Ayotzinapa en el Senado...

Martes 7 de octubre de 2014
Debaten grupos parlamentarios por más de cuatro horas; castigar a culpables independientemente del nivel de gobierno o partido político.
El Senado de la República creará un grupo de trabajo plural dentro de la Comisión de Gobernación, con el objetivo de coadyuvar con las autoridades en las investigaciones de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero.
Asimismo, la asamblea exigió al Estado mexicano realizar todas las acciones conducentes para localizar a los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos y mandató a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional a celebrar una sesión donde se aborde la situación de la seguridad pública en Guerrero.
El Senado también expresó su más amplia solidaridad a los familiares de los normalistas y de las personas que perdieron la vida en los “lamentables, dolorosos, indignantes e inaceptables” hechos de violencia cometidos en la Ciudad de Iguala, Guerrero, en dichos días.
Los senadores exhortaron al gobierno federal y al de Guerrero a que las investigaciones se conduzcan con estricto apego a la legalidad, con profesionalismo y se aplique la ley a los autores materiales e intelectuales y a quienes por acción u omisión tuvieron algún grado de participación.
Del mismo modo, solicitaron a la Comisión Ejecutiva Federal de Atención a Víctimas que haga uso de sus facultades conferidas por la ley, a fin de garantizar a los afectados sus derechos de asistencia, asesoría jurídica, protección, verdad, justicia, reparación integral y debida diligencia.
Al inicio de la sesión a solicitud del senador René Juárez Cisneros, del PRI, el Pleno del Senado guardo un minuto de silencio. El presidente en turno, Luis Sánchez Jiménez, solicitó a la Asamblea ponerse de pie.

-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA:  Informo a la asamblea que en la agenda de hoy están inscritas cuatro proposiciones de los grupos parlamentarios, y de la senadora Mónica Arriola, relativa a los hechos ocurridos en Ayotzinapa, Guerrero. Debido al interés manifestado sobre el asunto, la Mesa Directiva acordó dar oportunidad para que se presenten las proposiciones inscritas, antes de dar inicio, con  la presentación de las proposiciones, se dará lectura a un pronunciamiento suscrito por los integrantes de la Mesa Directiva.
Pronunciamiento:  Con relación a los hechos de violencia ocurridos en Iguala, Guerrero, en los días recientes, en los cuales fueron asesinados siete personas, la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, la fuga del Presidente Municipal de Iguala, el hallazgo de una fosa clandestina con varios cuerpos, cuyas identidades están procesándose, y por la gravedad, urgencia e irreparabilidad de los acontecimientos, el Senado de la República expresa su severa condena a estos lamentables hechos, que afectan gravemente la vida de Guerrero y de nuestro país.
El Senado de la República se solidariza con los familiares de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, y de las víctimas localizadas en las fosas clandestinas y manifiesta su respaldo con la población de Iguala y del resto de este Estado.
En la Mesa Directiva, y acordado con los coordinadores de los grupos parlamentarios, se ha acordado lo siguiente:  Que cada grupo parlamentario presentará su posicionamiento, primero el Partido Revolucionario Institucional, después el Partido Acción Nacional, enseguida el Partido de la Revolución Democrática, continúa el Partido Verde Ecologista, y concluye el Partido del Trabajo.
Inmediatamente después se abrirá a la participación de todas y todos los senadores de los grupos que deseen hacerlo. No va a haber inscripción ni a favor ni en contra, al mismo tiempo una comisión de senadores, uno por cada grupo parlamentario intentará construir una propuesta de consenso como resolutivo para que al final sea votada por el pleno del Senado.

Por eso el pronunciamiento que hicimos como Mesa Directiva fue muy corto, porque finalmente el pronunciamiento del Senado será el que se construya una vez que se desahogue la participación de los representantes de los grupos y de las y los senadores interesados en participar.

Con la tolerancia del tiempo que esta Mesa Directiva ha tenido para las y los oradores, el tiempo asignado para cada intervención es de 5 minutos. Advierto, con la tolerancia del tiempo que ha sido regla en el debate y en la conducción del mismo.

Con esa manifestación abriremos ya la participación de este asunto en el que, repito, el Senado no será omiso, el Senado no será el lugar donde se valga la discusión. En el Senado tenemos que estar muy atentos a que estos hechos se esclarezcan y de estos hechos se determinen las responsabilidades correspondientes.

Es un hecho que lamentamos, es un hecho que no es del Estado de Guerrero, es de México, es de la nación. Y que sin duda nos tienen que ver a las y los senadores y a este órgano del Estado involucrado con la verdad y con el esclarecimiento de los hechos tan lamentables y que reprochamos.

En ese tenor, tiene el uso de la palabra el senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

        Adelante, senador.

        Con mucho gusto senador, vamos formándola.

        -EL C. SENADOR RENÉ JUÁREZ CISNEROS: Con su venia senador presidente. Senadoras y senadores de la República.

        Es un error esencial considerar la violencia como una fuerza. La violencia engendra odio y rencor y propicia más violencia.

        Rechazamos la violencia en cualquiera de sus expresiones.

        Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, expresamos nuestra más amplia solidaridad a los familiares de los jóvenes normalistas y de las personas que perdieron la vida en esos lamentables, dolorosos, indignantes e inaceptables hechos de violencia, suscitados en el Estado de Guerrero, el 26 y 27 de septiembre del año en curso.

        Condenamos enérgicamente estos hechos de violencia que enlutan hogares guerrerenses y provocan indignación nacional.

        Exigimos a las autoridades que las investigaciones se conduzcan con estricto apego a la legalidad, con profesionalismo, eficiencia y eficacia y se aplique la ley a los responsables, evitando que estos delitos queden impunes, garantizando siempre los derechos de las víctimas y de sus familias.

        La mejor forma de resolver una dificultad es no tratar de soslayarla. Reconocemos la decisión del gobierno federal de mantener la cooperación y coordinación institucional con el gobierno del Estado, instruyendo a los órganos de seguridad pública federal que se aboquen a investigar los hechos, conocer la verdad, dar con los responsables y castigarlos conforme a la ley con todo el poder del Estado.

        Frente a estos hechos de violencia no cabe el más mínimo resquicio para la impunidad. Esto debe expresarse con toda claridad frente al mundo en consonancia y respeto irrestricto a los derechos humanos y de la paz. A los que se ha comprometido nuestro país en el ámbito internacional.

        Expresamos nuestro enérgico rechazo a cualquier intención perversa que pretenda politizar y lucrar con el dolor de las familias afectadas.

        Ningún partido político tiene derecho a buscar beneficios electorales. Este es un asunto judicial y en ese ámbito exclusivamente debe atenderse.

        Evitemos rumores y especulaciones que confundan al pueblo de Guerrero y abonen a la desconfianza y al desencuentro de los guerrerenses.

        Por el bien de todos, estos delitos deben de investigarse y resolverse a la brevedad posible, siempre en cumplimiento del Estado de Derecho. Nadie, absolutamente nadie, puede estar por encima de la ley.

        Una vez esclarecidos estos indignantes y aberrantes acontecimientos, el Estado de Guerrero debe entrar en un profundo proceso de reconciliación y concordia que permita avanzar en la recuperación de la armonía, la tranquilidad y la paz que indiscutiblemente merece el pueblo de Guerrero.

        Es cuanto, senador presidente.

        Senadoras y senadores, muchas gracias por su atención.

        (Aplausos)

        -EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Gracias. Tiene el uso de la palabra la senadora Luisa María Calderón Hinojosa del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

        Si no está, pasamos al que sigue y habla cuando llegue.

        Tiene el uso de la palabra el senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

        -EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Con su permiso, señor presidente. En los últimos meses la zona norte del Estado de Guerrero ha sufrido una importante escalada de violencia.

        A lo anterior se suman los indignantes hechos del viernes 26 y la madrugada del sábado 27 de septiembre pasado que dejaron un saldo de 6 personas muertas y al menos 20 heridos.

        La profunda indignación de la sociedad guerrerense de todo el país incrementa día a día por la ausencia de 43 jóvenes normalistas que aún se encuentran en calidad de desaparecidos.

        Ante estos lamentables hechos, el lunes 29 de septiembre pasado, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero informó que detuvo a 22 elementos de la Policía Preventiva de Iguala.

        Derivado de las declaraciones de los detenidos, se hallaron distintas fosas clandestinas en cuyo interior se localizaron restos humanos que desafortunadamente se presume son de estudiantes normalistas.

        El gobernador Ángel Aguirre Rivero instruyó a la Fiscalía General del Estado para promover un juicio de procedencia ante el Congreso del Estado en contra del presidente con licencia del Municipio de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, a efecto de que se le retire el fuero constitucional y pueda responder a los señalamientos existentes en su contra.

        Compañeras y compañeros:

        Los crímenes contra los normalistas de Ayotzinapa se suman, sin duda, a las más negras horas de la vida nacional.

        Es un hecho sin precedente en la historia contemporánea. De esos hechos que dejan heridas profundas en la memoria de un país.

        La indignación y el dolor de las familias que han perdido a sus hijos, el agravio de la comunidad de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, llegan hoy a esta tribuna.

        Después de lo ocurrido en Iguala, tenemos que reconocer que hoy México es otro. No sólo por las acciones de violencia del crimen organizado contra jóvenes estudiantes, sino porque aquí se trata de la erosión y la colusión de la propia autoridad municipal que siendo responsable de la seguridad, participó y ordenó asesinar y desaparecer a ciudadanos.

        Hoy en el Senado de la República están las voces de una sociedad guerrerense agraviada, la demanda nacional de justicia y la denuncia de organismos internacionales que reclaman los actos de omisión en los distintos órdenes de gobierno.

        Se requiere llegar hasta las últimas consecuencias para esclarecer estos hechos de horror y castigar con todo el peso de la ley se trate de quien se trate, a los culpables. No pueden quedar en la impunidad este tipo de acciones.

        Por lo anteriormente expuesto, someto de urgente resolución a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.

        Primero.- El Senado de la República expresa su más profunda condolencia a los familiares de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, víctimas de los actos de violencia cometidos en la Ciudad de Iguala, Guerrero.

         Segundo, el Senado de la República  exhorta al Gobierno de Guerrero, al Gobierno Federal para que lleven acciones de coordinación determinantes que conduzcan a la inmediata  identificación de los responsables de dichos crímenes, así como el desmantelamiento de toda la organización criminal y las redes de complicidad con autoridades  y actores de la clase política que atentan contra la vida, integridad y tranquilidad de los ciudadanos y trastocan  el estado de derecho en la entidad.

        Tercero,  el Senado de la República solicita que las investigaciones que se lleven a cabo se realicen en un marco de transparencia, celeridad u objetividad y continua  comunicación con la sociedad, con el objetivo de identificar y sancionar conforme a derecho procedan contra quienes resultan responsables.

        Asimismo, a que se informe a esta soberanía sobre el avance y resultados de las investigaciones.

        Para ello se propone conformar un equipo de trabajo plural dentro de la Comisión de Gobernación que conjuntamente con  la Mesa Directiva pueda coadyuvar con las autoridades para estos propósitos.

        Es cuánto, señor Presidente.

        -EL C. PRESDIENTE BARBOSA HUERTA: Gracias Senador.

        Hago la referencia de que hay un grupo de Senadores, uno por cada grupo parlamentario que va a construir una propuesta que será sometida a votación del pleno del Senado.

        Así es que cada grupo parlamentario presentará su punto de acuerdo y presentará proyectos de resolución, pero finalmente lo que va a ser sometido al pleno es la conjugación de los mismos con toda la voluntad de que así pueda ser.

        Estamos desahogando bajo este procedimiento cuatro propuestas de grupos parlamentarios y uno de la Senadora Mónica Arriola, vamos, cuando terminen las posiciones de los proponentes, vamos a proponer a consideración  si se admite a discusión y como estoy cierto que va admitirse,  es lo que va a permitir la intervención de las y los senadores de manera libre que quieran hacer.

        Con esa referencia, por el hecho de la duda o de  un poco la posición que tuvo el Senador Ríos Píter, de   hacer propuestas en específico.

        Tiene el uso de la palabra la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, pero  desde su escaño el Senador Isidro Pedraza.

        Adelante, Senador.

        -EL C. SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ (Desde su escaño): Gracias Presidente, nada más para precisarle que me inscriba el Senador Ríos Píter en su punto de acuerdo y poder ampliar no solamente a los alumnos, sino a los familiares de la sociedad que ha sido lastimada en otros delitos.

        -EL C. PRESDIENTE BARBOSA HUERTA: Adelante, Senador, ojala nos hiciera esa visión por escrito y la incorporamos como parte del punto de acuerdo que presentó el Senador Ríos Píter.

        Adelante, Senadora Luisa María Calderón Hinojosa.

        -LA C. SENADORA LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA: Gracias Presidente.

        Quiero sumarme a esta enérgica protesta, el Partido Acción Nacional acudió a Guerrero a protestar y a solidarizarnos y a saber que  está pasando por ahí.

        Pero me parece que no podemos verlo como un caso aislado y vernos sorprendidos, creo que hoy es lo que menos podemos hacer y es en donde menos podemos  atorarme.

        Para ello haré un recuento rápido de lo que ha pasado en los últimos años, recuerdo que  en el año de 1997 se expidió una primera Ley contra la Delincuencia organizada, esa Ley tiene 17 años y no sé si hemos tenido  tiempo de validar, revisar o de evaluar su eficiencia.

        Estoy  segura que a finales de 2006 aprobamos también en el Senado si podía haber concurrencia entre  los estados de la federación y los municipios para perseguir y detener a los vendedores de tachas y narcomenudistas porque había  alarma en todos los partidos políticos respecto de la venta y el acceso tan fácil que tenían los niños y adolescentes a la venta de drogas.

        Más tarde y en el año 2007  a partir de una solicitud del gobierno de Michoacán, el Presidente de la República entró a coordinarse con el Gobernador Lázaro Cárdenas a tratar de contener la delincuencia organizada que se presentaba de forma terrorista en algunos municipios del estado con ejecuciones violentas  que cada vez han ido haciéndose más crueles, más inhumanas, más reprochables.

        A partir de ahí se hizo visible que hay una red de narcotráfico que ha ido variando su forma de operación, que ha ido variando  su estrategia y que fue ocupándose no sólo del trasiego, no sólo de la siembra, sino también fue buscando aliados, modelo que tenemos clarísimo  en Michoacán, buscando aliados desde los procesos electorales, previendo desde recursos financieros para sus campañas y después pidiendo la dirección  de la policía y  después pidiendo la libertad para transitar de un municipio a otro con secuestrados, teniendo cuotas, teniendo halcones de tal forma que hoy y en este proceso el Presidente de la República empezó por un diagnóstico y después tras otras líneas estratégicas para tratar de contener; la primera fue la contención, a partir de ello empezó a armar cuerpos de inteligencia en la policía, pasó de tener  8 mil integrantes  a 35 mil, muchos de ellos con universidad con un núcleo de inteligencia, por cierto en ese núcleo de inteligencia trabajaba el que hoy es el comisionado de la policía federal, y empezó sí, de un llamado de emergencia a ir construyendo una estrategia en tres sentidos, la primera fue la contención.

        Encontró también que en el Ejército había  muchas desviaciones, cambios de los militares hacia la banda de la delincuencia organizada y después sólo empezó a buscar incentivos para que el Ejército se quedara, se quedara del lado del Estado.

        Coordinación entre los militares y los marinos, acompañamiento en Veracruz y en Tamaulipas, una segunda línea estratégica que tenía que ver con la reconstrucción de las instituciones en este Senado y en la Legislatura anterior que ha ido modificando la extinción de dominio, la Ley de Lavado, los procedimientos penales, únicos, varias legislaciones que tenían que ver, que tienen que ver  con contenerlos y una tercera estrategia que surge  a partir de Ciudad Juárez, teníamos la atención puesta todos en las muertas de Ciudad Juárez, empezó a construirse un modelo; modelo que se ha replicado, que hoy se conoce  y que está implementado en los polígonos de este país donde hay población vulnerable a la delincuencia organizada.

        No podemos hoy, repito, llamarnos a  sorprendernos, han pasado 17 años de la primera Ley contra la Delincuencia organizada, ahora lo aprendimos clarito, la delincuencia organizada frente a los intentos de contención también ha hecho su modelo y tiene ese modelo que ha repetido en Michoacán, que está repitiendo en Tamaulipas, que hoy vemos muy claramente  en el Estado de Guerrero.

        Este modelo; este modelo es el que hoy tenemos que atacar.

        Es claro que la delincuencia se infiltra, se  diversifica, se hace aliados a los candidatos y los obliga después a tener sus policías, los obliga a tenerlos el paso libre para atrás y topar el trasiego para la venta, para hacerse dueños hoy de las vidas, de la economía, es lo que tenemos que atacar.

        El modelo lo tenemos enfrente y no podemos decir que es hoy un tema sorpresivo, hoy ya no podemos llamarnos a sorprendidos tanto que el CISEN sabía; sabía hoy que el Alcalde de Iguala era  un agente que había sido financiado por la delincuencia financiada y que había recibido recursos para dar y regalar.

        Hoy es nuestra obligación como Senado, no podemos  decir tiene la culpa a, b, c o d, hay 17 años de trabajo para poder contenerla y frente a ese trabajo  a un municipio, a un estado, a la federación, a las legislaciones distintas, hoy nuestra responsabilidad es decir juntos basta, sí es exigible decir a los que fueron los hechos, pero también es exigible que todos tengamos cuidado en las candidaturas, en los órganos electorales, en las policías, que sumemos esfuerzos, que cumplamos con las metas, que no tengamos el pretexto de que no tenemos recursos, que dejemos  de lado el tema mediático, nadie ya en este país podemos patear el bote cada vez que tenemos un evento que nos duele, que nos lastima, porque del otro lado, del otro lado la delincuencia sigue haciendo de aliados; la del otro lado de la delincuencia tiene más recursos, del otro lado de la delincuencia se hace más la gente vulnerable y de este lado ni siquiera hemos sido capaces de reivindicar el valor de la vida,  el cuidado de la vida de parte del estado, porque esa es la tarea fundamental del estado.

        Una estrategia que tenemos que hacer juntos es: reivindicar el valor de la vida. Para eso está la policía, para eso estamos nosotros, para eso los alcaldes, para eso el Presidente de la República, para cuidar la vida, para eso es que venimos aquí. Y es la primera reivindicación y la primera línea estratégica que sugiero que tomemos como nuestra responsabilidad.

        La segunda es también saber ¿Cuáles tramos de control podemos tener con indicadores, con persecución, con observatorios ciudadanos, con cuentas claras y pertinentes?

        Cuando es sólo cuando el alcalde se enoja porque nos normalistas van y le interrumpen su fiesta a la señora del DIF, que está dando su informe, porque el alcalde la quiere de candidata a alcaldesa, no es sólo ese evento, no es sólo cuando revienta, no es sólo cuando desoyen a los chicos, que no podemos ni siquiera mencionar que sea aceptable.

        ¡No es posible! Hoy es nuestra responsabilidad compartida.

        Hoy, con el aprendizaje que hemos tenido.

        Hoy, con las instancias que se han fortalecido.

        Hoy, con los sistemas de inteligencia.

        Hoy, con el esfuerzo de cada uno de nosotros.

        Yo creo que no podemos, ninguno, llamarnos sorprendidos.

        Ya debemos tener la capacidad de una estrategia de prevención. Ellos la tienen, ellos se han ido adaptando, ellos han ido vulnerando a nuestra sociedad.

        Así que, repito, es hora de que tengamos una estrategia de prevención; es hora de que revisemos el Poder Judicial; es hora de que revisemos este sistema de justicia penal que entrará pronto en vigencia, y del que tenemos que tener controles en cada uno de sus tramos.

        Cuando alguien va a denunciar.

Cuando el fiscal tenga claro qué hizo del levantamiento de expediente.

Cuando nos diga cuántos de los casos que levantó se cayeron en el juzgado.

Cuando sepamos a cuál juez lo fueron a visitar con un portafolio en el Estado de Michoacán.

Cuando tengamos cada uno de los tramos de control, entonces, digamos, hemos empezado a ganar la batalla, mientras, de repente, nos damos golpes de pecho.

Pero es inaceptable, inadmisible que la delincuencia cada vez sea más inhumana, más cruel y más impune.

Así que hoy nos toca recuperar el sentido de la vida, nos toca hacer una estrategia de prevención en donde todos hagamos la parte que nos corresponda, y que le digamos a la ciudadanía que también la necesitamos con nosotros en los tramos de control.

Que nos supervise a los gobernantes; que vea quién al ministerio; que vea quién, a cada senador y a cada diputado que actúa, de qué manera.

Entonces, podremos empezar a decir: estamos trabajando para recuperar el sentido de la vida.

Le agradezco, Presidente. (Aplausos).

-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Gracias, senadora.

Se concede el uso de la palabra al senador Carlos Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

-EL C. SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS: Muchas gracias.

Con la venia de la Presidencia.

Senadoras y senadores:

Por todos nosotros es conocido estos lamentables hechos y acontecimientos violentos que acudieron en el Municipio de Iguala, Guerrero, desde la muerte de 6 personas, varios heridos y desaparición de más de 40 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, hasta el hallazgo de 6 fosas clandestinas en las que se encontraron 28 cuerpos.

Al respecto, mi partido y nuestra bancada en este Senado de la República, condena estos actos violentos y cualquier otro acto que viole los derechos humanos.

Asimismo, las y los senadores de este instituto político, queremos manifestar que estaremos atentos para que con estricto apego a la ley se investigue y sancione a los responsables de estos hechos inaceptables y dolorosos para todas y para todos los mexicanos.

Reconocemos la sensibilidad y el  compromiso del Gobierno Federal, pero también la colaboración de los 3 órdenes de gobierno para que los hechos delictivos no queden impunes y se conozca la verdad y se sancione a los responsables en términos de la ley.

Destacamos también que el Gobierno Federal ha sido respetuoso de la ley y del federalismo, y también ha sido muy firme en su decisión de generar las condiciones que permitan recuperar la paz y tranquilidad en todos los rincones del país. Los 3 órdenes de gobierno deben de participar en este propósito.

En Guerrero estamos frente a una situación que requiere una atención inmediata por parte de todas las fuerzas políticas.

Los invito y los culmino a que sumamos los esfuerzos para lograr este cometido, para poder reconstruir el tejido social y reforzar las instituciones que permitan el ejercicio de gobierno.

Por su atención, es cuanto.

Muchas gracias, Presidente. (Aplausos).

