Algunas opiniones sobre las diferencias con el relator...de la ONU

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reiteró este lunes 6 de abril que el Gobierno Federal no coincide con las conclusiones del Relator Especial para la Tortura de la ONU, Juan Méndez.
Al término de un acto del INE, donde el secretario fungió como testigo de honor del arranque de la producción de las boletas electorales en los Talleres Gráficos de México, el secretario subrayó que "Tampoco coincidimos con los comentarios respecto a si hubiera presión de parte del Estado Mexicano (en su trabajo)",
La senadora Angélica de la Peña Gómez (PRD), solicitará la comparecencia del secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, a fin de que explique el diferendo con el relator.

En entrevista, la senadora por el PRD consideró inaceptable que se quiera archivar un episodio que inicio la propia Cancillería, luego de que el relator de las Naciones Unidas  señalara que la tortura es una práctica generalizada en nuestro país.

Destacó que no se puede plantear un “borrón y cuenta nueva” en este caso, sobre todo cuando el propio Juan Méndez denunció que recibió presiones para cambiar el contenido de su informe.
Algunas opiniones sobre las diferencias con el relator...

 Bajo Reserva / El Universal

El alto comisionado de la ONU en México
El diferendo entre la cancillería mexicana y el relator contra la tortura de la ONU, Juan Méndez, no influirá de ninguna en el gobierno mexicano para mantener los oídos abiertos a los señalamientos realizados por las Naciones Unidas en el tema de los derechos humanos afirman funcionarios de la diplomacia mexicana. Aseguran que este episodio, que ayer la dependencia que encabeza José Antonio Meade dio por cerrado, no cambia en nada la invitación que México realizó al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, para que visite el país durante el último trimestre de 2015. La diferencia de criterios es con el hombre, no con las instituciones, dicen.
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¿Será?/24 Horas
La cancillería, que encabeza José Antonio Meade, dejó en claro que el país no cierra sus puertas a los organismos internacionales de Derechos Humanos ni dejará de colaborar con los relatores de la ONU. Sin embargo, exige seriedad en los informes del argentino Juan Méndez, que ha sido poco riguroso en sus declaraciones a los medios. Por cierto que no es la primera vez que el relator es refutado por un gobierno, pues recientemente, el primer ministro de Australia, Tony Abbot, se dijo cansado de los “sermones” de la ONU y exigió al argentino no llegar a conclusiones “absolutamente disparatadas”.
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Las pesadillas del canciller Meade/Roberto Rock
INFORME CONFIDENCIAL |
La Silla Rota,

