Cusaem: los carísimos policías consentidos de Peña Nieto

• Cuando se camina por la avenida Reforma, en la Ciudad de México, a cualquier hora pueden observarse las patrullas de los Cusaem. Están afuera del edificio de la Lotería Nacional, de la Secretaría de Desarrollo Social y, ya en Bucareli, de la Secretaría de Gobernación. Sus guardias, armados o no, pululan.

Cusaem: los carísimos policías consentidos de Peña Nieto/ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

Revista Proceso No. 2009, a 2 de mayo de 2015

Sólo en lo que va del sexenio, los Cuerpos de Seguridad Auxiliar y Urbana del Estado de México (Cusaem) han firmado decenas de contratos con dependencias federales por alrededor de 2 mil millones de pesos. Estas fuerzas policiacas operan en el limbo legal, no pagan impuestos, reciben por asignación directa la inmensa mayoría de convenios y les encargan desde la seguridad de instalaciones nucleares hasta surtir de tepetate a Fonatur. Además, tienen en sus manos el cuidado de sectores estratégicos del país, pero operan en la opacidad y el gobierno no muestra la menor intención de regularizarlos.

 Sin control y sin ley, los Cuerpos de Seguridad Auxiliar y Urbana del Estado de México (Cusaem) asumieron desde el inicio de la actual administración la vigilancia de inmuebles como la sede de la Secretaría de Gobernación, instalaciones estratégicas de agua, electricidad y manejo nuclear, e inclusive la custodia personal de al menos una secretaria de Estado.

 No pagan impuestos ni ofrecen seguridad social a muchos de sus elementos que, portadores de armas largas y vehículos blindados, se encargan de cuidar casetas de cobro –contratados por el gobierno– en carreteras que desembocan en cruces fronterizos de entidades militarizadas donde la violencia campea.

 De norte a sur, los diferentes grupos de los Cusaem vigilan casetas en Coahuila, Durango, Sinaloa, Puebla, Veracruz, Tabasco y Campeche. Y ya desde hace años resguardan las garitas de varias autopistas en el Estado de México.

 Custodian, entre otros inmuebles, los principales centros hospitalarios de la Ciudad de México y el centro del país, las oficinas de la banca nacional y los medios de comunicación electrónicos del Estado. En total, cuidan las puertas de unas 50 dependencias federales.

 Los montos contratados con las diferentes instituciones del gobierno federal ascienden a 2 mil millones de pesos aproximadamente sólo en los dos años y cinco meses que lleva la administración de Enrique Peña Nieto.

 Su presencia en oficinas federales está documentada desde las postrimerías del gobierno de Vicente Fox. Sin embargo, comparando los ingresos que logró durante los últimos dos años del calderonismo (300 millones) con los conseguidos en los dos primeros del actual sexenio, se ve que los dividendos de los Cusaem se multiplicaron casi siete veces, según se pudo cuantificar en los diferentes portales de información pública.

 Esto es un problema, porque los Cusaem no tienen un régimen jurídico claro. La Ley de Seguridad Pública del Estado de México no los menciona y los mandos de dicho grupo jamás han sido llamados a comparecer al Congreso local donde, además, se ha rechazado toda iniciativa para normarlos.

 Hasta hace unas semanas, el perredista Octavio Martínez Vargas presidió la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados mexiquense. Desde que asumió dicho cargo solicitó –mediante posicionamientos, puntos de acuerdo y peticiones formales– que se organizaran reuniones, se rindieran informes y se reformara la Ley de Seguridad Pública, a fin de incluir un capítulo que regule los Cusaem.

 El legislador argumenta que ese organismo “está embozado” en la ley y opera como empresa de seguridad privada, pero con carácter público, por lo que obtiene armas de alto poder. Sumado a ello no paga impuestos sobre los millonarios recursos que ingresa –cuyo destino es incierto.

 En entrevista, afirma que la ambigüedad regulatoria deriva en la ausencia de seguridad social de sus empleados, lo que incluso implica competencia desleal con empresarios del sector, saturados de obligaciones fiscales.

