Crítica a la guerra contra el terrorismo

Crítica a la guerra contra el terrorismo/Endika Zulueta es abogado. Fue defensor de Osman El Sayed, El Egipcio, en el juicio del 11-M.

El Mundo | 12 de marzo de 2015

“…Ahora vienen a por mí, pero ya es demasiado tarde” (final del poema atribuido tanto a Bertolt Brecht como a Martin Niemöller).

11. Septiembre. 01. El 14 de septiembre de 2001, el presidente Bush declaró la guerra al terrorismo, una guerra sin precedentes en la historia de la humanidad, sin límite temporal, sin límite espacial y con un enemigo difuso que va definiéndose sobre la marcha, muchas veces en función de oscuros intereses políticos y económicos de empresas petroleras y armamentísticas. Una guerra, a la que en su momento se sumó el Gobierno español, por la que se justifican múltiples actos de terror: se han matado a cientos de miles de personas, se han destruido culturas milenarias, se han creado cárceles secretas, Guantánamos, se ha legitimado la tortura… Y todo ello, en defensa de nuestra civilización. Las víctimas civiles que causamos solo son daños colaterales que asumimos sin rubor. Paralelamente a la guerra en el exterior, en el interior se acelera el establecimiento de leyes destinadas a limitar o suprimir derechos fundamentales, siempre a través de procedimientos de urgencia, sin debate ni aprobación de enmiendas destacables a pesar de su incidencia en valores constitucionales como la Patriot Act estadounidense.

11. Marzo. 04. El 11 de marzo de 2004, España sufrió el atentado más grave realizado en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial. El país entero quedó lógicamente conmocionado y la ciudadanía quería respuestas. El Gobierno nos apuntó a la guerra contra el terrorismo en el exterior, y en el interior se vanagloriaba de tener uno de los Códigos Penales más severos de la Europa Occidental. Muchos cuestionaron si no cabía otro tipo de respuestas, una vez superada la desesperación de los primeros momentos.

07. Enero. 15. El salvaje atentado de París ha sido calificado por nuestros mandatarios como un ataque a nuestra civilización, y parece justificar la implantación del nuevo proyecto de ley antiterrorista, que también ha sido considerado de emergencia. Su novedad estriba en la calificación por parte de los dos partidos mayoritarios en el Congreso de cuestión de Estado con el que justificar la urgencia de su aprobación, cuando ni la incapacidad de crear mecanismos adecuados para garantizar los derechos sociales (trabajo, sanidad, educación y vivienda) a amplias capas de la población, ni los seis millones de personas en paro, ni el doble de paro juvenil de la Unión Europea, ni convivir con la vergüenza de tener casi tres millones de niños bajo el umbral de la pobreza, por poner solo algunos ejemplos, ha logrado que los grandes partidos hicieran el esfuerzo en alcanzar un pacto de Estado; solo la aprobación de una legislación que suprime o limita derechos fundamentales ha merecido tal consideración.

Manipulación del miedo. Seguridad versus libertad. Nos dicen que hay una guerra contra nuestra civilización, y el miedo se expande como un virus. Siempre el miedo. El miedo a no tener trabajo, el miedo a perderlo, el miedo a que te echen de casa, el miedo a no tenerla nunca, el miedo a nuevas enfermedades… Tenemos las sociedades más seguras desde que el ser humano está sobre la tierra, con el índice de criminalidad más bajo, con el índice de longevidad más alto y, sin embargo, pareciera que siempre estamos atemorizados. El Estado hiperpotencia ahora el miedo por excelencia que parece ocultar todos los demás: el miedo al terrorista, al enemigo, a una difusa amenaza permanente que viene del exterior, y que pretende, nada menos, que «acabar con nuestra civilización» y con la que tenemos que estar siempre en guerra. Orwell se quedó corto en 1984.

Ante tamaña amenaza, el Estado se presta a ofrecer seguridad a cambio de que la atemorizada ciudadanía ceda, en apariencia gustosamente, espacios de libertad. Un Estado incapaz de garantizar derechos sociales ofrece seguridad, disfrazándola de derecho, olvidando que la seguridad es más una sensación que un derecho. Todo es urgente y nada es cuestionable so pena de ser tildado de simpatizante del enemigo, con la manida amenaza de o conmigo o contra mí. Pero, estando en juego las libertades públicas, no se debe caer en la trampa de la emergencia.