-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Gracias, senador.

-Tiene el uso de la palabra para este tema el senador David Monreal Avila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

-EL C. SENADOR DAVID MONREAL AVILA: Con el permiso, Presidente.

2 de octubre de 1968, jueves Negro de Corpus, de 1971.

“Aguas Blancas”, de 1995.

“Acteal”, de 1997.

“Viejo Velasco y San Salvador Atenco”, en el 2006.

Y ahora Tlatlaya e Iguala, en el 2014.

Han sido actos inhumanos, crueles, que consistieron en asesinatos, persecuciones o abusos excesivos de la fuerza contra la población civil por motivos sociales y políticos perpetrados por las autoridades o por particulares que actuaron bajo su tolerancia.

En todos estos casos, el Estado mexicano es el responsable por acción y omisión de dichos actos, que bien se pueden considerar muchos de ellos del lesa humanidad, y que nunca han esclarecido, y lejos de los discursos de estado, no ha existido una verdadera intención de frenar este tipo de actos inhumanos e indignantes en contra de la sociedad, mucho menos han asumido su responsabilidad.

Ante estas fechorías, los 3 órdenes de gobierno y su elite política siguen pugnando por difundir una realidad utópica. En contraste, la sociedad civil se mantiene expectante, temerosa, refugiada en movimientos y luchas sociales.

Se admita o no, el estado ha fallado en una de sus principales y primordiales funciones: preservar la paz y garantizar la vida de la población.

Se tiene un México bárbaro. Hoy en día la violencia extrema configura la forma suprema de definición de asuntos públicos ante la imposibilidad de resolverlos por vías institucionales y pacíficas.

Abundan los escenarios en que los policías reprimen con saña por el mero gusto de mostrarse superiores.

Ministerios públicos que consideran el debido proceso como mero accesorio y como el asesinato de una veintena de personas de Tlatlaya, Estado de México, donde el gobierno ha restado importancia a las acusaciones de una masacre perpetrada por el ejército, para posteriormente tratar de encubrirlo.

        O ahora, el caso atroz, inhumano, indignante, donde el crimen organizado, legalizado como parte de la policía municipal, detiene y ejecuta a 17 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos, de Ayotzinapa, y desaparecen a 43 más, cuyos presuntos restos, ahora comienza a emergen de fosas clandestinas, con marcas de terror.

        ¿Qué futuro nos espera con un Estado que mata, que reprime, que tortura y desaparece a sus estudiantes?

        En el suelo de Tlatlaya y de las fosas clandestinas de Iguala, emergen las consecuencias de un Estado que se convierte en el lobo de sus habitantes; donde no impera el estado de derecho y, en cambio, la corrupción se disfraza de legalidad; la impunidad se legitima en la retórica de las autoridades involucradas y responsables, y en la que el sufrimiento, el dolor y el miedo se entretejen en la vida cotidiana de millones de mexicanos, y se diluye en la esperanza de un día las cosas puedan cambiar.

        Lo que ha acontecido en Iguala, no son hechos aislados. Ahí está Michoacán, Tamaulipas y otros muchos estados de nuestra República.

        Fue en Guerrero, donde más se agudizó tener un comisionado y toda la fuerza federal al mando, no es la solución.  Aun cuando en Guerrero, se esté pensando también en enviar un comisionado.

        Es inaceptable, cualquier tipo de represión a la protesta social, pero más aún, es indignante cuando esto ocurre contra estudiantes, porque no es un delito manifestarse.

        ¿Quién va a resarcir el dolor de las familias que han perdido a sus hijos? Desde aquí, me uno al sufrimiento de las familias de los estudiantes y personas asesinadas en los hechos de Iguala.

        Son más que evidentes las acciones del Estado en contra de la sociedad.  Pues diversos han sido los mecanismos que han utilizado para descalificar la protesta civil, que no tiene otro objetivo, que el demostrar su inconformidad con todos los actos que atropellan sus libertades, sus derechos, establecidos en la Constitución Política Federal.

        La impunidad es la condición perfecta para estos crímenes de Estado sigan ocurriendo.  De nada servirá que ahora buscan mandar un comisionado, también, a Guerrero. Porque además de ser una clara injerencia en la soberanía y autonomía de las entidades federativas y los municipios; no estriba ahí una verdadera solución, ya que ha quedado más que claro, que las redes del crimen alcanzan vínculos hasta con funcionarios de alto nivel.

        La gente en Iguala, en Tlatlaya, ha sido como en todo el país, está cansada de tanta violencia, injusticia e impunidad; pero sobre todo, de tantas mentiras por parte de la autoridad. Cuando salen a decir, que ahora sí no habrá impunidad.

        Es indignante que se escuchen con mayor contundencia reclamos de justicia desde el extranjero, en lugar de que fuera desde el Gobierno Federal.

        Iguala en la historia de México, es el símbolo del fin de la Guerra de la Independencia y cuna de la Bandera Nacional.

        Y ahora, es el referente de la sangre derramada y la impunidad que se vive en el país. Además de la vida que les arrancaron a los estudiantes normalistas, a la gente de Iguala, han robado su libertad, su derecho a vivir bajo la protección del Estado y han llenado sus vidas de miedo, pero sobre todo, les ha arrebatado su tranquilidad.

        Reitero públicamente, mi compromiso y exigencia por la justicia, la veracidad y el irrestricto respeto, divulgación y salvaguarda de los derechos humanos.

        Exigimos desde acá, castigo a los autores materiales e intelectuales de los crímenes; reparación integral del daño y adopción inmediata de medidas ante estos indignantes hechos, que constituyen crímenes de lesa humanidad.

        De los cuales, el Estado mexicano también tiene responsabilidad.

        Es cuanto, señor presidente. (Aplausos)

        -EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Gracias, senador David Monreal Ávila.

        Para hablar sobre el mismo asunto, tiene el uso de la palabra la senadora Mónica Arriola Gordillo.

        -LA C. SENADORA MÓNICA ARRIOLA GORDILLO: Con la venia de la Presidencia.

        Compañeras y compañeros senadores: La defensa de los derechos humanos, es más que un encendido discurso, definitivamente es mucho más que una oratoria de índole política.

        El día 26 de septiembre aconteció un suceso trágico, que conmueve a toda la nación. Una violenta acción que lastima a los futuros educadores de nuestro país, y con ello, a cada uno de nosotros.

        Las reformas estructurales, como lo fue en su momento la educativa, nos encaminan por un sendero de innovación y transformación, en donde la mayoría de los presentes apostamos por mejorar a México a través del cambio. Sin embargo, no existe voluntad política o acción noble que se sobreponga a este violento acontecimiento.

        Horroriza pensar que los jóvenes víctimas de estas imperdonables acciones, sean aquellos que decidieron dedicar el resto de su vida, como maestros, a pensar y sentir, y hacer pensar y sentir.

        Ellos decidieron destinar su existencia dar forma y rumbo a la vida de otros.  De nuestros hijos, de nuestras hijas, de los hijos de México.

        No juzgamos, hacemos conciencia. Conciencia de la obligación del Estado, a garantizar la seguridad, la paz y la tranquilidad de su población.

        Sabemos que no hay mejor regalo de la vida, que encontrar un verdadero maestro. Una persona que su único propósito es el rescatar el valor humano del conocimiento, abrir nuestros horizontes y que nos desafiemos a nosotros mismos, que rompamos nuestras limitaciones, en suma, los que dan formación al presente y el futuro del país.

        Ellos representan la luz de las posibilidades, nos confieren regalos invaluables: la libertad, el juicio y la oportunidad de una nueva realidad.

        Compañeras y compañeros senadores: No podemos permitir que el esfuerzo realizado se vea opacado por el actual ilegal e inhumano de unos cuantos individuos. Esos, los que atentan contra la integridad de nuestra nación y de nuestro futuro, no representan nuestra esencia, no reflejan lo que es México.

        Hemos asumido como parte fundamental de nuestra agenda, el respeto, la promoción y expansión de los derechos humanos. Nuestra voz en este momento tiene que ser fuerte. Hoy se debe escuchar en todo el país.

        Los testimonios de lo acontecido en el estado de Guerrero, ponen en riesgo el avance que se ha marcado claramente por nuestra sociedad. 

        Seis personas que perdieron la vida, 43 desaparecidos y más de 20 heridos, representan un saldo doloroso.

        Saber que dentro de estos números se encuentran jóvenes deportistas, futuros maestros con un porvenir brillante, es inaceptable. 

        El pronóstico después de encontrar 28 cuerpos calcinados, en fosas clandestinas, nos estremece, no solo como sociedad, sino como personas.

        Se han realizado, al día de hoy, varias acciones para resolver la situación de manera inmediata. Especialmente por el Gobierno Federal, al instruir operativos de seguridad e investigación en el estado, reconociendo ampliamente el esfuerzo manifestado, quisiera expresar mi inmensa preocupación por el respeto intrínseco e irrestricto a los derechos humanos de las víctimas, tanto directas como indirectas.

        Y, sobre todo, la reparación integral del daño causado.

        Entiendo que el vacío y el dolor provocado por la pérdida de un hijo, un hermano, un maestro en formación, son irreparables.

        Sin embargo, la obligación del Estado, de subsanar estas omisiones, no desaparece.

        Nos ubicamos en esta tribuna, para que se garanticen en todas las actuaciones de la autoridad, los derechos humanos, de acuerdo a lo que establece la Ley General de Víctimas y los Tratados Internacionales.

        Específicamente para una investigación pronta y eficaz, que lleve, en su caso, a la identificación y el enjuiciamiento de los responsables, de las violaciones a los derechos humanos, y a la inmediata localización de los estudiantes normalistas del estado de Guerrero.

En este mismo sentido debe existir la reparación integral del daño por parte del estado de forma adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva.

Que se les brinde protección y se salvaguarden sus vidas y su integridad corporal.

Su derecho a solicitar y a recibir ayuda,  asistencia y atención en forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita, y efectiva por personal especializado.

En suma, la aplicación efectiva de la Ley General de Víctimas.

Lo ocurrido nos lastima a todos como mexicanos, pero me rehuso de manera firme a quedar en el lamento y a tolerar que las acciones de unos cuantos sujetos se sobrepongan a la esencia solidaria de esta gran  nación, pero sobre todo de este Senado de la República.

Compañeras y compañeros senadores: el daño hecho no sólo es doloroso e irremediable; se ha dicho que el secreto de la paz es el respeto a los derechos humanos.

Debemos exigir el resguardo de manera absoluta de los derechos que se han visto perjudicados en los hechos acontecidos el pasado 26 de septiembre en Guerrero.

Sé que los ataques individuales son continuos, pero comprendo, con absoluta convicción, que nuestra voluntad, nuestra defensa y nuestra lucha es incansable.

Hoy, nos toca dar un paso más por los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, y  por los jóvenes del equipo Avispones de Chilpancingo, confían en nuestro buen juicio, por ello es momento de corresponder.

Hoy como única senadora del Partido Nueva Alianza en el Senado de la República les dejo el punto de acuerdo que propongo, donde el primero es:

Que el Senado exhorta respetuosamente al gobierno federal para que en conjunto con el gobierno del Estado de Guerrero garantice los derechos de las víctimas directas e indirectas del delito y de violaciones a derechos humanos de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Víctimas, específicamente a una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso a la identificación y enjuiciamiento de los responsables de violaciones a los derechos humanos, y a la inmediata localización de los 43 estudiantes normalistas del Estado de Guerrero.

Segundo.     El Senado de la República exhorta respetuosamente al gobierno federal para que junto con el gobierno del Estado de Guerrero garantice la reparación integral del daño por parte del estado de forma adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el perjuicio o menoscabo que han sufrido como consecuencia de las violaciones a sus derechos humanos y por los deterioros que esas violaciones les causaron, a que se les brinde protección, y se salvaguarde su vida y su integridad corporal.

A solicitar y recibir ayuda, asistencia y atención en forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita y efectiva por personal especializado en atención al daño sufrido desde la comisión del hecho victimizante.

Así como a que esa ayuda, asistencia y atención no dé lugar en ningún caso a  una nueva afectación, y todos aquellos señalados en el Artículo Séptimo de la Ley General de Víctimas.

Es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BARBOSA HUERTA: Gracias, Senadora Mónica Arriola. Han sido presentados los puntos de acuerdo de diversos grupos parlamentarios, y de la Senadora Mónica Arriola.

Para poder abrir la discusión, vamos a someter a consideración del pleno en términos del Artículo 109 y 110 del Reglamento si es de considerarse de urgente resolución, por tanto, le pediré a la Secretaría lo haga, consulte a la Asamblea, y se someta en votación económica a su consideración.

- LA C. SECRETARIA SENADORA DÍAZ LIZAMA: Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución, y se pone a discusión de inmediato, quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(LA ASAMBLEA ASIENTE)

- Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(LA ASAMBLEA NO ASIENTE)

- Sí se considera de urgente resolución, Presidente.

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BARBOSA HUERTA: Esta Mesa Directiva ha recibido lista de oradores de los grupos parlamentarios, voy a dar lectura, se han hecho agrupamientos de oradores de menor representación a mayor representación, en bloques.

Si algún senador o senadora que no haya pedido el uso de la palabra, que no esté considerado en esta lista, y quiera hacer uso de la palabra, nos lo dice, y lo incluimos.

Primer bloque.

Senadora Layda Sansores San Román, Senadora Dolores Padierna Luna, Senador Francisco García Cabeza de Vaca, Senador Ismael Hernández Deras.

Segundo bloque.

Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, Senadora Angélica de la Peña Gómez, Senadora Adriana Dávila Fernández.

Tercer bloque.

Senador Alejandro Encinas Rodríguez, Senador Salvador López Brito.

Cuarto bloque.

Senador Fidel Demedicis Hidalgo, Senadora Silvia Garza Galván.

Quinto Bloque.

Senador Raúl Morón Orozco, Senador Javier Lozano Alarcón.

Sexto bloque.

Senadora Alejandra Barrales Magdaleno, Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza.

Y, después, finalmente dos oradores, Senador Zoé Robledo Aburto y Senador Sofío Ramírez Hernández.

Si durante el desahogo de esta discusión, en la intervención de estos oradores, alguna oradora u orador quiere registrarse con mucho gusto lo anotamos; se ha registrado, se ha agregado  el Senador Enrique Burgos.

Así es que tiene el uso de la palabra la Senadora Layda Sansores San Román.

- LA C. SENADORA LAYDA SANSORES SAN ROMÁN: Presidente, compañeras, compañeros. Creo que lo sucedido en Iguala, es el hecho criminal más grave que ha acontecido en los dos años de Peña Nieto.

Pero más grave aún es que no se trata de un hecho aislado, forma parte de una cadena de asesinatos y de masacres que nos hablan ya de una crisis de estado.

Esta es una responsabilidad local, decían en un principio. No, también federal, fundamentalmente; es la globalización del crimen, y ahí tenemos, recientemente Tlatlaya, sucedido en el Estado de México que gobierna Peña Nieto, porque es para lo que le alcanza.

Pero, las primeras protestas ya se tienen por el ejército, por miembros de la tropa; y esto hay que tomarlo en cuenta, y por eso quiero hacer este apartado.

Estas protestas son inéditas, y se requiere una explicación más amplia y  más puntual, y por eso, insisto otra vez, en que comparezca el Secretario de la Defensa y el Secretario de Marina, porque hay muchas preguntas, a  lo mejor él no tenga tantas respuestas, pero sí, hay cosas que tiene que puntualizar para nuestra tranquilidad.

Cuesta trabajo creer,  conociendo las jerarquías en el ejército, que los únicos responsables son un teniente y miembros de la tropa.

¿Quién es el hombre de atrás? Como se le llama en una doctrina jurídica para explicar el dominio del hecho o digamos, ¿quién es el hombre de arriba?, el que no jala el gatillo, pero es el que da la orden, y suministra los materiales.

Se acusa a un teniente que por desobediencia, y yo más bien diría, que por obediencia ciega a un alto mando.

Porque, dónde quedó el coronel, ni siquiera se habla de él, pero él, es quien estaba a cargo de las tropas.

Y, la máxima responsabilidad tendrá que recaer siempre en los altos mandos, y hay un artículo que lo indica en la ley de disciplina del ejército.

“…El superior será responsable del orden en las tropas que tuviera a su mando, así como del cumplimiento de las obligaciones del servicio, sin que pueda disculparse en ningún caso de la omisión o descuido de sus subalternos, igual lo es del alto mando militar, porque de ahí provienen las órdenes, y a lo mejor habría que ir, quién es el jefe supremo.

De los 600 desaparecidos en la guerra sucia, en Guerrero; de la masacre de Aguas Blancas; de la de Acteal; de la sierra de Chihuahua, de la matanzas del bosque; de la de Agua Fría; de la masacre de San Fernando; de las muertes sin fin en Michoacán; de las matanzas del Charco; de Mesa de la Guitarra; de las masacres de Tlatlaya  y ahora de Iguala.

¿Saben cuántos funcionarios están en la cárcel? Ninguno, porque la espada de la justicia en nuestro país es inflexible cuando se dirige hacia abajo; pero cuando apunta hacia arriba se tuerce.

Peña Nieto sale en cadena nacional para una catarsis personal, pero no para ahondar en el problema. Piensa candorosamente que la difusión de ese discurso inocuo, vació, frente a la gravedad de los hechos, va a tranquilizar a la comunidad internacional como si fueran menores de edad. Se trata de pedir una investigación que va a encubrir su propia responsabilidad, y creo que el ocultamiento no puede ser de ninguna manera la solución, ya estamos hartos de máscaras y antifaces.

Y repitió en su discurso una frase que ya está desgastada de tanto usarla y de no servir para nada: “En un estado de derecho no hay resquicios para la impunidad”. Por favor, quién puede creerle, ni dentro ni fuera del país, si en dos años de gobierno sigue solapando a pillos cercanos a su vida política.

Mientras Peña recibía en Nueva York otro galardón internacional, de los que tanto disfruta coleccionar, bandas y corcholatas, membretes y portadas, y hablaba de cifras frescas extraídas de su mundo virtual. Así dijo textual: “La violencia ha bajado en un 40%”. Que le responde la realidad implacable, esa le respondió y le replicó sus mentiras.

La masacre de Tlatlaya, once asesinados en Chihuahua, la matanza de Iguala con la desaparición de 43 jóvenes de la Normal de Ayotzinapa. En una semana cimbraron a México y hablaron con la verdad, “Iremos a otras latitudes a preservar la paz, mientras México es tierra que arde”.

En fosas comunes recién descubiertas se intuye que yacen posiblemente sin féretros y sin cruces decenas de jóvenes. ¿Saben que para ser alumno de Ayotzinapa es un requisito indispensable ser pobre, ser hijo de campesino, y de campesino pobre? Entonces ahí están los pobres entre los pobres.

No les dio tiempo de inventar que eran bandas de narcos y que hubo fuegos cruzados, su delito es no conformarse, es revelarse contra la miseria y la desigualdad histórica, sus cenizas sin sangre provocan la indignación nacional. Y hay un escrito de Luis Hernández Navarro hace tres años, que describía cómo estos jóvenes fueron a pedir una entrevista con el gobernador Ángel Aguirre para solucionar demandas, lo hacen casi cada año, porque también son condiciones reprobables las que existen en estas normales rurales.

Pedían, entre otras cosas de su pliego petitorio, que se aumentaran, se incrementaran los 35 pesos que destinan a diario para cada joven. Desayuno, comida y cena por 35 pesos, hagamos la prueba los senadores un día.

¿Y cómo les respondieron? Los balacearon, los golpearon, los asesinaron, los hirieron, los detuvieron, los torturaron; pero parece que la escena es la misma pero más grave, la respuesta es igual pero con mayor violencia. El título, en ese entonces, Ayotzinapa otra vez. Pues iremos a Ayotzinapa otra vez y para siempre; pero también vale la pena mencionar la frase de otro analista que decía: “Ayotzinapa de parte de quién”.

Gracias. (Aplausos)

-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Gracias, Senadora.

-En el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD.

-LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Gracias, Presidente.

Sólo después de que el país entero fue puesto frente a una atrocidad sin nombre, sucedió que el Presidente de la República consideró necesario hacer un pronunciamiento sobre la matanza ocurrida en Iguala los días 26 y 27 de septiembre, tres días antes, había dicho que eso era un asunto local.

Compartimos con el Ejecutivo la idea de que estos hechos son indignantes, dolorosos e inaceptables. Nos unimos a la pena de los padres y las madres que están con alguna esperanza de encontrar a sus hijos, y otros con el dolor de saber que los han perdido. La atrocidad de Iguala pudo evitarse si las autoridades hubiesen cumplido con su responsabilidad cuando se denunciaron los asesinatos igualmente atroces, indignantes, dolorosos e inaceptables de otros compañeros muertos que quedaron en total impunidad.

Las matanzas de Iguala nos llenan de indignación, al igual que otros actos que han quedado impunes y que siguen siendo una vergüenza para todo el país. La matanza de los migrantes de San Fernando en Tamaulipas; los jóvenes asesinados en Villas de Salvarcar, en Ciudad Juárez; la brutal represión en Chignahuapan, Puebla; la ejecución de 22 jóvenes a manos del Ejército en Tlatlaya, Estado de México, sólo por citar algunos de ellos.

Estos casos, como los hechos de Iguala, están marcados por la omisión oficial, por investigaciones torcidas, por la negligencia o el afán de encubrir a los responsables. La impunidad es la materia prima que permite que las atrocidades se repitan, México padece una espiral de violencia y descomposición social derivada del crimen organizado y la corrupción institucional.

El Estado mexicano es hoy incapaz de garantizar la paz, la seguridad, la integridad física a miles de mexicanas y mexicanos. La actuación de las autoridades frente a la barbarie de Iguala ha estado plagada de errores y de omisiones.

En Iguala estamos ante una crisis Estado, no sólo frente a una crisis de un gobierno local o un asunto de partidos. Como en el caso de la ejecución extrajudicial de Tlatlaya, como en otros hechos violentos en Michoacán, en Tamaulipas, en Durango, en Chihuahua o en varias entidades, estamos ante la presencia de un debilitamiento de la función principal del Estado, que es la de brindar seguridad y bienestar a su sociedad.

Se reproduce el mismo error de privilegiar el uso de la fuerza por encima de una estrategia integral de combate al narcotráfico, se hace uso político y partidista de los problemas de inseguridad en vez de afrontarlos con una visión de Estado que integre a los niveles de gobierno y a los Tres Poderes de la Unión. Los vínculos del alcalde José Luis Abarca con la delincuencia organizada y su actuación directa en crímenes ominosos en desaparición de personas, en asesinatos de propia mano del alcalde fueron ampliamente documentados y denunciados desde el año pasado.

