Revista
Proceso # 2017, 27 de junio de 201
Ya
nadie le cree a Chuayffet/SANTIAGO IGARTÚA
La
jugada gubernamental de suspender la evaluación docente –y revivirla pasadas
las elecciones– buscó debilitar a la oposición magisterial. Con esto, la
administración de Enrique Peña Nieto se aseguraba el apoyo del Panal y, por lo
tanto, la mayoría en la Cámara de Diputados, de acuerdo con una fuente cercana
a la negociación. El partido fundado por Elba Esther Gordillo ganó por partida
doble: se convirtió en un aliado poderoso del PRI y quedó en una posición muy
favorable de cara a la repartición de una bolsa que suele rondar los 51 mil
millones de pesos anuales para apoyos a los profesores. Y cuando el secretario
de Educación, Emilio Chuayffet, por fin dio la cara, lo hizo para quedar
evidenciado, una vez más, como embustero.
La
tarde del 29 de mayo, en la antesala de los comicios intermedios en el país, la
Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió un breve comunicado, que en tres
líneas anunciaba la suspensión “indefinida” de todos los procesos de evaluación
docente que soportan la reforma educativa.
La
medida se convirtió en uno de los asuntos más convulsos del sexenio y, oculto
el gobierno, el escándalo de inmediato se atribuyó a uno más de los pactos
entre la Secretaría de Gobernación (Segob) y la disidencia magisterial, que
amenazaba con boicotear las elecciones.
Pero
la suspensión de las pruebas tenía un objetivo adicional, orquestado desde la
SEP en connivencia con la Presidencia de la República, la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la cúpula del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE), según pudo acreditar Proceso con una
fuente de alto nivel, próxima a la negociación:
El plan era
desgastar económicamente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE)
a través de la instauración de reglas convenidas con el SNTE, alineado con el
gobierno, que venía perdiendo terreno ante la disidencia y que controla el
Partido Nueva Alianza (Panal), instituto político que en retribución habría
pactado con el PRI para que éste lograra la mayoría absoluta en la Cámara de
Diputados.
Y
es que detrás de ese arreglo está en juego una bolsa de 51 mil millones de
pesos que la federación pagaba anual e indistintamente a los maestros de todas
las corrientes sindicales, a través del programa de Carrera Magisterial, como
estímulos derivados de las evaluaciones que incrementaban hasta en 200% el
salario de los docentes.
Para
reducir ese gasto, el artículo decimotercero transitorio de la Ley General del
Servicio Profesional Docente marcaba precisamente el final de mayo como límite
para expedir el Programa de Promoción en la Función por Incentivos en Educación
Básica, que establece nuevas y más estrictas reglas para pagar los
sobresueldos.
Fue
así que el domingo 31 de mayo, a unas horas de la suspensión de las
evaluaciones, la SEP publicó el nuevo programa de incentivos que, según sus
lineamientos, “operará a partir del presupuesto regularizable de Carrera
Magisterial”, conquista de Elba Esther Gordillo, que operó desde 1992 entre
escándalos de corrupción.
Entre
las nuevas reglas, el programa dispone que únicamente quienes obtengan
resultados sobresalientes en la Evaluación de Desempeño o de Permanencia (la
suspendida el 29 de mayo) podrán tener incentivos mediante pagos mensuales, con
repercusiones en aguinaldo y prima vacacional, que pueden ir de 35 a 180% del
sueldo base, según el nivel alcanzado.
Motivada
por hacer este ajuste, la SEP terminó por alterar el Calendario 2015 de
Evaluaciones del Servicio Profesional Docente (SPD), en el que el Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) establece acciones, fechas y
responsabilidades para cumplir con los procesos de evaluación.
Dicho
calendario fue modificado el 22 de junio. Al documento se le agregaron siete
cuartillas con múltiples cambios, principalmente en el apartado de la
Evaluación del Desempeño.
El
INEE negó una entrevista solicitada por Proceso con dos semanas de antelación
y, a través del área de comunicación, aseguró que dichas modificaciones no
tenían relación alguna con la suspensión de los procesos del 29 de mayo.
Sin
embargo, Hugo Aboites, doctor en educación pública por la Universidad de
Harvard, analizó para este semanario los cambios en el documento del INEE: “Sin
especificar cuáles, es muy claro que incluyeron la entrega de instrumentos, con
elementos y precisiones muy detalladas, que no aparecían anteriormente, para la
aplicación de la evaluación”.