Muy al contrario, es el momento clave para la reflexión: qué debemos entender por seguridad y por libertades, y en qué medida estamos dispuestos a ceder una para obtener otra, siendo conscientes de que el Estado no puede limitar los derechos fundamentales de forma permanente y generalizada, ni siquiera a un sector de la población a la que denomine enemiga, salvo que se decrete un Estado de excepción.

Desde esta perspectiva, la guerra al terrorismo se ha convertido también en la guerra contra las garantías que deben regir el derecho penal. El delincuente tildado de terrorista no es un ciudadano con derechos, es un enemigo a abatir, y así se ha demostrado recientemente con los presuntos autores de los atentados terroristas de París, de Dinamarca o de Bélgica, que lejos de ser detenidos y puestos a disposición judicial y sometidos a enjuiciamiento con todas las garantías procesales y respeto a la presunción de inocencia y al derecho de defensa que se espera de un Estado de Derecho, fueron muertos a manos de la policía sin cuestionamiento jurídico, político, mediático o social alguno, siguiendo el halo dejado por los asesinatos selectivos realizados por fuerzas estadounidenses, incluido al mismo Bin Laden. Con esta política se legitima el terrorismo de Estado, se hunde el Estado de derecho y el Estado nos coloca al mismo nivel ético de los propios terroristas.

Derecho penal del enemigo. En este contexto bélico, el Código Penal no se rige por los principios de intervención mínima, legalidad, resocialización, proporcionalidad y humanidad de las penas, como se define en un Estado de Derecho. Muy al contrario, el Código Penal es mostrado como un arma más de combate en esta guerra contra el terrorismo. Es una paradoja que en defensa de los valores democráticos, se ataque los pilares fundamentales del propio sistema democrático.

Del derecho penal del enemigo podemos resaltar seis características y el Código Penal está teñido de todas ellas: 1) Los tipos penales anticipan la punibilidad a actos que sólo tienen el carácter de preparatorios de hechos futuros y que en muchas ocasiones serían impunes; 2) Una desproporción en la aplicación de las penas; 3) La legislación se fundamenta en un lenguaje bélico, no se enjuicia a ciudadanos sino a enemigos, no merecedores de garantía alguna; 4) Se restringen derechos fundamentales, sin presunción de inocencia, sin derecho a la intimidad, se normaliza el secreto de las actuaciones, se incomunica largamente…; 5) Se endurecen las condiciones en prisión, se dificultan los beneficios penitenciarios, la pena es castigo y venganza; 6) Se trata de un derecho penal de autor, y no se juzgan hechos, sino personalidades.

Habrá personas que no se sientan afectadas por la situación, puesto que van dirigidas a los yihadistas, y, o bien se lo merecerían, o bien es un fenómeno ajeno a nuestras vidas. No nos engañemos: sería una ingenuidad pensar que las normas penales de combate contra el terror vayan dirigidas esencialmente a los terroristas. ¿Alguien se imagina a un yihadista preocupado por la modificación del Código Penal español?; ¿los psicópatas que son capaces de matar a doce humoristas, e incluso cortar el cuello de otro ser humano, pueden modificar un ápice su conducta porque en España se apruebe la prisión permanente revisable? La legislación va esencialmente destinada al resto de la población. El Gran Hermano utiliza la eterna amenaza del enemigo exterior para legitimar el control social a la ciudadanía del interior.

Ya que dicen que lo hacen todo por nuestra seguridad, merece la pena una serena reflexión, una profundización de la conciencia crítica, no sea que aquello que nos dicen que están haciendo para salvar nuestros valores democráticos sea precisamente lo que cimiente su destrucción. Nos ha costado mucho esfuerzo conseguir que esos valores estén presentes en nuestra sociedad como para que ahora se debiliten, bien por la acción de un grupo de terroristas, bien por la de nuestros propios gobernantes con el argumento de salvarnos de los primeros.