Deja el gobierno intacta la red criminal del “Chapo”

Deja el gobierno intacta la red criminal del “Chapo”/ANABEL HERNÁNDEZ

Revista Proceso # 2021, 25 de julio de 2015..

Un documento de inteligencia de la Secretaría de Marina fechado en marzo de 2014 enlista una red de 242 compañías y al menos 203 empresarios y prestanombres –incluido un primo del expresidente Vicente Fox– que manejaban negocios legalmente registrados y sustentaban el enorme poder financiero del Chapo Guzmán. De acuerdo con el reporte, al que tuvo acceso este semanario, estaban por intensificarse las acciones contra las personas ahí señaladas, pero la Marina no actuó y ahora el capo está libre.

En marzo de 2014, días después de la detención del Chapo Guzmán en Mazatlán, Sinaloa, en las áreas de inteligencia de la Secretaría de Marina (Semar) se elaboró un documento que se refiere a una investigación sobre los contactos que el capo utiliza para su protección, “así como de las redes y los operadores financieros a su servicio a través de los cuales ha podido lavar cientos de millones de dólares en los últimos 13 años”.

Este semanario tuvo acceso a ese análisis, según el cual forman parte de la red 242 empresas registradas en México y al menos 203 empresarios y prestanombres. Entre los señalados directamente está Gabriel Quesada Suárez, primo del expresidente Vicente Fox y representante del gobierno de Jalisco en la Ciudad de México durante seis años (2007-2013) a petición del guanajuatense.

 “La intensificación de las investigaciones no se centra únicamente en las redes y actividades del Chapo –aclara el documento de la Semar–, sino también de los principales mandos del Cártel de Sinaloa, fundamentalmente Ismael Zambada, El Mayo; Juan José Esparragoza Moreno, El Azul; Dámaso López Núñez, El Licenciado y su hijo Dámaso López, El Mini Lic, entre otros.”

Por lo tanto, agregaban los redactores, “se espera que en el transcurso de las próximas semanas se asesten nuevos golpes contundentes a este cártel, con detenciones de varios de los principales, así como de sus cómplices, prestanombres y lavadores de dinero”.

Pero eso no sucedió en los 17 meses que El Chapo permaneció tras las rejas: precisamente sus amplias redes de lavado de dinero y protección le permitieron fraguar su salida del penal de máxima seguridad del Altiplano, el sábado 11.

En junio de 2014 esta reportera, a través de la Ley Federal de Transparencia, hizo solicitudes de información a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para conocer el número de empresas aseguradas, intervenidas o decomisadas al Chapo, sus familiares y socios, o relacionadas con el Cártel de Sinaloa, incluidos sus nombres y las fechas en que fueron afectadas.

La SHCP respondió que esa era competencia de la PGR, y ésta que la información era “inexistente”.

El análisis de la Semar tiene una clara influencia del gobierno de Estados Unidos, pues incluye varias empresas y personas boletinadas por el Departamento del Tesoro desde hace años como parte de la red criminal del Cártel de Sinaloa. Por ese motivo se les prohíbe a ciudadanos y empresas de ese país hacer negocios con dichas compañías.

Desde 2008 la Marina tiene una estrecha relación con los departamentos de Defensa y de Estado del vecino país, tras la firma de un convenio de colaboración signado por el entonces titular de la Semar, Francisco Saynez, y el subsecretario del Departamento de Defensa, Paul Mc Hale, el cual fue filtrado por Wikileaks.

Para el gobierno estadunidense la Semar es la institución más confiable en México. Con ella ha organizado operativos como el del asesinato de Arturo Beltrán Leyva en Cuernavaca, Morelos, en diciembre de 2009, y la recaptura del Chapo Guzmán en febrero de 2014.

Según la Marina, esta es la red criminal directamente vinculada con Guzmán Loera.

Hijos y lugartenientes

En el documento se explica que ninguno de los hijos del Chapo con conocida participación en el Cártel de Sinaloa tuvo alguna posibilidad de sucederlo en el manejo de su facción.

Sobre Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Guzmán Loera y de su primera esposa, Alejandrina Salazar Hernández, se afirma: “A pesar de que forma parte del círculo más cercano del Chapo, se considera que no tiene la capacidad ni la fuerza suficiente para hacerse con el control de este cártel”.

Acerca de su hermano menor, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, se señala: “Igualmente carece de la capacidad y fuerza para tomar el control de este cártel”. El otro notorio hijo del Chapo es Ovidio Guzmán López, a quien procreó con Griselda López Pérez y que, según la inteligencia de la Marina, “no tiene peso significativo al interior del cártel”.

