Revista
Proceso
# 2025, 22 de agosto de 2015..
/Arturo Rodíguez García.
Durante
seis meses y medio, el titular de la Secretaría de la Función Pública, Virgilio
Andrade, realizó una “investigación exhaustiva” al presidente Enrique Peña
Nieto, Angélica Rivera y Luis Videgaray, el secretario de Hacienda, sobre la
adquisición de residencias de lujo en Lomas de Chapultepec y en el Estado de
México. Al final, simplemente determinó que no hay conflicto de interés en esas
compras… y exoneró a los tres implicados. Todo fue tan calculado que el propio
Peña Nieto se dio tiempo para preparar un guión y, en un evento el mismo día de
la exoneración, el viernes 21, pidió perdón a los mexicanos por el escándalo
provocado por la Casa Blanca.
Frente
a los tres poderes, los titulares de los organismos autónomos, gobernadores, el
gabinete de seguridad, la cúpula del aparato de justicia del país y una
representación ciudadana proclive a consejos oficiales colegiados, el
presidente Enrique Peña Nieto pide comprensión para abordar un asunto que
comenzó a captar la atención la tarde del viernes 21.
Momentos
antes, el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Virgilio
Andrade Martínez, había dado por concluida la investigación por conflicto de
interés respecto al propio Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera y su
colaborador más cercano Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Hacienda,
en la compra de sus lujosas residencias construidas y financiadas por
contratistas gubernamentales.
Peña
Nieto trastabilla al abordar el tema frente a los asistentes al Consejo
Nacional de Seguridad Pública, cuya agenda se empató con el Informe Andrade.
Sin embargo, fija su atención en el texto preparado, y de inmediato recupera el
aplomo.
La
SFP concluyó que no hay responsabilidad jurídico administrativa de los
implicados en el caso de las lujosas viviendas, que tanta indignación provocó
en los medios nacionales e internacionales. El jefe del Poder Ejecutivo
atribuye a “interpretaciones” el escándalo, pero, como éste lastimó a los
mexicanos, pide “perdón”. Para él, lo más preocupante es la pérdida de confianza
en las instituciones. Más todavía, la pérdida de confianza entre los
ciudadanos.
Los
asistentes al acto aplauden a Peña Nieto cuando declara su “amor” por Angélica
Rivera –“una excelente madre”– y cuando concluye su intervención sobre el caso
–plena de mensajes motivacionales del tipo “tengamos confianza en nosotros
mismos”.
Como
ocurrió el 18 de noviembre de 2014 con el video grabado por Rivera para
justificar la compra de la casa de las Lomas; el día siguiente, cuando Peña
Nieto abrió ciertos datos de su declaración patrimonial; el 23 de ese mismo
mes, cuando declaró su sospecha sobre quienes querían “desestabilizar” al país
con esa publicación; el 27, cuando anunció una serie de medidas anticorrupción,
y el 3 de febrero, cuando tomó protesta a Andrade Martínez como titular de la
SFP y le encargó la investigación sobre conflicto de interés, hoy la resolución
intenta zanjar el asunto.
El
“Informe Andrade”
Para
resolver el escándalo, conocido en medios internacionales como Mansion Gate, el gobierno
de Enrique Peña Nieto se limitó a indagar la figura de “conflicto de interés”;
omitió investigar a todas las empresas de los contratistas implicados, y al
final simplemente determinó: ni el mandatario ni su esposa ni Videgaray
incurrieron en ilicitud.
Con
resonancia internacional, la investigación periodística intitulada La Casa
Blanca de Peña Nieto, realizada por el equipo de Carmen Aristegui y publicada
por este semanario el 9 de noviembre de 2014, puso al descubierto que la
familia presidencial adquirió una lujosa mansión en Lomas de Chapultepec,
construida al gusto de la pareja presidencial por el contratista gubernamental
Juan Armando Hinojosa Cantú, quien además la financió (Proceso 1984).
Documentados
hasta entonces cerca de 25 mil millones de pesos en contratos de obra pública y
servicios a las compañías del empresario en lo que iba de administración
(Proceso 1985), la cobertura del caso aumentó cuando el periódico estadunidense
The Wall Street Journal (WSJ) publicó que Videgaray había adquirido otra
residencia al mismo contratista, aunque de menor costo, con el mismo esquema de
construcción-financiamiento.
Para
enero, WSJ documentó de nueva cuenta que la residencia que el presidente Peña
Nieto posee en Ixtapan de la Sal fue comprada a Roberto San Román, cuyas
empresas también habían incrementado los contratos de obra cuando Peña Nieto
fue gobernador del Estado de México, así como en dependencias federales cuando
el mexiquense inició su gestión en Los Pinos.
Con
la revisión única de la fracción XII del artículo 8 de la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP), Andrade
Martínez libró a los implicados de cualquier acto ilícito.
