Actuaciones
dudosas, escándalos y fracasos/PATRICIA
DÁVILA
Revista Proceso No 2000, a 28 de febrero de 2015
El
primer caso que puso a prueba a Jesús Murillo Karam como procurador general de
la República fue la explosión del 31 de enero de 2013 en el edificio B-2 del
Complejo Administrativo de Pemex, en la Ciudad de México. El último: el de los
43 normalistas de Atoyzinapa desaparecidos, que quiso sepultar con su repudiada
frase de la “verdad histórica”.
Además
de esta última, tuvo otras derrotas: la insostenible acusación por lavado de
dinero que pretendió fincar a Elba Esther Gordillo, exdirigente del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); el caso del albergue La Gran
Familia de Rosa Verduzco, Mamá Rosa, en Zamora, Michoacán; la puesta en
libertad de Rafael Caro Quintero, que irritó al gobierno de Estados Unidos…
Como
procurador, Murillo Karam también estuvo implicado en escándalos familiares,
entre ellos la denuncia penal interpuesta por Alexia Ímaz –hija de Eugenio Ímaz
Gispert, director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen)–
contra su exnovio Gerardo Saade Murillo –nieto de Murillo Karam–, quien la
golpeaba, según expuso la denunciante. La querella fue retirada súbitamente;
meses después salió a relucir el nombre de Gabriela Saade Murillo, hermana de
Gerardo, por presunto “tráfico de influencias”.
Gestión
errática
Los
infortunios de Murillo Karam al frente de la PGR se iniciaron cuando tenía un
mes al frente de la dependencia. La tarde del 31 de enero de 2013 una explosión
en el edificio B-2 del Complejo Administrativo de Pemex cimbró al país. Hubo 37
muertos y más de 100 heridos.
El
4 de febrero siguiente, en conferencia de prensa, el funcionario aseguró que el
siniestro había sido producto de una concentración de gas proveniente de los
basureros aledaños a la zona.
Tres
días después, al tratar de corroborar la versión del funcionario, el perito
Brian Dunagan, coadyuvante de la PGR y vicepresidente de Integridad Operacional
Global de la empresa británica SGS, detectó varias contradicciones:
“La
explosión –dijo– fue hacia arriba y luego vino la caída. Se trató de una
explosión difusa, lenta, horizontal y perfectamente definida, característica de
las explosiones de gas; no dejó rastros de fuego ni daño en los oídos.”
Varios
científicos nacionales calificaron de inverosímil la versión de Murillo tras
analizar sus declaraciones. Consultados por Proceso, varios peritos aseguraron
que el estallido del 31 de enero fue producto de un sabotaje o un atentado.
Aún
no se enfriaba el asunto Pemex cuando, el 26 de febrero de 2013, agentes de la
PGR detuvieron a Gordillo, a quien se acusó de dirigir “una organización
criminal dedicada al lavado de activos del SNTE”. Asimismo, se le fincaron los
cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia
ilícita “en agravio de la sociedad, la seguridad pública, la economía nacional
y el sistema financiero”.
Sin
embargo, la PGR tuvo un revés en septiembre de ese año, cuando el juez federal
del Cuarto Distrito en Materia de Amparo del Primer Circuito determinó que no
se justificaba la privación de la libertad de Gordillo por esos delitos debido
a “deficiencias en la averiguación previa”.
La
imputación por lavado de dinero y delincuencia organizada no procedió. La
defensa de la maestra promovió un amparo, el cual se concedió porque la PGR no
acreditó el cuerpo de estos delitos.
Otro
caso que dejó mal parado a Murillo Karam como procurador fue la repentina
liberación de Rafael Caro Quintero la madrugada del 9 de agosto de 2013. El
fundador del desaparecido Cártel de Guadalajara, sentenciado por el secuestro y
asesinato del agente de la oficina antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus
siglas en inglés), Enrique Camarena Salazar, dejó la cárcel por orden de la
justicia federal.
El
argumento fue que Camarena no estaba acreditado diplomáticamente como agente de
la DEA, aunque operara desde el consulado de Estados Unidos en Guadalajara. De
acuerdo con este criterio, el caso no debió ser atraído por la justicia
federal, sino por un juez del fuero local, en particular de Jalisco, donde
ocurrió el secuestro y homicidio del agente estadunidense el 7 de febrero de
1985.
