En la cacería, ahora le tocó a un ex de Televisa

Revista Proceso # 2024, 15 de agosto de 2015..

En la cacería, ahora le tocó a un ex de Televisa/NOÉ ZAVALETA

XALAPA, VER.- La disputa territorial para el trasiego y venta de droga en este “Estado Próspero” se exacerbó de nuevo.

El jueves 13 por la madrugada, dos jefes regionales de Los Zetas en Orizaba –José Márquez Balderas, El Chichi, y Felipe Santana Hernández, El Felino- fueron ejecutados. Ambos estaban en el bar La Taberna, en Orizaba, cuando un comando armado irrumpió y les disparó a quemarropa.

En la refriega murió también Juan Heriberto Santos Cabrera, quien hasta junio último fue corresponsal de Televisa en esa ciudad –la empresa le rescindió el contrato aduciendo “recorte de personal”–, así como Sergio Felipe Mendoza Morgado, Alberto Rodríguez Romero y José Eduardo Castillo Romero.

 En el noticiario vespertino del mismo jueves 13, la conductora de Televisa Veracruz, Araceli Baizabal, dio la noticia sobre el multihomicidio en sólo 15 segundos. Y la acompañó de imágenes del bar y del comunicado oficial de la Fiscalía General del Estado (FGE).

 Según la dependencia, dos de las víctimas­ llevaban armas de fuego: una escuadra Beretta de 9 mm que fue percutida en su totalidad, en un intento por repeler el ataque; la otra era una Springfield del mismo calibre, que también fue disparada.­

 Entre los sobrevivientes se encuentran los reporteros Enrique Rivas y Guillermo Ramos, del periódico El Buen Tono, de Córdoba, quienes están en calidad de detenidos y ya rindieron su declaración ministerial.­

 La carpeta de investigación ministerial consultada por el reportero indica que en el bar se encontraron más de 70 casquillos percutidos calibre 2.23, de armas AR-15, así como 62 impactos en techos y ventanas.

 De acuerdo con una fuente de la FGE cuyo nombre se mantiene en reserva, las primeras investigaciones indican que El Chichi, El Felino, Santos Cabrera y las otras tres personas llegaron juntos al bar, ubicado en pleno centro histórico de Orizaba.

 Los reporteros de la fuente policiaca de El Buen Tono, añade, arribaron por separado. Santos los invitó a su mesa y pidió que les sirvieran un trago. Esa información, dice, también está en la carpeta.

 El entrevistado indica que presuntamente Santos se encargaba de “repartir dinero” entre sus colegas por el manejo de información favorable a la organización del Chichi y El Felino; para ello había citado a los reporteros de El Buen Tono en ese lugar.

 El diario, propiedad del empresario panista José Abella, ya había sido atacado por una célula de Los Zetas en noviembre de 2011: 15 sicarios llegaron a las instalaciones del rotativo en varios vehículos un domingo por la noche. Las rociaron con gasolina y les prendieron fuego.

 Esta vez, Abella se deslindó de los reporteros Rivas y Ramos en su cuenta de Facebook, donde escribió: “No se hagan bolas. Esos reporteros… no creo que hayan estado hablando de periodismo, sentados con el jefe de Los Zetas al que también asesinaron. Los dos que estaban ahí sentados, de El Buen Tono, deben ser cesados de la empresa”.

 A su vez, Luis Domínguez, director del periódico, envió un comunicado en el cual asegura que Rivas y Ramos se escondieron en el Teleférico. Hasta ahí llegaron policías municipales, quienes los subieron a una patrulla para resguardarlos: “Los periodistas pidieron su traslado a Córdoba, pero policías les informaron que afuera de las instalaciones (de la policía) están Los Zetas y están pidiendo que los entreguen”.

 La semana previa al ataque en La Taberna, la madrugada del viernes 7, cibernautas dieron cuenta de la aparición de una narcomanta en la autopista Córdoba-Orizaba en la que se anticipaba que irían por jefes de plaza de Los Zetas, por taxistas y reporteros al servicio de esa organización criminal. La firmaban los Cárteles Unidos, que aglutina a Los Ántrax, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

 “Estamos aquí para hacer una limpia –decía la manta–. Usen a más gente para que sepamos quiénes son y vayamos por ellos también. Todo Córdoba –municipio conurbado a Orizaba– y la región sabe que ustedes mueven su droga armas y dinero en taxis.”

 El fiscal general del estado, Luis Ángel Bravo, admite que en julio pasado la violencia se recrudeció en Veracruz. La dependencia registró 58 homicidios dolosos en ese mes, la mayoría de ellos en la región Córdoba-Orizaba-Nogales y en la zona sur.

 La agencia Apro contabilizó más de 30 ejecuciones entre el 25 de julio pasado y el sábado 1.

 Excusas y violencia

 En noviembre de 2012, este semanario informó sobre la captura de tres presuntos zetas. Esa acción permitió al Ejército y la Marina detectar una red de complicidades entre sicarios y transportadores de droga de Los Zetas con subprocuradores de justicia, policías ministeriales, empresarios y políticos veracruzanos.

