EL
RIESGO DE LOS TESTIGOS PROTEGIDOS/Editorial El Universal, 3 de abril de 2015
La
cifra no tendría por qué ser preocupante si no fuera por el negro historial que
en México ha tenido su utilización. Varios han sido los casos de expedientes
sustentados en declaraciones de testigos protegidos cuyos datos resultan ser
falsos. En mayo de 2014, por ejemplo, José Salvador Puga Quintanilla,
identificado como Pitufo, fue dado de baja del programa por las falsedades en
las que cayó. Había sido utilizado en por lo menos 43 casos que integró la PGR
durante el sexenio calderonista.
El
propio ex procurador Jesús Murillo Karam, al inicio de la gestión del gobierno
federal actual, anunció la revisión de la figura de los testigos protegidos
debido a la gravedad de las inconsistencias y al aleccionamiento de los
participantes por parte de las autoridades. Reconoció que en ocasiones sólo se
beneficiaba a los criminales colaboradores.
En
el año 2009 EL UNIVERSAL reportó un caso que resultó emblemático de lo fallido
del sistema. Édgar Enrique Bayardo del Villar, ex alto mando de la Policía Federal,
quien había confesado trabajar durante 20 años para el narcotráfico, obtuvo la
cancelación de acusaciones penales en su contra, se le devolvieran bienes y
recibió una compensación de 50 mil pesos mensuales. A finales de ese mismo año
fue asesinado en una cafetería del Distrito Federal.
Hasta
la fecha, si durante el proceso penal se aportan pruebas suficientes para
condenar a un miembro del crimen organizado con funciones de administración,
dirección o supervisión, la condena del testigo protegido podría reducirse
hasta la mitad y cuando el testigo está sentenciado y aporta pruebas para
condenar a otros miembros del crimen organizado se le pueden quitar hasta dos
terceras partes de la pena que está ejerciendo.
Pero
no todo cae en la cancha del Ejecutivo. Los jueces deberían elevar la
rigurosidad exigida a los ministerios públicos al rechazar expedientes
sustentados sólo en declaraciones de testigos protegidos. De esa manera
obligaría a las procuradurías a ser más profesionales en su trabajo.
Aunque
el uso de testigos protegidos sea legal en México como en otras 120 naciones,
depender de ellos en el combate al crimen organizado encarna serios riesgos. La
nueva procuradora general de la República, Arely Gómez, tiene la oportunidad de
revisar su uso y explicar, con transparencia, cómo éste ha sido diferente
durante el presente sexenio, si es que así ha sido. El Sitio donde
los Politicos se miden y son medidos
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