Licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos;
Licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación;
Dr. José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Relaciones Exteriores;
Mtra. Arely Gómez González, Procuradora General de la República;
Integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;
Lic. Mariano González Zarur, Gobernador Constitucional de Tlaxcala y Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO);
Miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en México
Miembros y representantes de Organismos Internacionales;
Titulares de los organismos locales de protección y defensa de los derechos humanos;
Representantes de las organizaciones no gubernamentales;
Compañeras y compañeros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;
Representantes de los medios de comunicación.
Señoras y señores:
A efecto de dar cumplimiento a la obligación prevista por el antepenúltimo párrafo del apartado B, del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acudo ante el Ejecutivo Federal para informar sobre la actividad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durante 2014, así como para compartir algunas consideraciones sobre el estado actual de los derechos humanos en México y la prospectiva de este Organismo Nacional
Informo sobre las actividades de la CNDH durante 2014, con base en los datos y registros que encontré al asumir la Presidencia de este Organismo Nacional el pasado 16 de noviembre, incluyendo, de igual forma, lo realizado durante las primeras semanas de mi gestión.
El Informe también contiene una sección de anexos que principalmente incluye el seguimiento de las Recomendaciones, el cual se presenta este año, por primera vez, sólo en formato electrónico. El contenido de los mismos está disponible para el conocimiento público en la página web de esta Comisión Nacional
Considero que lo más relevante a reportar en materia de derechos humanos durante 2014, es el despertar y toma de conciencia que hechos como los de Chalchihuapan, Tlatlaya e Iguala han provocado en nuestra sociedad, así como el nuevo paradigma de actuación que las autoridades e instituciones tenemos que asumir a partir de ellos.
En relación con el tema de la Protección y Defensa de los Derechos Humanos, en 2014 las oficinas centrales y foráneas de la CNDH iniciaron 8 mil 455 expedientes de queja, de los cuales 125 se iniciaron de oficio. Como consecuencia del procesamiento de estos expedientes, se emitieron 55 recomendaciones, dirigidas a 67 autoridades.
Las entidades públicas más señaladas en las Recomendaciones son, en orden descendente, las siguientes: el Instituto Mexicano del Seguro Social, que recibió 8; la Comisión Nacional de Seguridad 8; el Gobierno de Oaxaca 7; la Procuraduría General de la República 4; el del Distrito Gobierno Federal 4; el Gobierno de Chiapas 3; el Gobierno de Tabasco 3; la Secretaría de Educación Pública 2; el Gobierno de Hidalgo 2; el Gobierno del Estado de México 2, y el Ayuntamiento de Alvarado, Veracruz 2.
Las presuntas violaciones que se reclamaron con mayor frecuencia durante 2014 fueron, con base en el número de casos registrados: prestación indebida de un servicio público en 2,481; faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleo, cargos o comisiones, en 1,715; omitir proporcionar atención médica, en 1230; detención arbitraria, en 1055; trato cruel, inhumano o degradante, en 741; obstaculizar o negar las prestaciones de seguridad social a que se tiene derecho, en 507; omitir fundar el acto de autoridad, en 487; acciones u omisiones contrarias a los derechos de las personas privadas de su libertad, en 478; omitir motivar el acto de autoridad, en 463; y acciones u omisiones que trasgreden los derechos de los migrantes y sus familiares, en 433.
Para eficientar el trabajo institucional, hemos advertido la necesidad de revisar los esquemas y parámetros para la calificación de las quejas que se reciban, la forma en que se registran las autoridades que son señaladas como responsables de las mismas, el seguimiento que se da a los requerimientos de la Comisión Nacional, así como la forma o vías en que se concluyen los expedientes de queja o se atienden los escritos que se presenten.
En cuanto a las violaciones graves a derechos humanos, durante el periodo que se reporta este Organismo Nacional formuló una sola Recomendación, la cual fue dirigida al Gobierno Constitucional del Estado de Puebla, con motivo de los hechos ocurridos el 9 de julio de 2014, que involucraron a habitantes de la población de San Bernardino Chalchihuapan. Ante la complejidad de las violaciones denunciadas, se da seguimiento puntual a su cumplimiento.