Tras la captura de Guzmán Loera, la Semar consideraba a Dámaso López Núñez, El Licenciado, de 53 años, “uno de los operadores más cercanos” del capo, como posible sustituto en su facción del cártel.

Excomandante de la Policía Estatal de Sinaloa, era subdirector de Seguridad en el penal federal de Puente Grande cuando Guzmán Loera tomó el control del mismo y escapó en 2001. El padre del Licenciado, Dámaso López García, era un terrateniente de Culiacán y formaba parte de la cúpula estatal del PRI.

En cuanto a Dámaso López Jr., El Mini Lic –hijo del Licenciado–, es uno de los principales mandos de Los Ántrax, “grupos de sicarios al servicio del Cártel de Sinaloa que se caracterizan por su violencia y crueldad (…) Es ahijado del Chapo Guzmán y uno de sus colaboradores de más confianza. Se inició desde adolescente en el narcotráfico y tiene actualmente 28 años”, indica la Marina.

Igualmente señala a Cenobio Flores Pacheco, quien también se hace llamar Luis Fernando Castro Villa, como jefe de plaza del Chapo en Mexicali y en la zona fronteriza de Sonora. El semanario Zeta lo ubicó en la célula de Gonzalo Inzunza, El Macho Prieto, presuntamente abatido por los marinos en Puerto Peñasco, Sonora, en diciembre de 2013.

A Armando López Aispuro se le ubica como el jefe de plaza en San Luis Río Colorado, Sonora; a Felipe de Jesús Sosa Canizales, El Gigio, en Nogales, Sonora, y a José Javier Rascón Ramírez, El Khadafi, en Agua Prieta. Todos ellos fueron boletinados en mayo de 2013 como gente de Guzmán Loera por el Departamento del Tesoro estadunidense, a través de su Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).

Los operadores financieros

De acuerdo con el documento de inteligencia de la Marina, Alejandro Flores Cacho, también conocido como Abel Robles Valdez, es uno de los operadores financieros del Chapo. Su nombre fue mencionado por primera vez como tal por el Departamento del Tesoro en octubre de 2010, con sus principales cómplices y 18 empresas.

 “Opera desde hace años una extensa red financiera al servicio del Chapo Guzmán –indica la Semar–. Asimismo, ha sido uno de los responsables de la transportación aérea de este cártel, tanto de drogas como de los mandos.”

En octubre de 2012 el Diario Oficial de la Federación publicó un edicto en el que se informa a Flores Cacho que la PGR inició un procedimiento de extinción de dominio sobre tres propiedades suyas en la capital de Chihuahua: dos en el fraccionamiento Quintas del Sol y otra en Haciendas de Santa Fe.

 “En México las empresas que opera Alejandro Flores Cacho se ubican principalmente en Baja California, Morelos, Distrito Federal, Estado de México y Chihuahua. Esta red viene siendo monitoreada desde hace varios meses y se han iniciado ya acciones legales sobre algunas de las empresas de esta red, aunque se espera que éstas se intensifiquen en breve”, se indica en el documento de la Semar, pero no hay registros de que esto haya sucedido.

Entre las firmas que se mencionan están JR Controladora de Restaurantes, que en 2005 estaba dada de alta por la SHCP en el padrón general de importadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) con el número 255242. El 21 de octubre de 2013, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal se publicó la liquidación de dicha empresa en ceros. El liquidador fue Javier Román Vélez Paz.

También aparece la compañía Espinosa, Montenegro y Asociados, S.A. de C.V., que también formó parte del padrón de importadores y en 2005 fue rechazada por no presentar los pagos provisionales de impuestos.

Capacitación Aeronáutica Profesional, S.C., inició operaciones en el aeropuerto de Cuernavaca, Morelos, en 2004 y fungía como academia para pilotos. Desde hace años se sabe que el aeropuerto de esa ciudad es un centro de operaciones del Cártel de Sinaloa, del cual ahí descarga droga y dinero.

Actualmente la compañía aparece en una lista de la Dirección General de Aeronáutica Civil, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con el permiso L-46, correspondiente a escuelas de capacitación y adiestramiento. Para ello registró una dirección en el Distrito Federal.

En el mismo caso está Mantenimiento, Aeronáutica, Transporte y Servicios Aéreos, S.A. de C.V. (MATSA), que opera en el Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México.

Su manejo está a cargo de Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca (AMAIT), cuyo socio mayoritario es el controvertido consorcio español OHL y el minoritario es el gobierno mexiquense, que se encarga de la administración.

