Hacía una Ley General de Desaparición Forzada

Foro sobre Desaparición Forzada

 El pasado 19 de enero de 2015, hubo un foro en la Cámara de Diputados sobre desaparición forzada de personas que fue promovido y convocado por legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

 Fue inaugurado por el coordinador del grupo parlamentario del PRD, Agustín Miguel Alonso Raya.

 La encargada del despacho de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la PGR, Eliana García Laguna, considera necesaria una Ley Nacional sobre desaparición forzada.

Dijo a los legisladores e integrantes de la sociedad civil presentes que hay 23 entidades federativas que establecen en sus códigos penales la desaparición forzada, 3 tienen leyes específicas: Chiapas, Guerrero y Querétaro y sólo 6 no tienen ningún tipo penal referente al caso.

Por ello, enfatizó, es importante generar una legislación nacional que obligue a todas las autoridades de las entidades federativas a trabajar la investigación de la desaparición, como lo señalan los estándares internacionales.

Expresó que actualmente hay 23 mil 271 personas reportadas como desaparecidas, no localizadas y extraviadas; sin embargo, resaltó, se requiere un gran trabajo de depuración, de filtro y sistematización para que pueda ser considerado un registro nacional confiable.

 Detalló que no existe un registro que contenga huellas dactilares de menores; se tiene que construir, a fin de que sea parte de una cédula de identificación de las personas.

 Informó que se trabaja en el fortalecimiento de capacidades forenses y periciales a partir de las masacres de San Fernando 1 y 2 en Tamaulipas, y de restos que encontraron en Cadereyta, Nuevo León. A partir de ahí, resaltó, el 22 de agosto 2013 se firmó un convenio para la creación de una comisión forense y una adenda por parte de la Procuraduría de Tamaulipas y de Nuevo León que tiene como misión la identificación de los restos de esas masacres.

 Resaltó que la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas de la PGR busca, en colaboración con las procuradurías de los estados, a 621 personas desaparecidas en Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua, Coahuila, Estado de México y el Distrito Federal, de las cuales 520 son hombres y 101 son mujeres; el rango de edad se encuentra entre los 19 y 53 años y el perfil de la mayoría son estudiantes y comerciantes.

 Señaló que hasta el viernes 16 de enero de 2015, se habían encontrado a 102 personas, de las cuales 72 están con vida y 30 fallecieron; se localizaron en el Distrito Federal, Guerrero y el Estado de México; 61 desaparecieron en el 2013 y 23 en el 2014.

 Afirmó que de las personas que se han localizado, 17 casos fueron por autoridades locales y federales y 85 fueron desapariciones involuntarias.

 Subrayó que la fecha de registro de las desapariciones data del 2003; sin embargo, las averiguaciones se abrieron a partir del 2013.

 La Subprocuradora explicó que la PGR tiene como marco legal la Constitución y la Ley de Protección de Datos Personales, es decir, la secrecía de las averiguaciones previas. Es obligación de la Procuraduría proteger la información de familiares de personas desaparecidas, sostuvo.

 Reacciones

 El diputado José Luis Esquivel Zalpa (PRD), promoverte del foro, señaló que hasta el momento sólo tres estados de la República cuentan con una legislación sobre desaparición forzada que son Querétaro, Nuevo León y Coahuila.

 Refirió que el pasado 11 de diciembre presentó una iniciativa para modificar el Código Penal Federal para puntualizar la imprescriptibilidad de este delito y considerarlo como de lesa humanidad. Asimismo, modificar el tipo penal, para establecer que la desaparición forzada de personas puede ser cometida tanto por funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno como por particulares con orden, autorización o apoyo de agentes del Estado.

 Esquivel Zalpa recordó que de la lista oficial de enero de 2013 (más de 27 mil casos de desapariciones de este tipo) ninguna persona está consignada ni sentenciada por el delito de desaparición forzada, y éstos  son manejados como simples secuestros, extravíos o privación ilegal de la libertad, “cuando en realidad son casos de desaparición forzada debido a la intervención directa o indirecta y por acción u omisión de funcionarios públicos”.

  “De esta forma, los delitos de desaparición de personas quedan en su mayoría no resueltos y los responsables no se encuentran o no se castigan”, enfatizó.

 El diputado mencionó que en nuestro país existen casos como el de los estudiantes de Ayotzinapa donde a pesar de que han sido detenidas 80 personas (son 99 a la fecha), no se ha encontrado a los estudiantes. Los detenidos únicamente enfrentan cargos por secuestro, y delincuencia organizada,

 En su intervención, Yolanda Mora Isaías, coordinadora general de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem) dijo que México no cuenta con protocolos ni mecanismos efectivos de búsqueda, tampoco con suficiente personal criminalística, pericial y forense, aunado a que no existe una base de datos confiable, por lo que solicitó a la Cámara de Diputados pida copia de los expedientes ya cerrados.

  “Son insuficientes los esfuerzos para encontrar a nuestros desaparecidos que actualmente suman más de 27 mil, no son sólo los 42 de Ayotzinapa, por lo que exigimos llamar a cuentas a las autoridades responsables, para que den resultados en una búsqueda efectiva de las víctimas”.