Las
consideraciones de la resolución atienden a diferentes aspectos: primero, que
Angélica Rivera no tiene responsabilidad, sino su esposo, pues ella no es
servidora pública; luego, que al celebrar la compra de las respectivas casas,
Peña Nieto y Videgaray no tenían cargo federal; que los depósitos a los
vendedores fueron de las cuentas personales, con cheques verificados por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores; que no tienen responsabilidad sobre
asignaciones contractuales, y que quienes la tienen declararon no haber sido
objeto de presiones, ni tener (ellos, no sus jefes) relación con los
licitantes. Peña Nieto calificaría más tarde de “exhaustiva”, la resolución.
Sin
embargo, Andrade Martínez admitió a pregunta expresa que la investigación sólo
comprendió el conflicto de interés, y no otro ilícito previsto en la LFRASP.
Según él, no hubo elementos para considerar otras causales de sanción previstas
en materia administrativa.
Al
titular de la SFP se le mencionó, por ejemplo, que los créditos otorgados por
Hinojosa Cantú a Angélica Rivera (54 millones de pesos a ocho años con 9% de
interés anual) y Luis Videgaray (7.5 millones de pesos a 18 años con 5% de
interés anual) por fuera del sistema financiero eran inusuales.
También
se le mencionó que en México existen 17 mil constructoras (2 mil 944
vivienderas, 4 mil 361 dedicadas a ingeniería civil, según los Censos
Económicos 2014 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía), pero él
presentaba como una casualidad que desarrolladores de mansiones y contratistas
de obra pública coincidieran como en estos casos.
Sin
embargo, Andrade se limitó al guión: Repitió que no había anomalías en los
contratos, que no hubo denuncias de licitantes y que las auditorías mostraron
que todo estaba en regla. Respecto al financiamiento, aseguró que no era
problema pues se trataba de acuerdos entre particulares.
Desde
la publicación de la primera compra, expertos en derecho administrativo
advirtieron la deficiencia del marco jurídico para configurar e investigar de
manera exhaustiva el conflicto de interés. Aún peor: los casos denunciados en
más de una década jamás prosperaron (Proceso 1994).
En
la conferencia de prensa del viernes 21, el reportero preguntó a Andrade sobre
los casos resueltos por intereses en conflicto. El funcionario dijo no
recordar, pero en todo caso, aseguró, son escasos.
Una
revisión del Segundo Informe de Gobierno de Peña Nieto permitió observar que el
precepto es letra muerta: el conflicto de interés no figura como motivo
frecuente de sanción, por lo que se engloba en el apartado “Otros” de la
gráfica que sobre las estadísticas se incluye en la página 55 del documento
consultado.
La
SFP no registra ninguna sanción en ese apartado desde 2008; luego, no sólo son
escasos, como dijo Andrade, sino que hace al menos siete años no hay sanciones
por conflicto de interés.
Omisiones
exhaustivas
Aun
circunscrita al ilícito que jamás se configura, la investigación de Andrade
dejó de lado aspectos relevantes del caso: por ejemplo, sobre las relaciones de
compadrazgo de Peña Nieto y San Román, contratista gubernamental y vendedor de
su casa en un exclusivo fraccionamiento de Ixtapan de la Sal, o de su amistad
con Hinojosa Cantú. Andrade dijo que las relaciones no están prohibidas
mientras no afecten la imparcialidad en el desempeño del cargo o comisión.
Más
todavía. El titular de la SFP se limitó a indagar cuatro razones sociales
propiedad de Hinojosa Cantú y dos de San Román. Del primero: Constructora Teya;
Eolo Plus; Publicidad y Artículos Creativos, y Concretos y Obra Civil del
Pacífico. Del segundo: Constructora y Urbanizadora Ixtapan y Club de Golf
Ixtapan.
Las
empresas omitidas en la investigación son de Hinojosa Cantú. Entre éstas:
Autopistas de Vanguardia (Autovan); Controladora de Operaciones de
Infraestructura; Mezcla Asfáltica de Alta Calidad; Preiton; Industrial IGSA.
Estas
compañías, junto con las cuatro ya mencionadas, acumulan contratos por un monto
superior a 60 mil millones de pesos. Destacan, por ejemplo, Controladora de
Operaciones de Infraestructura, una de las firmas que integran el consorcio
licitador del Acueducto Monterrey VI, asignado en 2014, antes del escándalo.
También
figuran Preiton, que en asociación con IGSA y Tradeco forma un consorcio en el
caso de la obra del Hospital General Tlatelolco del ISSSTE, contrato asignado
en 2014, y Mezcla Asfáltica de Alta Calidad, que obtuvo un contrato con la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en 2013.
