“Los ponían en hilera y los mataban”
El Ejército mexicano mató a sangre fría a 21 supuestos narcos, según el relato de una testigo a la revista 'Esquire'
Menos agresiones de militares, pero con mucha impunidad
EL PAÍS México 17 SEP 2014
LUIS PABLO BEAUREGARD
La muerte de 22 supuestos narcos a manos del Ejército en el poblado de Tlatlaya, al sur del Estado de México, el pasado 30 de junio sigue siendo un caso abierto y sangrante. Una testigo presencial, según una investigación de la revista Esquire,
sostiene que, excepto un fallecido en el enfrentamiento previo, los 21 restantes fueron ejecutados a sangre fría por los militares tras su rendición. Este testimonio procede, según la citada publicación, de una de las tres mujeres que sobrevivieron a la matanza y que los militares anunciaron que habían liberado de un secuestro. La testigo niega haber sido raptada y asegura que fue coaccionada durante su detención policial. Fuentes gubernamentales vincularon a los abatidos con el cartel de La Familia.
sostiene que, excepto un fallecido en el enfrentamiento previo, los 21 restantes fueron ejecutados a sangre fría por los militares tras su rendición. Este testimonio procede, según la citada publicación, de una de las tres mujeres que sobrevivieron a la matanza y que los militares anunciaron que habían liberado de un secuestro. La testigo niega haber sido raptada y asegura que fue coaccionada durante su detención policial. Fuentes gubernamentales vincularon a los abatidos con el cartel de La Familia.
La Procuraduría General de México, sobre la que recaen las pesquisas, señaló que la investigación sigue abierta y que hasta ahora no se han encontrado evidencias que sustenten las citadas acusaciones. La Secretaría de la Defensa Nacional declinó dar respuesta.
La versión primera del Ejército, contenida en un comunicado de 273 palabras, asegura que las muertes se produjeron durante un enfrentamiento con las tropas. En este relato se afirma que un convoy militar que inspeccionaba el terreno se topó por casualidad con una bodega custodiada por “personal armado” y que este, al ver a los soldados, empezó a disparar. El resultado fueron 22 “supuestos agresores” muertos y un militar herido sin gravedad.
Desde que la matanza se hizo pública las dudas han rodeado el relato oficial. El Gobierno, fiel a su parquedad informativa en todo lo relacionado con la guerra contra el crimen, no facilitó en su día identidades ni explicó qué hacían en aquel agreste lugar, a las cinco de la madrugada, los militares. Expertos en seguridad como Alejandro Hope, antiguo directivo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la agencia de inteligencia, destacaron a este periódico las inconsistencias de la versión oficial.
La versión primera del Ejército asegura que las muertes se produjeron por enfrentamiento
La investigación de la revista, llevada a cabo por el periodista Pablo Ferri, se basa en el testimonio de la citada mujer, vecina de Arcelia y cuya identidad se mantiene en el anonimato para evitar represalias. Esta afirma que llegó a la bodega donde se encontraban los supuestos narcos sobre las diez de la noche del domingo 29 de junio. A eso de las tres de la madrugada, uno de ellos alertó de que había avistado un convoy militar. Poco después, los soldados alumbraron con un reflector las instalaciones. Empezó el tiroteo. Tras media hora de refriega, siempre según esta versión, se rindieron. En el enfrentamiento perdió la vida un supuesto narco. Otro quedó herido así como una muchacha de 15 años, llamada Erika Gómez González.
Tras entregar las armas, empezaron los interrogatorios. Así describe la superviviente lo ocurrido entonces: “Ellos [los soldados] decían que se rindieran, y los muchachos pedían que les perdonaran la vida. ‘Con que muy machitos, hijos de su puta madre. Con que muy machitos’. Así les decían los militares, cuando ellos salieron. Todos salieron y se rindieron (…). Entonces les preguntaron cómo se llamaban, y los herían, no los mataban. Yo decía que no lo hicieran, que no lo hicieran, y ellos decían ‘esos perros no merecen vivir’ (…) Luego los paraban así en hilera y los mataban (…) Se escuchaban los quejidos, los lamentos”.
Los dos heridos, incluida la chica, también fueron asesinados, siempre según esta versión. “La mataron ahí mismo y también al muchacho que estaba al lado de ella. A él lo pararon y lo mataron, y lo volvieron a acomodar como estaba. Con ella, que no podía caminar, hicieron lo mismo”, afirma la superviviente. Esta salió viva junto a otras dos mujeres que dijeron haber sido secuestradas.
Por la mañana, pasadas las siete, llegaron los funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, a cuyas dependencias fue llevada la mujer. Posteriormente se la trasladó a la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de la Delincuencia Organizada. No fue puesta en libertad hasta el domingo siguiente. Durante su detención, ella sostiene que pasó tres días sin comer y que fue coaccionada para que vinculara a los fallecidos con organizaciones criminales.
A las dos semanas de la matanza y ante las informaciones que ponían en duda la versión oficial, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México emitió un comunicado en el que descartaba la posibilidad de una ejecución, negaba que se hubieran registrado disparos a corta distancia y aseguraba que el intercambio de tiros fue “proporcional”.