El gobierno Peña Nieto rebasó ya seis meses bajo acoso de la opinión pública impuesto por los vectores Ayotzinapa-Casa Blanca-crisis económica, por mencionar sólo los más evidentes. En medio del ruido interno se nos puede escapar que el impacto ha sido mucho más grave en la imagen del país en el mundo y, por tanto, en la fortaleza de la diplomacia mexicana.
Como pocas veces en nuestra historia, se cumple ahora el principio de que la política exterior es reflejo de la vida doméstica. Debilidad dentro atrae debilidad fuera. Y en medio de esa tormenta perfecta se halla el canciller José Antonio Meade.
México sumó en la semana recién terminada un nuevo diferendo con Naciones Unidas en materia de derechos humanos, ahora con el tema de la tortura. Se trata de un expediente que el país se  había logrado sacudir en el pasado –con buenos motivos o sin ellos-, pero que le cae de nuevo encima, sin que desde la torre de Cancillería se haya podido hacer nada para evitarlo.
Tras varios días de tensión que quizá no tengan precedentes en la relación de México con la ONU, ayer el señor Meade reiteró en su fondo las reservas sobre el muy duro informe del relator contra la tortura, el argentino Juan Méndez, el cual describe a la tortura como una práctica generalizada en todos los niveles en México. Méndez visitó el país del 21 de abril al 2 de mayo de 2014, y publicó el informe casi un año después. Sus conclusiones son demoledoras.
Pese a este contexto, ayer el canciller mexicano utilizó un lenguaje mucho más diplomático, tomando distancia de frases emitidas por él mismo en los días previos, cuando sugirió que se suspendería la colaboración con ese funcionario internacional, lo que rompería todos los códigos en la materia. Méndez también enfrió un tanto sus posicionamientos, pues había acusado abiertamente al gobierno Peña Nieto de atacarlo como un acto de distracción contra la esencia del reporte.
El subsecretario de la cancillería, Juan Manuel Gómez Robledo, quien durante meses cabildeó infructuosamente ante la oficina de Méndez la necesidad de suavizar el informe, aceptó haber fracasado en su tarea. Y centró su argumento en que el lenguaje internacional entiende como “práctica generalizada” de la tortura como un colapso pleno del Estado respectivo, en todos sus niveles y esferas, un delito de lesa humanidad, lo que en sí mismo, dijo Gómez Robledo, supondría un llamado implícito a la intervención de la Corte Penal Internacional.
Méndez declaró a la prensa mexicana no tener elementos para sostener que lo que ocurre en el país se trate de un crimen de lesa humanidad, sino de una “práctica extendida por todo el territorio y las corporaciones militares y policiales”. Por tanto, generalizada. La Corte Internacional será la que deba valorar si procede alguna intervención de su parte, según el relator. Y se declaró abierto a discutir sus posicionamientos. “Si me dan elementos de juicio para cambiar mi apreciación, la cambiaré. Nunca me han demostrado nada”.
En los días previos, personeros del gobierno mexicano libraron una batalla oculta para desacreditar no sólo el informe del relator Méndez sino a éste mismo, atribuyéndole desde conflictos de interés por haberse acercado al manejo de algunos casos concretos en México, hasta deficiencias en la aplicación de los protocolos creados por la diplomacia internacional para este tipo de informes. Circuló profusamente información periodística en donde el gobierno de Australia se dice “enfermo” ante las reiteradas críticas de Naciones Unidas –esgrimidas por el propio Méndez- contra casos de tortura en la aplicación de su política migratoria.
El informe del relator Juan Méndez delinea un escenario en el que los cuerpos de seguridad, procuración e impartición de justicia en México están dominados por policías corruptos,  así como por funcionarios judiciales (peritos, forenses, secretarios), agentes del Ministerio Público y jueces cómplices.
El señor Méndez hace en su escrito planteamientos tan “poco profesionales” –según se le acusó-, como pedir que el gobierno federal devuelva al Ejército a los cuarteles y deje de usarlo para enfrentar, como ocurre notablemente desde 2007, en una guerra a los cárteles de la droga. En estos años han sido numerosos los casos de violación de derechos humanos en los que los soldados se han visto involucrados. Las investigaciones de los casos denunciados son escasas y sin afán de encontrar la verdad, sostiene el informe.
El mismo reporte pone de manifiesto lo que todos ya sabemos: Agentes de la ley que “golpean con puños, pies y palos; toques con dispositivos eléctricos (chicharra), generalmente en los genitales; asfixia con bolsa de plástico; introducción de agua con un trapo en la boca, desnudez forzada, suspensión, amenazas, insultos (…). Estas prácticas desembocan con frecuencia en la muerte de la víctima”, alerta.
A la luz de las reacciones despertadas en uno y otro lado de este tema, el problema real parece ser que frente a un reclamo cada vez más amplio, que abarca lo mismo a la academia que a las víctimas, a los organismos de la sociedad civil que familias ignoradas, nadie en el gobierno Peña Nieto parece interesado en discutir públicamente la gravedad de la tortura en el país, como tampoco lo hace con las desapariciones forzadas, con las tumbas clandestinas o la putrefacción de las policías y de la política.
En esa omisión forman filas también organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuyo titular, Luis Raúl González Pérez, parece construir todos los días una brecha con la sociedad a base de burocratismo, pasividad y falta de pundonor.
Mientras dentro sean muchos los que impulsan, o aceptan, la unanimidad del silencio, afuera las voces subirán de volumen, como ocurrió hace apenas unos días en una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en Washington, donde activistas dijeron que México tiene “un cementerio en todo el territorio”. Ello ocurrió justo en el entorno de una visita del propio canciller Meade a una reunión del organismo. Y vamos, no se requiere ser diplomático para entender ese lenguaje.
robertrorock@lasillarota.com
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Columna Duda razonable
La doctrina Meade: silencio con Maduro, bronca con la ONU/Carlos Puig
Milenio, 06/04/15
Ayer a mediodía la cancillería intentó terminar un vergonzoso episodio que ella misma comenzó cuando respondió al informe del relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos de la misma manera en que responden países como Cuba y que había culminado con un “suscribo cada uno de los términos” del canciller Meade refiriéndose a la serie de descalificaciones al relator que su subsecretario había utilizado en una reunión con legisladores.
Juan Méndez no es un improvisado. Ha sido asesor especial para la Prevención del Genocidio con categoría de subsecretario general. Asesor jurídico general de Human Rights Watch, director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos en Costa Rica, catedrático de Derecho y director del Centro de Derechos Civiles y Humanos de la Universidad de Notre Dame, miembro y después presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ha recibido varios premios internacionales en materia de derechos humanos y ha sido catedrático de varias universidades de prestigio. Esa experiencia se nota en su carta de respuesta a los ataques del gobierno mexicano que usted puede leer aquí.
Solo resalto el párrafo en que Méndez le señala al gobierno de México las veces que el mismo gobierno de México y otras organizaciones del Estado mexicano han hablado de la tortura como un asunto “recurrente”, “habitual”, “sistemático”. O el hecho de que la propia Suprema Corte ha establecido un protocolo para fiscales y jueces respecto al tema, lo que solo confirma que el asunto es un problema grave. O las líneas donde le vuelve a explicar lo de los “14 casos” para recordarle que esos 14 casos y sus 107 víctimas son “mucho más que la cantidad de casos enviados a cualquier otro país en el curso de un año”.
Me pregunto cómo encaja esta bronca contra la ONU en el discurso sobre estado de derecho, justicia y seguridad del presidente Peña desde Ayotzinapa y las casas. ¿Cómo se verá en el extranjero? ¿Cómo se combate la tortura si se minimiza su existencia?
No importa.
Meade ya logró foto con Fidel, silencio frente a Maduro, un cónsul de Tv Azteca, muchas noches en Turquía —ninguna en Washington por cierto— y una visita a Downton Abbey.
Así las cosas con el #mexicoglobal… ¿o cómo era?

