Denuncia Aramburuzabala extorsión!

Denuncia Aramburuzabala extorsión..

El video.

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 Vecinos de Polanco pidieron a Abilia, empresa constructora de la obra en Rubén Darío, 5 millones de dólares para permitirles la construcción de un desarrollo.

Nota de Lorena Morales y Rolando Herrera/ Reforma Pp, 21 agosto 2015 

 El conflicto entre vecinos y el desarrollo inmobiliario Rubén Darío 225, propiedad de la empresaria María Asunción Aramburuzabala, pasó al terreno penal.

La inmobiliaria Abilia, que construye 122 departamentos en Rubén Darío 225, en Polanco, denunció por extorsión de 5 millones de dólares a Teresa Adriana Pérez Romo, esposa del periodista Joaquín López-Dóriga, quien a través de su abogado exigió esa cantidad a cambio de no parar la obra.

La denuncia, radicada en la fiscalía de Miguel Hidalgo bajo el número CI-FMH/MH-5/UI- 3 S/D/00427/08-2015, también es en contra de Paloma Carrera Baños y Gabriela Torres Ramírez, vecinas de Pérez Romo, e incluye a sus abogados Mario Alberto Becerra Pocoroba y Érika Mendoza Bergmans.

 "Realizaron diversas conductas en contra de mi mandante al haber solicitado en reiteradas ocasiones un beneficio económico en diversas formas, hasta llegar al absurdo de solicitar la cantidad de $5'000,000.00 (CINCO MILLONES DE DÓLARES) para que diversas autoridades del Distrito Federal dejaran sin efectos los procedimientos que se habían instaurado previamente", acusa el escrito, el cual fue presentado el 14 de agosto.

 La denuncia ratificada en el mismo acto incluye un video, grabado el 16 de junio en las oficinas de Abilia, en el que Becerra Pocoroba solicita el dinero a nombre de Pérez Romo y los demás condóminos.

 -En pocas palabras, quieren dinero, cabrón -sentencia el abogado.

 -¿A eso se resume? -pregunta el representante de la inmobiliaria Abilia.

 -A eso se resume, aunque se oiga así de brusco. No hubiera querido yo venir a decírtelo nunca, y a eso se redujo: quieren dinero. ¿Cuánto quieren? Quieren 5 millones de dólares -precisa Becerra Pocoroba.

 Minutos antes, el litigante había hecho referencia a las distintas solicitudes planteadas por los vecinos, quienes al vivir en el condominio contiguo, dicen que se verán afectados por la nueva obra, la que, entre otras cosas, les restará luminosidad.

 Los inconformes, indicó el litigante, primero solicitaron el cambio de los cristales de las ventanas y los 11 elevadores de las dos torres en las que viven, así como el mejoramiento de un jardín de niños y la sustitución de las plantas de emergencia.

Después, añadieron el mejoramiento de otro jardín, nuevas plantas eléctricas de emergencia, cuatro nuevas calderas para la alberca, la rehabilitación de las glorietas de Campos Elíseos y banquetas nuevas sobre Arquímedes.

En el video, con duración de 45 minutos, la acompañante de Becerra Pocoroba, Erika Mendoza Bergmans, explicó que sus representados ven este monto como una "compensación" por la pérdida de plusvalía de su edificio.

 -Un factor es el tiempo y otro factor es ponerlo en pesos y centavos. Igual y no es así, suena feo decirlo así, pero tampoco nosotros tenemos mucho margen, entre lo que ellos nos piden y lo que ellos nos dicen porque por eso venimos con toda la honestidad del mundo a decirles cómo están las cosas-, argumenta.

 Becerra Pocoroba le pidió al representante de la inmobiliaria una base para negociar con los vecinos, entre quienes se encuentra, además de Pérez Romo, la coordinadora del Comité Ciudadano de Bosques de Chapultepec, Gabriela Torres.

 Para presionar al representante de Abilia, en la reunión videograbada, Becerra Pocoroba anuncia que la Consejería Jurídica presentó el Juicio de Lesividad para revertir todas las autorizaciones otorgadas.

 Además de los 5 millones de dólares para los vecinos, el abogado tasó en 600 mil dólares el pago de sus honorarios por la supuesta prestación de servicios profesionales.

 La exigencia de los colonos fue precedida de tres verificaciones del GDF para suspender la obra, en una de las cuales se detuvo a 100 trabajadores.

 La última acción fue un juicio de lesividad promovido en junio por la Consejería Jurídica del Gobierno capitalino, con el que pretende revocar los permisos ya otorgados.

 El abogado menciona que una vez llegado a un acuerdo se sentarán con el Jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, para solicitarle que se desista.

 El representante de la inmobiliaria contesta que ellos han cumplido con toda la normatividad para hacer su desarrollo y que lo solicitado les parece una extorsión.

 - Para una empresa como la nuestra, que estamos en esta Ciudad, invirtiendo mucho dinero, acceder a una, no me gusta decirlo, pero yo sí esto lo veo como una extorsión, y al ser una extorsión para un proyecto como éste con estas autoridades, yo creo que abre la puerta para que esto se vuelva un mecanismo para que nos suceda en 14 proyectos que tenemos actualmente. De entrada nos pone muy nerviosos el estar sentados explorando esa posibilidad.