Y
agregó: “También resaltan múltiples retrasos en fechas; muchas pospuestas a
partir del 29 de mayo”.
El
30 de mayo, la Junta de Gobierno del propio INEE advirtió en un comunicado: “La
suspensión ‘indefinida’ anunciada por la SEP no sólo vulnera la legalidad de la
reforma, sino que afectaría de manera severa el funcionamiento normal del
servicio educativo en el ciclo escolar 2015-2016”. Ahí se acusa que se
atentaría contra el derecho de casi 400 mil trabajadores de la educación
“interesados en ser evaluados en su desempeño, tanto para reconocer sus áreas
de mejora como para acceder a incentivos que reconozcan su mérito”.
El
8 de junio, en su primera aparición pública tras la suspensión, vapuleado por
los medios y luego de que circularan decenas de hipótesis, el secretario Chuayffet resaltó en conferencia de prensa un tema del
que “nadie” había hablado: “Debemos mencionar que la SEP publicó el pasado 31
de mayo el Programa de Promoción en la Función por Incentivos. Este
programa, del que nadie ha hablado, sustituye a la Carrera Magisterial que
estuvo en vigor 23 años y es una nueva prueba de que, atendiendo a la ley en
tiempo y forma, el SPD cumple con ella. (…) Quienes se mantengan al margen de
este programa no recibirán los estímulos (…) a los que se refiere el programa
publicado el 31 de mayo”.
Acorralado
durante su comparecencia ante el Congreso para explicar el freno a la
evaluación, el 23 de junio, Chuayffet reiteró: “Algo de lo que no hemos hablado
aquí: concluyó el Programa de Carrera Magisterial, un programa de estímulos
para el magisterio, que estaba unido al escalafón. Fue sustituido por un
programa que permite a los maestros ser valorados por la secretaría y recibir
incrementos presupuestales”.
Y
concluyó: “Debemos destacar que estos concursos de promoción en educación
básica son los primeros que se tenían previstos dentro de la reforma educativa,
y que con ellos murió el sistema escalafonario anterior”.
El
rechazo
La
Junta de Gobierno del INEE fue notificada por Chuayffet, dos horas antes de
emitir el boletín 129 de la SEP, de la suspensión de la evaluación docente.
El
30 de mayo, los responsables de las mediciones educativas respondieron con otro
comunicado, que desataría la batalla: “No tiene fundamento la razón esgrimida
por la SEP como causa de la suspensión. La medida anunciada invade la
competencia del INEE y vulnera su autonomía constitucional”.
A
partir de ahí, los funcionarios del INEE guardaron silencio. Argumentaron que
callaban debido a la veda electoral.
De
inmediato, el presidente de la Comisión de Educación en el Senado, Juan Carlos
Romero Hicks, criticó la “irracionalidad” de la medida. Las bancadas del PAN y
del PRD exigieron la comparecencia tanto de Chuayffet como del titular de la
Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, para exigir explicaciones.
Las
críticas al gobierno de Peña Nieto se multiplicaron. Aun desde los espacios más
aduladores lo acusaban de matar la reforma educativa; lo calificaron de
cobarde, autoritario, suicida, de abonar a la falta de gobernabilidad,
arrodillarse ante el magisterio y entregarse a él a cambio de evitar un boicot
en algunos municipios de un par de estados durante las elecciones, y así cuidar
su maltrecha imagen en medios internacionales.
Unánime
el rechazo, desde el Congreso se pidió la renuncia de Chuayffet, quien decidió
no dar la cara durante 10 días y fomentó todo tipo de elucubraciones, que se
centraron en una supuesta negociación de los maestros en el Palacio de Cobián.
Organizaciones
como Mexicanos Primero –encabezada por algunos de los hombres más poderosos del
país y que pelea por el control de la educación– acusaron al gobierno de “jugar
a la politiquería” y vulnerar la Constitución de manera “arbitraria”.
Juan
Díaz de la Torre, dirigente del SNTE, defendió al gobierno federal: “La reforma
no está muerta, la reforma va adelante porque México la necesita y los
maestros, por supuesto, no sólo la acompañaremos, sino estaremos al frente para
que los resultados de la calidad sean los que México está requiriendo”.
