el proceso de privatización –empezó en el gobierno de Felipe Calderón–, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió el año pasado la primera recomendación a una cárcel privada: el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11, de Hermosillo, Sonora, manejado por Ingenieros Civiles Asociados (ICA), empresa de la familia Quintana.

 En su recomendación 35/2013 la CDNH aseguró que en dicho penal los reclusos viven en “condiciones infrahumanas y peligrosas”, mientras que las “deficiencias” carcelarias son incluso “mayores” respecto a las prisiones manejadas por el gobierno.

 Ha trascendido que la CNDH prepara más recomendaciones a otros penales privados, como los de Miahuatlán, Oaxaca, y Ocampo, Guanajuato, pues van en aumento las quejas por las graves violaciones a los derechos humanos en esos centros (Proceso 1927).

 Barrón comenta: “La prisión de Ocampo, Guanajuato, incluso fue inaugurada antes de que concluyera su construcción. Eso nos dice mucho sobre las irregularidades en estas prisiones. ¡Vaya! ni siquiera sabemos exactamente cuántas ya están en manos de la iniciativa privada, qué empresarios las están manejando y cuánto tiempo las administrarán”.

 Toda esta información, dice, la mantiene en secreto la dependencia encargada del sistema penitenciario del país, que es la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), encabezada por Monte Alejandro Rubido García, quien depende de Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación.

 Proceso solicitó la misma información a la CNS. Le fue negada pues –explicó su encargado de prensa, René Hernández Cueto– está catalogada como “información reservada de origen”.

 Pese a la cerrazón del gobierno, poco a poco se han conocido los nombres de algunos empresarios que lucran con las cárceles.

 Carlos Hank González, presidente del Grupo Financiero Interacciones, ya tiene bajo su control el Centro de Reclusión Estatal de Ciudad Valles, San Luis Potosí, en el cual invirtió mil 200 millones de pesos en asociación con ICA. También financió dos cárceles en el Distrito Federal.

 Hank González pertenece al Grupo Atlacomulco, como el presidente Enrique Peña Nieto. Por el lado paterno es nieto del profesor Carlos Hank González, y por el materno, del empresario Roberto González Barrera. Algunos miembros de su familia han estado implicados en escándalos por fraudes y acopio de armas.

 Carlos Slim, dueño de Telmex y uno de los hombres más ricos del mundo, tampoco quiere quedarse fuera del negocio carcelario. Firmó un acuerdo para participar en la construcción de dos prisiones: una en Morelos y otra en Chiapas.

 Esta participación la tenía la desarrolladora de vivienda Homex, que decidió vendérsela a Grupo Financiero Inbursa y a Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina, ambas de Slim.

 Olegario Vázquez Raña, dueño del periódico Excélsior y de la cadena de hospitales Ángeles, también participa en el negocio por medio de su empresa Promotora y Desarrolladora Mexicana, la cual construye cárceles en Durango y Michoacán.

 ICA –dirigida por Alfonso Quintana– edificó el cefereso de Hermosillo, regido por el esquema empresarial Proyectos de Prestación de Servicios y el cual recibió la recomendación de la CNDH. En ese penal federal de alta seguridad está preso el doctor José Manuel Mireles, exlíder de las autodefensas michoacanas.

 Otras compañías que intervienen en el negocio carcelario son Tradeco, Arendal, La Nacional y La Peninsular, entre otras. Construyen prisiones federales y estatales en el Distrito Federal, Coahuila, Chiapas, Durango, Morelos, Guanajuato, Sonora, Michoacán…

 Pedro Aspe –afín al Grupo Atlacomulco y secretario de Hacienda en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari– se encarga de diseñar proyectos de inversión carcelaria con su empresa Protego Asesores (Proceso 1906).

 El viernes 15 el diario Reforma dio a conocer que por primera vez en el Distrito Federal habrá dos cárceles de máxima seguridad manejadas por la iniciativa privada, que las acaba de construir a un lado del Reclusorio Norte.

 Fueron edificadas por las empresas Infraseg Sapi y Cevaseg, las cuales invirtieron mil 643 millones de pesos en su construcción y equipamiento. Ambas empresas obtuvieron una concesión de 12 años para administrarlas. El gobierno capitalino les pagará a las empresas una renta mensual cuyo monto es secreto.