 En su turno, el coordinador de familiares de desaparecidos de Fundem, Víctor Rolón Rodríguez, indicó que los obstáculos a los que se enfrentan familiares de las víctimas por desaparición son corrupción, estigmatización de los afectados, la ineficiencia en la creación de mecanismos confiables de búsqueda, así como reformas al Código Penal y a la Constitución para prohibir las desapariciones y esclarecerlas, así como someter a un proceso penal a los responsables.

 En su intervención, el secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos (Adafem), Julio Mata Montiel, coincidió en que no existe una ley que sancione ni mucho menos que prevenga el delito de desaparición forzada; hace falta un marco jurídico que prevenga este delito, así como garantizar la búsqueda y protección de las víctimas.

El también vocal de comunicación de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Fedefam), indicó que durante los años sesentas y ochentas se registraron más de mil desapariciones forzadas cometidas por el Ejército mexicano y la “brigada blanca”, mientras que “en el sexenio actual se registran más de 27 mil desapariciones, de los que no se ha dado cuenta de su paradero”.

 Perseo Quiroz Rendón, director ejecutivo de Amnistía Internacional, Sección México urgió a la Cámara de Diputados a elaborar un marco jurídico que atienda este delito y se plasmen en políticas públicas transversales con planes de búsqueda que eviten acciones aisladas como hasta ahora, porque el Estado mexicano tiene una deuda histórica con la verdad, la justicia y la honestidad desde la década de los 60s hasta ahora en materia de desaparición forzada.

 Quiroz aprovechó el foro al cuestionar las estadísticas de la PGR al sostener que de 600 investigaciones de más de 20 mil, sólo 17 son desapariciones forzadas.

Destacó que se requiere una Ley General de Desaparición Forzada y reformas al código penal que impidan la prescripción del delito. El Congreso de la Unión debe tener el rol de peso y contrapeso, “no sólo aprobar una ley y luego desentenderse sino vigilar que se cumpla, así como llamar a los funcionarios a rendir cuentas sobre la aplicación de la reforma, porque mientras no se castigue no habrá un cambio efectivo en los esquemas”, sostuvo.

Claudia Cruz Santiago, directora ejecutiva del Instituto de Acción Ciudadana para la Democracia y la Justicia, afirmó que la desaparición forzada debe tipificarse como un delito de lesa humanidad. Refirió la importancia del acompañamiento que realizan las asociaciones de la sociedad civil a los familiares de las víctimas, para evitar abusos por parte de autoridades ministeriales.

En su participación, Agustín Lara Godoy, director general del programa de Presuntos Desaparecidos de la CNDH indicó que es fundamental que las autoridades esclarezcan las desapariciones a través de una coordinación institucional entre las diversas autoridades del Estado mexicano.

 Consideró necesario crear una base de datos actualizada y con información correctamente estructurada, y destacó que a través de un sistema eficiente, se podrá combatir la impunidad que gira en torno a ese delito.

 Propuso que se elabore una iniciativa para que este tipo de organizaciones se convierta como ofendidas de este delito al igual que la familia, a fin de que accedan a todo el proceso judicial de investigación y fortalezcan el acompañamiento hasta lograr la reparación del daño.

 En ese foro participaron, además de legisladores varias organizaciones no gubernamentales como la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático. Samuel Kenny, coordinador de incidencia de la Fundación cuestionó que el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED)  no incluya datos sobre migrantes desaparecidos y víctimas de desapariciones forzadas. Dijo que dicho registro no está actualizado  y no cuenta con seguimiento, ni permite la participación de la sociedad civil en su conformación.

 Por su parte, Michael Chamberlin, integrante del Centro Fray Juan de Larios, ejemplificó que el (RNPED no incluye a la mayoría de los desaparecidos atendidos en la organización, cuyos casos han sido denunciados ante las procuradurías. "Desde su incompetencia hasta su nula capacidad para investigar el paradero de nuestros familiares, las autoridades no investigan para encontrar con vida a nuestros seres queridos, y han generado una cultura de buscar muertos", afirmó.

 Las Procuradurías siguen sin procesar los casos bajo el tipo penal de desaparición, reclamó, y en su lugar investigan secuestros u homicidios.

 Por su parte Ernesto Schwartz, director de la organización Gobernanza Forense AC, criticó que las bases de datos genéticas no cuentan con la vigilancia de comités de expertos mixtos y autónomos. Asimismo, consideró que las bases están incompletas, puesto que carecen de información contenida en espacios como las redes sociales.

 El sacerdote católico Pedro Pantoja, de la casa de migrante de Saltillo, fue duro con los datos de la Subprocuradora : “No es cierto lo que dijo esa mujer (Eliana García) (...) es un informe de hipocresía y de simulación para justificar que están haciendo algo", En la casa del migrante, argumentó, se tienen datos de más de 50 mil migrantes secuestrados desde 2009. (nota de Reforma del 20 de enero).