 La iniciativa de Ley de Seguridad Pública presentada por Martínez Vargas nunca prosperó. El diputado con licencia asegura que nunca hubo condiciones para discutirla, pues los Cusaem “son una cuota de poder”, cuyo manejo se atribuye al secretario del Trabajo peñanietista, Alfonso Navarrete Prida, y cuya operación coptó el secretario de Gobierno mexiquense, José Manzur Quiroga.

 Expansión estratégica

 Desde hace años los elementos y mandos de los Cusaem se han visto implicados en escándalos de corrupción y actividades delictivas de alto impacto. Si bien las denuncias abundan, fue en 2010 cuando agentes de la corporación fueron sorprendidos como guardaespaldas de José Jorge Balderas, alias El JJ, presuntamente relacionado con el Cártel de los Beltrán Leyva y responsable de la agresión al futbolista Salvador Cabañas, en 2010.

 A partir de ese caso, los elementos de los Cusaem frecuentemente se han visto implicados en secuestros y homicidios. Entre otros, destacan los cargos por rapto contra Víctor Hugo Gutiérrez Ayala, director de los Cusaem en el municipio de Lerma (Proceso 1829 y 1911).

 La ausencia de controles y los antecedentes delictivos no impiden que los contratos con los Cusaem proliferen en el gobierno federal, en especial desde diciembre de 2012, apenas iniciada la administración de Peña Nieto.

 En el primer mes del sexenio se pactó entregar a los Cusaem más de 47 millones de pesos mediante siete contratos. Casi la mitad de ese dinero, 22.7 millones, fue asignada el 28 de diciembre de 2012 por Caminos y Puentes Federales (Capufe), para custodiar las casetas de las autopistas Tepotzotlán-Palmilla, México-Cuernavaca y Lechería-Champa.

 Desde entonces y hasta 2014, Capufe le dio a los Cusaem 168.6 millones de pesos, ratificando los contratos de seguridad para los puestos ya mencionados, así como para garitas en las carreteras Tehuacán-Puebla, diferentes vías de Coahuila, la autopista Durango-Mazatlán, la Querétaro-Salamanca y la México-Querétaro. En esta última, curiosamente están contratados como “fuerza antimotines”.

 La expansión de los Cusaem va más allá. Entre los contratos más altos destaca el signado con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el 30 de enero de 2013, por un monto cercano a los 300 millones de pesos que, como ocurre en la mayoría de los registros oficiales, no puntualiza el destino de los guardias. Sólo se habla de “vigilancia”.

 En total, entre 2013 y 2014, la CFE pagó a los Cusaem 483 millones.

 Otras instalaciones estratégicas que inspecciona ese grupo son la Cuenca del Valle de México y el Sistema Cutzamala. La cifra es incierta, pero sólo por lo que corresponde al primer organismo, la Comisión Nacional del Agua le pagó 181 millones en 2013.

 El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) también buscó los servicios de los Cusaem. Les dieron 5 millones de pesos. Los integrantes de esa policía auxiliar mexiquense se encargan de la seguridad en el Centro Nuclear y el Centro de Almacenamiento de Desechos Radioactivos (Cader).

 Entre 2013 y 2014, los Cusaem asumieron también el cuidado de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que merced a dos contratos le asignó 43.4 millones de pesos; de Banobras, con 24.8 millones por monitorear sus oficinas centrales y diferentes inmuebles; de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Instituciones Financieras, que le entregó 7.7 millones, y cerró acuerdos con el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros por 43.2 millones, hasta 2015. Así, las entidades del sector hacendario destinaron más de 130 millones para Cusaem.

 Objeto múltiple

 Cuando se camina por la avenida Reforma, en la Ciudad de México, a cualquier hora pueden observarse las patrullas de los Cusaem. Están afuera del edificio de la Lotería Nacional, de la Secretaría de Desarrollo Social y, ya en Bucareli, de la Secretaría de Gobernación. Sus guardias, armados o no, pululan.

