“El Estado tiene que responder por su crimen”

“¿Que los torture?”, reviró Murillo (Karam).

 –“Sí, pues. Y si no quiere, préstenoslos a nosotros y verá que sí les sacamos la información.”

 “El Estado tiene que responder por su crimen”/JESUSA CERVANTES

Revista Proceso No.1982, 25 de octubre de 2014.

Familiares y compañeros de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos hace un mes están desesperados, pero sobre todo desencantados. Las autoridades no les dan respuestas claras y tratan de culpar de todo a “la mafia”. Pero, dicen a Proceso, “no nos van a enredar”. Ahora están en la Ciudad de México pidiendo ayuda para que sus denuncias y reclamos lleguen a oídos de instancias como la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Parlamento Europeo, pues en el país, afirman, “te secuestran, te torturan y te matan… y no pasa nada”.

“El gobierno quiere que nosotros agárremos los cuerpos, los huesos que están en las fosas, aunque no sean de nuestra familia, y llevarlos al panteón, llorarlos y dejar esto por terminado”, reclama embravecido Valentín Cornelio González, cuñado de Abel García Hernández, estudiante de primer año de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, uno de los 43 desaparecidos hace un mes en Iguala, Guerrero.

“Pero eso ya nos lo quitamos de la cabeza. No nos van a enredar… Que digan: ‘Es que a los muchachos se los llevó la mafia’. ¡Eso no! Porque el gobierno se los llevó, los desaparecieron y tiene que responder por eso”, secunda José Solano Ramírez, estudiante de cuarto año de la Normal de Ayotzinapa y quien trajo hasta la Ciudad de México a varios padres de familia en busca de ser escuchados por instancias internacionales.

 José delinea su ruta: “Queremos que la voz de los padres de familia sea escuchada, la voz de los estudiantes, la voz de los testigos sea escuchada en otros países, ir a organismos internacionales y denunciarlo allá, ir a la ONU, ir a las instalaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos lleven al Parlamento Europeo, en los lugares que están siendo solidarios y que sí defienden los derechos humanos; hacer nuestra presencia allá porque aquí, pues ya se ha dicho: Te secuestran, te matan, te roban, te torturan y no pasa nada”.

 “No les creemos”

 Familiares y compañeros de los 43 normalistas desaparecidos rechazan la embestida informativa de las autoridades federales, quienes culpan a “la mafia”. “Se los llevó la autoridad municipal; en complicidad con otra gente, pero se los llevó la policía en unas patrullas, se los llevó la autoridad”, dice José a Proceso.

 “No queremos que se desvíe. La policía se los llevó y no aceptamos que el gobierno diga: ‘No, pues a los muchachos se los llevó la mafia’. ¡Eso no! Se los llevó la autoridad y tienen que responder por eso. Tenemos los números de patrullas y aunque aparezcan miles diciendo que están muertos, nosotros no les vamos a creer, porque así como decimos que el gobierno se los llevó, exigimos que el gobierno nos los traiga.”

 José, alumno de cuarto año de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos debió concluir sus estudios hace un año, pero los interrumpió para estar un año en esta ciudad, ocupando la cartera de Relaciones Exteriores de la Agrupación de Normales Rurales. Conocedor de la ciudad, acompaña a una de tantas comisiones en las cuales se han organizado los padres de familia para relatar lo que están viviendo y buscar la vía para llevar su voz a instancias internacionales.

 “La autoridad fue quien se llevó a los compañeros y no queremos que se desvíen de ahí”, exige. “Puede haber mil líneas de investigación pues ya sabemos que en Guerrero te ejecutan, te desaparecen, te asesinan, te encarcelan, te reprimen y no pasa nada. Eso ya lo conocemos nosotros. Pero no queremos que se desvíe la investigación de que los policías se los llevaron, y el Estado tiene que responder por eso. Fue su crimen.

 “Pero si el gobierno dice: ‘La mafia se los llevó y aquí se cierra el caso’, no les creemos, no queremos que eso pase”, alerta.