El Senado aprobó en dos ocasiones el exhorto a que la PGR atrajera los casos por tratarse de presencia del crimen organizado y no hizo nada, hasta hace algunos meses en que atrajo la investigación. El caso del dirigente social Arturo Hernández Cardona, que fue asesinado por el alcalde José Luis Abarca junto con Félix Rafael Banderas Román y Ángel Román Ramírez ha sido un atroz ejemplo del desinterés gubernamental.

Todavía la semana pasada denuncié en esta tribuna el asesinato de nuestro compañero Javier Evaristo Bautista el pasado 17 de septiembre, de la misma manera en que mataron a nuestros otros compañeros. Aquí denunciamos con indignación el brutal crimen contra los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, y el Ejecutivo sólo contestó que era un asunto local.

En este momento, en esta hora lo más importante es conocer el destino de todos y cada uno de los jóvenes desaparecidos que se esclarezcan los hechos, que se castigue a los responsables de este bárbaro ataque que sufrieron estos estudiantes.

Es urgente tomar medidas de políticas públicas, legislativas y sociales concluyentes, no solo medidas policíacas o de fuerza como de enviar a la  gendarmería como apagafuegos frente la crisis de un ascenso de la criminalidad en nuestro país; el Senado se tiene que incorporar como  eje del Pacto Federal en las medidas que se adopten para resolver estos casos, le tomamos la palabra al Presidente de la República, la lucha es contra la corrupción, y contra la impunidad, que no quede en discursos, en pronunciamientos mediáticos.

Encabezaremos o deberíamos de encabezar una cruzada nacional contra la impunidad, legislemos ya para crear la fiscalía anticorrupción, que la PGR asuma sus funciones principales señaladas en la Constitución; que no se le deja la Secretaría de Gobernación esas tareas, porque se diluyen, pero  ninguna medida será suficiente si desde el Senado no hacemos todo los necesario para ser coadyuvantes y encontrar a todos y cada uno de estos jóvenes desaparecidos, tal como nos lo demandan sus familiares, y debemos pronunciarnos por frenar la criminalización contra los estudiantes normalista de Ayotzinapa, y de otras normales rurales.

El crimen contra estos jóvenes inicia con el menosprecio y la persecución a los normalistas en todo el país. La Secretaría de Educación Pública debe asumir una clara y franca responsabilidad en estos hechos. Es cuanto, presidente, compañero. (Aplausos).

-EL C. PRESIDENTE  BARBOSA HUERTA: Gracias, senadora Dolores Padierna. Tiene el uso de la palabra el senador Francisco  García Cabeza de Vaca.

-EL C. SENADOR FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA:  Con su venia, presidente, compañeras y compañeros senadores, antes de iniciar llevo la voz también de mis compañeros del Partido Acción Nacional, antes de iniciar quiero expresar mi solidaridad, mis más sentidas condolencias a las familias de los estudiantes que perdieron la vida, así como desear a los familiares de los que todavía se encuentran desaparecidos, tengan la fortaleza y la fe para soportar todo este tiempo de incertidumbre.

La noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre ocurrieron los hechos más lamentables de los que nuestra historia moderna tenga memoria, se trata de la masacre de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, así como de los jugadores del equipo de fútbol de la Tercera División, los Avispones, por parte de los policías municipales del Municipio de Iguala que claramente están ligados a la delincuencia organizada, específicamente del grupo delictivo Guerreros Unidos.

El resultado de esta masacre fue de seis muertes, más de 20 heridos, así como la desaparición de los 58 estudiantes, hasta el momento 43 siguen en calidad de desaparecidos.

El 28 de septiembre el Procurador General de Justicia de Guerrero detuvo a 22 policías por estos ataques, el 30 se septiembre el alcalde pidió licencia al Cabildo y se fugó sin que hasta el momento se tenga conocimiento de su paradero.

También se fugó el que fungía como Secretario de Seguridad Pública de aquel municipio. El cuatro de octubre las autoridades de Guerrero localizaron varias fosas clandestinas, con 28 cuerpos calcinados, hasta el momento no se ha dicho si se trata de los estudiantes desaparecidos, sin embargo el Procurador  admitió que llegaron a esa fosas gracias a las declaraciones de los detenidos.

De acuerdo a las primeras investigaciones fue el Secretario de Seguridad Pública el que ordenó la detención de los estudiantes y uno de los mandos de Guerreros Unidos fue quien ordenó matar a estos estudiantes.

A pesar de que el Ejecutivo Federal pidió a las autoridades asumir la responsabilidad de investigación y deslinde de responsabilidades, también es necesario que el Ejecutivo Federal asuma su propia responsabilidad.

Ya la PGR atrajo el caso y está llevando a cabo las investigaciones, pero por supuesto que no es suficiente. Exigimos al Gobierno Federal actúe a tiempo, y no solo con medidas reactivas.

Estos hechos reflejan  la grave descomposición social y de los cuerpos policíacos en Guerrero, aunque sabemos que no es nada más en aquella entidad federativa. En muchos estados de la República los gobernadores están totalmente ausentes en su responsabilidad, y peor aún también están los presidentes municipales.

Lamentablemente las desapariciones forzadas son cada vez más comunes, en estados como el que represento, Tamaulipas, en estados como Veracruz, Durango y Michoacán, y es cada vez más frecuente escuchar a las personas clamar porque aparezcan sus familiares.

Durante estos días se ha escuchado mucho que no se politice el tema, que debemos mantenernos unidos, y yo me pregunto, ¿cómo podemos quedarnos callados ante esta atrocidad? ¿Acaso el tema no es un caso de urgencia nacional, no es un tema que a todos nos debe alarmar? ¿Es normal que policías municipales ataque junto a civiles armados, a jóvenes estudiantes?  ¿Acaso es mezquino estar realmente asombrados por estos hechos? No podemos perder en ningún momento la capacidad de asombro, aquí el asunto es muy claro.

El presidente municipal tenía ya averiguaciones previas por delincuencia organizada. El gobierno federal supo desde antes, en efecto, este edil estaba ligado a grupos delictivos, ¿qué hizo entonces la autoridad todo este tiempo?  ¿Teníamos que  esperar a que ocurriera esta masacre para reaccionar?  ¿Y los demás alcaldes? Y otros alcaldes que están o pueden estar en la misma situación en Veracruz, en Michoacán, en Tamaulipas, que se tienen antecedentes de éstos. Ah, eso sí, al llegar a la presidencia municipal se justifican diciendo: esos delitos son del fuero federal, con eso se justifican, pero lo que no pueden justificar es que exista gente armada por las calles y que estos no las denuncien, este es un hecho recurrente que se da en muchos municipios del país, y mi Estado no es la excepción, donde llegan, inclusive, a tener ferias, la feria del pueblo, organizadas, ¿por quién creen? Por el crimen organizado.  Nos van a decir que esos presidentes municipales no están involucrados con los grupos delictivos.

Estos actos de violencia que se ven en diferentes partes del país no es producto de la casualidad, es producto de la irresponsabilidad, pero sobre todo de la complicidad de esos políticos que en aras de mantenerse en el poder, o peor aún, de querer ganar elecciones han entregado lo más sagrado que tenemos los mexicanos, después de la vida, que es nuestra libertad, es por eso que estamos viendo hoy en día esos actos de violencia como los que vimos ahora en Guerrero.

Resulta muy alentador que el gobierno federal presuma la disminución de los delitos como los homicidios, sin embargo, la realidad que viven los mexicanos todos los día es otra, los delincuentes secuestran con una facilidad increíble, matan con una frialdad espantosa, cobran derecho de piso a sus negocios, amenazan a las autoridades, controlan a los policías municipales, esta es la realidad que se vive en muchas zona de nuestro país.

Por supuesto que este tema no debe de ser politizado, pero los senadores de Acción Nacional no vamos a ser omisos en nuestro deber de señalar lo que no se está haciendo bien.

Aquí en esta tribuna lo dijimos muy claro: vamos a apoyar, porque lo hemos hecho, los cambios y estrategias en materia de seguridad, pero vamos a ser muy enfáticos en señalar si las cosas no se están haciendo bien, o ya se nos olvidó.

Nosotros lo  regateamos al gobierno federal, modificamos la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para pasar a la Secretaría de Seguridad Pública al mando del Secretario de Gobernación, lo dijimos, no estamos de acuerdo, en ningún país democrático del mundo el Secretario del Interior maneja la seguridad pública, no lo regateamos, le dimos todo el apoyo al gobierno federal, por ello nos pronunciamos porque el gobierno federal de resultados ya. A dos años de gobierno es momento de que asuman plenamente su responsabilidad.

        No podemos decir que hemos avanzado en materia de seguridad o en la reconstrucción de la confianza de la policía, cuando 22 policías municipales reciben ordenes de detener y matar un grupo de jóvenes que se manifestaban porque respetaran sus derechos. Peor aún, a balacear a un camión que traía un grupo de jóvenes de un equipo de fútbol profesional.

        Me parece que es el momento de hacer una pausa de lo que se está haciendo en materia de seguridad.

        En primer término, se debe señalar con firmeza que no puede volver a ocurrir un caso así.

        En segundo término, se debe aceptar con humildad que la estrategia ante el crimen que tanto vendió el gobierno federal no está funcionando.

        Y en tercer término, no podemos seguir solapando a gobernadores ausentes.

        Guerrero no es el único caso. Ahí tenemos la historia de Tamaulipas, Veracruz y Michoacán, Estado donde hace tiempo se pacta con la delincuencia organizada para mantenerse en el poder y para ganar elecciones.

        Sin duda alguna el Partido Acción Nacional está listo para colaborar en lo que sea necesario para esclarecer estos hechos. Sin embargo, quedarnos callados nos convertiría en cómplices de aquellos que siguen diciendo que México en materia de seguridad es mucho mejor desde que entró esta administración.

        La estrategia de medios de minimizar los hechos de inseguridad, simplemente no han funcionado. Bajar el volumen en estas noticias no resuelve nada. Al contrario, permitió a los delincuentes darse cuenta que podrían una vez más atacar lo más preciado que puede tener un ser humano que es la vida y su libertad.

        Si seguimos en esta estrategia reactiva de presumir que el asunto se resuelve deteniendo policías al otro día de la masacre, como fue el caso, estaremos sólo resolviendo lo más mínimo del problema y el problema tiene mucho más fondo.

        Concluyo.

        Es urgente que se tomen las medidas necesarias para limpiar a las policías, capacitarlas y dotarlas de las herramientas eficientes para combatir el crimen. Pero además que se establezcan estrategias focalizadas por cada Estado dependiente de los problemas que tengan.

        No es lo mismo lo que sucede en Michoacán que lo que sucede en Durango y en Tamaulipas. En Michoacán se encuentran las autodefensas.

        En Tamaulipas hay 17 cruces fronterizos, tenemos a Estados Unidos que hoy en día desafortunadamente están pagando la droga con armas. Y con esas mismas armas están matando a gente de las Fuerzas Armadas.

        No es lo mismo la estrategia en Guerrero que puede ser en Durango. Es por eso que exigimos y demandamos al gobierno federal a hacer una estrategia en cada uno de los Estados del país que hoy en día se tienen problemas.

        Asimismo es urgente que el gobierno federal modifique esta estrategia policial de reacción y que iniciemos un modelo eficiente de prevención de crímenes, empezando por hacer un frente común contra la corrupción y la impunidad.

        Hoy fueron los policías, el alcalde y el secretario de seguridad pública quienes se sentían intocables e impunes. Mañana puede ser un gobernador, un diputado federal. Así cómo vamos a resolver el problema de inseguridad

        Los senadores del Partido Acción Nacional exigimos que se esclarezcan los hechos de manera pronta, que se castigue a los responsables, incluyendo a todos los funcionarios públicos que participaron. Que se resarza el daño de las víctimas, pero además exigimos que el gobierno federal haga un alto en su estrategia y reconsidere seriamente modificarla.

        Asimismo solicitamos que se realice una reunión urgente de la comisión bicameral de seguridad nacional con autoridades federales y estatales, en la que nos informan los resultados puntuales de las investigaciones.

        Ya el senador Fernando Yunes Márquez solicitó formalmente el día de ayer que la comisión se reuniera de una manera urgente.

        Compañeras senadoras y senadores:

        Las promesas ya no son alentadoras, las cifras de diversos delitos van en aumento, la violencia se recrudece, el grado de penetración de la delincuencia organizada es alarmante. El grado que podemos decir que en algunas entidades federativas existen estados de excepción.

        El gobierno federal debe de manera urgente empezar a dar resultados en materia de seguridad pública. Dos años es suficiente.

        Muchas gracias.

        (Aplausos)

        -EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Gracias al senador Francisco García Cabeza de Vaca. Vamos a rogarles a los oradores ajusten sus intervenciones a los cinco minutos que están concedidos. Esta Mesa Directiva seguirá siendo tolerante con el tiempo del que hagan uso las y los senadores. Sólo la recomendación para no afectar las intervenciones de quienes sigan en el uso de la palabra.

        Se concede tribuna al senador Ismael Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

        -EL C. SENADOR ISMAEL ALFREDO HERNÁNDEZ DERAS: Gracias, señor presidente. Amigas, amigos senadores.

        Hemos escuchado en mi fracción parlamentaria en este Senado todas y cada una de las intervenciones en relación a este abominable hecho que ha acontecido en Iguala, Guerrero.

        El gobierno de la República está comprometido con la seguridad de los mexicanos.

        El gobierno de la República no pacta con nadie, ejerce la fuerza del estado y del derecho.

Estamos comprometidos todos a que haya una coincidencia y una preocupación de poder en cada caso, pero sobre todo para el futuro, ir profundizando en una política pública de seguridad que nos permita aportar a cada uno de los tres niveles de gobierno y de los poderes también los mejores instrumentos para la seguridad de nuestro país.

        Yo creo que ningún hecho nos da la posibilidad de venir y generar acusaciones sin sustento, alguna acusación frívola que lo único que nos provoque es el distanciamiento de los acuerdos para bien del país.

        En el PRI nosotros aspiramos a la coordinación plena entre las instituciones encargadas de la seguridad pública, independientemente de los colores partidarios del origen de cada uno de los niveles de gobierno municipal, estatal o federal.

        No es descalificando como se construye en un tema tan complejo.

        No es aprovechando el momento para poder confrontar en un tema que tiene tantas variables, incluso hasta fuera del país y que sin duda desde cada una de nuestras responsabilidades yo creo que siempre deberemos de aspirar al fortalecimiento del Poder Judicial, de los Ministerios Públicos de las investigaciones para que se hagan en todo los casos investigaciones serias, científicas para que efectivamente el desmembramiento del crimen organizado sea verdaderamente una realidad.

        Este es un problema que los mexicanos lo hemos vivido y lo hemos sufrido y se ha recrudecido desde hace más de una década.

        Dos años son dos años de un trabajo que creo es el caso en Guerrero, en los demás Estados, vuelvo a reiterar, independientemente del origen del color partidario, donde se ha ido profundizando en la capacitación y la coordinación  entre los tres niveles de gobierno, no aspiremos a repartir culpas, porque los mexicanos aspiran a que nosotros, los que tenemos una responsabilidad, la asumamos en ocasiones con mucho esfuerzo, en ocasiones hasta con humildad y con discreción, pero que los resultados vayan dando muestra y mensajes positivos para bien del país.

        El México de nuestra sociedad merece sin duda y necesita  para el desarrollo la paz y la tranquilidad, el país de oportunidades y progreso que anhelamos debe de ser el mismo que cada mexicano tenga la posibilidad de hacer valer sus derechos  y las autoridades cumplan con sus funciones de manera responsable, profesional y honesta.

        Este ha sido  la postura, esta ha sido la postura de la Presidencia y del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, desde el inicio de la presentación estuvo muy clara la convocatoria, no politicemos el tema de seguridad, porque más nos vamos a distanciar para coordinar los esfuerzos y lograr mejores resultados.

        La visión de los senadores del PRI, de nuestro grupo parlamentario es seguirle sumando  para que cada acontecimiento como este, que ha pasado, que constituye una trasgresión al estado de derecho  es una responsabilidad sin duda de nosotros a exigir que se esclarezcan estos hechos.

        Condenamos estos lamentables sucesos.

        Nuestra fracción parlamentaria del PRI se solidariza con las familias que demandan la aparición de los jóvenes estudiantes de esta Escuela Normal.

        Hay información de la  Procuraduría del Estado de Guerrero, hay información en donde define la intervención de policías del municipio de Iguala en la privación de la libertad de los normalistas desaparecidos.

        Expresamos nuestra indignación, lo hemos visto y también reclamamos que los procesos que han sido  iniciados para deslindar la responsabilidad de algunos de los presuntos participantes se lleven con el apego a la Ley sin el ánimo de dar anuncios espectaculares que no aspiramos en el PRI, hay anuncios espectaculares sino que deseamos profundizar en cada hecho y sobre todo para el futuro y quien sea  aprendido, sea realmente a través de una investigación profesional y científica el delincuente que debe de estar tras las rejas.

        No toleramos   que existan actos de impunidad ante los hechos ocurridos  y creo que nos debemos de convocar todos, todos aquí en el Senado a que supervisemos puntualmente que las autoridades estén rindiendo informes sobre los avances de esta investigación.

        Las autoridades competentes deben de asumir su responsabilidad que la Ley mandata para la atención de cada caso, pero también importa mucho la coordinación, la coordinación entre autoridades para que se dé certidumbre y para que los avances le generen también ….. contundencia a la sociedad.  

        La participación del Gobierno Federal, la colaboración del Gobierno Federal a través de la PGR  sin duda, que nosotros  confiamos en la participación y colaboración del ámbito local también.

        Deseamos pues que en todo haya el ánimo y la necesidad de construir transparencia, construir legalidad y certidumbre, cada investigación, cada hecho  y sobre todo  estamos seguros que el gobierno federal habrá de destinar los mejores  de sus esfuerzos y de sus elementos para este trabajo  que de manera conjunta habrá de ser profesional y eficiente.

        El objetivo es justicia para las familias afectadas, justicia para la sociedad guerrerense.

        Es importantísimo que todos tengamos y expresemos un compromiso, reitero, el compromiso del seguimiento puntual y reafirmemos nuestro interés para lograr  en el futuro un México en paz.

        El exhorto de nuestra fracción es a las autoridades para que todas las autoridades competentes   a realizar efectivamente una investigación  muy eficiente y profesional.

        Esta petición, nosotros estamos seguros que es el sentir de millones de mexicanos que quieren hoy  sentir tranquilidad y armonía, un país  donde no existe una sola región, un municipio, una entidad para que las alternativas de vida y desarrollo sean las mejores por el bien de nuestros hijos.

        Nosotros no venimos a repartir culpas, nosotros venimos,  sin duda manifestar una preocupación, nosotros como Senado de la República verdaderamente preocupados todos, estoy seguro que así pasa,  si este hecho contra los jóvenes estudiantes de Iguala, de lo acontecidos en Iguala, Guerrero nos une hoy a todos, estoy seguro que el resultado del futuro para el bien de las familias será mejor, aportemos el mejor de nuestros esfuerzos.

          -EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Gracias, Senador, Ismael Hernández Deras.

        Damos la bienvenida a  un buen número de ciudadanas y ciudadanos integrantes del Club Rotario Campestre Real de Puebla; del Club Rotario Industrial de Cholula y; del Club Rotario Reforma de Puebla; del Club Rotario Colonial, del Club Rotario Yautepec; del Club Rotario Atlatlahuacan, del Club Rotario Cocoyoc que han sido invitados por la Senadora Blanca Alcalá.

        Ellas y ellos asistieron a la presentación de una muestra de arte de las artistas poblanas Sary Haddad y Fernanda Pedruchi, que se dio en llamar “La imposibilidad de la permanencia”.

        Bienvenidos, bienvenidas a este recinto, les damos un saludo.

(Aplausos)

          Me pide la Senadora Lucero Saldaña les digamos  bienvenidas, bienvenidas, paisanas y paisanos.

        Tiene el uso de la palabra el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

        -EL C. SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS: Muchas gracias, señor Presidente.

         Bien, pues. ¿Qué razón tiene el senador Francisco García Cabeza de Vaca, cuando dice: que no podemos comparar, le doy la razón sin reserva, no podemos la inspiración, la motivación de actos de rudeza, de actos de salvajismo y de impunidad, por ejemplo, de la guardería de Hermosillo, Sonora; con el reciente evento de las aguas envenenadas, también en Sonora, o por ejemplo, con las ejecuciones que se dieron recientemente en el Estado de México, y tantos eventos que no nos espantan, porque acostumbrados a ellos estamos, que se han dado históricamente en la república mexicana?

        En 1988, ahí por la primavera, siendo yo muy joven todavía, un célebre líder de izquierda, cuya mención creo que le va a erizar la piel a algunos, Heberto Castillo Martínez, nos llevó a un grupo de seguidores, amigos de él, entre ellos estaba Alejandro Encinas, a la cárcel de Iguala.

        Nos hizo un recorrido, porque era muy dado él a visitar a los presos. Decía que ellos estaban ahí por su pobreza; les decía que ellos estaban ahí por el delito de ser pobres.

        Y nos señaló, precisamente, el separo donde se encontraba preso, donde años atrás había estado preso Genaro Vázquez Rojas.

        Y recuerdo con mediana claridad cuando me dijo: “Esos 2 fueron asesinados, pero están insepultos”.

        No entendí en ese momento lo que quería decir el maestro Heberto Castillo, cuando decía que esos 2 estaban insepultos.

        Bueno, pues lo que decía era que las aspiraciones, que la lucha que dieron sostén a esos grandes movimientos agrarios, estudiantiles, e inclusive, urbanos de los 60s y los 70s, se mantenían vigentes.

        Y cuando mencionamos frecuentemente la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, necesariamente nos conduce la mención de esta escuela a 2 luchadores sociales, en su momento declarados guerrilleros y personas no gratas por el sistema, me refiero al ya citado Genaro Vázquez Rojas, y a Lucio Cabañas Barrientos, egresados, egresados de esa escuela normal, la de Ayotzinapa, los 2, profesores rurales.