 Así ocurre con la tercera parte de las dependencias y entidades del gobierno federal: los agentes de los Cusaem lo mismo patrullan exteriores que resguardan interiores, cuidan puertas, sirven de recepcionistas y registran –mediante inspección física y cámaras de video– a quien intenta ingresar a alguno de los inmuebles públicos donde laboran.

Un ejemplo. Las oficinas centrales de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) son custodiadas por los Cusaem. Si se quiere entrar, los agentes piden una identificación oficial y copian los datos. Toman nota de placas vehiculares, revisan cajuelas y, en ocasiones, pertenencias. Nadie sabe a dónde va la información que recaban ahí y en otras dependencias.

Además, su página de internet está supuestamente “en construcción” desde hace meses, por lo que ni siquiera tienen información pública disponible.

Aunque se supone que los Cusaem se dedican exclusivamente a la seguridad, han firmado contratos que no se relacionan en absoluto con dicha atribución. Nacional Financiera, por ejemplo, les pagó 8.6 millones de pesos por servicios de mensajería, y en 2005 Fonatur Constructora les dio 118 millones por proveerla de tepetate (arcilla).

 Curiosidades aparte, los contratos de protección personal también llaman la atención en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT). Por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) erogó más de 30 millones de pesos bajo el siguiente concepto: “Escoltas en motocicleta para la seguridad y resguardo de la titular de Sedesol”.

 En total, esa dependencia ha otorgado a los Cusaem alrededor de 60 millones sólo durante la administración de Rosario Robles.

 Con aun menos claridad, el Sistema DIF –que preside Angélica Rivera, esposa de Enrique Peña Nieto, y dirige Laura Vargas Carrillo, cónyuge del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong– signó dos contratos con los Cusaem. El primero, en febrero de 2013, por casi 39 millones y, el segundo, por 41.7 millones, en febrero de 2014, al que se aplicó un convenio modificatorio en diciembre pasado, para sumar 50 millones.

 El objeto de uno de los contratos reza: “Servicio de seguridad y vigilancia del patrimonio de bienes muebles e inmuebles, de la seguridad e integridad física del personal”.

 Por su parte, la Secretaría de Gobernación también entregó el resguardo de sus edificios a los Cusaem. Entre 2013 y 2014, adjudicó tres contratos que suman 132.2 millones.

 Los huecos

 Desde que Peña Nieto gobernaba el Estado de México, las operaciones de los Cusaem aumentaron y empezaron a actuar afuera de la entidad. De acuerdo con los registros del POT, de 2002 a 2006 (en el sexenio de Vicente Fox), ese cuerpo obtuvo contratos que significaron 557 millones de pesos.

 En los dos años y cinco meses de la gestión de Peña Nieto la cifra ya ronda los 2 mil millones de pesos, y duplica lo contratado durante todo el sexenio de Felipe Calderón. Es casi cuatro veces superior a lo negociado durante el periodo foxista.

 Un dato llamativo: buena parte de los edificios federales vigilados por los Cusaem se encuentran en el Estado de México. Por ejemplo, de 150 contratos, 43 fueron con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) situado en Naucalpan.

 La búsqueda de contratos con los Cusaem es compleja, pues se les identifica con distintos nombres en los registros públicos: a veces aparece como Cusaem, y otras ocasiones, sólo con siglas; también se registra como Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México; Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle de Cuautitlán-Texcoco; Jefatura de Policía del Estado de México, y Cuerpo de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle de Toluca.

 Respecto de ese cuerpo la transparencia es precaria. Por ejemplo, al menos seis contratos con Bacomext consignados en el POT muestran que hubo acuerdos modificatorios e incluso aparecen el número de convenio y la fecha, pero el monto por la ampliación de servicios es “cero pesos”.

 Lo mismo ocurre con dos contratos celebrados en 2015. El POT muestra número de documento, fecha y duración, pero el monto… es cero. También hay acuerdos con mismo folio y cifra, pero con distinta fecha.

 Además, al cotejar esos papeles del POT con los registros del portal Compranet, resulta que son distintos.

 A la ausencia de leyes que los regulen, controles y auditorías sobre sus operaciones, transparencia sobre lo que se les contrata y certeza sobre la información que acopian los Cusaem, se debe añadir la discrecionalidad de sus clientes federales.