Se seguirán criterios objetivos para la calificación de las violaciones graves a derechos humanos, con parámetros sustentados en estándares internacionales en favor de la protección a las víctimas, para prevenir casos como el de Tlatlaya, que dio origen a la Recomendación 51/2014, que al implicar ejecuciones extrajudiciales, debió ser calificado como un caso grave desde el desarrollo de la investigación.
Se hace notar que en cinco ocasiones, las autoridades no aceptaron las recomendaciones del Ombudsman nacional. Me refiero a los ayuntamientos de Alvarado, Veracruz, en dos casos; y de Ahuacotzingo y Florencio Villarreal, Guerrero, y Huachinango, Jalisco, en un solo caso, respectivamente
Por otra parte, se emitió una Recomendación General sobre la prevención, atención y sanción de casos de violencia sexual en contra de las niñas y los niños en centros educativos. En este tipo de recomendaciones, es conveniente que se requiera la aceptación de las autoridades a las que van dirigidas, razón por la cual, para que tengan mayor fuerza y su contenido sirva para formular políticas públicas, se deben promover las reformas legales conducentes
La atención de las violaciones a derechos humanos no concluye con la sola emisión de las recomendaciones. Es necesario dar seguimiento y constatar su cumplimiento puntual, en caso de que las autoridades responsables las acepten, así como denunciar pública y decididamente las negativas u obstáculos que se presenten para su cumplimiento.
En cuanto al seguimiento de recomendaciones, durante 2014 se registraron 82 denuncias penales presentadas por la CNDH ante las distintas procuradurías de justicia, tanto federales como locales, como resultado de las recomendaciones emitidas. Si acudimos a los registros generados desde 2010, encontramos que se habrían presentado en los últimos cuatro años 435 denuncias, de las cuales se habría llegado a consignación, únicamente, en 43 casos.
Del mismo modo, advertimos que durante los años 2013 y 2014, la CNDH presentó 148 denuncias administrativas por presuntas irregularidades imputables a servidores públicos federales y locales, de las cuales, al mes de diciembre de 2014, seguían en trámite 124 y se habían concluido 24. Sólo en siete casos se determinó la imposición de una sanción administrativa a los servidores públicos involucrados.
En la mayoría de los casos, la sanción impuesta consistió en una amonestación o suspensión por 15 días, registrándose únicamente dos casos de inhabilitación de servidores públicos. En los restantes 17 asuntos, las autoridades no encontraron elementos suficientes para imponer alguna sanción o se alegó la prescripción de la facultad para tal efecto.
Seremos más estrictos en la integración y seguimiento de las denuncias administrativas y penales que presente la CNDH, así como en el trámite de las mismas. El objeto de una recomendación, cuando busca deslindar las responsabilidades administrativas de servidores públicos, no se satisface con el mero formalismo del inicio de un procedimiento. Tampoco, con la imposición de sanciones que generalmente no son proporcionales a la gravedad y magnitud de las violaciones a derechos humanos en que hayan incurrido.
La simulación, omisión, parcialidad y falta de apego a la ley en los procedimientos de responsabilidad administrativa constituye, por sí misma, una nueva violación a derechos humanos, pues se revictimiza a quienes fueron objeto de las violaciones que dieron origen a la recomendación y se incurre en una conducta que incide de manera directa en el aumento de la impunidad y debilita nuestro Estado de derecho.
El Ombudsman, debo decirlo, no es antagónico a las autoridades ni a los poderes públicos; por el contrario, a través de su actividad y del ejercicio de sus atribuciones, coadyuva a la lucha contra la impunidad, así como a depurar, fortalecer y consolidar las instituciones. Cuando se señala que un servidor público violó derechos humanos se propicia que aquellas hagan evidente y fortalezcan su compromiso con los derechos humanos al no permitir que tales actos queden impunes, posibilitar que se repare el daño a las víctimas y prevenir la repetición de tales hechos.
La
voz del Ombudsman siempre llamará al diálogo, a la concordia y a la paz. De
ninguna manera busca dividir o polarizar a la sociedad ni evitar que se aplique
la ley. La CNDH siempre se pronunciará porque se aplique la ley, sin distinción
o reserva, a quien cometa un delito. No hacerlo, violenta de nueva cuenta a las
víctimas.