        Entonces, cuando nosotros presenciamos eventos en la república mexicana por separados. Ya hablaban aquí los casos de Tamaulipas, muy lamentables; de las fosas comunes de San Fernando; cuando hablamos de Michoacán, ya hablaban también aquí de esos eventos; cuando hablamos de los casos de Sonora, muy lamentables, en mi tierra, en Baja California, hace 5 años me tocó presenciar 25 cuerpos apilados de personas civiles, todos con el tiro de gracia y, obviamente, pues no, no creo que ellos mismos se hayan conducido a la muerte, o una sola persona o un comando policiaco haya tenido la suficiente fuerza táctica para haber acabado con la vida de 25 personas de manera apilada con el  tiro de gracia. Era obvio que se trataba en ese momento del sistema de gobierno el que estaba aplicando esos comandos de muerte.

        Entonces, si en los muros de la escuela de Ayotzinapa está inscrita la frase: “Lograr la liberación de México y una patria nueva, o morir por ella”, que es el credo de Genaro Vázquez Rojas, entonces ¿De qué nos sorprendemos?

        ¿Cuál tendría que ser la sorpresa, si transcurren las décadas, pasan los años y el Estado de Guerrero vive exactamente bajo la misma condición de injusticia y de oprobio que vive desde tiempos inmemoriales?

        Por eso reconozco, en todo lo que vale la expresión del senador Francisco García Cabeza de Vaca, en que tenemos que analizar los casos por separado.

        Sí, demandar justicia.

        Sí, por supuesto, demandar la pronta intervención del Gobierno Federal para el esclarecimiento de los hechos.

        Pero si nosotros no abordamos la cuestión antropológica, me refiero a la serie de eventos que se fueron sumando hasta dar la realidad que se vive en Guerrero, en 15 años estaremos discutiendo lo mismo.

        Todos los estados del Sur-Sureste son tierras de caciques, todos, todos.

        ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de Oaxaca?

        ¿Qué podemos decir de Yucatán?

        ¿Qué podemos decir de Chiapas?

        Sin embargo, en la capacidad reactiva, a nivel social, Guerrero es la entidad que presenta la mayor violencia y el mayor número de desorden político, jurídico, administrativo.

        Sirva nada más unos números. Desde 1917 a la fecha, el Estado de Guerrero se ha vuelto involucrado en 7 incidentes de desaparición de poderes.

        Es el Estado que presenta el mayor número de incidencias constitucionales en este sentido, y obviamente esto nos debe de merecer un estudio aparte.

        Entonces, sí creo que debemos de usar la materia de la coordinación, por supuesto, debemos de comprometer, como siento ya está el Gobierno Federal a esclarecer los hechos, la parte que le corresponde al Gobierno Estatal, bueno, el Gobierno Municipal sé que, incluso, está ausente, está en calidad de prófugo, pero no dejemos de observar precisamente las causas históricas por las cuales Guerrero se comporta como tal.

        Quiero agradecer mucho el favor de su atención.

        Y a veces, cuando estamos encumbrados de los altos niveles políticos, creemos que los luchadores sociales son una especie como de personas que se mueven por algún tipo de interés ajeno al del país, por lo menos muchos de nosotros así los vemos.

        Pero quiero obsequiarles, inclusive, a los compañeros guerrerenses que se encuentran aquí, una expresión que me parece del mejor nivel político y, cabría en este momento como una clave para resolver la problemática del estado, es precisamente de Genaro Vázquez Rojas, y dice:

        “Ser pueblo, hacer pueblo, y estar con el pueblo”.

        Es la cuenta, señor Presidente. Gracias. (Aplausos).

        -EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Gracias, senador.

        Tiene el uso de la palabra la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

        -LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Gracias, Presidente. Con su venia.

        En noviembre de 2010, la opinión quedó consternada por un hecho que se hizo, entonces, del conocimiento respecto de la muerte de Don Alejo Garza Tamez.

        Su rancho a unos kilómetros de Ciudad Victoria, Tamaulipas, él perdió la vida protegiendo su territorio, perdón su patrimonio frente a un grupo de los “Z”, que le habían amenazado pidiéndole su rancho.

        Supimos que él despidió a todos los empleados, se quedó solo, se perpetro literalmente y dio la batalla hasta el final.

        En Tamaulipas, también conocimos de candidatos y presidentes municipales que habían sido asesinados, igual que ha acontecido en otros estados de la república, y entonces, junto con las cifras de desapariciones de personas, muchas de ellas desaparición forzada, otras derivadas de enfrentamiento entre bandas, cárteles; otras involuntarias o voluntarias, tenemos un país con problemas  muy grave desde hace rato.

        Y el asunto de Guerrero, como aquí claramente lo han recordado todos y todas quienes han intervenido, no es, ni debiese ser una sorpresa.

        Yo coincido plenamente con eso.

        Ahora, condenar, solidarizarnos, consternarnos, reaccionar frente al horror de que se encuentren entre estos cadáveres, de estas fosas, los estudiantes de Ayotzinapa, es verdaderamente terrible.

        No lo sabremos hasta el final que terminen los médicos forenses de determinar, a partir de las pruebas forenses, de exhumación de estos cadáveres, si son o no son los estudiantes que están desaparecidos.

        Lo cierto es que, el día 3 de octubre, a tres días de haberse presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organizaciones, voy a mencionarlas, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlalchinollan, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.

        Se apersonaron  ante esta comisión, en representación de los familiares y de las víctimas, para requerir, en base a las pruebas que se analizaron, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, procediese a ingresar una recomendación al Estado mexicano, frente a estos hechos, y sobre todo por la preocupación de que los estudiantes desaparecidos, quienes están en el hospital, los familiares de quienes fallecieron o de las personas desaparecidas o que se encuentran en el hospital, pudiera obtener las medidas cautelares necesarias para proteger sus vidas, que efectivamente es por todos conocidos, pueden estar sufriendo grave riesgo.

        Tras analizar estas alegaciones de hecho y de derecho, presentada por los solicitantes, la comisión consideró que esa información presentada era suficiente, para demostrar, prima fase de los 43, respecto de que los 43 estudiantes que están desaparecidos no localizados, y también de quienes están heridos, al igual que los familiares se encuentran ante una situación de gravedad y urgencia.

        Pero además esgrimen otro elemento: irreparabilidad. La gravedad de la situación significa, el si hay un pacto que una acción o omisión, puede tener sobre un derecho protegido o sobre el efecto eventual de una decisión pendiente, en un caso o petición ante los órganos del sistema interamericano.

        La urgencia de la situación, se determina por la información que indica que el riesgo o la amenaza sean eminentes y puedan materializarse, requiriendo de esa manera acción preventiva o tutelar.

        Y, el daño irreparable, significa la afectación sobre derechos que por su propia naturaleza no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización.

        Este es un asunto del Estado mexicano. No solamente compete a los tres órdenes de gobierno. No solamente compete al gobierno del estado de Guerrero, ni siquiera compete a quienes pudiesen quedar al frente del municipio, hoy con un grave deterioro, por la vulnerabilidad de que ha sido objeto el ayuntamiento de Iguala.

        Requerimos, por lo tanto, y yo invito, señor presidente, si me permite, que también le demos más allá de esta manifestación de nuestra preocupación y de nuestra reacción frente a este horror, requerimos insistir en que en el Senado tenemos temas pendientes.

        Por cierto, todos ligados, si me permiten señalar.

        El uso legítimo de la fuerza pública tiene que ver. La formación y profesionalización de las policías, junto con el Mando Único, tiene que ver. El tema de desaparición forzada de personas, tiene que ver. El problema de la entrada ilegal de armas al país, tiene que ver. La discusión, inclusive, sobre la discriminalización de las drogas, claro que tiene que ver, no podemos negar que no hay manera, no hay manera de que estemos, estémosle ganando a la delincuencia organizada, dedicada justamente al tráfico de drogas.

        Necesitamos, también, y con esto termino. El fortalecimiento de las Normales Rurales, durante años se ha pretendido, por distintos gobiernos desaparecerlas, eso nadie lo ha dicho. Los estudiantes desaparecidos, los 80 muchachos estudiantes que el día 26 de septiembre tomaron tres camiones, para hacer lo que siempre hacían, manifestarse. Y que hoy, están en la prensa de todo el mundo, requieren una reivindicación puntual del Estado.

        No solamente la Normal de Ayotzinapa, sino todas las Normales Rurales del país, que son la única alternativa de los estudiantes más pobres y más marginados, y no pueden seguir estando en la situación en la que están.

        Es cuanto. (Aplausos)

        -EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Gracias, senadora Angélica De la Peña.

        Rogamos nuevamente a los siguientes oradores y oradoras, se ajusten al tiempo de cinco minutos, siendo tolerantes con el tiempo, como lo hemos sido.

        Tiene el uso de la palabra la senadora Adriana Dávila, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

        -LA C. SENADORA ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

        Senadoras y senadores: Las condiciones de inseguridad que se padece hoy en zonas completas del territorio nacional, nos obligan a la reflexión sobre el desempeño de las autoridades en los tres órdenes de gobierno, sus estrategias y en particular a preguntarnos:

        ¿Si las acciones emprendidas para detectar y neutralizar hechos de violencia, que afectan vidas humanas, han sido eficientes?

        Desde el inicio de este sexenio, cuando el Gobierno Federal presenta ante los medios de comunicación, la captura de algunos miembros destacados de la delincuencia organizada, se vanagloria de la utilidad de sus labores de inteligencia, minimizando los logros que en el pasado se obtuvieron.

        Hechos violentos que se manifiestan un día y otro también. A pesar de los esfuerzos de este Gobierno Federal, para cambiar la narrativa y evitar la numeraria de las noticias ya cotidianas, desvían el camino triunfalista de políticas públicas en materia de seguridad, que solamente en los spots tienen buenos resultados.

        Ayotzinapa, Guerrero, es referente obligado de la realidad violenta que azota al país. Crimen organizado, por un lado; y abuso de fuerzas policiales por el otro.      Corrupción e impunidad, binomio que hace dudar de las instituciones y que altera el cotidiano colectivo.

        ¿A quién puede recurrir la población para vivir pacíficamente?

        A la delincuencia organizada se le reconoce por sus acciones al margen de la ley, para obtener beneficios económicos, sin importar, ni respetar las condiciones y circunstancias.

En las acciones de gobierno, hay que señalarlo, entraña la irresponsabilidad en el desempeño de sus funciones y abuso de autoridad, no es posible garantizar la seguridad de los ciudadanos con la violación de los derechos humanos.

El caso de Guerrero, desde hace meses ameritaba seguimiento puntual, los actos de violencia son conocidos, reportados por medios de comunicación locales y nacionales; para nadie es una sorpresa que sin haber tomado acciones correctivas desde hace tiempo el atropello a los derechos humanos se incrementaba significativamente.

Lo que sorprende es la omisión de las tres esferas del poder público ante evidencias que sólo han demostrado la irresponsabilidad de las autoridades para seguridad a los habitantes.

No existe justificación para los hechos de Iguala, aunque el gobierno federal haya determinado una semana después de esos crímenes atroces, y casi año y medio posterior de conocer la filtración del crimen organizado en el gobierno municipal de Iguala, tomar las riendas de la investigación de los 43 normalistas desaparecidos y hacerse cargo de la seguridad  de la ciudad.

Al igual que en Michoacán con la sustitución de las fuerzas locales por las federales se pretende dar mensaje de eficiencia política a la opinión  pública, que lamentablemente nada ayuda a la solución de fondo de este problema.

¿Qué sigue? ¿Nombrar también un comisionado?

Ese es el federalismo al que han hecho referencia las últimas semanas la bancada del PRI -que lamentablemente hoy no está presente, espero nos estén viendo en sus oficinas-.

De ser así, más de medio país estará en la circunstancia de sustituir a sus autoridades en materia de seguridad, Veracruz, Coahuila, Tamaulipas, Morelos, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Estado de México, por  mencionar solo algunos; cambiar la estrategia mediática no cambia la realidad de México.

¿Cómo se le explica a un padre o madre de familia que su hijo menor regresaba del partido de fútbol, cuando en el autobús en el que viajaba fue interceptado por policías para realizar un ajuste de cuentas? Es inaceptable cualquier explicación.

Los datos sobre este caso que han sido evidenciados en los medios de comunicación nos demuestran una vez más que la delincuencia organizada no se detiene para debilitar a la autoridad, pero también que es fundamental, urgente e impostergable revisar el papel de los partidos políticos en la selección de sus candidatos; no se puede gobernar a costa de lo que sea, pero menos pueden ignorarse las denuncias de la presencia del crimen organizado en los cargos públicos.

En Michoacán se denunció, entre otras cosas, la participación con la delincuencia de Jesús Reina, ex secretario de gobierno y de Rodrigo Vallejo Mora, hijo del ex gobernador; en aquél  entonces, nada pasó.

En Guerrero, tristemente y sabemos las consecuencias, la combinación entre la delincuencia y la política no puede seguir pasando. El grave problema de este país es la impunidad, hoy se reflejó en Iguala, pero existe lamentablemente también en otras partes de la república, lo sucedido nos llena de indignación, consternación, pero también de vergüenza.

Al inicio de esta administración se nos dijo en este Senado el derecho que el gobierno federal tiene de organizarse en administración pública como desee.

El PAN con responsabilidad respaldó ese derecho, se cambió la Ley Orgánica de la Administración Pública, se creó una súper secretaría, para, entre otras cosas, coordinar los esfuerzos del gobierno federal con los gobiernos estatales en una sola estrategia de seguridad.

En ninguna de estas acciones hubo por parte del PAN frivolidad, como se quiso mencionar, lamentablemente se confundió el concepto de coordinación con el de complacencia y simulación con los gobiernos estatales, muchos gobernadores no han asumido su responsabilidad en la materia, es más, la solapan.

Dónde quedaron los controles de confianza para las policías; dónde está la eficiencia de la gendarmería, cómo resolvemos las carencias en materia de seguridad en los municipios a pesar del enorme presupuesto; cómo está funcionando el mando único.

No es una crítica al gobierno, es un reclamo social dar cuenta por parte del gobierno.

Hago un llamado a este Senado, a no solo conceder, sino a observar y asumir nuestra corresponsabilidad en la solución de este problema. Con discursos complacientes y halagos al gobierno federal no estamos contribuyendo al combate contra el crimen organizado, sí es importante señalar qué está pasando para poder resolverlo; la ceguera política nos puede generar más casos como el de Iguala.

Senadoras y senadores: Hace unos días el Titular del Poder Ejecutivo demandó la responsabilidad del Gobernador del Estado de Guerrero, eso es precisamente lo que demandaron durante 12 años los gobiernos del PAN, porque es inevitable llamar a cuentas a los responsables estatales; pero estos 12 años la petición de no politizar y menos hacerlo un tema de partidos políticos no fue escuchada, celebro que hoy lo pidamos todos, y más agradeceríamos que se le dé la seriedad que merece.

Esclarecer el crimen no es suficiente,  se tienen que tomar medidas, determinar responsabilidades y sancionar a los implicados en hechos tan denigrantes, así sean omisiones.

México, ante la Organización de las Naciones Unidas le comunica al mundo que participará en la conformación de las fuerzas de paz, reconocida como Cascos Azules; sin demeritar el anuncio, mucho se tendría que trabajar en el seguimiento de casos como el de Iguala para encontrar la serenidad y la paz, así sea con cascos blancos mexicanos.

Muchas gracias.

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BARBOSA HUERTA: Gracias, senadora. Esta Presidencia saluda a ciudadanas, ciudadanos el Estado de Querétaro, invitados a esta sesión por la Senadora Marcela Torres Peimbert, bienvenidos, queretanos y queretanas.

Tiene el uso de la palabra el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario, perdón, del Partido de la Revolución Democrática, qué revolucionario.

- EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Gracias, Senador Presidente. Compañeras y compañeros senadores. Yo estoy convencido de que frente al acto de terror y de barbarie que se ha registrado en el Municipio de Iguala en el Estado de Guerrero, no caben las ambigüedades; el Senado debe asumir una actitud firme; no basta solidarizarnos o dar las condolencias a los familiares de las víctimas ni condenar los hechos.

Se requiere de una respuesta contundente del estado mexicano en todos sus órdenes de gobierno donde el Senado tiene una responsabilidad, y una respuesta en ética del estado contra los delincuentes no contra los luchadores sociales.

Que se detenga y se castigue a los autores materiales e intelectuales de estos crímenes; pero también hay que investigar y castigar los actos cometidos por omisión por parte de las autoridades.

La Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero conocía, por denuncia del asesinato de nuestro compañero Arturo Hernández Cardona, y de otros militantes de  nuestro partido.

El Congreso del Estado de Guerrero conoció de la solicitud del Gobernador del Estado  para el desafuero de José Luís Abarca por la presunción de la comisión de delitos, particularmente el homicidio y nunca atendió la solicitud de desafuero.

La Procuraduría General de la República conoció de los hechos, y señaló que no podía intervenir porque se trataba de un asunto que correspondía a la autoridad local cuando tiene la facultad de atracción como lo ha hecho ahora para intervenir en la comisión de estos delitos, particularmente cuando existe la presunción de vínculos de una autoridad municipal con la delincuencia organizada.

Y, el colmo, hoy el CISEN reconoce que tenía información sobre los vínculos del Presidente Municipal con la delincuencia organizada, y nunca se intervino.

Yo creo que frente a esos  hechos no cabe la impunidad, y debe de investigarse a las autoridades que teniendo conocimiento de estos hechos, fueron omisas, y permitieron con esa omisión este homicidio, estas ejecuciones que son una vergüenza para todas las mexicanas y para todos los mexicanos.

                          (A P L A U S O S)

- En estos asuntos no cabe la impunidad ni en Iguala ni en las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, en el Estado de México, ni del asesinato de 3 jóvenes en Ciudad de Hidalgo, Michoacán, por la policía del Mando Único, porque no obedecieron la orden de detener su vehículo.

Como no caben los avisos contra miles de migrantes que son asesinados, extorsionados, vejados, y muchos de ellos son víctimas de trata de personas o la trata para el ejercicio de la prostitución. Yo creo que es el momento de un replanteamiento de la política no sólo de seguridad pública, sino de cómo interviene el Senado en un escenario de descomposición política y de descomposición social muy similar al que vivimos en la Guerra Sucia de los años setenta.

Yo por eso digo, no cabe la ambigüedad, y el Senado debe exigir al Gobierno Federal y al Gobierno del estado de Guerrero el pleno esclarecimiento de los hechos, y el deslinde de responsabilidades con los autores materiales o intelectuales, y con aquellas autoridades omisas o cómplices de estos grupos delictivos. Y por eso, yo atendiendo las propuestas que se han hecho, yo quisiera plantearle al Partido Acción Nacional que este tema no lo atienda la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, porque eso implicaría llevar al sigilo el trabajo legislativo, ya que por ley el trabajo de esa comisión es estrictamente privado.

Y sería más conveniente que fueran las comisiones de Defensa Nacional, de Gobernación, Justicia, y por supuesto de Seguridad Pública las que en el ámbito de sus… derechos humanos, perdón…

-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Señores senadores, señoras senadoras, recuerdan ustedes algo tan obvio, como que no hay diálogo. Usted y las señoras senadoras, pero adelante, Senador.

-EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ: Muy bien. Pero que sean las comisiones ordinarias en el ejercicio de sus funciones quienes hagan el seguimiento de la investigación, que Defensa Nacional se reúna con el General Secretario y avance en el seguimiento de las investigaciones.

Que la Comisión de Seguridad Pública, que no está aquí el Senador Fayad, conozca de estos cambios en la estrategia, y por qué teniendo, en el caso de la Comisión de Justicia, la información las procuradurías de la República y la local no intervinieron, porque la omisión fue fundamental para propiciar el escenario que se, y cometer estos crímenes.

Y finalmente, yo creo que en esto no sólo hay una responsabilidad de la autoridad federal y local, también hay responsabilidad de los partidos políticos en la selección de sus candidatos, en el financiamiento de sus campañas. Y nosotros tenemos que asumir autocríticamente los errores que hemos cometido al permitir que la idea de obtener votos, recursos y triunfos fáciles abramos puerta a delincuentes.

Hay que cuidar la selección de candidatos en este 2015, y asumamos nuestras responsabilidades desde los partidos y desde el Senado de la República.

Muchas gracias. (Aplausos)

-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Gracias, Senador Alejandro Encinas.

-Tiene el uso de la palabra el Senador Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

-EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO: Con el permiso de la Presidencia. Muy buenas tardes compañeras y compañeros senadores.

Qué indignante, triste y conmovedor resulta constatar que la vida de las personas pueda ser vulnerada y ultrajada de una manera atroz, ya sea en manos de criminales, y lo más lamentable, por fuerzas policíacas, o incluso las mismas fuerzas armadas, como ha acontecido en estos dos últimos acontecimientos que hemos estado aquí lamentando y dialogando, hechos lamentables de excesos, negligencia, omisión, o irresponsabilidad.

Esta indignación nacional es ya una indignación mundial, y los ojos de todo el orbe voltean hacia México y se preguntan: ¿Qué está pasando en México? Nos llenan de indignación por el desprecio manifiesto a la vida de las personas asesinadas en los hechos ocurridos hace tres meses en Tlatlaya, municipio del Estado de México, y en el más reciente, en el municipio de Iguala, donde lamentablemente hay pérdidas de vidas humanas, de estudiantes normalistas y de 43 jóvenes que estamos temiendo lamentablemente por su vida.

Estamos viviendo en una situación de violencia extrema en una paz tensa donde el derecho a la vida está siendo violentado reiteradamente. Este derecho a la vida que es inalienable del ser humano, que es un valor superior, esencial y troncal consagrado en nuestro orden constitucional, ya que aun cuando no está expresamente en nuestra Carta Magna lo eleva a rango, a este rango, en el primer párrafo del artículo 1º al reconocer que “en los Estados Unidos Mexicanos toda las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.

Ante los hechos de Tlatlaya, Estado de México, y de Iguala, Guerrero, el Estado mexicano no debe quedarse con los brazos cruzados y continuar tolerando malas prácticas por parte de las corporaciones policíacas o las propias Fuerzas Armadas, que pudieran ser constitutivas de delitos. Estos hechos han sido denunciados como ejecuciones sumarias por organizaciones defensoras de los derechos humanos, se debe investigar a fondo todas estas presuntas violaciones, y sancionar con la pena máxima a los culpables en estos hechos criminales, además de analizar las normas y protocolos de detención, de acuerdo a los estándares internacionales en la materia.