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Columna Sin rodeos
¡Todo por el adjetivo!/Diego Fernández de Cevallos
 Milenio,
De lo informado sobre el violento diferendo entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el relator de la ONU, opino:
PRIMERO. Todos los pueblos han sufrido y sufren, en mayor o menor grado, la abominable agresión de la TORTURA, consumada siempre por depravados y cobardes.
Lacerar cuerpos y almas de seres humanos en estado de indefensión ha provenido de gobernantes, de organizaciones criminales, de delincuentes comunes o clérigos y líderes religiosos. Sea para arrancar “confesiones”, para eliminar a “enemigos” políticos, para vengar agravios, para obtener “rescates”, por “justicia revolucionaria” o “en nombre de Dios” para castigar a infieles.
Ningún pueblo ha escapado a esos hechos bestiales, y nada hace pensar que desaparecerán totalmente. La fuerza —civil, política o religiosa— a veces produce tropelías.
De ahí la importancia de lograr buenas leyes, instituciones limpias y ciudadanos educados en el deber y el honor.
SEGUNDO. La disputa a que me refiero no es en cuanto a la existencia de la tortura en México, sino en el adjetivo de “GENERALIZADA”.
Al gobierno le duele que el relator —después de reconocer que su metodología fue “rudimentaria e insatisfactoria en varios niveles”— concluyera con tan grave calificativo. También le reprocha el omitir en sus declaraciones las respuestas del Estado mexicano. Él niega haber considerado así a su método, y sostiene —“como experto independiente”— que cientos de testimonios recogidos en prisiones le formaron tal convicción. No obstante lo anterior, encuentro una contradicción cuando responde que sus palabras fueron sacadas de contexto, y afirma: “Digo que es rudimentario porque no tenemos ninguna oportunidad para entrevistar a los testigos directamente, para analizar documentos o para contrastar opiniones. Lo único que hacemos es esperar del gobierno alguna respuesta”. Sustenta su dictamen en que “los 14 casos representan a por lo menos 107 víctimas mexicanas”, y que de miles de denuncias solamente cinco han alcanzado condena judicial.
TERCERO. A nadie escapa la realidad mexicana en sus dos vertientes: una, malos tratos y torturas —no excepcionales, pero tampoco generalizados— durante  aprehensiones, así como en cárceles y “separos”; otra, el socorrido argumento de defensa, muchas veces inducido por abogados, de que el preso se diga violentado física y moralmente. Existen, inclusive, manuales de grupos delincuenciales instruyendo así a sus huestes para los casos de caer en cautiverio. Lo primero no lo niega el gobierno; lo segundo lo omite el relator. Confiar solamente en el dicho de reos, y concluir que es “su percepción” la “tortura generalizada” no parece corresponder a la prudencia de un “experto independiente”. ¿Los cientos que le declararon deberán ser puestos en inmediata libertad?
CUARTO. No se advierte mala fe en las partes, pero no ayudan las increpaciones. Procede rectificar cualquier exceso y seguir trabajando juntos en favor de los derechos humanos. Es lo justo y lo impostergable. 
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·        De esta forma la Secretaría de Relaciones Exteriores da por concluido este diferendo.
Comunicado de la Cancillería domingo 05.04.15| |Comunicado  176
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se permite hacer del conocimiento público una serie de aclaraciones en torno al informe del señor Juan Méndez, Relator sobre la tortura del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en ocasión de la visita que realizó a México en 2014.