La
prevención y persecución del delito es perfectamente compatible con el respeto
pleno a los derechos humanos. El cumplimiento de la ley significa respeto a
estos derechos. Es responsabilidad de las autoridades aplicar la ley con todo
su rigor, en un marco de respeto a la dignidad humana. No se puede hacer
justicia violentando derechos humanos.
Por
otro lado, en ejercicio de la facultad del Ombudsman nacional para promover
acciones de inconstitucionalidad, durante 2014 se presentaron seis acciones,
impugnando diversos ordenamientos jurídicos, tanto federales como locales,
mismas que al concluir el año aún se encontraban en trámite ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.
Durante
2014 se registró un total de 6 mil 571 acciones de capacitación en todas las
entidades federativas, las cuales habrían contado con 1 millón 256 mil 902
participantes. Al respecto, se busca valorar el impacto real de estas acciones
en el desempeño de los servidores públicos participantes, así como en las
entidades y organismos en los que prestan sus servicios.
Este
Informe también contiene los datos relativos a los programas que atienden
situaciones específicas en favor de las niñas, niños, adolescentes, mujeres,
familias, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas que
viven con VIH y/o SIDA, migrantes, pueblos indígenas, así como periodistas y
defensores civiles de los derechos humanos. De igual manera, se describen los
esfuerzos para contribuir al combate a la trata de personas e impulsar la
defensa de los derechos laborales, económicos, sociales, culturales y
ambientales.
Es
mi compromiso generar mecanismos para evaluar la incidencia real del trabajo de
este Organismo Nacional ante la sociedad y transparentar la gestión. La
atención integral a las víctimas, el cumplimiento de la ley y la solución
efectiva de los casos planteados serán parámetros que nos orienten para ello,
dando igual importancia a lo cualitativo que a lo cuantitativo.
En
lo que se refiere a la Observancia de los Derechos Humanos, se llevaron a cabo
2 mil 737 visitas a los lugares de concentración de migrantes; 457 a
comunidades indígenas y 539 a distintos lugares de detención e internamiento,
en el ejercicio de las facultades del Mecanismo Nacional de Prevención de la
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes. Por otra
parte, se integró y publicó el Diagnóstico Nacional de Supervisión
Penitenciaria 2013.
Es
importante señalar que algunos de los procedimientos de la Comisión Nacional
han resultado inadecuados para su operación oportuna y eficaz. Ejemplo de ello
es el rezago que existe en la resolución de expedientes, el cual comprende casi
una tercera parte de los asuntos en trámite.
El
deber de servicio que la CNDH tiene con la sociedad, así como su compromiso de
atención a las víctimas, hacen necesaria y urgente la atención de este
problema, lo cual hemos asumido como una prioridad de mi gestión, en la cual ya
se está trabajando.
Por
ello nos obliga a replantear los esquemas que han demostrado ser inoperantes, a
modernizar sin burocratizar la administración, a fortalecer los perfiles del
personal, a detectar y proveer las capacidades humanas y técnicas que se
requieren para el desarrollo de las investigaciones y la resolución de los
expedientes, así como a proponer formas innovadoras de atención y solución a
los asuntos que nos permitan dar la respuesta que, como institución, le debemos
a las víctimas.
En
este contexto, respetuosamente aprovecho este espacio, Señor Presidente, para
solicitar su colaboración, a efecto de que gire las instrucciones conducentes
para que las solicitudes de información y documentación que este Organismo
Nacional dirija a las dependencias y entidades de Poder Ejecutivo Federal, sean
debida y oportunamente atendidas, así como el que se revise el cumplimiento
dado a las Recomendaciones que se les han dirigido y, de ser este el caso,
implementen las acciones que aún estén pendientes para lograr su cumplimiento
real e integral.
De
igual forma, por conducto del Lic. Mariano González Zarur, Presidente de la
Conferencia Nacional de Gobernadores, quien hoy nos distingue con su presencia,
hago extensivas estas solicitudes de colaboración a todos los gobiernos
locales.
El
lograr la vigencia y protección de los derechos humanos es una tarea que nos
vincula, corresponde y, en última instancia, nos beneficia a todos.