La
puesta en libertad de Caro Quintero provocó el enojo de Washington, que ofreció
una recompensa de 5 millones de dólares por su paradero con el fin de
extraditarlo: “Nunca vamos a dejar de buscarlo”, dijo el Vijay Rathi, portavoz
de la DEA.
En
medio del desaguisado con Estados Unidos, otro incidente familiar cimbró al
procurador Murillo Karam:
El
5 de mayo de 2014, otra de sus nietas, Gabriela Saade Murillo, hermana de
Gerardo, acaparó la atención de los medios. Proceso dio a conocer que la
embajada de México en Estados Unidos se ha convertido en un oasis para
familiares de importantes políticos y exfuncionarios. Al amparo del entonces
embajador Eduardo Medina Mora y ahora aspirante a ministro de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, en esa legación se eleva a rango diplomático el
tráfico de influencias.
Entre
el personal “privilegiado” destaca Gabriela Saade Murillo, “consejera” asignada
a la representación de la Secretaría de Gobernación en la embajada mexicana.
En
el inciso correspondiente a México aparecen los nombres de las personas a las
cuales Washington les asignó pasaporte diplomático a petición de la Secretaría
de Relaciones Exteriores. No obstante, en la representación de la Secretaría de
Gobernación en la embajada negaron que Gabriela Saade Murillo fuera su
empleada.
Fracaso
tras fracaso
Un
mes después, el 15 de julio de 2014, en Zamora, Michoacán, un operativo
conjunto de la PGR, el Ejército y la Policía Federal rescató a casi 600
personas, incluidos 462 menores, de la casa hogar La Gran Familia, que
administraba desde hacía 40 años Rosa del Carmen Verduzco Verduzco, Mamá Rosa.
De acuerdo con Murillo Karam, la detención se realizó luego de una denuncia
hecha por padres de familia.
El
entonces procurador dijo que algunos testigos refirieron que Verduzco y sus
empleados impedían a los menores y adultos salir del albergue. Una joven
declaró que intentó salir del lugar cuando cumplió la mayoría de edad, pero
Mamá Rosa la retuvo durante 13 años más. En ese lapso, añadió, le quitó a sus
dos hijas.
En
su edición del 27 de julio de 2014, Proceso informó que las denuncias contra
Mamá Rosa fueron presentadas desde abril de 2010; las autoridades tardaron
cuatro años en atenderlas. Verduzco fue detenida por el delito de privación
ilegal de la libertad y lo que resulte y fue internada en una clínica. Un mes
después, Murillo Karam anunció que la PGR a su cargo había determinado la
inimputabilidad de Verduzco en razón de su edad: 85 años.
En
cuanto al caso Ayotzinapa, Murillo Karam quiso cerrar el caso. Declaró que los
integrantes de Guerreros Unidos confundieron a algunos de los estudiantes de la
Escuela Normal Raúl Isidro Burgos con “infiltrados” de Los Rojos, grupo
antagónico de Guerreros Unidos, y que por eso trasladaron a 43 de los
estudiantes agredidos al basurero de Cocula.
Algunos
llegaron muertos –dijo–; otros fueron ultimados en ese momento y arrojados al
basurero. Ahí, de acuerdo con declaraciones de cuatro de los autores
materiales, según el procurador, formaron una pira y los calcinaron con leña,
llantas, gasolina y petróleo. Murillo Karam aseguró que esa era la “verdad
histórica”.
Nadie
creyó tal versión, incluidos los peritos del Equipo Argentino de Antropólogos
Forenses y el investigador Arturo Talavera, del Instituto Nacional de
Antropología e Historia.
“Es
falso que en el basurero de Cocula, Guerrero, hayan sido incinerados los 43
normalistas de Ayotzinapa, pues no existe evidencia científica de ello. En ese
lugar, la PGR montó un show con el fin de apaciguar a los padres de familia y
acallar su protesta. Incluso es posible que los restos óseos de Alexander Mora,
identificados por la Universidad de Innsbruck, Austria, hayan sido sembrados
por esa dependencia”, declaró Talavera.
Murillo
Karam dejó la PGR sin haber resuelto el caso Ayotzinapa y ahora inicia su nueva
encomienda como titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano, dependencia de bajo perfil en el gabinete de Peña Nieto.
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