 Las cárceles –dos torres de cuatro pisos cada una— empezarán a operar a finales de este año. Cada una está diseñada para albergar 768 internos. Por lo que en total tendrán capacidad para mil 536 reos de alta peligrosidad.

 En aumento

 Las empresas referidas se beneficiarán del incesante crecimiento de la población penitenciaria. En su artículo “Cárcel de Apodaca: haciendo leña del árbol caído” (Revista Penal, agosto de 2012), Barrón da las siguientes cifras: “En 1992 había 101 presos por cada 100 mil habitantes; luego, en 1996, la cifra ascendió a 102; una década después, en 2006, era de 200 presos, y para 2010 era de 206”.

 La investigación –realizada a partir de la matanza de 44 internos del penal de Apodaca, Nuevo León, en 2012– también detalla el incremento anual de espacios carcelarios. En 1990, por ejemplo, las 444 cárceles mexicanas que había entonces tenían capacidad para 61 mil 173 internos. En 2011 había menos cárceles, 418, pero ya tenían capacidad para 187 mil 752 presos. De manera que la capacidad carcelaria se triplicó en ese lapso.

 Pese al aumento en espacios disponibles, éstos han resultado insuficientes para albergar a la creciente población carcelaria. El dato más reciente es revelador: en 2013, las 418 cárceles mexicanas tenían capacidad para 196 mil 742 personas y sin embargo alojaban a 244 mil 960 reos. De modo que tenían una sobrepoblación de 48 mil 218.

 ¿A qué obedece este acelerado crecimiento de la población carcelaria en México?

 El estudio indica que se debe a varios factores, entre ellos “la lucha contra el narcotráfico”, emprendida a partir de los ochenta y que puso énfasis en penalizar la producción, tráfico, suministro y comercio de drogas. A esto se suma “la disputa­ entre las organizaciones dedicadas al narcotráfico” que provoca reyertas y muertes sangrientas. También obedece a la “militarización de la seguridad pública”, que ha llevado a emplear a las fuerzas armadas en tareas de policía. Y, por último, a las “reformas al marco jurídico” con las cuales se endurecieron las penas.

 Sobre este punto, Barrón comenta: “Actualmente hay un crecimiento punitivo en nuestras leyes; cada vez los delitos son más graves y las penas a esos delitos son más altas. Esto ha provocado que la mayoría de la población carcelaria esté presa por haber cometido un robo menor de 5 mil pesos.

 “Es muy común que arresten a alguna persona que entra a algún supermercado y se roba, por ejemplo, un Gansito. Y si va acompañado de un amigo el delito se agrava porque ya lo hacen en pandilla y los meten a la cárcel por años. Son, pues, los pobres quienes abarrotan nuestras prisiones.”

 El investigador pone como caso ilustrativo el Distrito Federal, donde se empezó con una política altamente punitiva desde que Marcelo Ebrard era secretario de Seguridad Pública e introdujo la política llamada de “tolerancia cero”, que no es otra cosa más que “una dura represión contra delitos menores”.

 Esto ha provocado –dice– que los 10 centros penitenciarios del Distrito Federal, cuya capacidad es de 22 mil 324 mil reos, tengan a más de 41 mil. Menciona otro caso: el de las Islas Marías, que pasó de mil a 8 mil reclusos concentrados en un área natural protegida y quienes actualmente ya padecen hasta escasez de agua dulce.

 Respecto a los arrestados por narcotráfico señala: “A la gran mayoría de los detenidos en los operativos contra el narco no se les pueden comprobar nexos con el crimen organizado. Por ejemplo, de diciembre de 2006 a septiembre de 2011 la Policía Federal detuvo a 75 mil 276 personas. De éstas sólo 2 mil 554 tenían ligas con el narcotráfico. Un porcentaje mínimo. De manera que la sangrienta lucha contra el narco tiene resultados muy exiguos”.

 –¿Incluso cuando se detiene a los grandes capos?

 –Eso es lo que nosotros llamamos descabezamiento, porque se quita sólo la cabeza y de inmediato esta cabeza tiene reemplazo; aparece un nuevo líder y queda intacta toda la estructura de la organización delictiva.

 “Para colmo, muchos narcotraficantes que son llevados a prisión siguen participando en extorsiones, secuestros y venta de droga desde la cárcel. La prisión no los aleja del delito. Eso es muy grave.”

 –¿La cárcel privada podrá solucionar este problema?

 –No lo creo. En ese sentido también está destinada al fracaso.