El Altiplano, a punto de estallar

Revista Proceso # 2030, 27 de septiembre de 2015

El Altiplano, a punto de estallar/ANABEL HERNÁNDEZ

Luego del escape del capo sinaloense, el penal de El Altiplano entró en el caos. Las autoridades aparentemente quisieron vengarse de la afrenta, pero con los internos: a mediados de este mes los despojaron de sus televisores y relojes, artículos a los que tienen derecho. La medida inexplicable creó un ambiente de rebelión y motivó la interposición el viernes 25 de cientos de amparos de los presos, en medio de una huelga de hambre que hasta el cierre de esta edición seguía creciendo.

El viernes 18, desde las 05:00 hasta pasadas las 23:00 horas, en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, El Altiplano, en Almoloya, Estado de México, policías federales y custodios irrumpieron en las celdas de todos los módulos y despojaron a los reclusos de televisores y relojes. Violentamente, en algunos casos.

El operativo lo confirman amparos interpuestos por cerca de 400 presos de ese penal de alta seguridad el viernes 25 en el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo del Segundo Circuito, con sede en Toluca, según pudo verificar este semanario. Se calcula que en el centro penitenciario hay una población aproximada de mil 200 internos.

Tras el operativo comenzó una rebelión que se ha mantenido al menos hasta el viernes 25, sin que la Secretaría de Gobernación ni la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) comuniquen a la sociedad lo que ha ocurrido dentro del penal en la última semana.

En el amparo interpuesto, uno de los quejosos afirma que su reloj y una televisión le fueron quitados sin ninguna explicación: “Es el caso que el día viernes dieciocho de septiembre del año en curso, siendo aproximadamente entre las veintidós y veintidós treinta horas, me encontraba en mi estancia viendo mi televisión hoy confiscada, cuando personal de seguridad de guardia y custodia entraron a mi celda y sin decirme nada desconectaron mi televisión y el eliminador y me arrebataron mis audífonos con los que escuchaba dicha televisión (…)

 “Les pregunté en ese instante que por qué razón me los estaban quitando y me dijeron que les diera el reloj, por lo que yo insistí en preguntar que por qué razón, y en ese momento tomaron de la fuerza mi mano y me despojaron de mi reloj y lo único que me contestaron es que por indicaciones del nuevo titular del centro penitenciario y del órgano administrativo es que a partir de ese día ya no contaríamos con las cosas despojadas, refiriéndose a todos los internos, llevándose, insisto, mi televisión, el eliminador, audífonos y el reloj de mano”, señaló.

 Proceso también pudo confirmar en distintas fuentes que hasta el viernes 25 había una huelga de hambre a la cual ya se habían sumado al menos 500 internos. Se afirma que algunos presos no han comido en los últimos cinco días; al menos uno de ellos ha sufrido desmayos.

 El ayuno fue iniciado el viernes 18 por internos del módulo uno, a donde fueron transferidos los presos de alta peligrosidad del área de Tratamientos Especiales. Entre los presos de esa área están Héctor Beltrán Leyva, exlíder del Cártel de los Beltrán Leyva; Servando Gómez Martínez, La Tuta, líder de Los Caballeros Templarios; Édgar Valdés Villarreal, La Barbie; Mario Cárdenas Guillén y Arturo Martínez Herrera, del Cártel del Golfo; José Bernabé Brizuela Meraz, La Vaca, operador del Cártel de Juárez; y Omar Treviño Morales, Z-42, líder de Los Zetas.

 Presuntamente son ellos quienes encabezan el ayuno que a lo largo de la semana se extendió a prácticamente todos los módulos.

 Se afirma que la situación en el penal empeoró cuando fueron internados, el mismo viernes 18, el exdirector de El Altiplano Valentín Cárdenas y otros 11 exfuncionarios del penal, acusados de haber participado en la fuga del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, el 11 de julio pasado, con la presunta complicidad de policías federales y agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y personal del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).

 El lunes 21 Proceso solicitó formalmente a la CNS información sobre el número de internos en huelga de hambre, cuántos relojes y televisores se confiscaron en el operativo y qué medidas ha tomado el gobierno federal para mantener el control del penal. La última información proporcionada a la reportera, el viernes 25, es que se estaban recabando los datos solicitados; en ningún momento se le dijo que la situación no existía.

 El sábado 19 Renato Sales, titular de la CNS, visitó El Altiplano. El lunes 28 minimizó los hechos y dijo que se trató de la molestia de algunos internos del módulo 1, pero que era una situación superada. De acuerdo con testimonios recabados, la situación empeoró durante la semana.

 Además de la reciente fuga de Guzmán Loera a principios de julio, hubo otro incidente grave en el penal. El lunes 7 fue encontrado muerto en su celda el zeta Sigifredo Nájera Talamantes, El Canicón. El gobierno federal aseguró que el fallecimiento se debió a una sobredosis de droga, cuando se supone que en el penal de máxima seguridad existen todos los filtros para que esas sustancias no ingresen.