Dichas
empresas de Hinojosa Cantú, los contratos y sus montos desglosados fueron
publicados por Proceso en sus ediciones 1985 y 2002. Más tarde, una comisión independiente
de diputados, encabezada por el legislador Manuel Huerta Ladrón de Guevara,
amplió la información hasta entonces publicada que, con base en documentación
oficial, se compiló en el libro Regalos obscenos: lo que no pudo esconder el
pacto contra México.
El
conflicto dentro del conflicto
Entre
las empresas excluidas por el Informe Andrade destacan Autovan, encargada de la
dilatada y conflictiva construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, asignada
por el gobierno del Estado de México por un monto de 2 mil 775 millones de
pesos.
Como
el contrato es estatal, la SFP omitió considerarla aun cuando parte de esa obra
es financiada por Banobras, donde Alfredo del Mazo Maza fungió como titular
hasta principios de año. Del Mazo Maza es primo del presidente Peña Nieto y
descendiente del clan que lleva siete décadas en el poder en el país.
Banobras
es también una de las entidades públicas que celebraron contratos con Eolo
Plus, la empresa de taxis aéreos de Hinojosa Cantú (Proceso 2005).
No
obstante, para la inversión en la autopista Toluca-Naucalpan, Hinojosa Cantú
tiene un fondeo especial de la empresa ICuadrada, razón social a través de la
cual el empresario Jerónimo Gerard opera fideicomisos obtenidos de los fondos
de ahorro para el retiro.
Jerónimo
es hermano de Hipólito Gerard, dueño de la Constructora GIA+A, una de las
empresas que junto con Hinojosa Cantú ganó la licitación, cancelada a punto de
estallar el escándalo de la Casa Blanca, para la construcción del tren
México-Querétaro.
Jerónimo
e Hipólito son hermanos de Gabriela, la esposa del director general del IMSS,
José Antonio González Anaya, y de Ana Paula, la esposa del expresidente Carlos
Salinas de Gortari (Proceso 2014).
Para
cerrar el círculo, Andrade Martínez, el responsable de la investigación sobre
intereses en conflicto, es hijo homónimo del abogado del líder sindical Carlos
Romero Deschamps y fue asesor de Ana Paula Gerard cuando era secretaria técnica
del gabinete económico durante el sexenio de Salinas de Gortari.
…y
la Casa Blanca desapareció
El
3 de febrero último, durante el acto de toma de protesta a Virgilio Andrade
como titular de la SFP, el presidente Enrique Peña Nieto lo instruyó no sólo
para que investigara la compra de la Casa Blanca; también le pidió integrar un
panel de expertos para que lo acompañaran en el proceso.
Pero
al presentar la conclusión, a 10 días de que el mandatario presente su tercer
informe de gobierno, el titular de la SFP dijo que había optado por no convocar
el mencionado panel y asumió la responsabilidad de la decisión. También dijo
que queda abierta toda la investigación para que sea consultada en internet.
En
los documentos consultables se observa, por ejemplo, que no obstante la
admisión de que hubo una adjudicación directa –es decir, sin licitación ni
concurso de por medio– para que Grupo Higa remodelara el hangar presidencial
por un monto de mil millones de pesos, este dato no tuvo mayor efecto en la
investigación.
Con
el oficio CGA/011/2015, el coordinador general de Administración de la
Presidencia, Carlos Alberto Ramírez Velasco, negó que en las asignaciones haya
intervenido Peña Nieto. Eso fue suficiente.
En
su respuesta a un cuestionario enviado por la SFP, Peña Nieto reiteró lo que ha
dicho en público: la casa la compró su esposa Angélica Rivera con sus recursos;
se encuentra casado por separación de bienes y su cónyuge cuenta con los
documentos que pueden probar la legalidad de las operaciones.
Y
lo probó, según Andrade. Rivera documentó, dijo, los montos devengados con Televisa
Talento por su trabajo como actriz: hasta diciembre de 2014 ella había pagado
14.5 millones de pesos, aplicados a intereses mediante 35 cheques de su cuenta
personal.
Supuestamente
la SFP comprobó que esos cheques provenían de su cuenta personal y que, con
base en la declaración del representante de Televisa Talento, se estableció que
en 2010 la empresa dio un finiquito a Rivera por 88.6 millones de pesos, así
como la casa de Paseo de la Palmas en las Lomas, es decir, la que colinda con
la Casa Blanca.
Eso
presuntamente lo corroboró la SFP con las declaraciones fiscales de Rivera,
quien sólo en 2010 declaró ingresos acumulables por 130 millones de pesos. Así,
comentó Andrade, la primera dama contaba con los recursos para realizar la
operación.
Andrade
expuso que el 14 de diciembre de 2014 Angélica Rivera regresó la Casa Blanca a
Ingeniería Inmobiliaria del Centro (razón social de Hinojosa Cantú para esa
operación), por lo que debió pagar 10.5 millones por arrendamiento de 2012 a
2014.
Finalmente,
el funcionario remató que Rivera ya no tiene relación con el inmueble.
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