Diputados crean comisión
especial sobre construcción del tren México-Querétaro
El
acuerdo de la Junta de Coordinación Política, avalado en votación
económica, menciona que la comisión quedará integrada con ocho miembros
designados por los grupos parlamentarios, a través de sus coordinadores,
conforme a la siguiente representación: dos del PRI, así como uno,
respectivamente, del PAN, PRD, PVEM, Movimiento Ciudadano, PT y Nueva Alianza.
Precisa
que para el cumplimiento de sus tareas, esta comisión podrá allegarse de la
información que considere pertinente, así como reunirse, cuando lo estime
necesario, con las autoridades competentes responsables y desempeñar cualquier
otra acción.
Dicha
comisión adoptará sus resoluciones por consenso; en caso de no alcanzarse, se
recurrirá al sistema de voto ponderado de sus integrantes. Además, presentará
su informe de resultados a más tardar el 31 de marzo de 2015 y cumplido este
plazo se extinguirá.
El
diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) expresó que este acuerdo
es insuficiente, porque no va al fondo del problema de la corrupción
presidencial. “Se tienen que revisar todos los contratos de HIGA y de Juna
Armando Hinojosa; no solamente la fallida operación por casi 51 mil millones de
pesos del tren México-Querétaro sino también el gasoducto Monterrey 6, por 47
mil millones de pesos, el hangar presidencial de mil millones de pesos y demás
contratos”.
Por
el PT, el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara argumentó que “es un
error de cálculo político el querer cerrar una comisión especial para revisar
los procesos de licitación a tres meses y con control del PRI. Esta comisión no
es más que una tapadera a todo el bandidaje, a toda la corrupción”.
Marcos
Aguilar Vega, diputado del PAN, resaltó que se necesita conocer la documentación
que involucra los actos que han dado pie a una cancelación que nos llevaría a
un escenario de indemnización cercano a los 600 millones de pesos que tendría
obligación de pagar el pueblo de México, a través del Poder Ejecutivo federal y
que hoy no está registrada en el sistema electrónico del portal del propio
gobierno, como la ley lo establece.
La
diputada Cristina González Cruz (PRI) expuso que es de reconocerse la
sensibilidad y disposición del Ejecutivo federal para lograr que el proceso de
licitación sea bien recibido por parte de la sociedad y del Congreso de la
Unión, pero también, dijo, es necesario reconocer que el procedimiento que
quedó sin efecto siempre estuvo en tiempo, de acuerdo con los calendarios
previstos en las bases de los procesos y apegados a los términos legales.
Del
PRD, el legislador Agustín Miguel Alonso Raya mencionó que el Congreso y esta
Cámara no tienen necesidad de crear una comisión para investigar un asunto que
debiera estar tratado, por instituciones que combatan la corrupción, pues las
acciones en la materia “no han sido suficiente. Vamos a apoyar la creación de
la comisión, y a que se haga la investigación esperando que el acuerdo que
tengamos en el sistema anticorrupción haga innecesarias la creación de esas
comisiones”.
Salvador
Romero Valencia, diputado del PRI, dijo estar a favor de la constitución de
esta comisión investigadora y “estamos en pro de que se deslinden los
acontecimientos hasta llegar a sus últimas consecuencias”
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