El Estado mexicano tiene un compromiso ineludible con la protección y la promoción de los derechos humanos.

Así lo acredita el trabajo de todos los órdenes de gobierno de los últimos años enfocado a fortalecer el marco jurídico e institucional que le da respaldo y lo garantiza.

Al mismo tiempo, México reconoce, sin la menor ambigüedad, que existen retos significativos para lograr, en los hechos, una mejor y más amplia protección de los derechos humanos en el país.

En particular, se reconoce que la tortura constituye una práctica a la que todavía se recurre en distintas formas y que no ha sido del todo erradicada. Ésta forma parte de los retos que el Estado asume y enfrenta a diario para una pronta solución.

La Secretaría de Relaciones Exteriores valora positivamente la visita y las recomendaciones del Relator y, precisamente por la importancia que se asigna a la cooperación con los mecanismos internacionales, interesa que sus diagnósticos sean objetivos.

A este respecto, la SRE destaca lo siguiente:

•La visita del Relator se realizó mediante un proceso preparatorio que se llevó a cabo en estrecha coordinación con su oficina durante varios meses.

•La “plena cooperación [del Gobierno] durante la visita” está reconocida por el Relator en su Informe.

•El Código de Conducta al que están sujetos los relatores requiere de ellos que “al expresar sus opiniones… [deben] indicar también con imparcialidad las respuestas proporcionadas por el Estado de que se trate”. Catalogar la posición de la SRE como presión va contra el espíritu y la letra de este código.

•Existen discrepancias con algunas de las valoraciones vertidas por el Relator, tanto en el informe como en las declaraciones que le han seguido.

•Una de ellas es la valoración de que en México existe una práctica generalizada de la tortura, en un contexto de impunidad, que involucra a todas las fuerzas del orden. Esta valoración no corresponde a la realidad.

•El relator define el término “generalizado” como actos que no son “aislados”. Esto contrasta con la definición ordinaria del término y con su acepción jurídica internacional.

