Todo el poder militar contra las autodefensas

Revista Proceso # 2021, 25 de julio de 2015..’’

Todo el poder militar contra las autodefensas/GLORIA LETICIA DÍAZ Y FRANCISCO CASTELLANOS

Una vez más el Ejército mexicano ataca a civiles desar­mados. Ahora, en Ostula, Michoacán, policías y militares disolvieron a tiros un plantón. Un niño de apenas 12 años murió. El motivo del bloqueo ciudadano fue la detención de Semeí Verdía, líder de autodefensas que combatía con denuedo a Los Caballeros Templarios, esos mismos que las fuerzas federales no logran ver por ningún lado y a quienes incluso vitorearon mientras disparaban contra la población indefensa.

XAYAKALAN, MICH.- A un año de que se perpetraron las ejecuciones extrajudiciales de al menos 15 personas en Tlatlaya, Estado de México, tropas del Ejército son señaladas una vez más por atacar a población indefensa, con saldo de un niño muerto y seis personas lesionadas, entre ellas una niña de seis años.

 El contexto de la agresión, el domingo 19, fue la dispersión de una protesta ciudadana por la detención de Semeí Verdía Zepeda, comandante de la Fuerza Rural de la comunidad nahua de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, llevada a cabo por soldados, marinos, policías federales y Fuerza Ciudadana (policía estatal).

 Verdía tenía amplio conocimiento en la región. Carismático, sobreviviente de cuatro atentados del crimen organizado, fue recluido en el penal de alta seguridad de Nayarit, acusado de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y en vísperas de que se confirmara el auto de formal prisión, por el mismo delito, a José Manuel Mireles, ícono de las autodefensas michoacanas.

 La consignación de Verdía ante el Tercer Juzgado de Distrito en Nayarit y la confirmación del auto de formal prisión de Mireles ocurren luego de una reunión de Enrique Peña Nieto y el gobernador electo de Michoacán, el perredista Silvano Aureoles Conejo, el miércoles 8, donde el michoacano sostuvo su rechazo a la existencia de las policías comunitarias y autodefensas.

 Confirmada la participación del Ejército y la Marina en el operativo que dejó al menor fallecido, el martes 21 en Tlapa, Guerrero, Peña Nieto no dudó en reprobar a quienes “se empeñan en manchar el esfuerzo que realizan nuestras Fuerzas Armadas”.

 Ese mismo día, a varios kilómetros, en Michoacán, familiares y amigos del niño Edilberto Reyes García lo velaban entre pancartas que exigían justicia.

 Considerada por los pobladores de la región indígena “una traición” de los gobiernos federal y estatal, a la detención de Verdía le siguió una demostración de movilización social al bloquear el paso a los cientos de soldados, marinos y policías estatales y federales que participaron en el arresto, hasta que un impacto de arma de fuego cobró la vida de Edilberto Reyes García, de 12 años, y dejó herida a su sobrina de seis, Yeimi Nataly Pineda Reyes, así como a Edith Balbino Vera, Delfino Antonio Alejo Ramos, Horacio Valladares Manuel, José Nicodemo Macías Zambrano y Melesio Cristino Dirzio.

 Tiros “al aire”

 Testigos y sobrevivientes de los hechos desmienten la versión difundida por el gobierno estatal y por el mando especial para la Seguridad de Michoacán, Felipe Gurrola, de que los militares habían hecho disparos al aire respondido a una agresión de los comunitarios.

 Los supuestos disparos al aire salieron de las mismas camionetas castrenses, confirma un comunero que participó en el bloqueo, en entrevista con Proceso.

 Tras pedir la reserva de su nombre para evitar represalias, cuenta que, abastecidos con piedras y palos, los comuneros se apostaron en el puente una vez que se enteraron de la detención de Verdía, impidiendo el paso a ocho camionetas militares Cheyenne y una camioneta blindada.

 Cerca de las 16:00 horas, narra, al punto carretero llegaron como apoyo “carros grandes, de los Mercedes, camionetas blindadas de la Marina y dos autobuses de granaderos de la Policía Federal. Los policías se pusieron con escudos y toletes entre los militares y los pobladores durante varios minutos, hasta que alrededor de las cinco (de la tarde) lanzaron gases lacrimógenos”.

 El comunero, como muchos pobladores, atravesó el puente, se apostó a unos pasos del restaurante hotel La Costa de Michoacán y vio cómo pasaron las primeras ocho Cheyennes y la camioneta blindada, pero en el segundo grupo de vehículos, se habla de unos 30, vio a un policía federal.

 “Estaba sentado en el último lugar de la camioneta. Se me hizo raro porque no revuelven a los soldados con los policías –cuenta–. Ese elemento sacó un arma corta de la cintura y disparó unos cuatro o cinco tiros al aire luego se vieron las ráfagas de los soldados.”