Aero Express Intercontinental, S.A. de C.V. (AEISA), con sede en el Distrito Federal, aparece en la Relación de Sociedades Inscritas en el Registro de Empresas Transportistas de Mercancías en Tránsito, de la Administración de Recintos Fiscalizados del SAT, entre las autorizadas para operar en las aduanas de Guadalajara, así como en la Ciudad de México y su aeropuerto internacional.

En 2003 fueron detenidos por la PGR sus dueños, José Widoblo Hernández y Antonio Anaya Silva, acusados de tráfico de droga y lavado de dinero. Entonces no se les asoció con el Cártel de Sinaloa. La empresa sigue operando en la calle Oriente 158, número 390-E, en el Distrito Federal, con Gustavo Ibarra Sánchez como gerente general y Widoblo Hernández como administrador.

Quien aparece como contacto de dicha empresa es Onésimo Amaya Alemán. Éste tiene la cédula 1320976 como profesional técnico en siderurgia del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. También fue boletinado por la OFAC y, según la Semar, sería detenido tras la captura de Guzmán Loera en febrero de 2014, lo cual no ocurrió.

Como parte de esa red financiera se menciona a Arturo Ruiz de Chávez Martínez, licenciado en derecho y apoderado legal de las empresas de Flores Cacho. Se anuncia como integrante del bufete de abogados Martínez y Ruiz de Chávez y Asociados, así como representante de la asociación civil Promotora de Exposiciones de la Frontera Sur, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

También se señala a Arturo Massa Camacho, Diana Lorena Toro Díaz –la esposa colombiana de Flores Cacho, detenida en 2006 por no haber declarado su verdadera nacionalidad y por delincuencia organizada–; Javier Flores Cacho, hermano de Alejandro; Jair Fernando Urrea Lenis, y Óscar Arturo Jasso Rocha y Enrique Torres Gómez, identificados como “pilotos y responsables del manejo de las aeronaves de este grupo delictivo”.

Según el documento de la Marina, también es parte de la red Jorge Luis Llanos Gazia, de origen colombiano pero con ciudadanía mexicana, quien fue señalado por el Departamento del Tesoro desde 2011, junto con Agustín Reyes Garza, Don Pilo. Se detectó que ambos, hoy prófugos, tienen vínculos con la empresa Basaltos Tonalá, dedicada a la venta de materiales de construcción en Jalisco.

Los proveedores y el primo de Fox

Piezas clave en la red financiera son Ezio Benjamín Figueroa Vázquez y su hijo Hassein Eduardo Figueroa, acusado en una Corte de Distrito estadunidense, en Virginia, de lavado de dinero y tráfico de precursores químicos para la elaboración de metanfetaminas.

Se señala en el documento de la Marina que primero trabajaron para el Cártel de Los Valencia, pero cuando éste se deshizo empezaron a colaborar con El Chapo. “A finales de 2011 Enzo Benjamín Figueroa fue capturado en México”, relata, pero su hijo “siguió adelante con el tráfico de precursores químicos y la red de lavado de dinero, encontrándose actualmente prófugo”. Además, la Semar enlista 16 empresas boletinadas por Estados Unidos en abril de 2012, contra las que ya preparaba “acciones”.

Entre otros objetivos, “también se investiga actualmente a Gabriel Quesada Suárez, primo del expresidente Vicente Fox Quesada y exrepresentante del Gobierno de Jalisco en el DF –indica el informe de inteligencia de la Semar–. A Quesada Suárez se le vincula con una red de lavado de dinero a favor del Cártel de Sinaloa operada por Saúl Saucedo (a) El Ingeniero, de acuerdo con el expediente 12-cr-02106, radicado en la Corte del Distrito Oeste de Texas, con sede en El Paso”.

Es la primera vez que se sabe de una investigación del gobierno mexicano sobre Quesada Suárez. El 23 de enero de 2014 se le mencionó en el expediente 12-cr-02106, radicado en El Paso, Texas, como presunto cómplice de una operación para lavar 600 millones de dólares en Estados Unidos.

La operación era encabezada por el abogado mexicano Marco Antonio Delgado Licón, expareja sentimental de la primera esposa de Fox, Lillian de la Concha, y que el 24 de enero de 2014 fue sentenciado a 20 años de prisión por la Corte de Distrito Oeste de Texas.

En un documento fechado el día antes de la sentencia, el fiscal de Distrito Robert Pitman refirió que, a decir de Delgado Licón, “si alguien estaba involucrado en el tráfico de drogas era Quezada (sic)”.

Registros de la SCT indican que el primo de Fox tiene la concesión de la academia Aviación Integral Regional (Aire), que opera en el aeropuerto Jorge Jiménez Cantú, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.