 De los casi 800 contratos consultados en el POT y Compranet, sólo dos fueron mediante licitaciones y el resto por adjudicación directa.

 Independientemente de lo anterior, la expansión de los Cusaem sigue y acaban de recibir, entre septiembre y diciembre pasados, tres autorizaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para realizar labores de seguridad en la Red Aeroportuaria Nacional.

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El Cuerpo que blinda (y cobra) a Rosario Robles/MATHIEU TOURLIERE

Entre marzo y diciembre de 2014, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)  pagó 3 millones 13 mil pesos al Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México (CVAUEM), dependiente de los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (Cusaem), por los servicios de seis escoltas y dos motopatrulleros para la titular de la dependencia, Rosario Robles Berlanga.

Mediante una solicitud a transparencia, Proceso obtuvo una copia del contrato de adjudicación directa número 411.412.33801.023/2014, celebrado entre la directora general de Recursos Humanos de la Sedesol, Sonia Zaragoza González, y el representante legal del CVAUEM, Joel Canchola Herrera, en febrero de 2014 bajo el concepto de “servicio de vigilancia y seguridad y escoltas en motocicletas del periodo comprendido de marzo a diciembre de 2014”.

Según el documento, la corporación cobró entre 147 mil 745 y 157 mil 594 pesos por quincena para “faciliatar (sic) la pronta movilización de la C. secretaria, en la realización de diligencias oficiales”. Asimismo, estipula que se asignarán cuatro escoltas y dos motopatrulleros a la protección de Robles, más dos escoltas adicionales bajo el concepto de “protección de funcionario”.

El CVAUEM hizo pagar a la Sedesol mil 402 pesos diarios por cada escolta y  motopatrulleros asignados a la protección de Robles Berlanga, indica el contrato.

Y aun cuando se desconoce cuánto cobran los empleados del Cusaem, la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana mexiquense indica que un policía estatal de rango R-3 –el más bajo– percibe 8 mil 787 pesos cada mes, equivalente a 292 pesos diarios, mientras que el uniformado de mayor rango, el R-1, recibe un salario neto mensual de 10 mil 850 pesos –361 pesos diarios–.

Sin embargo, la Sedesol pagó al personal del Cusaem contratado una cantidad similar a la que recibe un mando superior de la policía estatal del Estado de México de rango 29-F: 48 mil 110 pesos mensuales, equivalente a mil 603 pesos diarios.

“Los elementos que pertenecen a la corporación que represento son seleccionados y reclutados previa aplicación de estrictos exámenes psicológicos, psicométricos, físicos y medios, así como antidoping y constancia de no antecedentes penales; cosa que no ocurre con las demás corporaciones homólogas”, subrayó el comandante Mauricio Romano Torres, jefe de la región operativa 35 de los Cusaem, en una nota adjunta al contrato.

Romano Torres presentó el escrito en respuesta a la “atenta solicitud” de la Sedesol “respecto de los servicios de seguridad y vigilancia armada que la región operativa que represento se encuentra en disposición y capacidad de brindar en las instalaciones de la secretaría que tiene a bien usted representar”.

El valor total del contrato ascendió a 17 millones 776 mil pesos, ya que no solamente incluyó la seguridad personal de Robles Berlanga, sino también la vigilancia de distintas instalaciones de la Sedesol en la Ciudad de México: sus oficinas centrales, ubicadas en distintos puntos del Paseo de la Reforma, pero también el Centro de Desarrollo Infantil Montes Azules, en la colonia Narvarte y el almacén general de La Noria, en la delegación Xochimilco.

Para el resguardo de los edificios, la Sedesol desembolsó más de 14 millones de pesos adicionales entre marzo y diciembre de 2014, los cuales se repartieron entre los 89 agentes y patrulleros de los Cusaem desplegados en los inmuebles de la Sedesol: 511 pesos por día, según el contrato.