 Bernabé Abrajam Gaspar, de 50 años y padre de Adán Abrajam de la Cruz, escucha atento lo que dice José, confía en sus palabras y asiente cuando el joven estudiante demanda la presencia de “la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana, que vayan todos a la escuela, que vayan a Ayotzi y platiquen con los padres, los testigos, los amigos, de lo que sucedió; ellos tienen protocolos de búsqueda, ¡que nos ayuden!” porque aquí ya vimos que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no sirve para nada, y le tuvimos que pedir a los peritos argentinos que nos ayuden, porque no confiamos en el gobierno, en la PGR. Ya vimos que no sirve.

 “Y si hay oportunidad de ir a la ONU, a la Corte Interamericana, al Parlamento Europeo, a Holanda, a todos los países donde sí se respetan los derechos humanos, que vayan los papás a sus casas, a sus oficinas, ahí donde están conscientes de que en México hay graves violaciones a los derechos humanos; pediríamos su apoyo, que nos ayuden a denunciar lo que está sucediendo aquí, que lo escuchen de viva voz de los papás, de los testigos y que ellos también exijan a las autoridades que nos los regresen!”, dice firme, demandante, José.

 Clemente Rodríguez Moreno no ve a su hijo Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, de 19 años, desde el fatídico 26 de septiembre. Se ve cansado, harto de tantas versiones de las autoridades que en un inicio no hacían más que abonar a su dolor. Que si son los de las fosas, que no son, que fue la mafia, que fueron los policías, que fue el presidente municipal… Hoy ya nada cree.

 “Nosotros sabemos que la policía se los llevó y estamos esperando que la policía los traiga. En mi corazón siento que los muchachos están vivos. Es lo que me mantiene firme”, dice.

 Se refiere luego a la versión del sacerdote Alejandro Solalinde, quien aseguró la semana pasada –y ratificó ante la PGR– que los muchachos están muertos, que los quemaron.

 “Necesitamos saber de dónde sacó tanta palabra, porque nos afecta a todos y nosotros pensamos: Nadie se ha muerto hasta ahora, todos están vivos. ¡De dónde ha sacado semejante barbaridad!”, reclama.

 Y así como los padres de los desaparecidos piden la presencia de organismos internacionales en la Normal de Ayotzinapa y que organizaciones de la sociedad civil los lleven a instancias internacionales para dar su relato de vejaciones, abusos, desdén y asesinato de alumnos –como los de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, el 12 de diciembre de 2011– perpetrados por grupos policiacos, piden también la presencia y respaldo de Solalinde para localizar a los 43 estudiantes.

 “¿Que los torture? ¡No!”

 La errática actuación de los gobiernos estatal y federal en la búsqueda de los 43 estudiantes ha generado el desprecio de padres, testigos y compañeros de los de­saparecidos, pues han manipulado su dolor con versiones encontradas y un sinnúmero de irregularidades.

 “Primero pusieron muchas trabas a los peritos extranjeros; luego, de las primeras fosas nada más sacaron los cuerpos y ni siquiera cuidaron el lugar. Así es en Guerrero: te asesinan y no acordonan el área, borran evidencias, no hay protocolos de búsqueda”, detalla José.

 “Y ahora nada más se están enfocando al narco. Qué bueno que agarren a todos los que están ahí coludidos, pero lo que queremos es la presentación de nuestros compañeros. Por eso le dimos el voto de confianza a los argentinos, porque si por las autoridades fuera, ya nos hubieran dado una salida con tal de que no los estemos presionando.”

 José recuerda que en la reunión del viernes 10 con el procurador general Jesús Murillo Karam, una madre de familia le preguntó si los policías detenidos no sabían nada, “si no los podía someter a investigación”.

 “¿Que los torture?”, reviró Murillo.

 “Sí, pues. Y si no quiere, préstenoslos a nosotros y verá que sí les sacamos la información.”

 “¡Nooo. Eso no lo puedo hacer. Yo tengo métodos científicos!”, imita José la voz de Murillo Karam y agrega enfurecido: “¿Pero qué cosa es esa pues, qué es eso que respondió ese pelón? ¡Es una burla! Sus métodos científicos no han servido para nada.

 “Si estos cabrones no pueden, pues que vengan otros, de nivel internacional, con sus satélites, para buscarlos”, añade, y pide que sean la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y personal de la ONU quienes ayuden en la búsqueda. “Por eso queremos que lleven a los papás a foros al extranjero, para que allá vean que aquí en México no hacen nada”.