 El comunero describió lo anterior a visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el martes 21. “No miento. Yo vi muy bien porque estaba sobre la carretera; no había árboles ni maleza que me cubrieran. Cuando dispararon, yo me tiré al suelo y vi todo. Los soldados dispararon a ambos lados de la carretera y no fue al aire”.

 Don Melesio Cristino Dirzio, de 60 años, fue uno de los primeros heridos. Recibió dos rozones en la pierna. José y Horacio fueron lesionados mientras huían. Delfino, de 17 años, fue alcanzado por una bala cuando intentaba guarecerse en una miscelánea.

Otro comunero resalta que los vehículos militares no se detuvieron pese a los gritos de dolor de los heridos y de espanto de los pobladores. “Se cruzaron con un cortejo fúnebre, eran como 80 personas en unas camionetas, y les gritaron que se detuvieran, que había balazos.

“Con un altavoz gritaron: ‘¡Arriba Los Caballeros Templarios!’. Los que acompañaban al muertito se asustaron y dejaron pasar las camionetas. Cuando pasaron por aquí ya estábamos levantando a los heridos”.

La fachada de unos cuatro metros del restaurante hotel La Costa de Michoacán está marcada con 11 letras que indican los impactos que dañaron el inmueble; siete se incrustaron en la pared del fondo del local. Uno de esos tiros atravesó la cabeza de Edilberto e hirió a Nataly y a Edith.

Edilberto, el menor de ocho hijos de Miguel Reyes y Emilia García, llegó a refugiarse al restaurante donde había dejado resguardadas a su sobrina Nataly y a otra pequeña, antes de pasar a la miscelánea a comprar pañales. No libró las balas de los militares.

Emilia García expresa a los reporteros su coraje y dolor por la muerte del menor de sus hijos por las balas del Ejército, sobre todo porque la primera versión oficial sobre el deceso alegaba que Edilberto estaba entre los manifestantes. Además exige la libertad de Verdía, su compadre.

Acompañada de sus hijas, una de ellas Ernestina, madre de Nataly, truena contra los soldados: “Yo sé que no voy a ganar nada, que no voy a revivir a mi hijo, pero quiero justicia, que digan la verdad, ¿qué delito cometió mi hijo? Manden a la chingada a los soldados, nomás vinieron a matar a mi hijo”.

Cansada de llorar, la mujer repite “fueron los soldados” cuando recuerda que desde su local, una palapa a unos 150 metros, pudo observar el paso de los vehículos militares y cómo a cuatro tronidos de pistola le siguieron las ráfagas.

Niega que la presencia de tropas hayan significado para la zona seguridad, lo que, sostiene, sí se advertía en los últimos dos años que Verdía estuvo al frente de la policía comunitaria.

Los testigos recuerdan que después de los hechos empezaron a recoger los casquillos percutidos de ambos lados de la carretera. Algunos fueron recuperados por los visitadores de la CNDH y otros los tiene la Fuerza Rural. Los calibres son 7.62 X 89, de FAL, .223 y .9 mm, todos de uso exclusivo de las fuerzas armadas y policiacas.

La captura de Verdía

Antes de los disparos, del otro lado del puente, en el Duin, Germán Ramírez Sánchez, lugarteniente de Verdía, discutió con quien se presentó como el coronel Samuel Nares Hernández, responsable del operativo.

“Me dijo que pertenecía al 65 Batallón de Infantería, pero su uniforme clarito decía que era del 86 –cuenta–; que venía de Coalcomán, pero sabemos que procedían de Morelia. También negó que hubiera ordenado la detención del comandante Semeí, sino que ellos habían recibido órdenes de acompañar a la Fuerza Ciudadana (policía estatal) para hacer la detención.”

El 86 Batallón de Infantería tiene sede en Acaponeta, Nayarit, en tanto que el 65 está en Coalcomán y fue inaugurado el 24 de febrero de este año por Peña Nieto.

Nares no es extraño en Michoacán. Formaba parte del equipo del exsecretario de Seguridad Pública estatal, Alberto Reyes Vaca, quien estuvo al frente de la dependencia entre el 15 de mayo de 2013 y el 14 de enero del año siguiente. Nares fue nombrado subsecretario de Prevención y Readaptación.

Según fuentes oficiales, las tropas del 86 Batallón llegaron cuatro días antes a la zona indígena de la costa michoacana “para la detención de Semeí Verdía”, en apego a una decisión de los gobiernos estatal y federal tomada por lo menos dos semanas antes.

Maestro de primaria, Ramírez Sánchez, nombrado por asamblea de pueblos el martes 21 con los mismos cargos de Verdía, confía en entrevista: “En la sierra los malandrines celebraron anticipadamente el arresto de Semeí. Gritaban: ‘¡No que no se podía, hijos de la chingada!’, y accionaron sus armas, ya sabían de la detención”.