Se debe poner un alto a la cultura de la muerte, ya que existe una gran insensibilidad por el respeto a la vida del ser humano. El Estado mexicano, quien está obligado a respetar los derechos humanos y establecer en el orden jurídico normas que aseguran su observancia, por eso es que una vez que concluyan las investigaciones y de resultar culpables estos cuerpos policíacos, que participaron en los casos mencionados, se debe reconocer su responsabilidad, porque sus fuerzas del orden violentaron los derechos a la vida, la integridad física y psicológica de las víctimas, así tanto en Iguala, como en Tlatlaya, de la misma manera se debe considerar, indemnizar a las familias de las víctimas.

Es preocupante que más allá de los discursos y cifras oficiales la realidad en muchas ciudades y comunidades de nuestro país nos muestran que los delitos que más lastiman a la sociedad, como son los homicidios, el secuestro y la extorsión lamentablemente van a la alza. En lo que va de la presente administración se han registrado 30 mil 703 homicidios dolosos, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Los casos de extorsión se han incrementado en los primeros 21 meses del gobierno de Peña Nieto en 23%, y los secuestros se han disparado en 15% en comparación con los últimos 21 meses de la pasada administración.

Es de resaltarse que en esta administración federal cada día se cometen más de 21 extorsiones, esto es lo registrado, cinco secuestros y 49 homicidios dolosos; esto quiere decir que cada hora dos personas son asesinadas, observándose que de las entidades con mayor índice delictivo lo lidera el Estado natal del presidente, que es el Estado de México, y lo continúan los estados de Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y el Distrito Federal.

Es lamentable pues el retroceso que tenemos a nivel nacional del tema que más se prometió solucionar, la seguridad. Nuestra sociedad no puede seguir experimentando la inseguridad como ocurre ahora, víctima de secuestros, robos, extorsiones, asesinados, y ahora desapariciones forzadas en contra de la población civil.

Tenemos derecho a vivir sin miedo, y el Estado Mexicano está obligado a garantizar nuestra integridad personal, coincidiendo con el senador que me antecedió en la palabra, también me sumo a esa propuesta, que desde esta Senado de la República se de seguimiento a este tema a través de las Comisiones de Seguridad Pública, Derechos Humanos, Justicia y Defensa Nacional. Por su atención, muchas gracias. (Aplausos).

-EL C. PRESIDENTE SANCHEZ JIMÉNEZ: Gracias, senador López Brito. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Fidel Demédicis Hidalgo, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. 

-EL C. SENADOR FIDEL DEMEDICIS HIDALGO: Muchas gracias, presidente, con su venia.  Compañeros senadores, compañeras senadoras, no rehuyamos la lucha cuando se trata de preservar el derecho o la dignidad del hombre, solo así podremos congratularnos de pertenecer a la humanidad, Alberto Einstein.

Hay muertes que cuando ocurren se llevan pedazos del alma y dejan un profundo dolor más cuando son producto de un crimen, y los criminales gozan de impunidad; las huellas de estos miserables crímenes son tan profundos que los criminales no podrán ocultarlas.

Las matanzas, los genocidios en nuestro país, casi todos han quedado en la impunidad. Dos de octubre 1968, matanza de estudiantes en Tlatelolco, resultado impunidad, hasta la fecha el Estado Mexicano se ha negado a que haya una Comisión de la Verdad, para que se dé con los responsables y se castigue a los que cometieron este crimen.

Junio, 1971, matanza de estudiantes, resultado impunidad.

Junio 1995, matanza de campesinos en Aguas Blancas, Guerrero, impunidad.

Diciembre de 1997, matanza de indígenas en Acteal, Chiapas, impunidad.

Junio 1998, matanza de campesinos en El Charco, Guerrero, impunidad.

Febrero del 2006, muerte de mineros, en Pasta de Conchos, Coahuila, resultado, impunidad.

Diciembre del 2011, asesinato de dos estudiantes de la  Normal de Ayotzinapa, resultado hasta la fecha, impunidad.

26 de septiembre de 2014, matanza de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero. Hoy estamos discutiendo que rumbo le vamos a dar a este asunto para que no quede la impunidad, igual como han quedado todos los que estamos señalando.

El Senado de la República debe decir un ya basta, a que la impunidad siga cabalgando sin control a lo largo y ancho del país, ante la pasividad de quien tiene la obligación constitucional de combatirla, sin miramientos, pensando siempre en el bien del pueblo y no el interés político que traería como consecuencia, abrir una cloaca que es imposible contener ya porque su contenido por la acumulación de sociedad, producto de la impunidad y corrupción , que México ha padecido por años y años de regímenes autoritarios que encontraron en la represión de Estado, dígase la implementación del terror a través del encarcelamiento, producto de la fabricación de delitos, las desapariciones forzadas o las masacres como la ocurrida, de los estudiantes normalistas el pasado 23 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero.

La salida para silenciar los reclamos de una sociedad que ya no aguanta más, y que encuentra en la protesta social una vía para hacerse escuchar ante los oídos sordos de un gobierno indiferente e insensible.

En este terrible caso, en el cual perdieron la vida seis personas, entre ellos tres estudiantes, 20 heridos y hay 57 desaparecidos, este crimen de Estado, crimen de lesa humanidad no debe quedar impune, se tiene que investigar hasta sus últimas consecuencias por el bien del país se debe encontrar la verdad histórica y se tienen que deslindar responsabilidades hasta dar con los responsables materiales e intelectuales para castigarlos de manera ejemplar, basta de impunidad.

Hay preguntas que se está haciendo el pueblo, y que es necesario que se le aclaren aunque duela, el tratar de tapar el sol con un dedo, solo agravaría el problema y solo traería una reacción ciudadana de consecuencias impredecibles.

¿Por qué no actúo el gobierno federal, si los titulares de la PGR, y de Gobierno tuvieron conocimiento del secuestro de nuestro compañero, luchador social, y asesinato del mismo ingeniero Arturo Hernández Cardona? Esto a través de una declaración notarial firmada por uno de los sobrevivientes del secuestro colectivo perpetrado por el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, en la cual se detalla:

Uno. El secuestro del ingeniero Hernández Cardona.

Dos. La tortura de que fue objeto.

Tres. ¿Quién ordenó el secuestro?

Cuatro. ¿Quién lo ejecutó?

La respuesta del Secretario de Gobernación al ciudadano que presentó el caso fue, lo voy a revisar. ¿Cuántas veces hemos escuchado estas respuestas de funcionarios de todos los niveles a ciudadanos que se acercan a pedir justicia?  Y cómo dice el pueblo, y como dice el pueblo, hasta que se ahoga el niño se quiere tapar el pozo.

Ahora sí la PGR  atrajo el caso, la gendarmería ya tomó el control de la seguridad en Iguala, ahora si Monte Rubido ya volteó los ojos a Iguala, ahora sí después del crimen perpetrado en contra de 43 normalistas, la federación toma las riendas de Iguala.

¿Por qué hasta ahora? Son las preguntas reiteradas que el pueblo de Guerrero y el pueblo de México se hacen con una profunda tristeza, pero también con una profunda indignación.

El Senado de la República, ante estos momentos de dolor colectivo por la muerte de ciudadanos y de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, no le debe regatear al pueblo la exigencia de que se haga justicia, acompañando en todo momento hasta que se dé con el paradero de los responsables sean quienes sean, y provengan de donde provengan, para llevarlos ante la justicia y así mitigar en algo el profundo dolor que padecen los familiares y el pueblo de México en  general por la muerte de estos profesores en ciernes, que su único delito, por eso protestan, es exigir mejores condiciones como estudiantes para llevar acabo con eficiencia el proceso de enseñanza, aprendizaje, y así lograr ser mejores maestros de México.

Se equivocan los asesinos, y los que mandaron a estos asesinos, si creen que los normalistas de Ayotzinapa van a dar un paso atrás en su lucha histórica por tener mejores condiciones como estudiantes.

Se equivocan si piensan que con estos crímenes el normalismo en México va a desaparecer, los profesores, los maestros estamos hechos de una pasta que nos obliga a seguir luchando para lograr la emancipación definitiva de México.

        Compañeros senadores, compañeras senadoras.

        Por todos los muertos ciudadanos y estudiantes de la histórica Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, nuestros muertos, por este crimen de Estado, tenemos el deber ético y político de honrarlos y exigir que los asesinos materiales e intelectuales sean castigados con todo el rigor de la ley. Junto con ello debemos de exigir justicia para los muertos de México 68 y 71. Agua Fría de Oaxaca, Aguas Blancas y El charco, Guerrero; los de Acteal, Chiapas, los de San Salvador Atenco, los de la APPO, de Oaxaca, los de Pasta de Conchos, entre los más conocidos.

        Hay que luchar también por la libertad de los presos políticos y por la presentación con vida de los desaparecidos por esas mismas causas.

        Cuando esto suceda, compañeros senadores, compañeras senadoras, ellos, nuestros muertos, podrán descansar y nosotros tal vez podamos vivir con un poco de tranquilidad.

        Por su atención, muchas gracias.

        (Aplausos)

        -EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Gracias senador Fidel Demédicis. Tiene el uso de la palabra la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Partido Acción Nacional.

        -LA C SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN: Con su permiso, senador presidente. Guerrero es un ejemplo claro del fracaso del gobierno federal en la estrategia de seguridad.

        En Iguala no sólo lo sabían, sino que se toleró la presencia del crimen organizado en el gobierno.

        Es lamentable, estos titulares, compañeras y compañeros senadores.

        Es muy lamentable lo que está pasando.

        Cuál es la responsabilidad que nos toca asumir de cara a la nación en el tema de las ejecuciones extrajudiciales.

        En Tlatlaya fueron militares los que ejecutaron a presuntos delincuentes.

        En Iguala fueron policías quienes dispararon contra los estudiantes y jugadores de fútbol.

        En Iguala la policía se llevó 43 estudiantes que a la fecha no sabemos dónde están.

        Cuántos compatriotas han perdido la esperanza y, en consecuencia, la confianza en las instituciones ante la violencia que lastima a la nación.

        Cuántos funcionarios públicos traicionan cada día el juramento constitucional de hacer cumplir la ley.

        Cuántos de ellos con su indolencia han alimentado el rencor entre connacionales, al hacerlos víctimas de la injusticia que provoca la incapacidad e indiferencia en el ejercicio de sus responsabilidades.

        Cuántas víctimas de la violencia siguen siendo ignoradas en su desesperación y clamor de justicia.

        Son muchas las preguntas que me pasa por la muerte en torno a este tema lastimoso que hoy vuelve a sacudir la conciencia de quienes tenemos el privilegio de expresarnos en la máxima tribuna de la nación.

        Escuchar los últimos acontecimientos de Guerrero, tal vez ya no inmuta. La crueldad de los grupos criminales que operan en México ya no es novedad para muchos. Pero la participación de policías en la ejecución de los estudiantes de Iguala no puede ignorarse.

        Cómo procesar mentalmente que te ejecute quien precisamente debe cuidar tu integridad.

        Cómo creer en el Estado como ente jurídico encargado de otorgar bienestar cuando sus policías, quienes deben cuidar tu seguridad, asesinan sin piedad impunemente a tus jóvenes. Y con ello alimentan el odio de una generación ofendida hasta el cansancio.

        Guerrero hoy pone al desnudo la realidad que se vive en este país. No recuerda que hay muchos temas por resolver y entre los que la justicia sigue durmiendo irónicamente el sueño de los justos.

        Hoy las familias de estudiantes de Iguala se suman a la tragedia que aún enluta a muchas otras, en distintas partes del territorio nacional.

        Cómo olvidar las narco-fosas de Taxco.

        Y así podría hablar de experiencias lamentables en muchos Estados de la República. Pero para qué ocuparme de enumerarlas todas, es sólo un recordatorio de lo que sucede y pretende ocultar.

        En Guerrero todos coincidimos que no hay lugar a las mediocridades, la contundencia del Estado en castigar a los culpables de tales homicidios no debe hacerse esperar.

        El Gobernador está obligado a dar respuestas claras y ejecutar acciones contundentes. En eso creo no existen diferencias entre quienes conformamos esta Legislatura.

        Que se aplique la ley y se finquen responsabilidades a cualquier nivel debe ser nuestra exigencia contundente. Y que el gobierno federal no eluda sus responsabilidades, porque Guerrero es ejemplo claro del fracaso de la estrategia de seguridad que tanto cuestionó en otro tiempo.

        Exigimos una política integral en materia de seguridad pública, porque mandar 250 gendarmes sabemos que no va a solucionar el problema.

        Sólo haciendo justicia lograremos que este país cambie en el camino de las instituciones.

        Hoy Guerrero exige castigo a los culpables.

        Por su atención, muchas gracias.

        (Aplausos)

        -EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Gracias senadora Guadalupe Garza Galván. Tiene el uso de la palabra el senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

        -EL C. SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO: Con su permiso, compañero presidente. Compañeras, compañeros.

        Su servidor es egresado de una Normal de este país. Y el normalismo es un sentimiento que tenemos muy arraigados los que somos egresados de esas normales. Y por eso este día y estos días el normalismo está de luto, los educadores del país estamos indignados, la educación no puede ni debe soportar estos horrendos acontecimientos de ninguna manera.

El Estado mexicano debe sentirse avergonzado de lo que está pasando en el país, avergonzado ante el mundo porque esto no se puede concebir.

Cómo justificar lo que ha acontecido en Guerrero, cuál es el delito de estos jóvenes normalistas que fundamentalmente luchan por mejores condiciones para su institución, porque tomen en cuenta sus propuestas para mejorar la calidad de la educación y ver que el normalismo y la educación juega un papel digno en este país.

¿Qué y quién está detrás de este artero crimen?

En las normales están los jóvenes más humildes de este país.

En las normales rurales fundamentalmente están pobladas de hijos de campesinos, de hijos de indígenas, que es la única alternativa que tienen ellos para poder superar la condición de vida que tienen sus familias y sus comunidades. En ellos está centrada la expectativa de muchas familias, de padres, de madres y de hermanos que hacen un esfuerzo importante para que estos jóvenes puedan estudiar, 43 jóvenes en una circunstancia que nadie quisiéramos para nuestra familia.

Por eso me parece que lo primero que tiene o debe contener el punto de acuerdo es que los presenten con vida. No podemos nosotros dar por descontado que algo más grave ha pasado hasta que se demuestre lo contrario. Que aparezcan con vida, que los presenten con vida, debería ser el primer planteamiento. El primer planteamiento que el Senado de la República pueda esbozar en este punto de acuerdo.

La responsabilidad primera de cualquier Estado es garantizar la seguridad de todos sus habitantes, de todos sus ciudadanos.

Y esa es la obligación que nosotros tenemos qué reclamar, que tenemos que exigir de este gobierno mexicano, de este Estado mexicano y de todos sus niveles de gobierno, porque no hay ninguna duda que ha habido omisión por el relato que ha habido de los acontecimientos, tanto del gobierno municipal, del gobierno estatal y del gobierno federal.

        Yo no concibo a ningún gobernante que abandone a su suerte a sectores tan importantes como los estudiantes.

        No concibo no poder haber mesas de diálogo, de interlocución para poder resolver los problemas que presentan de manera cotidiana.

        No me explico, y ahora caigamos a la realidad, cómo puede pesar más, generar condiciones   mejores, óptimas en una escuela normal cualquiera que ésta sea.

        Generar mesas de diálogo para que puedan expresar sus propuestas o reaccionar  ante hechos como este cunado ya es tarde.

        La gente está cansada de discursos, que hablen los hechos, que ya no hablen más las palabras, que hablen acciones precisas, que generan mejoras condiciones, porque la gente está en la calle, porque no encuentra soluciones a sus problemas, porque ocupa vivir, aquí se ha reivindicado la vida, pero cuál vida,  la vida en la ignominia, la vida en la pobreza, la vida en la indigencia o una vida digna.

        Yo creo que todos queremos que nuestros paisanos, mexicanos y mexicanas, los de nuestros estados vivan de manera digan, generen condiciones entonces, generemos condiciones de aquí, lo que corresponda al Senado de la  República, estamos cansados todos, no es este un caso  aislado como aquí se ha dicho, Michoacán está bañado de sangre también y de jóvenes, de adolescentes que hace unos días fueron masacrados por ese bando único que aquí reivindican mucho que no conoce a la ciudadanía y que fueron baleados nada más porque no se detuvieron ante una llamada de alto.

        Todos esos hechos  amigas y amigos, merecen castigos, porque hay responsabilidades, abróguense esas responsabilidades, castíguese a los responsables directos, pero también a los que por omisión y está la lista grande de los omisos  han permitido que esto pase en el Estado de Guerrero y que esto pase en nuestro querido país.

         Vamos a continuar denunciando seguramente muchos hechos  que se han venido dando en el pasado, y yo espero que ésta pueda ser ya la conclusión de lo que tenemos  que soportar en este país.

        Hagamos lo que nos toca, compañeras senadoras y senadores, hay aquí propuestas muy concretas que me parece que podemos ya nosotros actuar, que exijamos  con toda firmeza  que quienes tienen responsabilidad y autoridad hagan también lo que les corresponde, y si no lo hacen, este Senado de la República puede tomar decisiones. Tomémoslas.

        Por su atención, muchas gracias.

         -EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Gracias, Senador Morón Orozco.

        En uso de la palabra  el Senador Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

        -EL C. SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Con su permiso, señor Presidente.

        Buenas tardes a todos.

        En primer término quiero felicitar al Senador Alejandro Encinas, porque nos ha brindado un discurso muy  valiente, concreto, directo, porque su defensa al PRD y a los militantes de su partido no es una defensa ciega ni irracional.

        Porque eso es no politizar los temas, precisamente el reconocer cuando los problemas  están  en la propia casa,  es no politizar los asuntos, y nos acaba de dar un buen ejemplo y por eso lo felicito, así como en otras ocasiones  no coincidimos, en esta ocasión lo quiero felicitar.

        Hay dos preguntas que nos tenemos que hacer; uno,  si las autoridades federales, locales y municipales, en determinadas oficinas, determinados funcionarios supieron con antelación quién era este personaje, el alcalde de Iguala, con quién estaba vinculado él, su familia, sus cercanos, cómo llegó al poder, cómo financiaron su campaña, qué pasó recientemente, había testimonios, documentos evidencias.

        ¿Cómo demonios no se actuó a tiempo?

        Y me refiero a los tres órdenes de gobierno, porque eso se llama corresponsabilidad, y si tanto nos indigna este caso, como nos indigna y nos lastima, por supuesto que tenemos también que señalar a los tres órdenes de gobierno como corresponsables de una u otra manera, porque no basta con venir a lamentar hoy los hechos.

        Segunda pregunta, ¿por qué estudiantes normalistas?

        Miren, antes se daban entre los grupos criminales, los homicidios dolosos  se daban entre los grupos de la delincuencia, las redes de la delincuencia, hoy estamos viendo esto, que como bien decía Alejandro Encinas, nos lleva a los peores terrenos y tiempos de la Guerra Sucia,  donde había todo ese tipo de atrocidades contra inocentes, contra jóvenes que están estudiando para preparar a otros jóvenes o los que mueren en un autobús que son jóvenes deportistas que  van a jugar fútbol o una señora inocente, un chofer del autobús.

        Encima se llevan, desaparecen a decenas de normalistas por órdenes del tal Chucky.

        ¿Y quién es el Chucky?

        Uno que manda en la policía, porque ahora los delincuentes se ponen el uniforme de las policías, y con esa impunidad  es que están actuando en contra de los civiles, en contra de la gente.

        Por eso este no es un caso aislado,  este no se suma a la estadística, esto claramente nos tiene que mover y remover las conciencias, pero también la acción como dijo  Encinas.

        Miren, por eso,  no basta con señalar a los niveles de gobierno,  nosotros como Senado tenemos una clara responsabilidad sí, legislar y hacer todas las reformas que sean necesarias para que en un marco jurídico  apropiado, pero si no hay implementación, si no hay ejecución y por eso se llama poder ejecutivo en tres órdenes de gobierno, de nada sirven las leyes y si además hay una impunidad creciente respecto a la delincuencia en el país, por supuesto que es una invitación al delito y eso es lo que se está viviendo y eso es lo que se está reflejando.

        Pero también es cierto que los partidos políticos estamos fallando, porque nos asociamos con un  impresentable con tal de mantener o alcanzar el poder, ya luego vemos cómo le hacemos o cómo justificamos.

        Y eso no se vale, porque hemos visto casos como en Michoacán, en las elecciones de Michoacán, en Durango, que lo vimos  también, en Tamaulipas en su momento, en Guerrero, donde se asocian con el crimen y ganan.

        ¡Valiente, triunfo!

        ¡Descarados!

        Eso es lo que no podemos seguir permitiendo,  ¡hombre!  Eso es precisamente lo que tenemos nosotros que venir a revisar aquí hoy, y ahora.

        Y saben, ¿por qué no funcionan las cosas?

        No funcionan  porque no hay mando único policial en los estados, no funcionan porque no les pega la gana someterse a exámenes de confianza, ni toxicológicos, ni a la depuración de sus policías, porque no hay ética política, porque hay un gran descaro y un menosprecio, saben, qué, a la vida, a la vida de las personas.

        Eso es lo que nos está pasando.

        No perdamos, concluyo, no perdamos  la capacidad de asombro y la capacidad de indignación, lo digo en serio.

        Aquí el que no quiera cumplir con su responsabilidad que se largue,  si a un Presidente Municipal, un Gobernador, un servidor público federal, un legislador,  pero aquí estamos para desquitar un mandato que se nos confió.

        Ya basta de alcaldes delincuentes,  gobernadores ausentes y servidores públicos federales que se contentan con lamentar los hechos.

        Por su atención, muchas gracias. (Aplausos)

        -EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Gracias, Senador Javier Lozano, en uso de la palabra la Senadora Graciela Ortiz González, del Grupo Parlamentario Revolucionario Institucional.

         -LA C. SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ: Muchísimas gracias señor Presidente.

        Es un momento triste, aciago para el país cuando tenemos en la agenda nacional un terrible hecho como ha sucedido en Iguala Guerrero y que hoy hemos discutido ampliamente  en  el Senado de la República.

         -Un hecho que nos lleva a lamentar, hasta este momento, la desaparición de 48 jóvenes, un hecho condenable y que debe de llevarnos a todos a condenar, por supuesto, de manera enérgica los hechos, como lo hemos realizado en esta mañana y en diferentes expresiones, Senadoras, Senadores, la propia Mesa Directiva del Senado de la República y la sociedad entera en estos últimos momentos en esta últimas horas.

