Revista
Proceso
No 2015, 13 de junio de 2015
La
investigación colapsa: The New Yorker
LA
REDACCIÓN
“Los
cuarenta y tres desaparecidos: el caso del gobierno colapsa”. Así resume la
prestigiada revista The New Yorker la fallida investigación realizada por la
Procuraduría General de la República (PGR) en torno a la desaparición de los
estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa el 26 de septiembre pasado en
Iguala, Guerrero.
En
el artículo, firmado por Francisco Goldman y aparecido en la versión
electrónica de la publicación estadunidense, se cuestiona la credibilidad y
solidez de la llamada “verdad histórica” dictada por Jesús Murillo Karam,
entonces titular de la PGR, el 27 de enero último.
“Ocho
meses han pasado desde que 43 estudiantes desaparecieron en la ciudad de
Iguala. El crimen desató meses de protestas en las calles y mandó al gobierno
priista de Enrique Peña Nieto a una crisis de credibilidad sin precedente”,
señala el texto, difundido el lunes 8.
Añade:
“A principios de marzo Murillo Karam fue removido de su cargo y reemplazado por
Arely Gómez, una senadora del PRI que desde que fue asignada parece estar
buscando bajar el perfil del caso Ayotzinapa. Y por una buena razón la
narrativa que fue dejada por Murillo Karam e inalterada por Gómez quedó en
ruinas.
“Por
meses, periodistas, forenses, expertos jurídicos y grupos de derechos humanos,
con la ayuda de testigos y la persistencia de las familias de los estudiantes
han descubierto muchos huecos en la historia, expuesto muchas incongruencias y
han proveído mucha información contradictoria, que incluso los elementos que
alguna vez parecieron ser hechos reales, por ejemplo la culpa del alcalde
Abarca y su esposa, ahora son abiertamente cuestionados” por los informes de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del Equipo Argentino de
Antropología Forense y las investigaciones de los periodistas Anabel Hernández,
Steve Fisher y Marcela Turati, publicadas por la revista mexicana Proceso, que
exponen todas las inconsistencias de la investigación oficial.
Goldman
pone especial énfasis en los videos publicados por este semanario el 14 de diciembre
de 2014 (Proceso, 1989), obtenidos como parte de una investigación realizada
por Hernández y Fisher en el marco del Programa de Periodismo de Investigación
de la Universidad de California en Berkeley, en los cuales se muestran momentos
del ataque y se escucha que los estudiantes identifican la presencia de la
Policía Federal en el evento.
Los
videos fueron entregados por los propios normalistas a los reporteros y forman
parte de la averiguación previa abierta por la Fiscalía General de Guerrero desde
el 27 de septiembre de 2014.
“Aparentemente
el procurador Murillo Karam ni siquiera tomó los teléfonos y videos de los
estudiantes como evidencia. ‘La PGR no hizo una investigación completa,’ dijo
Hernández.”
Además,
“en la revista Proceso del 17 de mayo (No. 2011) Hernández y Fisher publicaron
un reportaje extenso basado en el análisis de 27 de las 99 confesiones de
personas detenidas en el caso de Ayotzinapa. Los reporteros encontraron muchas
contradicciones y versiones irreconciliables de lo ocurrido esa noche, y mucha
evidencia –obtenida de reportes médicos hechos a los detenidos y de testimonios
de familiares que hablaron a nombre de ellos– de que esas confesiones fueron
obtenidas bajo tortura”.
También
se cita el reportaje de Turati publicado en Proceso (No. 2003) acerca de los
informes militares obtenidos a través de la ley de transparencia. En ellos se
revela que el 27 Batallón de Infantería estuvo patrullando las calles entre las
11 de la noche del 26 de septiembre hasta las seis de la mañana del día
siguiente.
“La
gente no va a olvidar o perdonar lo que pasó en Iguala”, se lee en el texto,
que cita a Turati. “El caso es único, en parte, por la manera en que representa
muchos otros casos similares, muchas otras masacres y atrocidades parecidas”.
El
reportaje apunta: “El reporte preliminar del 11 de mayo entregado por el Grupo
Interdisciplinario de expertos independientes de la CIDH de varias maneras
corroboró los reportajes de periodistas mexicanos como Hernández y Turati, y
también añadió información. Criticó duramente la fragmentación de la
indagatoria gubernamental en al menos 13 diferentes casos criminales, radicados
en seis tribunales distintos localizados en varias ciudades del país”.
Refiere
que los expertos también detectaron que durante las pesquisas del gobierno hubo
casos de “tortura, intento de homicidio, encubrimiento, obstrucción de la
justicia y amenazas en contra de los estudiantes y sobrevivientes”, y que las
peticiones de los expertos de la CIDH para entrevistar directamente a miembros
del 27 Batallón fueron rechazadas por las autoridades civiles, militares y
policiacas.
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