Insiste en que la detención fue una “traición”, porque las armas que portaba Verdía se las otorgó el gobierno estatal y tenía las licencias correspondientes de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Verdía no era el único objetivo. También el comandante de Coahuayana, Héctor Zepeda Navarrete, de la Fuerza Rural.

En entrevista, Zepeda resalta que, en la víspera de la detención de Verdía, éste se comunicó con él para que asistiera a una reunión en La Placita, convocada por el subsecretario de Seguridad Pública, Adolfo Eloy Peralta, para “validar las camionetas blindadas que nos dieron a él y a mí, después de la última emboscada”.

“El subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán nos estaba pidiendo que le lleváramos las camionetas blindadas a Morelia –añade–, supuestamente para que la nueva administración viera dónde estaban. Semeí les dijo que no, que iba a hablar con unas personas de la nueva administración, no sé con quiénes, para que vinieran a checarlas aquí. Me dijo que tenía que estar en La Placita a las 10:00, pero por mi seguridad no le dije que no iba a ir.”

Verdía fue detenido mientras almorzaba en uno de los puestos del centro del pueblo. Cuando los integrantes de Fuerza Ciudadana llegaron, acompañados por la psicóloga cubana María Emilse Arrue Hernández –que a instancias de Alfredo Castillo participa como intermediaria con los autodefensas–, Verdía los invitó a almorzar. Un hombre alto, moreno y fornido se acercó a saludar y de repente lo tomó por el cuello con el brazo izquierdo y con la derecha lo encañonó con una pistola en el cuello. Los dos escoltas que en ese momento acompañaban al comandante en la mesa fueron sometidos por soldados que los tiraron al suelo.

De la detención el gobierno del estado dijo en un boletín que Verdía fue detenido durante “un recorrido” de prevención de delito, asegurándole “un fusil AR-15, calibre .223 milímetros, con un cargador abastecido con 27 cartuchos útiles, un fusil AK-47, con un cargador abastecido con 30 cartuchos útiles calibre 7.62X39 milímetros y un arma de fuego tipo escuadra, calibre .9 milímetros, con un cargador abastecido con 12 cartuchos útiles”.

Para Zepeda, la detención de Verdía es una evidencia de que “el Ejército está coludido con Los Caballeros Templarios. Ellos saben qué armas tenemos porque ellos nos dieron los permisos. ¿Por qué no van a Apat­zingán con los Blancos de Troya que hasta lanzacohetes tienen? ¿Dónde están las armas que se robaron Los Viagras? Van contra la comunidad indígena de Ostula porque no les generamos dinero. Nosotros sacamos a los templarios y ahora el gobierno los quiere de vuelta”.

El trato de la Policía Comunitaria de Ostula con el Ejército, la Marina y la Policía Federal (PF) no ha sido terso.

En mayo de 2010, luego de la formación de la organización en 2009, militares allanaron el domicilio donde los comunitarios guardaban sus armas, para asegurarlas, y un convoy de la Marina los desarmó, además de que, en diciembre de 2012, un grupo de la PF que acompañaba por la región a miembros del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad los abandonó a su suerte en las inmediaciones de Xayakalan. Fueron secuestrados por hombres armados y Trinidad de la Cruz, líder comunitario, fue torturado y asesinado. (Proceso 1646 y 1832).

Hijo de Diego Ramírez, secuestrado, torturado y asesinado el 26 de julio de 2008 –el primero en la lista de 33 líderes comunitarios indígenas ejecutados hasta la fecha, además de seis desaparecidos–, Germán resalta que la comunidad tiene como pruebas contundentes de la colaboración del Ejército y la Marina con los templarios “a nuestros muertos y desaparecidos, hechos que pasaron enfrente de sus narices”.

Recuerda que cuando la comunidad indígena se organizó para defender sus tierras de manos del jefe de plaza del narcotráfico, Federico González, y del cacique Mario Álvarez, en 2009, “logramos que se instalara un retén de la Marina, pero en los últimos seis años sólo han protegido a los delincuentes”.

La zona recuperada, Xayakalan, “era un refugio de los malandrines, y los marinos no entraban a detenerlos porque decían que era un terreno en litigio. Había gente armada que entraba al pueblo y hacía desmanes, y ellos (los marinos) venían sólo a recoger a los muertos.

“Cuando la última emboscada al comandante Semeí, pedimos apoyo a la Marina y al Ejército, que estaban alojados en un inmueble asegurado a Felipe González, pero nunca llegaron. Nosotros nos organizamos y perseguimos a los agresores por la sierra; fue un enfrentamiento de cuatro horas, murieron cuatro de ellos, a nosotros nos mataron a dos y nos hirieron a cuatro; y ya que todo había acabado llegaron marinos y soldados a levantar los cuerpos”, sostiene.

Ante la actuación de las fuerzas armadas, pide “que se vaya el Ejército de tierras indígenas de Ostula, que se vayan los marinos, son unos flojos incompetentes que han dejado pasar 33 muertes y seis desapariciones en sus