        -Un hecho que nos debe de llevar, me parece, a hacer un compromiso, un compromiso de atender de manera puntual, de manera enérgica, de manera firme y de manera muy comprometida lo que debe de ser el esclarecimiento de los hechos y el deslinde de responsabilidades de manera inmediatamente posterior, el fincar responsabilidades a todos aquéllos que no solamente hayan sido autores materiales, sino que hayan llevado a este momento trágico para México.

        -Quiero recordar, aquí en esta Alta Tribuna, momentos como éste que hemos vivido en el país en otros tiempos; quiero recordar mi tierra, quiero recordar Ciudad Juárez, Chihuahua; quiero recordar la muerte artera de jóvenes entre 12, 13, 16, 17 años que fueron masacrados cuando se encontraban en el interior de una vivienda en una fiesta por grupos delincuenciales; jóvenes que fueron calificados pasado el homicidio como malandros, como criminales por quien en ese momento conducía los destinos de la República.

        Por fortuna, quien así lo hizo, pronto rectificó, reconoció su error y asumió la responsabilidad que debería de asumir como responsable de los destinos de la nación, y junto con las autoridades del Estado y del Municipio de Ciudad de Juárez, se dieron a la tarea de atender este tema.

        Como éste, muchos otros hechos se han dado en los que hemos tenido que lamentar, en el país entero, la muerte de miles, de miles de jóvenes que han perdido la vida por una actuación de los grupos del crimen organizado que han asolado al país desde hace más de 14 años ya.

        En dos sexenios vimos un incremento considerable, y llegamos incluso a la condición de tener una guerra en contra del crimen organizado, y en esos años lo que hemos visto es que la Patria, es que este país, es que las familias hemos padecido y hemos llorado secuelas de toda naturaleza, la más grave, la más terrible, la más devastadora es el homicidio de los jóvenes la que siempre es irreparable y que nos deja a todos con una sensación de dolor y con una sensación de profunda tristeza, porque vivimos en México lo que no debiéramos de vivir.

        -Y me parece que esta condición en la que ha estado el país desde hace varios años, de manera señalada, desde hace muchos años, 12 años, 14 años, nos debiera de llevar a lo que yo llamo “un ejercicio de congruencia”; un ejercicio en que de manera muy objetiva llevemos a cabo, como lo ha estado haciendo el Gobierno de la República, un diagnóstico claro de cuáles son las causas, de cuáles son las consecuencias y de cómo atender las causas y de atajar las consecuencias para que esto no se siga dando.

        Y esto es lo que debemos de tratar el día de hoy, como atendemos el problema y no como lo aprovechamos electoralmente, y no cómo venimos aquí a decir en un ejercicio total de incongruencia, cómo se deben de hacer las cosas, porque cuando yo escucho a algunas compañeras y compañeros señalar el qué debe de hacerse, entiendo, entiendo que ante hecho tan terrible y ante la indignación que nos causa, busquemos el cómo atenderlo; lo que no entiendo es que vengamos a señalar responsabilidades en un ejercicio, primero totalmente estéril, y segundo completamente falso.

        ¿De qué país hablamos? ¿De qué país hablamos cuando señalamos que es lo que debe de hacer el actual gobierno de la República? ¿De un país que se nos haya dejado en la mejor de las condiciones? ¿Un país con crecimiento económico? ¿Un país con educación al alcance de todos? ¿Un país con un desarrollo social tal y un desarrollo económico tal en el que no fuesen considerados siquiera el que se dieran estos hechos? No, no fue ese el país que recibió el actual Gobierno de la República.

        Recibimos un país en el que durante solamente, durante 2010, más de 210 mil millones de pesos, el 1.53 por ciento del Producto Interno Bruto del país se perdía derivado de los costos de inseguridad; recibimos un país con lugares como San Fernando, que hoy en la mañana fue mencionado; un Municipio en el Estado de Tamaulipas en el que vimos el horror del descubrimiento de fosas con más de 75 cadáveres. Y curiosamente ese Municipio de San Fernando, lugar de tránsito de migrantes; lugar donde estos eran asesinados, masacrados por el crimen organizado no tenía, fíjense que curioso, no tenía el más mínimo respaldo del “Subsemun”, el subsidio de seguridad para los Municipios; un Municipio que estaba solo, completamente solo en un ejercicio que hubiera sido, como bien se dijo aquí, un ejercicio de corresponsabilidad de todos los órdenes de gobierno en el país. ¿De qué país hablamos? ¿De ese Ciudad Juárez lastimado, lacerado, lesionado por el crimen? ¿De qué país hablamos, de la proliferación de casinos que vienen asociados, sin duda alguna en la mayoría de las veces al lavado de dinero y a otros aspectos lamentables de delincuencia organizada? ¿De qué país hablamos, de ese país que llora a sus jóvenes pero que está en la discusión banal cuando debiéramos estar todos en lo que debiera de agruparnos, aglutinarnos que es la defensa de esos jóvenes de la mejor manera posible, de la forma que se da en la unidad?

        Yo quisiera concluir con dos reflexiones: la primera la convicción absoluta del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, absoluta convicción, derivada de la experiencia de muchos de nosotros; derivada de la experiencia de muchos de quienes trabajan en los Estados en los diferentes órdenes de Gobierno; derivada de la experiencia desde las esferas federales, de que solamente, solamente en condiciones de total coordinación es posible sacar adelante las cosas.

        No quisiera sacar uno, y otro y otro ejemplo de lo que vivimos en esos años en el que nosotros todavía no gobernábamos, no es ese el propósito; el propósito es hacer una reflexión verdaderamente, hechos como éste nos deben de concitar al aprovechamiento de las condiciones a la denostación de las autoridades que están haciendo lo mejor para que esto se resuelva, o debe de llevarnos a hacer una reflexión de mayor profundidad, de mayor altura, de menos mezquindad, de verdadera cohesión de la clase política mexicana para atender un tema que nos duele, nos lastima, nos lacera a todos los mexicanos: la muerte, la desaparición, el conflicto permanente, el asedio y el hostigamiento que sufren nuestros jóvenes en todas las partes del país en donde el crimen organizado está posesionado y debemos de sacarlo con la unidad de la clase política,.

        Yo quisiera concluir mi participación diciéndoles, solamente una cosa: No se puede, señoras y señores Senadores, no se puede en 2 años resolver el desastre de país que se construyó en 12 años, es imposible. Trabajemos juntos por que esto no vuelva a suceder, trabajemos de verdad por esas Madres de familia, por esos Padres de familia que hoy  llorando la desaparición de sus hijos, dejemos la mezquindad a un lado, y pongámonos todos, como hemos dado ejemplo en otras ocasiones, pongámonos todos a trabajar por el bien de la República.

        Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos)

        -EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Gracias senadora Graciela Ortiz.

        En uso de la palabra la senadora Alejandra Barrales Magdaleno, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

        -LA C. SENADORA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO: Vengo a esta tribuna, compañeras, compañeros, a manifestar mi solidaridad, también, con los familiares de estos jóvenes desaparecidos en Guerrero.

        A compartir ese dolor, ese sentimiento, que sabemos que invade a todos los familiares, cuando un ser querido es lastimado y ese dolor que se vive a título, a título personal.

        Pero también la desaparición de estos 43 jóvenes normalistas en Guerrero, nos debe cimbrar, nos debe sacudir como sociedad.

        Hemos dicho ya que todos estos acontecimientos, trastocan, rebasan nuestros valores como sociedad.

        Hemos hablado ya, hemos coincidido en que se trata de la impunidad. De la impunidad que debilita nuestra confianza en nuestras autoridades, que debilita a nuestras instituciones, que nos debilita como sociedad.

        Que finalmente nos roban la paz, nos roban la seguridad, que todo gobierno está obligado a garantizarles a sus ciudadanos; de eso se trata estos acontecimientos.

        Y si es cierto, estos acontecimientos a todos nos indignan. Pero lo importante es que nos obliguen a actuar de manera diferente. Que nos obliguen a ver las cosas de manera diferente, a verlas en perspectiva, a verlas a profundidad, a ir más allá del territorio del que se está hablando, a ver realmente estos acontecimientos, con una actitud autocrítica.

        Como algunos compañeros han acudido a esta tribuna y lo han podido hacer.

        Estos acontecimientos nos obligan a reconocer que por desgracia lo que hemos señalado, lo que hemos denunciado que sucedió en Iguala, en Guerrero, no es un caso único en nuestro país.

        Tenemos que ver el problema en su completa dimensión. Y eso nos obliga a reconocer, por ejemplo, lo que ha acontecido también en Tlatlaya, en el estado de México; en Michoacán, lo que acontece, ha acontecido en Tamaulipas, nos obliga a reconocer esas cifras, que el Sistema Nacional de Seguridad proporcionó el año pasado y que nos habla de 23 mil asesinatos en nuestro país.

        No es una cifra menor. Estamos obligados, entonces, a reconocer que hoy lo que vive nuestro país, es una completa descomposición.

        Y ante eso, también tenemos que reconocer que estos acontecimientos van más allá de fronteras, van más allá de partidos políticos.

        Que hoy no hay un solo partido político que no haya sido alcanzado por el crimen organizado. Y eso lo tenemos que reconocer, pero no como consuelo, lo tenemos que reconocer, asumiendo también nuestra responsabilidad.

        Porque a la gente, a la gente no le sirve, a la gente no le resuelve saber, qué partido fue. A la gente no le resuelve saber, si fue el gobierno local, el gobierno federal o el gobierno estatal.

        La gente lo que requiere es recuperar la paz, recuperar la tranquilidad y la confianza de transitar libremente en nuestro país.

        Y nosotros como Senado, tenemos una gran obligación. No podemos, no podemos perder nuestra capacidad de asombro. No podemos, no cimbrarnos. No podemos, no dolernos por estos acontecimientos.

        Porque estamos hablando de vidas, de seres humanos. Estamos hablando de hijos. Estamos hablando de hermanos.

        Y ese dolor también nos tiene que llegar a todos los que estamos en este Senado.

        Claro que tenemos que sorprendernos por el dolo, por la saña, por la mala fe, con la que hoy el crimen organizado está actuando.

        Y déjenme decirles que hoy ese crimen organizado, se está burlando de sus instituciones. Se está burlando, también, de este Senado. No podemos quedarnos cruzados de brazos.

        Por eso, es importante hacernos la pregunta.

        ¿Hasta dónde tenemos que llegar para que este Senado se decida actuar? Se decida ir más allá de esta tribuna.

        ¿Hasta dónde vamos a llegar para poder responderle a la gente? 

        ¿Qué vamos hacer en este Senado para darle una respuesta a la gente?

        Tenemos que actuar, en dos sentidos. Tenemos que actuar con responsabilidad. Y primero, tenemos que garantizarle justicia a la gente.

        Tenemos que fincar responsabilidades. Tenemos que castigar a los responsables. Sean del gobierno que sean. Sean del partido que sean.

        Tenemos que recuperar el estado de derecho.

        Y segundo. Tenemos que trabajar, también, en la prevención. Tenemos que garantizar que estos acontecimientos no se vuelvan a presentar.

        Tenemos que blindar a nuestras instituciones, para que no sean infiltradas por este… por el narcotráfico, por la delincuencia.

        Tenemos que blindar a nuestros jóvenes para que no vean en este tipo de  actos, la única actividad que les puede remunerar, que les puede generar ingresos.

        Tenemos que blindar a nuestros jóvenes. Y blindar también a nuestros pobres.

        Ya se ha hecho aquí una propuesta, por el senador Encinas. Que por cierto, quiero, quiero confirmar, el senador Encinas en ningún momento reconoció que en nuestra casa estén aconteciendo algún tipo de actividad.

        El senador Encinas, lo que dijo, es que, en la casa de todos los que estamos aquí, se están presentando este tipo de acontecimientos. Y por lo tanto tenemos que tomar responsabilidades.

        Quiero, finalmente sumarme a esta propuesta. Quiero hacer un llamado para que el Senado actúe, para que conformemos o designemos pues a estas comisiones, a las que se les acaba de señalar, para que den seguimiento, para que den respuesta a estos acontecimientos, para que hagan visible todos estos actos, que podamos darle una respuesta a la gente.

        Hacer un llamado a este Senado, para demostrarle a la ciudadanía que tenemos el tamaño.

        Primero. Para elevar el discurso, para que ojalá a los senadores de la República no se les escuche echándonos la bolita unos a otros, diciendo que fue el PRI, que fue el PAN, que fue el PRD, que fue el gobierno estatal o federal.

        Que dejemos de echarnos la bolita, y que asumamos nuestra responsabilidad.

        Que le demostremos a la ciudadanía, que tenemos el tamaño suficiente para recuperarles la paz, la tranquilidad y, sobre todo, la esperanza.

        Es cuanto. Gracias. (Aplausos)

        -EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Gracias senadora Alejandra Barrales.

        En el uso de la palabra la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

        Ya no sé por qué a qué grupo parlamentario pertenecen, si todos sabemos de dónde somos.

        -LA C. SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA: Con su venia, senador presidente.

        Yo si quiero recordarle, al Partido que hoy gobierna. Que este gobierno recibió una serie de modificaciones, en diferentes instituciones, con protocolos, que fueron sirviendo, bases de datos también, y porque no decirlo, con un Ejército fortalecido.

        Hoy quiero decir, que desafortunadamente, pues no han sabido hacer las cosas.

        Y no han sabido hacer las cosas, porque este país, el día de hoy, podemos decirlo, todos los que estamos aquí. Que ha sido un desastre.

        Desastre, porque ustedes no han sabido gobernar.

        Desastre, porque no han dado una, tampoco, en materia de seguridad pública.

No han dado una, en materia de gobernabilidad.

No han dado una, en materia de economía.

Puras promesas de campaña.

Yo sí pediría que devolvieran las entradas.

Quiero también ser contundente con el cambio que en su momento tuvo el gobierno federal anterior. Y quiero destacar la estrategia que se siguió concretamente en el Estado de Chihuahua, un programa que de manera coordinada con la sociedad civil organizada denominado Todos Somos Juárez, fue implementado y fue exitoso, así lo dijeron, no nada más en su momento el gobernador, sino muchos actores de la sociedad civil y actores importantes; en su momento lo dijo incluso el Embajador de los Estados Unidos de Norteamérica.

Yo quisiera que en este momento se hiciera una reflexión por parte del partido  en el gobierno; por qué no involucrar a la sociedad civil para cambiar la estrategia en materia de seguridad pública. Y yo quiero compartirles, hoy desafortunadamente pues al estado que vayamos, Tamaulipas, es una nulidad, por ejemplo. Y, por otro lado, Guerrero es una barbarie. Y así podríamos ir enumerando los diferentes estados de la república, y ustedes dirán, es que ustedes qué hicieron cuando estuvieron en el gobierno.

Nosotros reculamos en gran parte de la estrategia en su momento.

Este gobierno a dos años, no lo está haciendo.

Y, quiero compartirles también, estamos muy conscientes de que perdimos la elección. Hoy ustedes están gobernando y no están  demostrando el tener una estrategia contundente que vaya de la mano con lo que quiere la sociedad civil organizada.

Si nosotros no involucramos a la sociedad civil, las cosas no van a cambiar, y el tejido social no se va a reconstruir.

Y, yo quiero recordarles que en su momento la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó, el año pasado, lo que era una advertencia, lo que era un llamado de atención, su informe especial sobre los grupos de autodefensa y la seguridad pública en el Estado de Guerrero.

Y quiero decirles, que en este informe se concluyó que el gobierno del Estado de Guerrero en lugar de asumir el ejercicio de gobierno para recuperar el orden y la paz pública, optó por delegar indebidamente sus facultades en grupos de autodefensa y por alentarnos e incluso apoyarlos económicamente para que desarrollaran estas funciones.

Cómo entender hoy y cómo justificar al gobierno federal.

Que el Sistema Nacional de Seguridad Pública teniendo pues toda esta información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que está al alcance de todos, porque no puede decir alguien que no la vio, hoy la podemos encontrar en Internet.

Desafortunadamente no ha actuado desde que inició esta administración.

Por qué el gobierno federal ha tenido que esperar una y otra vez a que ocurra una desgracia para intervenir.

En Michoacán, hasta que las autodefensas tomaron cabeceras municipales, y hubo serios enfrentamientos, intervinieron con una figura violatoria de la Constitución, como es la creación de un comisionado estatal que ha suplantado a las autoridades locales.

Por qué ignoran el daño a la imagen internacional de nuestro país, llegando a que el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos haya solicitado el esclarecimiento de lo que calificó, cito textual:

“….Un asesinato tan inhumano como absurdo….”; resaltando que  toda la región se encuentra de luto por este terrible suceso.

En Valle de Bravo, hasta que los casos de secuestros fueron evidentes, desplazaron fuerzas a la región; lo mismo ocurrió en Tamaulipas, en Jalisco y en el Estado de México.

Lo dramático de ello, es que la presencia de fuerzas federales no ha transformado la situación.

En Michoacán los homicidios han aumentado 35 por ciento; las extorsiones, 41 por ciento. Ayer mismo vimos como el crimen organizado retando a las autoridades y con total impunidad incendió un cine en el Municipio de Mújica, a unas cuadras del Palacio Municipal.

Las ejecuciones siguen a la orden del día, y ahora, por primera vez nos encontramos frente a las acusaciones graves de violaciones a derechos humanos llevados a cabo por las fuerzas armadas, como presuntamente ocurrió en Tlatlaya.

La realidad nos confirma que este gobierno federal no tiene una verdadera estrategia en materia de seguridad pública. Le ha apostado a tres acciones, que no han dado resultados.

La primera.    La centralización exagerada de facultades en la Secretaría de Gobernación.

Segunda.             Empeño por ocultar la realidad por desterrar del discurso oficial cualquier mención a la inseguridad y a la violencia.

Tercera.            Ante la falta de estrategia, lo que queda es la reacción.

Tenemos un gobierno federal que solamente reacciona una vez que la crisis en los estados se ha vuelto insostenible.

Ya han transcurrido dos años de este gobierno. El pueblo de México sigue esperando que den  muestras de capacidad, que den muestras de decisión, no de inercia y opacidad.

Quiero invitarlos el día de mañana, senadores,  los que así lo deseen para que podamos acudir al lugar de los hechos, junto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ver cómo están  trabajando los peritos antropólogos forenses; tener una plática también con los familiares de las personas desaparecidas. Ver también cómo está trabajando la Procuraduría General de la República y el equipo argentino.

Y, también, por supuesto revisar que en todo momento lo más posible, y en la medida de lo posible se estén respetando en estos momentos los derechos humanos de todos los familiares de las víctimas.

Es claro que en este estado hubo una violación contundente y terrible a los derechos humanos, y no podemos guardar silencio.

Es cuanto, Presidente.

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BARBOSA HUERTA: Gracias, Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza. Tiene el uso de la palabra la Senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

- LA C. SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Muchas gracias, Presidente. Compañeros senadores, tendríamos que asumir con muchísima responsabilidad un tema tan delicado, tan delicado porque estamos hablando de vidas humanas, de lo más lamentable que es perder a  nuestros jóvenes, jóvenes estudiantes, normalistas, seguramente con sueños y con deseos; sus familias.

Y hoy estamos aquí centrados en un debate de cifras y de acusaciones. Eso me parece lamentable, en lugar de estar construyendo juntos el Senado con el Ejecutivo una respuesta ante un hecho tan doloroso y tan lamentable.

Me preocupa también ver que entre las cifras que estamos rebotando, yo creo que hay cifras que hablan por sí solas…Miren, más del 24% de los mexicanos mayores de 18 años fueron víctimas de algún delito en el 2010, esto habla de una descomposición social y del rompimiento del tejido social.

El Gobierno Federal ha asumido con responsabilidad el tema de la seguridad, inclusive tenemos una Subsecretaría de Prevención del Delito que lo que busca es la recomposición social de un tejido que se rompió, que se erosionó, y que por falta de política de Estado no lo tomamos con tiempo.

Lamentablemente si seguimos señalando las cifras, las cifras nos van a llevar a un pasado en el que no quisiéramos ya regresar. Miren, en el 2011 se registraron 1.6 millones de delitos en el país, un 23 más que en el año 2000, y las recomendaciones que ha emitido la Comisión Nacional de Derechos Humanos de enero a julio de 2014 también han disminuido, y han disminuido para las dependencias que integran el Gabinete de Seguridad.

El gobierno ha trabajado de manera importante en la transversalidad de los derechos humanos del Ejecutivo Federal. Nosotros hemos visto que el Ejecutivo Federal tomó con decisión y asumió con muchísima responsabilidad, la Procuraduría General de la República tiene apenas unas horas de haber asumido la responsabilidad del caso.

Yo creo que tendríamos que darle el tiempo necesario, el tiempo suficiente para la investigación de un hecho no solamente doloroso, tan delicado por el número, primero, de desaparecidos y, después, de muertos y de fosas clandestinas. La erosión social del estado de Guerrero lleva varios años esta descomposición, y habría que preguntar también ¿qué ha hecho el gobierno del Estado para recuperarlo?

Yo creo que en estos momentos lo más importante sería la suma de voluntades de todos los grupos parlamentarios aquí representados para trabajar con el Ejecutivo con el propósito de encontrar una solución a este grave problema. Creo también que el Gobierno Federal ha mostrado transparencia, ha mostrado firmeza en los hechos, y ha demostrado una gran voluntad política para trabajar de cara con la sociedad.

No ha ocultado en ningún momento ningún dato y ninguna evidencia, démosle el tiempo necesario para que la Procuraduría General de la República arroje la investigación. Démosle tiempo antes de asumir una postura o acusaciones, al final nosotros no somos el Ministerio Público aquí en el Senado; sí somos hacedores de leyes, y por supuesto que buscamos que las leyes se hagan respetar, y somos los primeros, seguramente todos los senadores de la República, en apostarle en una cultura de respeto a los derechos humanos.

Yo les pediría el tiempo para esperar a que la Procuraduría General de la República arroje el resultado de la investigación, son unas cuantas horas que asumió este caso tan doloroso y tan lamentable.

Muchas gracias. (Aplausos)

-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Gracias, Senadora Cristina Díaz.

-Reconociendo el tono correcto con el que se han expresado las y los senadores, esta Presidencia recomienda que las siguientes se circunscriban al caso Ayotzinapa, de los hechos lamentables.

-Tiene el uso de la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

-EL C. SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Muchas gracias, Senador Presidente.

Y ratificando lo que usted acaba de decir, y con respeto a mis compañeras y compañeros senadores, esto no es un debate sobre las incapacidades de doce años del pasado, o las frustraciones de dos años del presente, este es un debate sobre el futuro y es un debate sobre Iguala, y es un debate sobre los jóvenes de nuestro país.