 En la denuncia promovida por Aramburuzabala se acusa que el hostigamiento ha sido realizado por la influencia que tiene López-Dóriga con las autoridades del Gobierno del Distrito Federal.

 "Está plenamente acreditado que existió la amenaza de que si no se cumplía con dichas solicitudes económicas por parte de mi mandante, el propio Gobierno del Distrito Federal demandaría un Juicio de Lesividad, amenaza que fue cumplida (...) siempre haciendo alusión a la fuerza periodística del señor Joaquín López Dóriga y haciendo mención de la estrecha relación que se tenía con diversos funcionarios", establece el escrito.

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Deslinda Mancera a GDF de extorsión

Manuel Durán

Cd. de México (21 agosto 2015).- El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, deslindó a su administración del conflicto entre vecinos y el desarrollo inmobiliario en Rubén Darío 225, propiedad de la empresaria María Asunción Aramburuzabala.

Los tribunales deberán resolver el fondo del problema mediante el juicio de lesividad que interpuso el Gobierno del DF, señaló Mancera.

Este viernes, REFORMA publicó que la inmobiliaria Abilia, que construye 122 departamentos en Rubén Darío 225, en Polanco, denunció por extorsión de 5 millones de dólares a Teresa Adriana Pérez Romo, esposa del periodista Joaquín López-Dóriga, quien a través de su abogado exigió esa cantidad, a cambio de no parar la obra.

"Yo ahí he sido claro, la decisión es en un Tribunal. Las denuncias que estén presentadas en la Procuraduría tienen que analizarse integralmente.

"Lo que el Gobierno ha reiterado y vuelve a reiterar es que es una decisión del Tribunal. Si el Tribunal dice que todo el procedimiento es apegado a derecho, pues así será", dijo.

A Mancera se le preguntó si los vecinos tienen picaporte con el GDF.

"No, nosotros escuchamos a cualquier grupo de vecinos, ciudadanos, esa es la obligación del Gobierno. En este caso debe quedar claro, la decisión está en un Tribunal.

"Es exactamente el mismo caso de Céfiro (el desarrollo en Coyoacán), fue muy mediático, en sentido distinto, cuando los vecinos denuncian irregularidades", dijo.

- ¿Usted deslinda al Gobierno?, se le preguntó.

"Totalmente, totalmente", respondió.

Hora de publicación: 13:27 hrs.

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Resolverá Tribunal obra en Rubén Darío

 Nota de Dalila Sarabia

Cd. de México (11 agosto 2015).- La situación del desarrollo residencial ubicado en Rubén Darío 225, en Polanco, depende de la interpretación que haga el juez que lleva el caso en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo sobre el Programa Parcial de esta colonia.

 Esto, luego de que el Gobierno del Distrito Federal (GDF) interpusiera un juicio de lesividad contra la fusión de cinco predios, informó Felipe de Jesús Gutiérrez, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano (Seduvi).

 REFORMA ha documentado que el GDF frenó la construcción del complejo residencial cuya inversión asciende a 2 mil 218 millones de pesos.

 Esto, a pesar de que la inmobiliaria Abilia, de la empresaria María Asunción Aramburuzabala, cuenta con la manifestación de construcción y el certificado de uso de suelo, que avalan el proyecto.

El Instituto de Verificación Administrativa (Invea) suspendió la obra el mes pasado en respuesta a una orden del Tribunal de lo Contencioso derivado del juicio de lesividad interpuesto por la Consejería Jurídica del DF.

"Está instrumentado en este momento un juicio de lesividad en el cual se está revisando el soporte normativo que definió la fusión (de predios), que definió la manera de aprovechar esa normatividad y a partir de lo que el juez determine, ya se sabrá con exactitud qué es lo procedente.

"Con el juicio de lesividad habrá una valoración que nos permita confirmar si fue correctamente aplicada (la fusión de predios) o es necesario revocar".

Cuestionado sobre la legalidad en la fusión, Gutiérrez señaló que es cuestión de interpretación.

¿En lo que corresponde a la fusión de predios, la información que tiene Seduvi es que fue correcta?, se le preguntó.

"Hay una disposición que ha permitido la interpretación en el programa en el Parcial", dijo.

¿La cual pudo haber sido incorrecta?, se le insistió.

"La cual pudo haber sido correcta o incorrecta, entonces es parte de este juicio de lesividad", aclaró el funcionario.

Tanto el Programa de Desarrollo Urbano Delegacional y el Programa Parcial de Miguel Hidalgo establecen que para obtener la mayor altura de construcción, que es de 30 niveles sobre Rubén Darío, el predio deberá tener de frente, al menos, 40 metros.

La altura máxima se otorgó tomando en cuenta el frente resultado de los cinco predios fusionados: Rubén Darío 225 y 253, Lord Byron 11 y Tres Picos 98 y 92.

La suma del frente de Rubén Darío 225 y 253 dan 52 metros.

Sobre el tiempo que podría tomar la definición de este juicio de lesividad, Gutiérrez dijo que podría llevar hasta un año.

"No son tiempos que yo tenga claros, depende de los tribunales, pero igual puede durar una año, no lo sé", abundó.