Revista
Proceso
No. 1985, a 15 de noviembre de 2014.
Misma
estrategia, igual resultado: un país violento/JORGE CARRASCO ARAIZAGA
Militarizar
las funciones de seguridad pública fue una estrategia del gobierno
calderonista, y el fallido resultado está a la vista: México es ahora uno de
los países más violentos e inseguros del mundo. Pese a ello, el gobierno de
Enrique Peña Nieto aplica exactamente la misma receta y el resultado es el
obvio: más violencia, más inseguridad.
Pese
al fracaso de su antecesor para contener violencia e inseguridad en el país, el
presidente Enrique Peña Nieto mantiene la misma estrategia de seguridad de
Felipe Calderón: Militares en las calles, cacería de capos del narcotráfico,
creación de nuevos cuerpos policiales y un incremento permanente del
presupuesto para el aparato de fuerza del Estado.
El
resultado, según distintas mediciones internacionales: Entre el sexenio pasado
y el actual México se ha convertido en uno de los países más violentos del
mundo. El Instituto para la Economía y la Paz (IEP), ONG internacional que ha
desarrollado el Índice de Paz Global (IPG), asegura que la nuestra está entre
las 10 naciones con mayor retroceso en cuanto a seguridad de sus habitantes.
Ante
la imparable violencia, la respuesta de Peña Nieto ha sido la idéntica que la
de Calderón: Sacar a los militares de sus cuarteles para cumplir funciones de
seguridad pública, ya sea en operativos castrenses o con efectivos vestidos de
civil en funciones de secretarios de Seguridad Pública de estados y municipios.
Como
Calderón con sus operativos conjuntos de Ejército, Marina y Policía Federal en
los estados que en su momento tenían los niveles más altos de violencia, como
Chihuahua y Michoacán, Peña Nieto ha hecho lo mismo en Tamaulipas y el Estado
de México. Lo único que ha cambiado es el nombre: Ahora son operativos de
seguridad.
Lo
mismo ha pasado con la detención de cabezas del narcotráfico. En sus casi dos
años de gobierno Peña Nieto ha detenido a Joaquín El Chapo Guzmán; a Vicente
Carrillo Fuentes, El Viceroy; a Héctor Beltrán Leyva, El H; y a Miguel Ángel
Treviño Morales, El Z-40, y ha desmantelado a Los Caballeros Templarios, aun
sin haber capturado a su líder Servando Gómez, La Tuta.
Pero
la violencia no cesa.
Gendarmería
sin objetivos
“El
actual gobierno prácticamente ha mantenido la misma política de seguridad que
el sexenio pasado”, asegura María Elena Morera, presidenta de la ONG Causa en
Común. “El principal error del actual presidente ha sido creer que con no hablar
del tema y con más coordinación institucional se iba a avanzar en la
seguridad”.
En
Guerrero, ejemplifica, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SNSP, dependiente de la Secretaría de Gobernación), apostó a
la coordinación pese a todas las muestras en contrario.
“En
varias ocasiones expresamos en el SNSP que no se podía trabajar con el ahora
gobernador con licencia, Ángel Aguirre, porque no se tomaba en serio el tema de
la inseguridad en su estado. Pero ellos nos insistían en que sí se podía
trabajar con él”, dice.
En
entrevista el jueves 13, añade que la propuesta de Peña Nieto de crear una
Gendarmería Nacional no tenía sustento ni objetivos claros respecto a lo que
iba a hacer frente a las funciones de la Policía Federal y de las Fuerzas
Armadas. “No estaba claro qué se buscaba, por eso quedó como una división más
de la Policía Federal”.
Con
la Gendarmería Nacional a Peña Nieto le pasó lo mismo que a Calderón con su
proyecto de Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal que quería tener dentro del
Ejército. Contrrio a la Constitución, Calderón pretendía el manejo directo de
esa nueva fuerza.
Peña
Nieto también vio frustrada su idea original respecto a la Gendarmería
Nacional, pues nunca dejó en claro qué pasaría con la Policía Federal, la
principal apuesta de Calderón para la seguridad pública, aunque con el
expresidente, dice Morera, “el problema con la Policía Federal fue crear una
corporación muy grande y sin controles, tanto internos como externos”.
