1 ago 2015

Miedo a la extradición... o a la ejecución

Miedo a la extradición... o a la ejecución/JESUSA CERVANTES Y JORGE CARRASCO ARAIZAGA
Revista Proceso # 2022, 1 de agosto de 2015
LA FUGA
Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, El Chapo, se le fugó al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y además aventaja a la procuradora general de la República, Arely Gómez González, en el proceso de extradición.
El mismo día en que Gómez anunció que un juez federal le había otorgado “la orden de detención con fines de extradición”, El Chapo recibió de otro juzgado la llamada “suspensión de plano” para que nadie lo pueda sacar en lo inmediato del país, aun cuando sea reaprehendido.
Los recursos de su defensa le permitieron al capo no ser extraditado de manera expedita a Estados Unidos. Antes, el gobierno de México deberá vencerlo judicialmente, lo cual podría ocurrir pasada la administración de Enrique Peña Nieto. Sólo entonces la solicitud oficial de extradición se podrá conocer públicamente, pues la Secretaría de Relaciones Exteriores la reservó “por tres años”, revela en entrevista Juan Pablo Badillo Soto, abogado del Chapo.


Badillo Soto fue contratado por Guzmán hace 22 años, cuando éste estaba preso en Puente Grande, Jalisco; el defensor, dice él mismo, lo libró esa vez de cuatro cargos penales.
Hoy tiene como principal tarea evitar la entrega del capo a Estados Unidos, lo cual, según el abogado, es su principal temor… o el de ser “abatido”, como ha ocurrido con otros jefes del narcotráfico.
–¿Cuándo lo vio por última vez?
–Hace cuatro o seis meses.
–¿Estaba asustado?
–No.
–¿Triste?
–No.
–¿Enojado?
– No. Más bien temeroso de ser extraditado o abatido.

El abogado relata que cuando el capo fue detenido, “Estados Unidos lo requirió de inmediato, aunque lo oficializó después”.
Por ello, sostiene, la familia del Chapo y su defensa tuvieron “temor fundado” de que con argucias y artilugios institucionales fuera extraditado.
–El expresidente Felipe Calderón extraditó a capos de la droga antes de que se resolvieran sus amparos contra la extradición. ¿No temen que ocurra lo mismo?
–No. Ya son otros tiempos –responde el penalista con experiencia de 45 años, confiando así en que se agotarán los plazos legales antes de que su cliente sea eventualmente entregado a la justicia estadunidense.
Demanda vieja
Proceso reveló en su edición 2021 que desde mayo hay una solicitud de extradición, la cual ha sido impugnada, también por vía de amparo, por Badillo. Se trata del expediente 73/2015 y que arrancó mucho antes del 25 de junio, fecha en la cual, según la procuradora, Estados Unidos hizo la petición formal.
El abogado dice a Proceso que son cuatro las solicitudes de amparo tramitadas en favor de Guzmán Loera.
El 30 de julio, Arely Gómez presumió que el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal le había concedido un día antes (29 de julio),“la orden de detención formal con fines de extradición de Joaquín Guzmán Loera”.
Pero el capo se le adelantó. El mismo día 29 otro juzgado le había concedido la “suspensión de oficio y de plano” para evitar su pronta extradición a Estados Unidos.
El juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal determinó conceder “la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados” (solicitud de extradición).
Al pronunciarse sobre la petición de la defensa, el abogado señala que se debe evitar que sea “abatido y masacrado por diversos grupos”, que no sea sometido a “la pena de muerte” y cualquier otro de los actos prohibidos que se señalan en el artículo 22 de la Constitución.
El juez emplazó a las autoridades mexicanas a rendir, en el curso de las próximas dos semanas, un informe que justifique el pedido de extradición.
De acuerdo con los documentos en poder de Proceso, la demanda de amparo indirecta y la resolución del juez que concede “suspensión de plano”, se dieron el 29 de julio, cuando la Procuraduría General de la República (PGR) apenas solicitaba una “orden de detención formal con fines de extradición”.
En su solicitud de amparo, Badillo revela que ya hay un trámite y, en un juzgado distinto, el documento donde la Cancillería pide a la justicia federal la autorización para extraditar al Chapo. Se trata del Juzgado Décimo Primero de Distrito de Proceso Penales Federal en el Distrito Federal bajo la causa penal 81/2015-IV. En su página de internet, la Judicatura cuenta con el expediente registrado, pero no hay huella de actos realizados.
En su demanda de amparo, Badillo asegura que como autoridades responsables, la Secretaría de Gobernación, la PGR y la Cancillería han expresado públicamente que el gobierno de Estados Unidos ha solicitado al de México la extradición de su cliente y que “ya se encuentra en proceso de tramitación en algún juzgado de distrito de procesos penales federales en el Distrito Federal para su inminente ejecución”.
El abogado le pide al juez que en caso de que El Chapo sea recapturado no sea abatido “por las fuerzas armadas o por los mercenarios contratados por el gobierno mexicano o por la DEA”.
Para sostener su petición, dice en la demanda estar convencido de que el gobierno mexicano contrató fuerzas extranjeras para matarlo: “Se tiene la certeza y la total convicción de que el gobierno mexicano ha contratado fuerzas punitivas de militares mercenarios colombianos para abatir (masacrar y asesinar) al señor Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, pretendiendo justificar que dichos mercenarios son colaboradores auxiliares de las fuerzas mexicanas”.

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