Por eso es tan importante y tan grave lo que estamos discutiendo el día de hoy. Iguala de la Independencia es el lugar de la República donde hoy menos se puede hablar de libertad, su raíz náhuatl, “donde serena la noche”, pierde todo su sentido, nunca había estado más lejana de su significado. Iguala, cuna de la Bandera Nacional, nos obliga hoy a repensar el significado del color rojo de nuestro Lábaro Patrio, capital alguna vez de Guerrero, la primera de la historia de ese estado, hoy es la capital del horror de nuestro país.

Y no exagero, hay características particulares en este negro episodio que lo ubican en un grado distinto de la tragedia: eran jóvenes, eran pobres, eran hijos de campesinos, eran estudiantes. En cualquier otra parte del mundo democrático al que aspiramos pertenecer ellos hubieran sido objeto de la mayor atención de todos los niveles de gobierno y de todos los poderes del Estado.

Ellos, en cualquier otro rincón del mundo al que queremos y aspiramos pertenecer, hubieran sido atendidos para que sus talentos y sus esfuerzos fueran el ancla del futuro de la nación. Pero en Iguala, en México la historia es muy diferente, en Iguala los secuestraron, en Iguala los torturaron, en Iguala los mataron, ¿Por qué? ¿Por qué es esto posible en nuestro país? ¿Por qué las instituciones no son capaces de evitarlo?

Luis Hernández Navarro hoy ofrece una respuesta sencilla, pero contundente, porque quienes secuestraron, quienes torturaron, quienes mataron podían hacerlo porque no les costaba absolutamente nada; porque se erigen en la base que ha gobernado ya muchos espacios de nuestro país, y esa base tiene ángulos muy claros: corrupción, impunidad, violencia y complicidad.

Como lo mencioné en una de mis intervenciones anteriores, refiriéndonos a los 101 años del asesinato de Belisario Domínguez, los nuevos usurpadores del poder ya no llevan el apellido de Huerta, los nuevos usurpadores los representan el crimen organizado y su inaceptable pretensión de ocupar posiciones de mando, su inaceptable pretensión de decidir el rumbo y el desarrollo de comunidades y sociedades, de hacer y aplicar su propia ley. Fusión y confusión de autoridades con el crimen, fusión y confusión sobre quién es quien debe decidir el futuro de nuestra sociedad.

Esa es la mayor amenaza que hoy tenemos a la gobernabilidad, y lo mismo ha ocurrido en Michoacán, como en Jalisco, como en Nuevo León, y en muy diversos puntos de nuestra geografía, como sucede hoy en Guerrero. Si no atajamos esta amenaza, compañeras y compañeros, la amenaza a la propia viabilidad del Estado, si consentimos por acción o por omisión que criminales asciendan en la escala de decisiones públicas lo que ha ocurrido hoy en Iguala será la historia de todos los días.

Nuestra solidaridad y apoyo a las familias y a la comunidad de Iguala y la Escuela Normal de Ayotzinapa, nuestra solidaridad por estos condenables hechos; pero hay que ser claros, ellos no esperan nuestra solidaridad, ellos no esperan nuestras condolencias, no es suficiente para ellos, y no debería de ser suficiente para nosotros. A la responsabilidad jurídica de quienes cometieron estos salvajes hechos debe de venir también un minucioso análisis para conocer a los responsables políticos.

Hoy, ya lo había dicho, celebramos 101 años del asesinato de Belisario Domínguez. Él pagó con su vida decir la verdad, él pagó con su vida llamar a las cosas por su nombre, y hoy más que nunca es necesario que los senadores y las senadoras sigamos su ejemplo.

En esa búsqueda no podemos continuar con este juego de espejos en el que simplemente señalo los errores de mis adversarios, pero omito señalar los de mis correligionarios, o no señalo los errores de mis adversarios para evitar que éstos señalen los míos o los de mis aliados. Además de la impostergable investigación y el castigo que esperan los mexicanos a los responsables debe venir un delicado trabajo de reconstrucción de la unidad y la…

(SIGUE 32ª PARTE)

....  mis aliados. Además de la impostergable investigación y el castigo que esperan los mexicanos a los responsables, debe venir un delicado trabajo de reconstrucción de la unidad y la cohesión social; de valorar  el papel social y académico de las normales rurales no solo la de Guerrero sino las de todo el país y, sobre todo dejar de criminalizar su lucha reivindicatoria, que nunca más en este país se vuelva a establecer aquel principio que durante los últimos años se convirtió en regla, en la que toda víctima es sospechosa de su propia muerte, porque así es más fácil olvidarse de ella.

Este crimen sin duda debe de ser la más poderosa advertencia de que nos queda poco tiempo, todos los ámbitos de gobierno tienen responsabilidad en Iguala, todos los poderes tenemos responsabilidad en Iguala y no podemos eludirla. Nunca más otro Aguasblancas, otro Acteal, otro Villas de “Salvacar”, otro Casino Royal, otro Bar Heaven, otro Tlatlaya u otro Ayotzinapa. Eso es lo que esperan los mexicanos y a ellos les debemos una respuesta muy clara.

Muchos temas deberían de estarse discutiendo y ojalá formen parte de la agenda de este Senado de la República, cohesión social, inversión productiva, local, prevención, unidades de inteligencia financiera autónomas en los estados, no es una agenda que haya estado en la discusión, por lo menos en lo que va de este año, ojalá también la retomemos.

Finalizo con la trágica ironía de nuestro Himno Nacional, que hoy dibuja lo que no queremos ver repetido en ningún otro lugar de nuestra nación.

Su coro número noveno, en su versión original que decía: Y de Iguala la enseñanza querida, y de Iguala la enseña querida, a su espada sangrienta enlazada de laurel mortal coronada, formará de su fosa la cruz. Tengamos siempre presente estas líneas porque tenemos responsabilidad con el horror. Muchas gracias. (Aplausos).

-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Gracias, senador Zoé Robledo. Tiene el uso de la palabra  el senador Francisco Búrquez Valenzuela, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, senador.

•  -EL C. SENADOR FRANCISCO BURQUEZ FALENZUELA: Con su venia, señor presidente. Hechos lamentables que nos ponen en los límites de la barbarie y esto ocurre en pleno siglo XXI. Hoy tenemos la pérdida de vida de decenas de jóvenes mexicanos, fusilados, masacrados, es un hecho que no podemos permitir que pase inadvertido, y que como muchos otros hechos se juegue a que el tiempo haga que ya nadie los recuerde.

A los senadores del PRI  les digo que en Ciudad Juárez la violencia se dio con gobierno municipal y estatal priísta, y se los recuerdo,  del PRI,  se controló cuando permitieron trabajar al gobierno de la República panista, sí, en ese momento se empezó a controlar la situación, pero los gobiernos locales, mientras no permitieron ese trabajo al gobierno federal, sufrieron sus ciudadanos, esa violencia....

-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Senador Francisco Búrquez, permítame un momento.  Está pidiendo la palabra la senadora Graciela Ortiz, ¿con qué propósito? Sonido en su escaño.

-LA C. SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZALEZ: (Desde su escaño).  Solamente, señor presidente para hacerle una pregunta al señor senador, que parece conocer muy bien el tema de mi tierra, si me la permite, y si no pedirle que me permita subir para hechos de manera posterior.

-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Senador Búrquez, ¿acepta la pregunta?

-EL C. SENADOR FRANCISCO BURQUEZ VALENZUELA: Por supuesto.

-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Adelante, senadora.

-LA C. SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZALEZ: (Desde su escaño). ¿Usted sabe, señor senador, que Chihuahua tuvo, antes de llegar el auxilio del gobierno federal, dos años y medio incendiado sin una sola respuesta del gobierno federal? ¿Sabe usted cuántos jóvenes murieron en Chihuahua ante esa ausencia? ¿Tiene usted idea de lo que vivieron las familias chihuahuenses en el total desamparo del gobierno federal que nunca asumió su responsabilidad de ser el primer facultado por la Constitución y por las leyes de este país, para tratar los problemas del narcotráfico, hay que conocer los hechos para venir a hablar de ellos con conocimiento, pero sobre todo con sensibilidad?

Siguen habiendo madres de familia, padres de familia que todavía lloran la muerte y la ausencia de sus jóvenes, por una ausencia de acción que nunca llegó.

-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Puede usted contestar, senador.

-EL C. SENADOR FRANCISCO BURQUEZ VALENZUELA: Sí, precisamente de eso quiero hablar.  De cómo un partido en el gobierno se justifica, y se quiere justificar echándole la culpa a otros, cuando sus gobiernos locales tenían una gran responsabilidad, y precisamente de eso quiero hablarles.

Ahora resulta que el PRI  se justifica de no poder enfrentar esta situación de ingobernabilidad en nuestro país, por la situación en que recibió al país, de los gobiernos anteriores, gobiernos del Partido Acción Nacional.

Yo le recuerdo que hace dos años dejó de gobernar el Partido Acción Nacional, que ahora la responsabilidad es del PRI,  del gobierno emanado del PRI,  es inaceptable que quieran eludir esa responsabilidad, el gobierno federal tiene que irle a hacerle frente a esta situación y no se vale ninguna justificación.

¿Dónde está el gran proyecto de Policía Nacional acreditable y muchos otros proyectos que decidieron dejarlos a un lado?, lo suspendieron y lo advertimos, el PRI  no puede venir a decir que ahora tira la toalla, cuando lo que dijo, y lo dijo a todos los mexicanos, es que el PRI  sí sabía cómo gobernar.

Nosotros le hemos dado todo el respaldo, hemos aprobado todo lo que necesitan ustedes para enfrentar a la delincuencia...

-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Senador Búrquez, perdón, solo para efecto de la contabilización del tiempo, ¿ha dado respuesta a la pregunta de la senadora y está en la intervención?

-EL C. SENADOR FRANCISCO BURQUEZ VALENZUELA: Sí lo di, la primera parte, era para eso.

-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Puede iniciar el conteo, porque no me hace caso el reloj.

-EL C. SENADOR FRANCISCO BURQUEZ VALENZUELA: No hay cuidado, vamos a terminar pronto. La delincuencia hoy se agrava, la delincuencia se apodera de policías y gobernantes, el gobierno federal tiene que actuar.

Además de esto, recibió una economía sana, y hoy la economía se desmorona, ¿dónde está el gobierno de la República, dónde están los que sí sabían gobernar? Ahora nos piden unidad a toda la clase política, que no es unidad, pero la unidad de los hechos, cuando les aprobamos todo lo que ustedes nos plantean para poder enfrentar a la delincuencia y hacerle frente a los problemas de México, les hemos dado todo lo que han pedido.

No tienen pretexto, ahora les pedimos resultados; no vamos a permitir que haya impunidad, tenemos que hacerle frente y les exigimos al gobierno federal que actúe. (Aplausos).

-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Dígame, senadora Graciela Ortiz.

-LA C. SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ: (Desde su escaño).  Para rectificación de hechos, señor presidente.

-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Se han registrado para rectificación de hechos, la senadora Graciela Ortiz, y la senadora Luis María Calderón. La exhortación, centrémonos al debate de Ayotzinapa, pero tiene libre expresión de manifestar su dicho en tribuna.

-LA C. SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ:   Muchas gracias señor presidente, muchas gracias por esta posibilidad, no solamente de retomar lo que me parece que es sustantivo esta tarde, que es el debate sobre cómo debemos de atender un tema que y dijimos, nos parece debe de congregarnos a todos, sino también para rectificar algunos hechos que son importantes.

Voy a empezar primero con el ejemplo de mi Estado, lamento que tenga que ser mencionado como referente, pero creo que vale la pena recordar que en el Estado de Chihuahua, por razones de posición o desempeño de posiciones, me tocó trabajar, por indicaciones del señor gobernador del Estado, en lo que era la tarea de coordinación de las fuerzas federales locales y municipales, en el tema de contención y de atención del tema de seguridad.

       Me tocó trabajar con un gobierno federal del PAN. Efectivamente en el gobierno del Estado, un gobierno priísta, y en Ciudad Juárez y en algunos otros municipios, gobiernos priístas, y en la Ciudad de Chihuahua, capital, gobierno del PAN.

        Entonces, tenemos referentes en uno y en otro sentido. Solamente dejo como referencia que en materia de coordinación de seguridad el problema no era coordinarnos los dos órdenes de gobierno estatal y municipal.

        El problema tampoco era por parte del Estado el coordinarnos con la federación, el problema era que la federación se coordinara entre sí.

        Y tuvimos en la mesa de la Secretaría General de Gobierno problemas de coordinación entre las fuerzas federales, entre el Ejército, entre la Policía Federal, entre las fuerzas que por parte del gobierno federal deberían de atender el problema.

        Por fortuna esa mesa sirvió para que todos entendiéramos, como yo espero que entendamos a partir de esta discusión, que el problema que se estaba discutiendo era más grave que las posiciones de orden partidista, que el problema que se estaba discutiendo requería de todos nosotros, como lo dije desde el inicio, altura de miras, compromiso y generosidad con la población y no posiciones de orden partidista. Y ojalá lo logremos esta tarde, ojalá logremos ponernos por encima de lo que son las disputas de orden territorial y de orden político y pensemos en esos cientos, miles de jóvenes.

        Y lo reitero una y otra vez, porque son madre de familia, porque soy ciudadana que le importan sus hijos, que le importan los jóvenes de este país. Ojalá tengamos esa altura de miras, esa generosidad, ese deseo de trascender mezquindades y atender aspectos sustantivos para el país.

        Creo, compañeros, y los invito a ello, porque podemos durante todo el día, y traigo cifras acá, durante todo el día podemos manejar cifras en uno y en otro sentido. El tema importante y trascendente es qué hacemos, qué hacemos en este momento de la República, como lo hicimos ayer, como lo hicimos pensando en cómo resolvíamos los problemas y no cómo responsabilizábamos a alguien.

        Volvemos a reiterar, el gobierno de la República, el gobierno de la República que encabeza nuestro Presidente Enrique Peña Nieto, está atendiendo de la mejor manera un tema que no fue fácil ni sencillo cuando se asumió el poder en este país. Los invitamos a que nos sumemos todos en un propósito muy superior, en un objetivo muy superior que trascienda nuestras mezquindades, que trascienda nuestra coyuntura y nuestra circunstancia.

        Muchas gracias.

        (Aplausos)

        -EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Gracias senadora Graciela Ortíz. En el uso de la palabra la senadora Luisa María Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, desde su escaño. Sonido en su escaño, por favor.

        -LA C. SENADORA LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA: Le agradezco, presidente. Reconozco la rectificación de posición de la senadora de Chihuahua, me parece que es una posición muy seria la que ha tomado en esta segunda intervención. Y sí creo que nadie ha dicho que es fácil gobernar.

        Y como yo dije en mi primera intervención, creo que tenemos que ser prudentes y recuperar lo que los otros han hecho. Ningún gobierno puede empezar a construir la historia a partir de que nació.

        Y respecto de Chihuahua yo diría que antes, en el 2003-2004 se mandó una comisión plural, con distintas dependencias de gobierno, a atender de fondo el tema de las mujeres asesinadas en Juárez.

        Y a partir de ahí se fue construyendo un modelo plural, interinstitucional, que pudiera acompañar a Juárez reconociendo su composición compleja de frontera, de frontera permeable, de muchas mujeres trabajando. En fin, de narcotráfico presente.

        Se construyó un modelo de recomposición de la cohesión social que nunca se abandonó.

        Se fue trabajando en él y hoy es el modelo Juárez que se siga aplicando en los polígonos de población vulnerable al narcotráfico.

        Lo que quiero decir es que ni la historia empezó en 2000. Yo podría decir que antes de 2000, en los 90’s, en Michoacán el número de ejecuciones era de más o menos 34 por 100 mil habitantes; en 2012 se había reducido a 18 por cada 100 mil habitantes.

        El tema es que no podemos seguir culpando al de enfrente, no podemos culpar al anterior. Pero tampoco podemos decir que una estrategia mediática pueda resolver el problema.

        Yo ratifico mi posición inicial, necesitamos sumarnos a una estrategia todos, una estrategia integral de prevención, de recuperación de valores esenciales de vida. Y también reconocer que las propias fuerzas armadas tenían problemas de coordinación y también lo siguen teniendo en el presente.

        Es cuanto, señor presidente.

        (Aplausos)

        -EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Gracias senadora Luisa María Calderón.

        Tiene el uso de la palabra el senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

        -EL C. SENADOR LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ: Gracias compañeras y compañeros.

        Iguala, Tlatlaya, Apatzingán, son municipios de una misma región, de la región conocida como tierra caliente. Esta región está compuesta en Guerrero por nueve municipios, en el Estado de México por cinco y Michoacán por 17 municipios.

        Y ustedes han escuchado en los últimos años noticias graves, todas ellas de esta región.

        Se sabe hace muchos años, y hablo de décadas tal vez, de que es una región productora de estupefacientes. Es una región con características no solamente de geografía, sino culturales que coinciden. Hace décadas, insisto, se sabe de estas actividades.

        ¿Qué pensaban estas personas, estos policías municipales cuando asesinaron a estos jóvenes estudiantes, cuando se llevaron a otros tantos?

        ¿Qué pensaban los militares cuando asesinaron, cuando ejecutaron a unos presuntos delincuentes?

        ¿Qué pasaba por su mente en ese momento?

        Casi puedo adivinar lo que pasaba por su mente. Y era la palabra impunidad. Impunidad que aliente la criminalidad, eso es lo que pensaban.

        Pensaron que estos hechos no se conocerían, que no iban a trascender. Seguramente que pensaban eso.

        Ese es el motor que alimenta la delincuencia, la impunidad. La lentitud con que se ha actuado se ha reaccionado ante estos dos hechos de esa misma región de tierra caliente, dibuja en mucho lo que sucede en este país.

        He incluso en el caso de Tlatlaya la intención de encubrir el hecho por parte de diversas autoridades.

        El gobierno del Estado de México sostuvo hasta el último momento que había sido un enfrentamiento aun cuando ya se sabía por la Agencia AP de que había sido una ejecución extrajudicial lo que había sucedido.

        Aun cuando ya había testimonios de gente que presenció el hecho, en el gobierno del Estado de México se negaban a reconocerlo, para encubrirlo.

        Bueno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuándo reaccionó ante lo de Tlatlaya, cuando se percató de que era un tema que daba para los medios, un tema mediático. Y entonces se metió el Ombudsman.

        Por cierto que está haciendo sus investigaciones y dio un mes, un poco más de un mes para  que nos diga qué pasó.

        Pero más allá de estos hechos, creo que no estamos aquí para buscar los culpables, no es el momento y quién tuvo la culpa, si el Gobierno Federal, si los gobiernos estatales, si los partidos políticos, si es la culpa de este gobierno, de este sexenio o es la culpa del gobierno del sexenio pasado.

        Recuerdan ustedes  hace pocos días  cuando discutíamos una modificación al Código Penal Federal, aquí acusamos desde la posición de incrementar la penalidad por secuestros no solucionaba absolutamente nada,  y más bien era una actitud frívola para que el Partido Verde Ecologista cumpliera la promesa de campaña, así lo dijimos.

        Apoco creen ustedes que estos delincuentes puedan pensar en que les pueda alcanzar la justifica y se les va a aplicar 150 años de cárcel.

        Por supuesto que no, porque saben estos delincuentes que  hay impunidad.

        Este Senado, creo yo, tampoco ha estado a la altura de las exigencias.

        Recuerden, la impunidad, insisto  es lo que nos lleva a un estado así, 2 por ciento de los delitos apenas el 2 por ciento de los delitos de este tipo se castigan, de secuestros.

        ¿Qué pensaron entonces los policías municipales de Iguala al asesinar a estos jóvenes?

        ¿Qué pensó ese Presidente municipal?

        ¿Qué pensó la esposa del Presidente Municipal?

        Pues pensaron en eso, en que hay impunidad, en que no pasa nada, en que reina la impunidad en el país.

        Por eso es tan importante este debate, por eso me parece bien que hagamos estos espacios para tratar de dar luz al verdadero problema, el verdadero problema que es el tráfico de armas que se sigue dando desde Estados Unidos a nuestro país; el verdadero problema que es la corrupción de las procuradurías de las   policías, de aquellos que son responsables de velar por la seguridad de las familias; el problema que es la incapacidad de responder  por parte de los diversos órganos de gobierno, y entonces me pregunto, es una debilidad que nosotros reconozcamos que hemos sido rebasados por la acción criminal.

        Es en verdad debilidad de conocerlo o es el inicio de la voluntad para encontrar una salida.

        Señoras y señores, compañeras y compañeros, la sociedad hoy está indignada, está dolida por tantas y tantas vidas perdidas, no hablo de las de estos días, hablo de las de ya unos años para atrás.

        Y veo que en esta voluntad de reconocer y hacer un planteamiento serio y honesto, se está construyendo, me dicen que ya lo tienen, me parece que hay que dar reconocimiento.

        Más allá del pésame para las familias de Tlatlaya e Iguala, creo que tenemos la responsabilidad y por lo menos el compromiso de hacer con ellos, de comprometerme ante ellos para hacer lo que corresponda para que esto no se repita y espero que todos lo compartamos.

        Muchas gracias.

         -EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Gracias, Senador Luis Sánchez. 

En el  uso de la palabra el Senador Sofío Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

        -EL C. SENADOR SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ: Gracias señor Presidente.

        Compañeros senadores, senadoras, he escuchado  con atención durante el desarrollo de esta sesión las intervenciones de todos y todas ustedes, he compartido con mis compañeros senadores  en sus escaños  de que coincidimos todos en que es una realidad que nos lastima, pero particularmente como mexicano, como guerrerense, me sumo a las miles de voces que lamentamos, reprobamos y repudiamos   estos acontecimientos.

        Esto no debe de suceder, nunca debió de haber sucedido por las razones o responsabilidades que fuese, por acción de un gobierno municipal  en función de la división o los niveles de responsabilidad de gobierno como lo señala el artículo 115  de que los estados para su  ordenamiento o régimen interno como gobiernos se instituirán en los municipios que tienen autonomía, patrimonio y que al mismo tiempo tienen también la figura de policía municipal.

        O quizás también  por omisión, pero más allá de la responsabilidad  de quienes tienen la competencia de atender el crimen organizado, de los que fueron en el gobierno del ayer o en el gobierno del presente, hoy Guerrero le pide, los guerrerenses  le pedimos a los mexicanos  su más profunda solidaridad, le pedimos a todas las instituciones, organismos públicos  autónomos, descentralizados, a todos los niveles de gobierno de que sumemos esfuerzos, ya no tengamos mezquindades en aportar  lo necesario a los estados del sur y particularmente al Estado de Guerrero.