La
propuesta inicial de Peña Nieto de crear un nuevo cuerpo con 50 mil hombres
para sustituir a los militares en labores policiacas devino en una mera
división más de la Policía Federal (PF) con cinco mil efectivos.
La
Comisión Nacional de Seguridad (CNS), de la cual depende la PF, ha asegurado
que se trata sólo de sus primeros efectivos, cuyo número podría duplicarse en
los próximos años.
Imposibilitado
de crear esa nueva fuerza, Peña Nieto ha buscado otra salida: Una policía
militar y de “fuerzas civiles” con formación castrense en los estados.
Contrariamente al dicho de Peña Nieto de que los militares regresarían poco a
poco a sus cuarteles, el Ejército y la Marina van ocupando cada vez más
espacios en las funciones de seguridad pública.
El
anuncio más reciente es la creación de una Policía Militar en el noreste de
México. El pasado lunes 10 se inició en la VII Zona Militar –en el municipio
nuevoleonés de Escobedo– la construcción de lo que será la sede de la Policía
Militar que se desplegará en Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y San Luis Potosí
para vigilar la explotación de hidrocarburos, pero también para mantener el
orden público.
El
secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos Zepeda, aseguró que ese
nuevo cuerpo, integrado por tres mil 200 soldados, será “para la defensa
sectorial, para adecuar una división territorial de acuerdo a prioridades de
orden, para reforzar fronteras y apoyar la función de cuerpos policiales en lo
que se realiza su reestructuración”.
Se
dividirán en cuatro batallones de 800 soldados cada uno y en un año empezarán
su despliegue por los municipios de los cuatro estados. Se trata de una
iniciativa federal que estima un gasto de 420 millones de pesos, aportados por
la Secretaría de la Defensa Nacional, los gobiernos de los cuatro estados y algunos
municipios y empresarios de la región.
Morera
asegura que Peña ha repetido el mismo error de Calderón: “No por ser militares
van a ser mejores policías, sobre todo porque no están preparados para
funciones de seguridad pública, sino de defensa nacional”.
La
supersecretaría
En
otra coincidencia con su antecesor en materia de seguridad, Peña Nieto recurrió
a Monte Alejandro Rubido García, uno de los principales colaboradores del
secretario de Seguridad Pública del sexenio pasado, Genaro García Luna.
En
su primer año de gestión, Peña Nieto lo hizo secretario ejecutivo del SNSP,
instancia creada por el gobierno de Ernesto Zedillo en 1995, en busca de una
política pública coordinada en los tres niveles de gobierno. En marzo de este
año lo puso al frente de la CNS, sustituta de la Secretaría de Seguridad
Pública que operó sólo durante los gobiernos del PAN.
La
diferencia con Calderón es que Peña Nieto decidió centralizar las funciones de
seguridad pública en la Secretaría de Gobernación (Segob), en un esquema
similar al que tuvieron los anteriores gobiernos del PRI.
Rodrigo
Elizarrarás, politólogo y coordinador del Programa de Seguridad y Justicia de
la ONG México Evalúa, aseguró que la centralización no es el mejor camino para
atacar la inseguridad, la violencia y la delincuencia.
El
espacio local urbano es el ideal para identificar los problemas de seguridad,
pero en México es donde existen las mayores carencias, desde la disponibilidad
de información hasta una presencia institucional adecuada, señaló.
“Parece
que los esfuerzos actuales van en el sentido equivocado, hacia una mayor
centralización de la política de lucha contra la inseguridad”, escribió en el
artículo “Ciudades: hacia un nuevo enfoque en seguridad” publicado el jueves 13
en la página electrónica de México Evalúa.
Reparto
presupuestal
La
centralización se refleja en cómo el gobierno de Peña Nieto ha dispuesto de los
recursos federales en materia de seguridad. La más beneficiada ha sido la Segob
por la concentración de funciones en seguridad, incluida la de atención a
víctimas de la violencia.
En
el Presupuesto de Egresos para 2015, la Cámara de Diputados aprobó la noche del
jueves 13 un gasto de 188 mil millones de pesos bajo el rubro presupuestal
“México en Paz”, seis mil millones de pesos más que los programados para este
año.
Una
evaluación del gasto en seguridad proyectado por el gobierno de Peña Nieto para
el próximo año, realizada por Juan Carlos Solís y Victoria Unzueta, asesores
del grupo parlamentario del PRD, destaca la continuidad de la política de
seguridad iniciada por Calderón. “El proyecto fiscal de 2015 privilegia, de
manera contundente, las áreas que implementan acciones de coerción, las cuales
han duplicado su gasto desde el año 2010 y hasta el 2015”.