El ejército ha logrado éxitos, pero también duras críticas de las organizaciones de derechos humanos
“La investigación arroja que los efectivos militares repelieron una agresión real, actual e inminente y sin derecho por parte de los 22 miembros del grupo delictivo, sin que haya mediado provocación del personal castrense”, concluía la Procuraduría estatal.
El relato de esta testigo vuelve a poner sobre el tapete el cuestionado papel de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen. Cerca de 40.000 militares están movilizados en estas tareas. Con una gran potencia de fuego y menos vulnerables a la corrupción, el ejército ha logrado sonoros éxitos, pero también duras críticas de las organizaciones de derechos humanos. El relator especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Christof Heyns, ha alertado de los excesos de la “represión militar” y de la falta de una “rendición de cuentas por los atropellos cometidos”. Para Heyns, México sufre una situación de “impunidad sistemática y endémica”. “Solo del 1% al 2% de los delitos, incluidos los homicidios, dan lugar a sentencias condenatorias”, señala. Los militares, además, gozan de la ventaja de ser juzgados en cortes militares en casos de delitos contra civiles.
La propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un organismo estatal mexicano, ha reconocido la gravedad del problema. “Las Fuerzas Armadas no se limitan únicamente a actuar como apoyo a las autoridades civiles y a aceptar sus órdenes, sino a realizar tareas que corresponden exclusivamente a las autoridades civiles”, sostiene la comisión.
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Los
abusos de militares han disminuido en México, pero quedan impunes
- "Los ponían en hilera y los mataban"
LUIS
PABLO BEAUREGARD México
El País, 17 SEP 2014
Los
años de la guerra contra el narcotráfico han dejado como herencia algunas
graves violaciones de Derechos Humanos cometidas por las fuerzas armadas. La
estrategia implementada en el anterior Gobierno sacó a soldados y marinos de
los cuarteles a las calles para que se hicieran cargo de tareas policiales. La
escasa preparación de los militares en esta materia se tradujo en un aumento de
las quejas en contra de la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) y la
Secretaría de Marina (SEMAR) desde 2006, el año en que comenzó la
Administración de Felipe Calderón.
En
2006 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió 182 quejas contra
los militares. Un lustro después, en 2011, uno de los años más violentos, la
cifra llegó a 1.791. “Esto se explica a partir de la intervención de las
fuerzas armadas en seguridad pública”, señala Marat Paredes, el segundo
visitador, encargado de investigar las violaciones a derechos cometidas por el
Ejército, la Armada y la Policía Federal.
Los
asesinatos fueron una parte pequeña de estas quejas compuestas por vejaciones,
desapariciones, torturas, allanamientos ilegales y faltas en los procesos de
detención de ciudadanos. En 2007 solo hubo 17 quejas por ejecuciones
extrajudiciales. El pico volvió a llegar en 2011, cuando la comisión investigó
52 casos cometidos.
Las
cifras comenzaron a disminuir a partir de la salida de Felipe Calderón de la
presidencia, en 2012. Para 2013 la CNDH ya había registrado una reducción del
50% en las quejas, llegando a 811. Cerca de 40 fueron por asesinatos
extrajudiciales. En 2014 se han recibido siete quejas por “privación de la
vida”, ninguna de ellas por los hechos ocurridos el pasado 30 de junio en
Tlatlaya, Estado de México, donde 22 civiles armados murieron tras un supuesto
enfrentamiento con soldados.
“No
hemos recibido una queja de los hechos. Cuando se recibe una queja pedimos un
informe a las autoridades y hacemos diligencias en el lugar de los hechos”,
dice Paredes. La CNDH tampoco ha comenzado una investigación de oficio, algo
que ha indignado a las ONG. “Hay un silencio total. No hay un solo
pronunciamiento en lo del Estado de México. Es un asunto que debe investigarse
sin lugar a dudas”, dice Araceli Olivos, abogada del Centro Miguel Agustín Pro Juárez.
El
descenso de violaciones a derechos humanos coincidió también con la
capacitación otorgada por la CNDH a “cientos de miles” de militares. Se creó un
protocolo para dejar claro a soldados y marinos los casos donde es correcto
usar las armas de fuego. “Únicamente cuando esté en peligro la vida de
elementos o de terceros”, agrega el visitador.
La
situación, sin embargo, no significa que haya justicia en los casos de abusos
del pasado. Los tribunales siguen teniendo pendientes cientos de expedientes
que deben de juzgar a militares. Las quejas ante la CNDH han motivado 495
denuncias penales. Solo 57 se han consignado ante un juez. El resto continúa en
la etapa de investigación.
El
caso de Otilio Cantú, asesinado en Monterrey en 2011 por soldados que le
sembraron un arma para incriminarlo, lleva tres años aguardando justicia en un
kafkiano proceso entre tribunales militares y civiles, que discuten quién es
competente para dictar una sentencia. Hasta mediados de este año el fuero
militar se mantuvo vigente en México. Gracias a él los militares que cometían
delitos seguían sus procesos en tribunales castrenses, lo que obstaculizó la
justicia por muchos años, según señalaron varias ONG y organismos
internacionales como la ONU. Una reforma al Código de Justicia Militar en junio
pasado acotó el aforamiento y obligó a que las violaciones graves a derechos
humanos sean competencia de los tribunales civiles.
En
un país donde el 98.5% de los delitos quedan impunes la sociedad aguarda a que
los crímenes cometidos por autoridades no abonen esa estadística.
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