El
gobierno se sacudió. Fuera ya de su control, Peña Nieto se limitó a asegurar
que la educativa era la más importante de las reformas y que sería Chuayffet,
el mismo que en 2013 repitió hasta el cansancio que la reforma “no era
negociable”, el encargado de aclararlo todo.
No
fue sino hasta el octavo día del mes, con la orden de un juez federal para
restablecer el proceso de evaluación, que el secretario dio la cara.
Arguyó
que la falta de condiciones técnicas (falta de computadoras y espacios con la
conectividad requerida) impedía aplicar las evaluaciones. Reconoció también un
trasfondo político en la medida “para no vulnerar el desarrollo del proceso
electoral”.
El
senador Alejandro Encinas fue contundente: “La maniobra del gobierno,
reconocida por el secretario Chuayffet, sobre la falsa suspensión de la
evaluación para generar condiciones para la elección, revela que engañaron a la
CNTE y sus acuerdos con la Secretaría de Gobernación. Se reconoce que es un
gobierno mentiroso, que puede simular acuerdos que nunca se cumplen y que ahora
generarán mayores tensiones”.
Mediante
otro comunicado, el INEE se limitó a “valorar el retorno de la normalidad de
los procesos de evaluación”.
A
poco más de dos semanas de que la dependencia a su cargo suspendiera la
evaluación docente en todo el país –no sólo en los estados donde la CNTE podía
poner en riesgo las elecciones– Chuayffet asentó que pensar en cancelar dichas
valoraciones era ofender al presidente.
Grandilocuente,
ante empresarios, diplomáticos y la cúpula del SNTE, el secretario aseveró el
16 de mayo: “Llueve o truene, habrá evaluación. Seguirá habiendo evaluación en
México. Quien piense lo contrario ofende al presidente Peña”.
Al
mediodía del 18 de junio la SEP emitió un nuevo comunicado (el número 152),
donde informaba que las decisiones difundidas el 29 de mayo quedaban sin
efecto.
Los
exámenes programados para el 20, 21 y 22 de junio se llevaron a cabo en todo el
país, con excepción de Michoacán y Oaxaca. El lunes 22, durante la inauguración
de un encuentro educativo auspiciado por la Organización de los Estados
Americanos (OEA) en Guadalajara, y ante la presencia de Enrique Peña Nieto,
maestros de base del SNTE abuchearon a Chuayffet en cuanto escucharon su
nombre.
Silvya
Schmelkes, presidenta del INEE, reiteró un día más tarde en el Senado:
“Pensamos en levantar una controversia constitucional, porque nos parecía que
sí había sido violentada nuestra autonomía”.
Durante
un breve discurso en Zacatecas, la mañana del 26 de junio, Chuayffet volvió a
mencionar el nuevo programa de incentivos. “Enfrentar inercias y privilegios es
una tarea ardua”, apuntó.
Rendir
cuentas
El
secretario de Educación compareció el martes 23 ante el Congreso de la Unión,
pese a los esfuerzos del PRI por evitar la audiencia.
Juan
Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación en el Senado, le
recriminó precisamente el “selectivo silencio de las autoridades” y la
“soberbia de no reconocer que fue una decisión ilegal”.
“Aquí
tengo la Constitución, la Ley General de Educación, la del INEE, la Ley
General del Servicio Profesional Docente. En ninguna de estas disposiciones
aparece la atribución de la SEP para suspender, prorrogar, diferir o cuantos
sinónimos quieran añadir para sostener este acto de autoridad”, lanzó, y dijo
que la medida había dañado la credibilidad del gobierno dentro y fuera del país.
#
La
reforma es administrativa, no educativa/SANTIAGO
IGARTÚA
A
sumida la negociación entre la Secretaría de Gobernación (Segob) y la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) como único medio
para suspender la evaluación docente, los medios publicaron una y otra vez las
presuntas tropelías de la disidencia magisterial.
Desde
el 30 de mayo, instalado el tema como agenda de gobierno, no hubo un día sin
que el tema resaltara en las primeras planas.
Francisco
Bravo, quien hasta hace unos meses fue secretario general de la Sección 9 de la
CNTE en el Distrito Federal y miembro de la comisión negociadora de su gremio
con la Segob, entiende como una “guerra” el embate que, a su entender,
desataron el gobierno federal y los “poderes fácticos” contra la disidencia
magisterial, para “enfrentarlos” con la sociedad y “justificar” una eventual
represión.