•El Relator realizó visitas a centros penitenciarios, centros de arraigo, centros de readaptación para menores y estaciones migratorias. Muchas de ellas se realizaron sin previa cita y con muy poco tiempo de preparación.

•El Relator asegura categóricamente que no recibió en ningún momento denuncias de tortura. Así lo dice y lo reitera en su propio documento.

•Indica que, cuando se lleva a cabo, la tortura se realiza entre el momento de la detención y la puesta a disposición de la persona ante el juez. (es decir las polícias) Nuevamente, todo esto no es congruente con la afirmación de que la tortura se practica en forma generalizada.

•El señor Méndez transmitió los datos sobre 14 casos de tortura. Se ha proporcionado información sobre el estado que guarda la investigación correspondiente en 12 de ellos.

•Efectivamente, existe frente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y comisiones estatales un número muy elevado de denuncias de tortura. El sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos ha desechado la gran mayoría de éstas (más del 97% en el caso de la CNDH). Así lo reconoce el señor Méndez en el párrafo 32 de su informe.

•Esto último reduce innegable y significativamente el universo de casos donde se alega la práctica.

•Otra inconsistencia radica en una de sus declaraciones según la cual el Relator recogió cientos de testimonios, incluidos niños y niñas, que dijeron haber sufrido actos de brutalidad durante su detención.

•Ante esta grave afirmación, la SRE transmitió al Relator la preocupación de esta dependencia de que mencione tortura hacia niños sin compartir la información que lo lleva a esta conclusión.

•Esta afirmación no se sostiene en lo descrito por el Relator en su informe, en el cual hace referencia únicamente a pobres condiciones de infraestructura y malos tratos, pero en ningún momento se refiere a tortura.

•El Relator, como se comprueba en su propio documento, es inconsistente entre lo que afirma de manera pública, en los medios de comunicación, y lo que refiere en su informe final.

No pueden olvidarse, en este sentido, las muy importantes contribuciones de México en favor de un mejor sistema de gobernanza multilateral en la esfera de los derechos humanos, tanto en las Naciones Unidas como en la Organización de los Estados Americanos.

Dichas contribuciones han tenido como resultado que las evaluaciones de estos organismos sean objetivas y equilibradas, al amparo de las mismas reglas para todos, y cuyo propósito es alentar la cooperación de los Estados con los mecanismos internacionales a los que, en forma voluntaria y soberana, hemos decidido someternos.

El informe del Relator Méndez contiene un análisis detallado de las medidas legislativas adoptadas en los últimos años y de las políticas públicas que se han puesto en práctica para prevenir y sancionar la comisión de esta grave violación a los derechos humanos.

Este análisis, junto con las recomendaciones del Relator, que se han recibido con beneplácito, contribuye al fortalecimiento de tales políticas encaminadas a la completa erradicación de la tortura en México.

México está y se mantendrá abierto al escrutinio internacional y a la plena cooperación con todos y cada uno de los diversos mecanismos existentes en el ámbito regional y universal (Sistema interamericano de Derechos Humanos, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, órganos de tratados), así como a la cooperación con otros organismos como el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Unión Europea y otros países.

México rendirá cuentas ante el Consejo de Derechos Humanos del cumplimiento de sus obligaciones internacionales y de las recomendaciones contenidas en el informe del Relator.

La información que proporcione México incluirá, entre otros aspectos, los últimos desarrollos legislativos en la materia, conforme a las iniciativas del Ejecutivo Federal del 27 de noviembre de 2014, y los instrumentos de política pública que las autoridades federales y estatales han desarrollado para mejorar la capacidad de prevención, investigación y sanción de los actos de tortura.

La Secretaría de Relaciones Exteriores reafirma su postura en torno a lo dicho sobre el papel desempeñado por el Relator Juan Méndez, reitera su plena disposición a seguir colaborando con los organismos internacionales en materia de derechos humanos y acredita su política de Estado en materia de apertura al escrutinio internacional en esta materia.

De esta forma la Secretaría de Relaciones Exteriores da por concluido este diferendo.

Última actualización el Domingo, 05 de Abril de 2015 13:18