El
informe del Ombudsman ante los Poderes de la Unión señalará, en lo sucesivo, la
situación de los derechos humanos en México, abordando los obstáculos que
enfrenta su gestión, así como las autoridades que son renuentes a colaborar o a
cumplir con sus recomendaciones. Del mismo modo, se referirán las reformas
normativas y las políticas públicas que se tendrían que implementar para la
mejor defensa y protección de los derechos humanos, en particular en lo
relativo a las víctimas. Trabajaremos en indicadores y registros que permitan
ofrecer esta información a la sociedad, para que conozca y acompañe las tareas
que se emprendan.
Fortalecer
la autonomía del Ombudsman es necesario hoy más que nunca. Celebro que el
Senado de la República haya retomado mi propuesta para la no-reelección del
Presidente de la CNDH. Por muchas razones, pero primordialmente para prevenir
la politización de sus tareas y no ser sujeto a ningún tipo de compromiso.
Señor
Presidente:
Vivimos
aún bajo las circunstancias extraordinarias provocadas por los hechos sucedidos
en Guerrero, así como por los reclamos sociales en favor de acciones inmediatas
y efectivas de justicia, legalidad y respeto a la dignidad humana. Iguala es el
ejemplo que mayor visibilidad ha dado a un serio problema que enfrenta nuestro
país desde hace varios años y que no se limita, desafortunadamente, al mismo.
La
violencia de los últimos diez años ha ocasionado la desaparición de personas, las cuales no se han
contado, identificado y, en consecuencia, buscado debidamente. En este
ámbito, lo hemos dicho, no podemos dar espacio a especulaciones que sobredimensionen
o relativicen el problema.
No
podemos establecer acciones integrales y coordinadas de búsqueda, ni estaremos
en posibilidad de que se deslinden las responsabilidades correspondientes en
cada caso, si no contamos con información real y objetiva, integrada conforme a
estándares internacionales, que nos permita distinguir los casos que
efectivamente puedan implicar una desaparición forzada, de aquellos que están
vinculados a la delincuencia organizada o respondan a otras causas
Es
preciso actuar, de ahí la necesidad de concretar de manera efectiva y
pertinente medidas tales como la emisión de una Ley General en Materia de
Desaparición Forzada, la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda de
Personas
No Localizadas,
así como un sistema Nacional de Información Genética, las cuales fueron
planteadas por usted, Señor Presidente, el 27 de noviembre de 2014.
En
esa fecha, Usted anunció diversas medidas en materia de derechos humanos las
cuales, sería deseable, que en el menor plazo posible la sociedad mexicana y
las víctimas de los abusos del poder las pudieran ver como acciones ya
implementadas y realidades operativas. Estas medidas, sumadas a las que ha
sugerido este organismo nacional y el Comité respectivo de la Organización de
Naciones Unidas, necesariamente redundarán en avances sólidos para la atención
de estos problemas.
Es
oportuno reconocer que México se ha inscrito en el concierto internacional
mediante la suscripción de diversos instrumentos, así como colaborando y
aceptando la jurisdicción de mecanismos regionales e internacionales en materia
de derechos humanos. Nuestro país ha mostrado su firme compromiso con los
derechos fundamentales al abrirse al escrutinio internacional, expresando su
voluntad política para el ensanchamiento de los derechos.
Esta
apertura y compromiso del Estado mexicano, dignos de todo reconocimiento,
requieren para consolidarse de estrategias y vías para la atención de las
observaciones y recomendaciones que se formulen como consecuencia de ese
escrutinio internacional. Por sensibles que sean los temas y aun cuando existan
puntos de divergencia, es preciso, y lo digo con todo respeto, que con base en
las coincidencias y buscando en todo momento la mayor protección y vigencia de
los derechos humanos en el país, se avance en la implementación de las acciones
sustantivas propuestas en cada tema.
Los
informes más recientes de desapariciones forzadas y tortura deben motivar la
implementación de las medidas propuestas más allá de los diferendos que en
cifras o percepciones se pudieran tener, los cuales son susceptibles de
aclaración. La atención que se dé a las observaciones y recomendaciones
propuestas, se encuadra en el cumplimiento de los compromisos asumidos por
nuestro país en el ámbito internacional y es compatible y coherente, con el
mandato previsto por el artículo 1º Constitucional, para todas las autoridades,
en el sentido de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a
los derechos humanos.