 Un polvorín

 Familiares de internos narran a Proceso que al menos hasta el viernes 25 el ambiente interno en el penal era muy tenso y que algunos reclusos temían que la situación se saliera de control. Cuentan que el domingo 20 en el módulo 2 hubo quema de colchones. El miércoles 23, dice uno de los entrevistados, mientras hablaba por teléfono con un interno –llamada familiar, a la cual se tiene derecho– se escuchaban de fondo ruidos de golpes contra las rejas y gritos e insultos de los presos.

 El actual director de El Altiplano es Jaime Fernández López, nombrado tras la destitución de Cárdenas después de la fuga de Guzmán. Fuentes internas del penal señalan que él comenzó negociaciones con los internos del módulo 1, a quienes pidió que no se amotinen; les prometió que en cuanto un juez conceda el amparo para que uno de los reclusos recupere su televisor y su reloj, de inmediato permitirá que el resto de ellos vuelva a tener esos artículos.

 Según la información recabada, el operativo del viernes 18 tenía la finalidad de buscar drogas y explosivos en las celdas; en vez de eso, despojaron a los internos de televisores de siete pulgadas y relojes de plástico, artículos autorizados por el Consejo Técnico.

 El abogado José Luis Cobián, quien representa a algunos de los internos, explica en entrevista que los televisores y relojes quitados a los presos fueron en cada caso autorizados por el Consejo Técnico Interdisciplinario del Cefereso, que depende del OADPRS.

 “No es ilegal tenerlos, fue autorizado y no hay una ley que lo prohíba, por lo que la acción (de quitarlos) fue arbitraria y afecta la seguridad jurídica y garantía de audiencia de todos los internos”, señala. Antes del operativo, cerca de 80% de los internos de El Altiplano tenían televisores o relojes.

 El televisor autorizado por el Consejo Técnico Interdisciplinario debe ser de siete pulgadas, pantalla plana y sin bocinas; los internos sólo pueden usarlos con audífonos. A diferencia del resto de los presos, Guzmán Loera tenía en su celda, ilegalmente, un televisor con bocinas y cuyo volumen incluso estaba muy alto el día de su fuga, se afirma en el expediente judicial abierto sobre la evasión (Proceso 2022).

 A los únicos relojes de pulso a los que se supone tienen derecho los internos deben ser negros, de plástico y sin ninguna pieza de metal en su exterior. Al igual que los televisores, son adquiridos por los familiares y entregados en el área de resguardo del penal, de donde luego son repartidos según la autorización de los directivos del Cefereso.

 Cobián explica que un interno tarda entre seis o siete meses en tener acceso a esos beneficios, luego de que pasan por el Centro de Observación y Clasificación y los asignan a un módulo.

 “Las autoridades del penal erróneamente lo catalogan como un estímulo, no como un derecho”, afirma Cobián. “Lo toman como un premio otorgado por buen comportamiento y por colaborar con las autoridades penitenciarias. Pero es un derecho constitucional.”

 Tras la fuga de Guzmán, supuestamente ocurrida por un túnel que daba a la regadera de la celda número 20, el área de Tratamientos Especiales –para los presos de mayor peligrosidad– está en remodelación. Desde hace más de un mes todos los internos de esa área fueron cambiados, temporalmente, al módulo 1, en el centro de la prisión.

 En julio de 2014 Guzmán Loera, Valdés Villarreal y otros internos realizaron una huelga de hambre (Proceso 1968) argumentando presuntas violaciones a sus derechos. Pero también se dijo entonces que durante la organización del ayuno, El Chapo logró vulnerar a la red de custodios.

 El amparo

 El amparo masivo presentado el viernes 25 va contra el director general del penal, Fernández López, el OADPRS y el director de seguridad y titular del área de custodia y guarda, cuyo nombre no se señala.

 Uno de los agraviados refiere que llegó al complejo carcelario en 2001 y desde entonces “siempre he tenido el derecho a la televisión de la marca Insignia de siete pulgadas de la cual tiene grabado el número de expediente del suscrito (1088), eliminador para su adaptación, los audífonos para conectarlo a dicha televisión para poder escuchar y mi reloj, objetos que son adquiridos por nuestros recursos y depositados por nuestros familiares, cumpliendo con las características impuestas por el mismo centro penitenciario”.

 Describió que pasa entre 21 y 23 horas encerrado en su celda “sin hacer nada, completamente solo, por lo que para distraerme y conocer del mundo exterior lo es por conducto de las noticias; por lo que me es necesario el aparato de comunicación que me fue quitado por los responsables, así como para saber la hora, pues en dicho lugar no veo la luz del sol, y si no tengo mi reloj, pierdo la noción del tiempo”.

 Se argumenta que con la medida se violan los artículos 1, 17, 18, 19, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 En los amparos se solicitó al juzgado enviar un actuario a El Altiplano para la ratificación de la queja “y se dé fe del lugar en donde me encuentro viviendo, describiéndose a detalle la estancia y las condiciones del patio”.