Pagos exentos de impuesto

En su nota, el comandante Romano expuso que fue un buen negocio para la Sedesol: “El precio real actual es considerablemente más alto, COSTO QUE NO CAUSA IVA (sic), en virtud de que los servicios obtenidos por los diversos usuarios de parte de nuestra corporación son considerados legalmente para nuestra entidad como pago de derechos y por tanto están exentos del mencionado impuesto”.

Lo anterior queda resaltado en la cuarta cláusula del contrato, la cual exenta a la Sedesol del pago de impuestos, ya que los Cusaem tienen “una función de derecho público, en su calidad de ente público perteneciente a la Administración Pública del Estado”.

El personal del CVAUEM se encargaba del resguardo de bienes y personas privados, así como de “proteger y vigilar edificios públicos o privados, inmuebles industriales, instituciones bancarias, comercios o bienes propiedad de personas físicas, jurídicas y colectivas… (así como)  la vida e integridad física de las personas y salvaguardar sus bienes”.

En los edificios de la Sedesol incluidos en el contrato, los agentes pagados llevaron el control de ingreso de personas y se encargaron de impedir el acceso a “vendedores, agentes de ventas, boleros, promotores, repartidores, mensajeros, cobradores y a todos aquellos que realicen actividades similares”.

Asimismo, revisaban “de manera sutil y con respeto absoluto” las mochilas y bolsas del personal de la dependencia federal y los visitantes, así como las cajuelas de los autos, con excepción de los asignados a los altos funcionarios”, para detectar armas de fuego y artefactos prohibidos.

Un dato importante: la Sedesol también le encargó a los elementos de la CVAUEM vigilar a sus propios funcionarios para detectar probables actos ilícitos. El propósito: prevenir “violencia en el lugar de trabajo, hurtos internos, robos, actos delictivos, sabotaje, delitos cibernéticos, actividades de comercio informal, ingesta de bebidas embriagantes, fumadores, accidentes, incendios, etcétera”.

Expertos en contención

El anexo técnico del contrato estipuló que los agentes estarán “debidamente aseados en su persona”, con “calzado, equipo limpio y en óptimas condiciones operativas”.

Así, las mujeres de los Cusaem están obligadas a tener el cabello recogido y a maquillarse; pueden traer “pendientes discretos”. Con respecto a los hombres, deben llevar el cabello corto, la barba rasurada y el bigote recortado.

“Ante la presencia de líderes y militantes de organizaciones sociales en las inmediaciones de las instalaciones de la secretaría de manera inmediata se cerrarán todos los accesos, impidiendo con esto la entrada de toda persona ajena a las instalaciones en donde se presente dicha contingencia, procediendo el personal armado, a su desarme, permaneciendo en estado de alerta y en espera de órdenes”, precisa el contrato

Y añade: “Por ningún motivo se contestarán las agresiones sin importar su naturaleza”.

En su nota, Romano abundó que gracias a los cursos de capacitación impartidos, sus “elementos” se convirtieron en expertos en el manejo de “contingencias socio organizativas”.

Los secretos de Rosario Robles serán bien guardados: el contrato contiene una cláusula de confidencialidad, en la que la corporación se compromete a “no divulgar por escrito, verbalmente o por cualquier otro medio la información que obtenga para el desarrollo del presente servicio y mantener en la más estricta confidencialidad los resultados parciales y finales del mismo”.

Según el Portal de Obligaciones y Transparencia (POT), en 2012 la Sedesol otorgó al CVAUEM un contrato por adjudicación directa por el concepto de “vigilancia y seguridad” entre febrero y diciembre, por el cual desembolsó la cantidad de 11 millones 224 mil 320 pesos.

Tres años después, la dependencia que encabeza Robles Berlanga adjudicó el contrato número 411412338011062015 al CVAUEM por el mismo concepto, para el periodo de marzo a diciembre de 2015.

El monto total del contrato asciende a 18 millones 522 mil pesos, lo que representó un incremento de 800 mil pesos en comparación con el precio que pagó en 2014. El incremento fue de más de 7 millones, comparado con lo que la Sedesol  pagaba al CVAUEM durante el sexenio de Felipe Calderón.