Así
como Calderón le dio prioridad a la PF, que pasó de seis mil a 35 mil
integrantes en su sexenio, Peña Nieto lo ha hecho con la Gendarmería. En
proporción, el Ejército, que tiene 90 mil efectivos para el combate al
narcotráfico, no es la institución más favorecida con el presupuesto de
seguridad, sino la Gendarmería y la Policía Federal, incluido su Servicio de
Protección Federal.
Los
asesores del PRD observan que mientras las áreas operativas del Ejército
incrementan su presupuesto entre 3 y 4%, la Marina lo hace en 10%. En el caso
de la Gendarmería, que este año tuvo un presupuesto superior a los seis mil
millones de pesos, aseguran que se trata del cuerpo de policía más caro de
México. “Estamos invirtiendo por cada gendarme más de un millón de pesos para
el próximo ejercicio fiscal, cuando en cada soldado invertimos más de tres mil
pesos año”.
En
el caso de la Segob señalan que ejercerá 70% de los más de 77 mil millones de
pesos en acciones de seguridad –pública y nacional– y sólo 0.87% en la defensa
y promoción de los derechos humanos. En este pequeño porcentaje está incluida
la Coordinación Nacional Antisecuestro, cuya asignación presupuestal es apenas
de poco más de 79 millones de pesos. Para la atención a víctimas dispondrá de
186. 6 millones de pesos.
Como
su antecesor, Peña Nieto tampoco le da importancia presupuestal a la prevención
del delito. A pesar de que anunció que sería una prioridad, colocándola incluso
en el organigrama de la Segob como una subsecretaría, para el próximo año sólo
ejercerá 3.76% del presupuesto de la Segob, según la estimación de Solís y
Unzueta.
De
los más de 77 mil millones de pesos proyectados, la Subsecretaría de Prevención
y Participación Ciudadana, a cargo de Roberto Campa Cifrián, no dispondrá ni de
tres mil millones para sus programas de prevención del delito, combate a las
adicciones y promoción de proyectos productivos, según esos cálculos.
Con
tales prioridades de gasto y pese a que no deja de crecer el presupuesto para
operaciones contra la delincuencia, México está ya considerado uno de los
países más peligrosos del mundo.
Según
el IEP, entre los gobiernos de Calderón y Peña Nieto México ha tenido un
retroceso de 18% en el IPG, considerando diferentes variables, entre ellas el
número de muertos por conflictos internos, el nivel del crimen violento, el
número de homicidios, el número de policías, el número de desplazados, el
presupuesto militar, el gasto policial y el número de fuerzas de seguridad
privada. Sólo de un año a otro, México se ubicó en el lugar 138 de 162 países,
según el índice dado a conocer en junio pasado (Proceso 1964).
El
ÍPG fue retomado por el investigador Gabriel Fernández Espejel, del Centro de
Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, en un texto
que publicó en la página electrónica del centro, En Contexto, el 29 de octubre
pasado.
Titulado
“Índice sobre la paz global y en México”, el reporte refiere también que según
la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, las tasas de
criminalidad en las zonas de conflicto en el país se triplicaron desde el
comienzo de la llamada “guerra contra las drogas” de Calderón.
El
IEP desarrolló un indicador particular para México y encontró que en los
últimos diez años el país ha tenido un retroceso de 27% en su propio índice,
debido sobre todo a los incrementos en la tasa de homicidios, de cerca de 40%
entre 2007 y 2013; la ineficiencia del sistema judicial, donde 90% de los
homicidios quedan impunes; el tráfico de armas y la corrupción de las fuerzas
policiales y los servidores públicos.
Publicado
cuando aún no entraba en operación la Gendarmería como una nueva división de la
PF, el IPG señaló que no obstante la creación de ese nuevo cuerpo, se anticipan
pocos avances en favor de la paz en México debido a que la estrategia central
de seguridad es la misma que la del gobierno pasado. Peor: Apuntó que el actual gobierno aún carece de una estrategia para enfrentar al narcotráfico,
por lo que difícilmente se verá una reducción de los índices de criminalidad en
el corto plazo.
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