La
reforma constitucional de 2011 ubicó a los derechos humanos como eje y
justificación básica del Estado y de su actividad. Sin embargo, la problemática
que presenta los mayores retos es su operatividad, es decir, hacerla efectiva,
lo cual exige concluir los procesos reglamentarios derivados de la misma y
propiciar que lo dispuesto en las normas se aplique a la realidad.
A
casi cuatro años de esta trascendente reforma, la situación de los derechos
humanos en México no corresponde a un cambio normativo de tal envergadura, ya
que en algunas partes del país estos derechos atraviesan una crisis. Es
responsabilidad del Ombudsman conocer y hacer notar esta situación, no sólo
desde una perspectiva legal, sino también considerando la equidad, la justicia,
los principios que debe tener la conducta de los servidores públicos, así como
los parámetros que debe observar la convivencia social pacífica.
No
debemos propiciar ni tolerar la impunidad, así como tampoco podemos aceptar que
se busque venganza o se ejerza justicia por propia mano. Nuestras instituciones
y la ley son el medio por el cual se debe procesar todo reclamo de justicia.
Es
obligación de la autoridad dar cauce a las muestras de descontento, escuchar
las necesidades y generar canales o vías adecuadas para responder a ellas
eficazmente. También lo es la oportuna y debida aplicación de la ley, lo cual
lleva implícito el respeto a los derechos humanos. La ilegalidad, la violencia
y el delito deben ser prevenidos y sancionados por la autoridad en cualquier
parte del país.
Las
violaciones a la dignidad humana se inscriben en la inobservancia de la ley, lo
cual ha ocasionado –como usted mismo lo ha reconocido- que la sociedad no
confíe en las instituciones. Esta desconfianza alcanza, inclusive, a la CNDH.
La gente ve los derechos humanos más como un elemento meramente discursivo que
como un ejercicio práctico y cotidiano. Hay que cambiar modelos, patrones,
procedimientos, creencias y prácticas. Hay que empezar a hablarnos de frente,
escucharnos en nuestra diversidad y llegar a acuerdos esenciales, defendiendo
los valores democráticos, con una actitud tolerante e incluyente.
La
sociedad no puede permanecer impasible cuando constata que, a menudo, aquellos
individuos que incumplen la ley no son objeto de sanción alguna o cuando
advierte que las probabilidades de que se aplique o no la ley en un caso
concreto, dependen del poder, posición económica o condición social de las
personas involucradas en el mismo.
Nadie
debe caer en la tentación de la violencia. El diálogo, el entendimiento y el
respeto a la ley deben prevalecer como las vías para la solución de los
conflictos. Sólo de esta forma superaremos la desconfianza y podremos construir
el espacio común que se requiere para hacer efectivos todos los derechos.Se ha dicho que Iguala marca un antes y un después para México y los mexicanos. La gravedad y trascendencia de estos hechos nos debe hacer reflexionar y replantear el futuro que queremos para nuestro país. No debemos esperar, ni como autoridades ni como sociedad, a que ocurran otros hechos graves para iniciar el cambio hacia el cumplimiento efectivo de la ley.
Iguala es un asunto no cerrado, en el que hay que buscar la verdad, lograr que los derechos de las víctimas sean reparados, que todos los responsables sean sancionados y evitar a toda costa su repetición.
Nadie puede sustraerse del respeto a la ley y a los derechos humanos. Quien desde el poder incumple la ley, viola derechos humanos y atenta contra nuestras libertades e instituciones democráticas. Alzar nuestra voz ante estas conductas es una obligación que nos imponen nuestras convicciones personales, así como el deber de servicio y el compromiso que hemos asumido para trabajar por la consolidación de un México más justo, incluyente e igualitario mediante la protección y defensa de las víctimas y el respeto a los derechos fundamentales.
Aún dentro de nuestra pluralidad y diferencias, nuestra esencia, intereses y destino son comunes. México es sólo uno.
Muchas gracias.
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