Lo han expresado aquí con anterioridad, acompañado de la marginación de la pobreza, ausencia, olvido y de la falta de oportunidades, acompañado de lo que la historia nos ha dado, de los diferentes acontecimientos, hasta de la guerrilla en los 70’s hoy aparece el caso de Iguala; Iguala que es cuna  de nuestra independencia, Iguala que es un municipio el cuarto municipio más importante para el Estado de Guerrero hoy se encuentra envuelto en todos los señalamientos  de la opinión pública de lo que nunca debió de haber sucedido.

        La realidad ahí está, jóvenes que perdieron la vida, muchos heridos, 43 jóvenes estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que se encuentran  desaparecidos; la realidad que lastima y que muchos de ellos perdieron la vida.

        Pero como los códigos que tienen las organizaciones  o hasta en la ética que existe la vida, hay maneras de cómo se pierde la vida y los acontecimientos de Iguala tienen  la marca, tienen el sello  de la actitud despiadada de cómo quitar la vida.

         Eso es lo que debe de llamarnos a todos para sumar esfuerzos.

        La manera de cómo perdieron la vida esos tres jóvenes, estudiantes, particularmente uno de ellos que terminó desollado.

Y el encuentro de cerca de 28 cuerpos  en las fosas clandestinas y la información que se tiene de la Procuraduría del Estado debe de llevarnos y conllevarnos a una profunda reflexión.

        A que el Estado Mexicano, todos debemos de estar coadyuvantes, sumándonos a los esfuerzos en el caso concreto de Guerrero. 

        Va, pues, desde este espacio, sumándome a las voces de ustedes nuestra solidaridad, a las familias de quienes lamentablemente perdieron la vida por quienes sus hijos se encuentran desaparecidos.

        El dolor humano que hoy enluta a las familias por sus seres queridos, enluta también al pueblo de Guerrero, y estoy convencido también que al pueblo de México.

        Nuestra más enérgica condena y solicitud de que se lleve a cabo la investigación necesaria, no nada más para el esclarecimiento de los hechos, sino para poder castigar a los responsables.

        Los guerrerenses, en verdad, no merecemos y mucho menos los jóvenes estudiantes que estos lamentables acontecimientos sucedieran.

        ¿Dónde está el principio de responsabilidad o de las culpas o del por qué sucedieron las cosas? Nosotros consideramos que el principio de responsabilidad sin pretender, desde luego, delimitar responsabilidades de nadie, el principio de responsabilidad se encuentra en la Policía Municipal porque así ha quedado plenamente acreditado. Es importante decirlo porque tampoco vamos a aceptar como guerrerenses, o particularmente mi responsabilidad como representante popular que se tomen acusaciones por todos lados, y que en las acusaciones vaya la especulación, el interés político o quizás partidista. No pretendo ser vocero de otros Poderes o responsabilidades de gobierno, pero nos preocupa la estabilidad social en Guerrero. Y consideramos que los señalamientos que se han hecho públicos hacia los tres niveles de Gobierno, de acuerdo a las últimas investigaciones, deben de estar presentes más en la responsabilidad del gobierno municipal.

        Nosotros como guerrerenses y como parte que fui de la actual administración del Gobierno del Estado que encabeza Ángel Aguirre Rivero, puedo compartirles que desde el primer momento todos, todos hasta los ciudadanos, sociedad  civil cuando nos enteramos de estos hechos nos sumamos al esfuerzo de poder coadyuvar en lo posible para encontrar a estos 43 jóvenes.

        Ahí están los resultados de la Procuraduría de Justicia del Estado; se detuvieron de manera inmediata a 22 policías y muchos de ellos vinculados, y a otros 8 más que hacen un número de 30 y la información que se tiene es que fue gracias a la detención oportuna de estas personas de cómo dieron la información de donde estaban las fosas clandestinas y dieron con el paradero con los resultados que todos ustedes ya conocen.

        Por eso es que pedimos una investigación profunda y completa. Qué bueno que hoy, qué bueno que hoy 8 días después de estos lamentables acontecimientos, la Federación, la Procuraduría de la República atrajo el caso, aunque deba hacer la observación o consideración, que desde un principio, desde que se dieron los hechos por haber existido armas de alto calibre o por la forma de cómo perdió la vida uno de los jóvenes que terminó desollado, consideramos que debimos de estar presentes todas las Instituciones en la coadyuvancia con el gobierno del Estado.

        Yo quiero concluir mi intervención, que lo más importante ahorita es, lamentando primero lo sucedido y de quienes perdieron la vida, hoy lo más importante es que podamos encontrar a los 43 jóvenes desaparecidos.

        Que se aplique la Ley; que haya justicia, pero al mismo tiempo que podamos generar opinión, todos, y que no alentemos a lo que ya se vive en Guerrero, no alentemos la inestabilidad o las opiniones en acusaciones sin fundamento para quienes pretendan con intereses políticos pretender generar ingobernabilidad.

        El pueblo de Guerrero nos vamos a organizar, porque soy parte de ese sector social, y no vamos a aceptar que en la antesala a un proceso electoral, el 2015, porque habrá elecciones para Gobernador no vamos a aceptar y lo denunciaremos, lo denunciaremos de manera pública, si partidos políticos o los propios políticos de diferentes colores pretendieran agarrar este lamentable acontecimiento para hacer señalamientos irresponsables que puedan confundir a la ciudadanía.

        Aspiramos entonces, amigos Senadores, Senadoras, a que podamos verdaderamente alcanzar la oportunidad de que sea una investigación profunda, seria, responsable, y me quedo con la confianza que la aportación del Gobierno del Estado y sobre todo ahora que la Federación, la Procuraduría de la República ha atraído el caso, que será una investigación que pueda dar los resultados inmediatos.

        Ya no queremos más violencia en México, particularmente en Guerrero. Los lamentables acontecimientos que sucedieron en Iguala con los jóvenes estudiantes nos deben de conllevar a una profunda reflexión.

        Es tiempo también sí de pedir justicia, pero también es tiempo de que promovamos la unidad de los mexicanos. Es tiempo también de que hagamos un esfuerzo, todos, para que los Estados del Sur –perdón por ser tan reiterativo, pero aquí lo compartieron con anterioridad--  allá donde están los pueblos originarios, Pacífico Sur, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, es tiempo también que podamos darles a los hombres y mujeres de estas tierras una mayor oportunidad de cómo podamos vivir mejor.

        Como guerrerense y a nombre de los guerrerenses, pido con humildad de que todos podamos sumarnos a las voces de que se haga justicia, pero que también de que todos podamos sumarnos a las voces de que los guerrerenses queremos vivir en paz y que queremos trabajar a favor del derecho a la vida y que se generen las mejores condiciones de cómo vivir mejor y que esos lamentables acontecimientos nunca, nunca más vuelvan a suceder en ninguna parte del territorio nacional.

        Muchas gracias. Buenas tardes.

        -EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Gracias, Senador Sofío Ramírez.

        -Por último, en uso de la palabra el Senador Enrique Burgos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

        -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA: Con su permiso, señor Presidente.

        -En esta sesión en la que ha habido muchas voces, todas importantes, todas respetables, si me permiten yo diría, una opinión personal, de lo que yo extraería.

        Por un lado una solidaridad absoluta y un respeto absoluto con quienes en este momento transitan por horas de dolor; por las familias de las víctimas, por sus amigos, por los guerrerenses que son en primera instancia los que resienten el impacto de estos fenómenos.

        Cuando se habla de lamentar los hechos, yo diría no es para lamentarlos, es para condenarlos enérgicamente; es para señalarlos y para advertir que esto es lo que no debe de ocurrir. Exigencia de una investigación puntual, rigurosa; exigencia de que se acredite a suficiencia las presuntas responsabilidades y las sanciones que procedan.

Vigencia y aplicación de la ley.

 No solamente es toda la fuerza del Estado, es la fuerza misma de la ley.

        Es la hora y aquí se ha dicho también, de que nos respaldemos. Respaldar a la autoridad federal, como ayer lo propuso y lo instruyó a sus colaboradores el propio Presidente de la República, de manera muy significada y muy puntual.

        Hacer lo necesario para sancionar a los responsables. 

        Nunca, jamás, nadie, ningún mexicano de bien podrá, ni deberá tolerar el reto, que ése es el tema, el reto que hace la delincuencia a la ley y al estado de derecho.

        Éste es el verdadero fondo del asunto. 

        Lo digo con respeto y nos lo aplicamos todos.

        No es el momento de un debate de matiz electoral. 

        La nación padece un cáncer. La nación padece una enfermedad seria. Que se ha venido gestando por años, que se ha encarnado. Nadie genuinamente puede sentirse ajeno, ni extraño, ni indiferente, es una realidad que a todos nos alcanza.

        Tampoco se vale, ahora, distribuir y repartir culpas. No en este momento. No en este día. No en este debate. 

        El riesgo sería extraviarnos en lo coyuntural, sin tocar el verdadero fondo del asunto. El enemigo es la delincuencia organizada. El enemigo que reta al Estado y reta a la ley, es la delincuencia organizada.

        Por eso requerimos, ahora, de una reflexión, una reflexión de todos y de fondo.

        ¿Debe prevalecer o no el Estado de derecho?

        La respuesta es puntual. El estado de derecho debe prevalecer, como los antiguos doctrinarios, como los antiguos doctrinarios y es válido, sobre todo y sobre todos.

        No hablamos del gobierno, estamos hablando del estado de derecho. Y del riesgo que corre de no enfrentarlo todos. Los partidos políticos, los que tengan distintas responsabilidades en la función gubernamental.

        Yo recuerdo alguna expresión de don Jesús Reyes Heroles, porque aplica, ahora, en mi opinión. Hay momentos en los que tenemos que tolerarnos en medio de nuestras diferencias.

        Alguna vez dijo Reyes Heroles, y lo dijo en Guerrero, precisamente: “Cuando no se tolera, se incita a no ser tolerado. Y se abona el campo fratricida de la más absoluta intolerancia, de todos contra todos”

        Este Senado, este Senado mexicano ha contribuido y ha hecho un ejercicio relevante, con el afán y con ánimo de aportar para el pueblo mexicano, expectativas de vida digna y más promisoria.

        Por eso, lo único que hoy no podemos tolerar, son hechos como los que acontecen en Guerrero.

        Yo haría, señor presidente, a mis amigas y amigos senadores, una petición, respetuosa, para que con ceñimiento a nuestra ley, a nuestra competencia, a nuestros escenarios, respaldemos una propuesta, que proponga la Mesa Directiva, y fije con toda nitidez la posición del Senado mexicano.

        La posición del Senado de la República.

        Y el esfuerzo conjunto de que por todo y sobre todo, y perdonen  el latinajo, perdonen el latinajo, “super omnia decían y super ómnibus”, prevalezca el estado social de derecho.

        Muchas gracias. (Aplausos)

        -EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Gracias, senador Enrique Burgos.

        La Cámara de Senadores, no ha sido ni será omisa ante los hechos de Iguala.

        Se ha hablado del horror de estos hechos.

        Se expresó una condena y una exigencia de justicia unánime.

        Fue unánime, la necesidad del fincamiento de responsabilidades a servidores públicos, sean quien sean.

        Se habló de la solidaridad con los familiares de las víctimas.

        De la urgencia de una justicia clara y expedita.

        De la necesaria y obligada transparencia en las investigaciones.

        De la corresponsabilidad en el esclarecimiento de los hechos, de los órdenes de gobierno federal y estatal.

        Las y los senadores, tenemos que acreditar ante la sociedad, que vamos a involucrarnos para conseguir el esclarecimiento de los hechos a través de una investigación profunda, una investigación que lleve a los responsables a la cárcel, al fincamiento de responsabilidades.

        En esa virtud,  como se informó al inicio de las deliberaciones, los los grupos parlamentarios construyeron un punto de acuerdo de consenso.

        Durante las intervenciones se dijo, que las comisiones, con competencia relacionada, con estos hechos, como son la de Derechos Humanos, la de Seguridad Pública, conservan, sin duda, su derecho y su obligación para poder actuar en relación al esclarecimiento de los mismos.

        Por tal motivo, a la lectura que dará la Secretaría, sobre los resolutivos consensados entre los grupos parlamentarios, esta Mesa Directiva sugiere se agregue un último, que diría así:

        “Se deja en aptitud a las comisiones que corresponda, del Senado de la República, para que en el ámbito de su competencia atiendan lo relativo a este lamentable acontecimiento”

        Así es que, con ese agregado, le voy a pedir a la Secretaría, de lectura a la propuesta de resolutivos consensada entre los grupos parlamentarios.

        -LA C. SECRETARIA SALDAÑA PÉREZ: Doy lectura a los puntos de acuerdo.

        Caso Iguala, Guerrero.

        Primero.- El Senado de la República expresa su más amplia solidaridad a los familiares de los jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa, y de las personas que perdieron la vida en los lamentables, dolorosos, indignantes e inaceptables hechos de violencia, cometidos en la ciudad de Iguala, Guerrero, el pasado 26 y 27 de septiembre del año en curso.

        Segundo.- El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal y al gobierno del estado de  Guerrero, a que las investigaciones se conduzcan con estricto apego a la legalidad, con profesionalismo y se aplique la ley a los autores materiales e intelectuales.

        Asimismo, a quienes por  acción u omisión tuvieron algún grado de participación, evitando que estos delitos queden impunes, garantizando siempre los derechos de las víctimas y sus familias.

        Tercero.- El Senado de la República exhorta a la Comisión Ejecutiva Federal de Atención de Víctimas, para que haga uso de sus facultades conferidas por la ley, a fin de garantizar a los afectados por los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero sus derechos de asistencia, asesoría jurídica, protección, verdad, justicia, reparación integral y debida diligencia.

Cuarto.      El Senado de la República solicita que las investigaciones que se llevan a cabo se realicen en un marco de transparencia, celeridad, objetividad y comunicación continua con la sociedad, con el objetivo y objeto de identificar y sancionar conforme a derecho a quienes resulten responsables.

Asimismo, que se informe a esta soberanía sobre el avance y resultados de las investigaciones. Para ello se propone conformar un grupo de trabajo plural dentro de la Comisión de Gobernación con el objeto de coadyuvar con las autoridades para el logro de estos propósitos.

Finalmente, se mandata a celebrar una sesión de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional en la que se aborde la situación de la seguridad pública en el Estado de Guerrero, y se adhiere la propuesta en un último párrafo leída por el presidente, y que, repito,  se deja en aptitud a las comisiones que corresponda del Senado de la República, para que en el ámbito de su competencia atiendan lo relativo a este lamentable acontecimiento.

Es cuanto, señor Presidente.

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BARBOSA HUERTA: Gracias, sonido en los escaños de la Senadoras Angélica de la Peña, inmediatamente después de la Senadora Layda Sansores.

- LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ (Desde su escaño): Gracias, Presidente, solamente para hacer dos muy pertinentes agregados.

En el primer párrafo no se menciona el caso de quienes están desaparecidos, me parece que tiene que mencionarse con puntualidad que vaya, además en contexto de este punto de acuerdo, que se garantice la seguridad también de las y los familiares de las víctimas sobrevivientes, y por supuesto, el último punto es necesario que el informe no solamente se dé a la sociedad, sino que se dé de manera permanente, y puntual a familiares de las víctimas de los estudiantes desaparecidos, y también haya una reparación integral del daño.

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BARBOSA HUERTA: A ver, permítame, si se refiere al primer punto, solicito que se agregue y que así se presente para su valoración el término de perdido en la vida, y desaparecidos, hasta el momento.

- LA C. SENADORA DE LA PEÑA GOMEZ (Desde su escaño): Presidente, es que, no tenemos el documento, y es muy difícil pescar la lectura.

Yo creo que lo que tenemos que cuidar en la redacción, desde mi punto de vista es que hay que separar claramente, y no dar por hecho que quienes son encontrados, que los cuerpos que fueron encontrados en las fosas pertenecen a estudiantes, eso no puede ser, hay que cuidarlo. Debe quedar puntualizado en el punto.

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BARBOSA HUERTA: Le propongo, Senadora, que haga usted las observaciones, ya que tiene el documento, y las que sean atendibles se agregan, con mucho gusto. ¿Le parece, el mecanismo?

Senadora Layda Sansores.

- LA C. SENADORA LAYDA SANSORES SAN ROMAN: Quiero hacer un comentario acerca de este punto de acuerdo, porque después de escuchar las vehementes participaciones de mis compañeros en las que se desbordó muchas veces la indignación, y me parece un punto de acuerdo demasiado light, como dicen ahora, tan banal e inútil como el discurso de Peña Nieto, tratando de convencer a la comunidad internacional, eso y nada para mí, es lo mismo; se dice aquí que el Senado no es omiso; no, es solamente sumiso.

¿Qué se pide?

Que se investigue, que se señalen a los culpables, que nos informen, que se apoye a las víctimas, que estemos unidos, que seamos lindos; nada sustancial y contundente.

Y aquí no es, y mi muy respetable el Senador Burgos, de las personas que más respeto en esta cámara, pero cuando él dice, no es el momento de buscar culpables, y por ahí se repitió la misma frase.

Eso no es de ocurrencias, aquí la ley dice, en el Artículo 21 de la Constitución, que la organización de la seguridad pública debe estar compartida con los niveles municipal, estatal y federal; pero que el responsable de la seguridad pública es el Poder Ejecutivo, y el principal responsable es Peña Nieto; y que lo que tendríamos que estar haciendo es exigiendo respuestas inmediatas de su parte, objetivas, puntuales, con tiempos, y reconocer, que él reconozca que su política de seguridad es un fracaso.

Creo que tiene visión política militarista, y no visión política social.

Y, no se trata, para mí, de ver quién lo hizo bien, y quién lo hizo peor, no, eso no es cuestión de partidos, esto es una cuestión de estado, y me parece que estamos más preocupados por cuidar la imagen de Peña Nieto, que por responderle a los mexicanos que en medio de esta tragedia sólo están clamando justicia.

Ayotzinapa es el dolor de todos, pero ya se ve claro que es la responsabilidad de nadie.

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BARBOSA HUERTA: Gracias, Senadora, con qué objeto, Senador Delgado.

- EL C. SENADOR DELGADO CARRILLO (Desde su escaño): Para hacer algunas observaciones respecto al punto de acuerdo que se ha leído, desde aquí en mi lugar.

A mí me parece que el punto de acuerdo pues debe estar a la altura de los hechos que están ocurriendo, que quede claro que aquí se está entendiendo lo que está pasando en el país.

No puede aprobarse un punto de acuerdo donde no haya una sola mención a los jóvenes desaparecidos, algo mínimo que debería pedir el Senado es, que se vuelquen todas las fuerzas del estado para encontrar a los jóvenes que están desaparecidos; no hay una sola palabra en el punto de acuerdo al respecto, y eso  me parece inaceptable.

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BARBOSA HUERTA: Gracias, Senador Delgado. Hay un consenso de los grupos parlamentarios para incorporar.

Pido una pausa de un minuto para hacer una redacción, y es sobre lo mismo, a lo que se refiere el Senador Delgado.

Aclaro que la propuesta de documento nos la formularon los grupos parlamentarios.

                   (BREVE  PAUSA)

…-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: -Voy a pedir que nuevamente se dé lectura a los resolutivos del punto de acuerdo para que esta Asamblea quede enterada de su contenido final.

-Se está imprimiendo, ofrecemos una disculpa.

-Quiero referir que en la construcción de este acuerdo intervinieron representantes de los grupos parlamentarios:

Del Partido Revolucionario Institucional fue el Senador René Juárez Cisneros.

Del Partido Acción Nacional el Senador Javier Lozano.

Del Partido de la Revolución Democrática el Senador Armando Ríos Piter.

Del Partido Verde Ecologista el Senador Carlos Puente.

Del Partido del Trabajo el Senador David Monreal.

-Adelante, Secretaría.

-LA C. SECRETARIA SALDAÑA PÉREZ: Doy lectura a los resolutivos del acuerdo:

Primero.- El Senado de la República expresa su más amplia solidaridad a los familiares de los jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa y de las personas que perdieron la vida en los lamentables, dolorosos, indignantes e inaceptables hechos de violencia cometidos en la ciudad de Iguala, Guerrero, el pasado 26 y 27 de septiembre del año en curso.

Segundo.- El Senado exige al Estado mexicano realizar todas las acciones conducentes a la localización de los 43 normalistas desaparecidos.

Tercero.- El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal y al gobierno del estado de Guerrero a que las investigaciones se conduzcan con estricto apego a la legalidad, con profesionalismo, y se aplique la ley a los autores materiales e intelectuales, asimismo a quienes por acción u omisión tuvieran algún grado de participación, evitando que estos delitos queden impunes, garantizando siempre los derechos de las víctimas y sus familiares.

Cuarto.- El Senado de la República exhorta a la Comisión Ejecutivo Federal de Atención a Víctimas, para que haga uso de sus facultades conferidas por la ley, a fin de garantizar a los afectados por los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero; sus derechos de asistencia, asesoría jurídica, protección, verdad, justicia, reparación integral y debida diligencia.

Quinto.- El Senado de la República solicita que las investigaciones que se lleven a cabo, se realicen en un marco de transparencia, celeridad, objetividad y comunicación permanente con las familias de las víctimas, así como con la sociedad en su conjunto, y con el objetivo de identificar y sancionar conforme a derecho a quienes resulten responsables.

Asimismo, que se informe a esta Soberanía sobre el avance y resultados de las investigaciones. Para ello, se propone conformar un grupo de trabajo plural dentro de la Comisión de Gobernación, con el objeto de coadyuvar con las autoridades para el logro de estos propósitos.

Finalmente, se mandata a celebrar una sesión de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, con la que se aborde la situación de la seguridad pública en el estado de Guerrero.

Sexto.- Se deja en aptitud a las comisiones que corresponda del Senado de la República para que, en el ámbito de su competencia, atiendan lo relativo a este lamentable acontecimiento.

-Es cuanto, señor Presidente.

-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo que ha leído.

-LA C. SECRETARIA SALDAÑA PÉREZ: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo presentado.

-Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

-Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

-Aprobado el acuerdo, Señor Presidente.

-EL C. PRESIDENTE BARBOSA HUERTA: Aprobado. Comuníquese y publíquese en la Gaceta del Senado de la República.