Entrevistado
por Proceso, el profesor dice: “Hubo negociaciones pero ningún acuerdo con la
Segob. Todos ubican a la Coordinadora en el centro del problema. No fue así y
nunca creímos en la suspensión de la evaluación. Era previsible que fuera una
maniobra, un engaño más del gobierno federal”.
En
el recuento, sabe que la idea de que ellos estuvieron detrás de la medida ha
tenido “altísimos” costos para el gobierno, pero “también” para la CNTE.
Explica:
“Ellos han buscado diferentes formas de irnos eliminando: la represión en
varios estados, las amenazas, los encarcelados… Pero no han podido y la reforma
(educativa) no ha avanzado. Pero el asunto del dinero es otra arma del
gobierno. Al mismo tiempo de que tratan de desprestigiarnos, fabrican un
escenario acotado. La capacidad de reacción disminuye si te tienen acotado
económicamente y socialmente arrinconado. Hacen las dos cosas: te quito pero al
mismo tiempo creo condiciones para que no puedas reaccionar, para que no te
puedas mover. A los profes les puede que las personas les tengan odio”.
Continúa:
“En la reforma educativa se juega un montonal de lana y que tiene ver
particularmente con las aspiraciones de Mexicanos Primero. Sabemos que ellos
ofrecen cursos de preparación por entre 6 mil y 10 mil pesos. Saben que ahí hay
un mercado cautivo. Ponte a pensar la cantidad de maestros que pueden ir a
hacer esos exámenes, si de ahí van a depender tu trabajo y tus percepciones
económicas”.
Nada
más por el programa de estímulos, si el Programa de Carrera Magisterial
repartía 51 mil millones de pesos indistintamente a los maestros, tomando la
proporción oficial de 15 maestros del SNTE por cada integrante de la
disidencia, a los segundos les tocarían un promedio superior a los 3 mil
millones de pesos por ese concepto.
Pero
Bravo asegura que la disidencia es mucho mayor. Señala que sólo en Oaxaca son
81 mil profesores de la CNTE. Suma 60 mil de Chiapas (sección que ganó la
Coordinadora al Sindicato en 2013), otros 60 mil de Michoacán, “por lo menos”
35 mil de Guerrero y 20 mil en la capital del país. La propia Segob ha
reconocido la presencia de la CNTE en 22 estados.
“Hemos
crecido por lo menos cuatro veces desde la promulgación de la reforma
educativa. Con la maestra Gordillo el SNTE se declaró en ‘resistencia’ contra
la reforma y, tan pronto la encarcelaron, Juan Díaz, que era su empleado, de
repente cambió el discurso y se alinearon. Pero las bases del sindicato no
están contentas. Siguen los escándalos de corrupción y ven que sólo nosotros
(la CNTE) damos la batalla contra la reforma.
“Por
eso el gobierno quiere ayudar a Juan Díaz. El SNTE se está resquebrajando y no
quieren que más profesores se unan a nosotros.”
Sobre
el programa de Carrera Magisterial, explica: “Ahí la corrupción fue terrible.
Se vendían los exámenes y ¿quiénes los tenían?: Ellos (SNTE). Esa era la forma
de alentar beneficios para ellos. Yo mostré muchas veces los exámenes que
circulaban antes de su aplicación”.
En
cuanto a los incentivos de ese programa detalla que quien conseguía el puntaje estipulado
recibía un cheque “jugoso” de lo acumulado por cada quincena de un año.
Bravo
afirma que no está familiarizado con el programa que establece las nuevas
reglas para pagar los estímulos. La CNTE, dice, se concentra en mantener el
empleo, amenazado por el mismo examen de desempeño y permanencia del que se
desprenden los sobresueldos y que está programado para noviembre.
“Siempre
dijimos que esta es una reforma administrativa, no educativa. La suspensión (de
las evaluaciones) demostró que sólo ha sido un arma política para defender los
intereses del gobierno.”
El
viernes 26, al tiempo que concluía la entrevista con Bravo, el secretario de
Educación, Emilio Chuayffet, declaraba: “El gobierno debe estar al lado de los
cientos de miles de maestros que están empujando la reforma, que continúan
preparándose para seguir en las aulas. Con ellos debemos estar los dirigentes,
el gobierno, la sociedad, los empresarios”.
Juan
Díaz de la Torre canceló de última hora una entrevista programada con este
semanario.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario