ABC
|5 de octubre de 2015..
Turquía
tiene poco que celebrar este mes, cuando cumple 10 años de negociaciones para
su adhesión a la Unión Europea. Únicamente se han abierto 14 de los 35
capítulos del acervo comunitario (el último, en noviembre de 2013), y solo uno
se ha cerrado provisionalmente. La mayor parte de los capítulos restantes están
congelados por la Unión Europea desde 2006 debido a que Ankara no ha ampliado
su unión aduanera con la UE y no ha abierto sus puertos y aeropuertos al
tráfico greco-chipriota, o por Francia o Chipre unilateralmente. Ankara no está
dispuesta a ceder a menos que Bruselas cumpla la promesa de poner fin al
aislamiento de la República Turca del Norte de Chipre (RTNC), creada tras la
invasión de la República de Chipre por Turquía en 1974 y no reconocida
internacionalmente. Y eso no puede pasar, ya que el Gobierno grecochipriota ha
bloqueado el reglamento sobre el comercio directo necesario para levantar los
aranceles sobre los productos de la RTNC.
El
proceso de adhesión está en el limbo. Mientras tanto, el alto el fuego entre el
Estado turco y el insurgente Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK,
clasificado como grupo terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos), tras
una brutal guerra sucia de 28 años en la que han muerto como mínimo 40.000
personas, se rompió en julio con un recrudecimiento de la violencia por ambos
bandos. Al mismo tiempo, dando un giro de 180 grados, Recep Tayyip Erdogan,
presidente autocrático del país, se ha sumado a Washington en la lucha contra
el Estado Islámico (EI) y ha lanzado ataques aéreos contra el PKK a pesar de
que el grupo separatista y sus aliados en Siria han desempeñado un papel
crucial a la hora de contener el avance del EI. Actualmente, el ambiente en
Turquía recuerda al del periodo de dominio militar de la década de 1990, en
pleno apogeo de la guerra contra el PKK, cuando el encarcelamiento de líderes
kurdos era algo rutinario.
El
problema kurdo lo tiene que resolver Turquía por sí misma. Sin embargo, el
punto muerto con la UE se podría mitigar si esta abriese los dos capítulos
sobre derechos jurídicos y fundamentales y sobre justicia, seguridad y
libertades bloqueados por Chipre desde 2009. En cierto modo, es una hipocresía
que los países de la UE critiquen –y con razón– las importantes deficiencias de
Turquía en cuanto al sistema de derecho y el respeto a las libertades
fundamentales –el meollo del proceso de negociación– y no le den la oportunidad
de corregirlas abriendo esos capítulos, lo cual también permitiría a Bruselas
recuperar algo de la ventaja perdida. Además, es bastante absurdo que, en este
asunto, la Unión Europea esté obligada con un solo país, pero esas son las
normas si se exige unanimidad, dado que se necesita unanimidad para abrir los
capítulos.
La
democracia turca es profundamente imperfecta. El Partido de la Justicia y el
Desarrollo (AKP) en el Gobierno –cuyas raíces se encuentran en el islam
político y que ocupa el poder desde 2002– ha neutralizado al poderoso Ejército,
pero desde 2013 la prensa turca ha sido calificada de «no libre» por Freedom
House, la corrupción se ha agravado, el umbral del 10 por ciento de los votos
necesario para obtener representación parlamentaria no es democrático (en
España es del 3 por ciento), y el poder judicial sigue politizado. En el último
índice de 175 países elaborado por Transparencia Internacional, el nivel
percibido de corrupción de Turquía fue el que más se había deteriorado, si bien
sigue mejor clasificada que Italia y que dos países de la Unión Europea como Bulgaria
y Rumanía.
En
su primer año como presidente (después de 11 años como primer ministro), en los
12 meses transcurridos hasta agosto (su primer año en el cargo), Erdogan,
amparándose en una ley de injurias al presidente, ha demandado a más personas que
las que fueron juzgadas en los 64 años anteriores en virtud de una tristemente
célebre ley contra las críticas a Mustafá Kemal Atatürk, fundador de la
República de Turquía. Mientras que Suleimán Demirel, presidente entre 1993 y
2000, hacía caso omiso de las caricaturas y los comentarios mordaces contra él
(los coleccionaba con orgullo), los abogados de Erdogan tienen instrucciones de
perseguir a quienquiera que lo critique (generalmente, en Twitter).
Turquía
acudirá a las urnas el 1 de noviembre, ya que de las elecciones del pasado
junio no pudo salir un gobierno. El partido AKP perdió su mayoría absoluta
debido en gran parte al éxito del prokurdo Partido Democrático de los Pueblos
(HDP) y no logró formar una coalición ni un gobierno en minoría. Con la demonización
del HDP, Erdogan espera recuperar votos suficientes para dar al AKP los escaños
parlamentarios que le permitan reformar la Constitución y crear un régimen
presidencialista. La Unión Europea debería estar a la altura del reto y
encontrar una vía para abrir esos dos capítulos clave.
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