 José y los familiares de los normalistas saben ahora que en cada acuerdo de la Unión Europea y de Estados Unidos con México hay una condición: respeto a los derechos humanos. “Estaría bien la propuesta de que les prohíban muchas cosas, porque no puede ser que siga todo normal. Se están violando los derechos humanos y en todo México hay desaparecidos, gente que lleva muchos años buscando a sus familiares”, sentencia José.

 Normales amenazadas

 Los familiares de los 43 desaparecidos tienen como prioridad encontrar a los muchachos; luego, cuidar a la Normal de Ayotzinapa.

 Cada año, relata José, los alumnos tienen que luchar para que se abran 140 lugares, se les dote de material didáctico y mejoren la infraestructura, “porque cada año nos quieren retirar apoyo”.

 Recuerda que cuando bloquearon la carretera México-Acapulco –el 12 de diciembre de 2011– el propósito era demandar más lugares de ingreso, pero en vez de ello recibieron disparos de policías estatales y federales. Dos estudiantes murieron asesinados entonces.

 Aquella ocasión, luego de la refriega “nos sembraron armas, droga. Sólo están los ayotzi. Ahí les va un cuerno de chivo; toda la gente sabe lo que sucedió y quiénes mataron a los dos compañeros, pero ahí está la impunidad”.

 Ahora, narra, “como hubo otra gente herida no nos acusaron de guerrilleros o que nosotros los enfrentamos; la gente sabe lo que pasó, pero muchos no hablan, como algunos periodistas, porque están amenazados. Pero de por sí todos vamos a morir, yo no sé a qué le tienen miedo y por qué no dicen lo que vieron, si todos vamos para allá, pa’l panteón”.

 El miércoles 15, cuando una comisión de diputados fue a Guerrero y se entrevistó con legisladores locales, éstos les pidieron que firmaran una minuta donde solicitaban la desaparición de la escuela. “Porque en los hechos… ¿qué es Ayotzinapa sino una bomba de tiempo? Y eso se tiene que dar a conocer, porque ante los ojos internacionales, ellos, los estudiantes, aparecen como víctimas”, dijo Arturo Álvarez, diputado local del Partido Verde, como se consignó en la prensa.

 Antes, Evencio Romero, de Movimiento Ciudadano, había dicho: “La Normal ya perdió su razón de ser. Todo lo que dicen, que duermen en colchonetas, es un montaje, ¡pero si tienen hasta una alberca semiolímpica! Ayotzi es un centro de adoctrinamiento de Teología de la Liberación y quieren desestabilizar al país”.

 Los diputados federales rechazaron los argumentos de los legisladores locales y se negaron a firmar la desaparición de la escuela rural, aunque evitaron ir a la escuela. “Nos pueden secuestrar”, aseguró el priista Manuel Añorve.

 El mote de guerrilleros, secuestradores o revoltosos ha hecho que en Iguala no los quieran, dice José quien niega todo víncu­lo con la guerrilla. “En la Costa Chica sí nos quieren, hasta nos dan pollo y no como aquí, que en la Basílica en lugar de darnos café nos pidieron limosna y nos negaron una misa. ¡Esos padres no tienen corazón!”

 En TV-UNAM

 La noche del jueves 23 algunos activistas encapuchados tomaron las instalaciones de TV-UNAM y lograron que se televisara el mensaje de dos de ellos, quienes dijeron ser normalistas de Ayotzinapa.

 Denunciaron que hay “terrorismo de Estado” contra la Normal Rural Raúl Isidro Burgos y manifestaron su frustración por el diálogo sin resultados con las autoridades responsables de esclarecer la muerte de tres de sus compañeros y la desaparición de 43 más.

 En el mensaje, de aproximadamente 13 minutos, acusaron de represores al presidente Enrique Peña Nieto, al todavía gobernador Ángel Aguirre y a José Luis Abarca, prófugo exalcalde de Iguala. También defendieron la utilidad de las normales rurales y advirtieron que éstas seguirán en lucha.

 En Guerrero, alertaron, “no se sabe dónde inicia la delincuencia organizada y dónde termina la seguridad pública, por lo que los pueblos se han decidido a organizar autodefensas, y como normalistas hemos apoyado estos proyectos”.