 Entre los presuntos implicados se mencionó a los exsubprocuradores José Yunis Manzanares y Marco Antonio Lezama Moo. La investigación ministerial 947/2012 VER-FIEAFTVS-10, abierta en la Subprocuraduría Regional de Justicia Zona Centro Veracruz, estaba rubricada por el “fiscal investigador especializado” Pedro Huesca Barradas.

 El destino de los tres servidores públicos señalados fue muy distinto: a Yunis le dieron “término de funciones” y quedó excluido del aparato de justicia local, pero sin ninguna responsabilidad penal; Lezama Moo, a propuesta del gobernador Javier Duarte, fue nombrado magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Huesca fue levantado por un comando armado en Ciudad Cardel junto con su asistente. Hasta hoy, Huesca está desaparecido.

 Las muertes de la activista Nadia Vera y del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, colaborador de este semanario, y la de Santos Cabrera volvieron a poner a Duarte en los primeros planos de la prensa nacional e internacional.

 “Yo ya declaré. Yo no mandé a matar a Rubén”, expuso el mandatario al articulista Ciro Gómez Leyva y al conductor televisivo Joaquín López Dóriga, así como a la revista Nexos la semana pasada.

 El lunes 10 dio un largo mensaje en la Sala de Banderas a un pequeño grupo de reporteros, a los que convocó formalmente para deslindarse del homicidio de Espinosa Becerril y Vera, ocurrido en la colonia Narvarte de la Ciudad de México.

 Veracruz “trabaja” para garantizar la seguridad y protección de quienes viven y trabajan en la entidad, incluyendo la generación de “condiciones” para el ejercicio libre del periodismo; “somos respetuosos de la manifestación libre de las ideas, de la libertad de manifestarse y de todas las expresiones sociales que se dan”, les dijo.

 Su pretendido deslinde desencadenó más críticas de reporteros, escritores y conductores de noticiarios televisivos como Alejandro Almazán, Guadalupe Loaeza, Elena Poniatowska, Víctor Trujillo (Brozo) y Carlos Loret de Mola. El titular de la Coordinación General de Comunicación Social, Juan Octavio Pavón, tuvo que emplearse a fondo para reposicionar a su jefe.

 Recurrió a los columnistas locales afines a Duarte para “desacreditar” a sus críticos.­

 El lunes 10, Loaeza tituló su artículo de Reforma ¿Qué tal durmió señor gobernador?, en el que aludía a la ola de violencia en Veracruz, así como a las amenazas contra el fotoperiodista Espinosa Becerril que lo obligaron a salir de la entidad.

 Al día siguiente, Manuel Rosete Chávez –el autor de la columna Apuntes, que se reproduce en varios medios veracruzanos– llamó a Loaeza “piruja de la pluma”.

 De manera simultánea, Pavón se puso en contacto con directores, jefes de área, coordinadores y otros mandos del gabinete legal y ampliado, así como con directivos del PRI. Les pidió usar sus cuentas de redes sociales para enviar a los burócratas y simpatizantes priistas el siguiente texto:

 “Este es el momento de colaborar… El gobernador acaba de publicar un mensaje muy importante que debe ser compartido ampliamente (sic) en las redes sociales. Les pido que aporten comentarios positivos en la publicación de Facebook del gobernador, así como en su tuit. Paremos esta campaña de desinformación y linchamiento.”

 El mensaje saturó las cuentas oficiales de Duarte. Pero no impidió que en el resto del ciberespacio siguieran reproduciéndose las consignas “Justicia para Rubén y Nadia”, “Renuncia Duarte”, “En Veracruz no pasa nada, sólo frutsies y pingüinos”, “No se mata la verdad matando periodistas”.

 En su mensaje del lunes 10, Duarte aludió al caso de Regina Martínez Pérez, corresponsal  de Proceso en Veracruz. Dijo que el caso ya “fue esclarecido” bajo la configuración de los delitos de homicidio y robo agravado; incluso dijo que uno de los implicados, Jorge Antonio Hernández Silva, ya fue detenido y sentenciado a 38 años de prisión.

 Sin embargo, la litigante Diana Coq Toscanini, abogada de Silva y quien fue coadyuvante de Proceso en la investigación para esclarecer el asesinato de Regina Martínez, escribió un correo electrónico al reportero para advertir que “el caso no está completamente esclarecido”.

 Ataque impune

 Activistas sociales, estudiantes y periodistas siguen reclamando a las autoridades una investigación a fondo del ataque contra jóvenes y estudiantes universitarios en esta capital, en el que tres personas resultaron lesionadas, una de ellas con traumatismo craneoencefálico, a causa de los golpes que les propinaron los agresores con machetes, palos con clavos y bates de beisbol.

 Los colectivos Alianza Nacional Contra el Fracking, la Asociación Defensora de los Derechos Humanos “Decide”, el Comité Universitario 5 de Junio, la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida) y Voz Alterna insisten en que se realicen las diligencias ministeriales y se arreste a los responsables de esa agresión.

 Pero el gobierno de Duarte no responde. Eso sí, las amenazas, hostigamiento, represión y monitoreo de estudiantes, activistas y periodistas por parte de las secretarías estatales de Seguridad Pública, Gobernación y la Política Regional se recrudecieron tras las protestas por los asesinatos de Espinosa Becerril y Vera.