El Ejército en la noche de Iguala

Revista Proceso # 2032,  a 10 de octubre de 2015..’

El Ejército en la noche de Iguala/HOMERO CAMPA

Sobre el fondo negro de la pantalla se despliega el letrero “el Pentágono de la Amapola”, seguido por imágenes de pueblos abandonados y casas destruidas.

 Una voz en off explica: “El Pentágono de la Amapola es una zona del tamaño de la República de Haití a la que el Estado mexicano parece haber renunciado y que los grupos del crimen organizado se disputan a balazos. Los habitantes han quedado a su merced”.

 Una animación muestra el mapa del estado de Guerrero. Líneas rojas señalan las carreteras por las que transita la droga y que marcan los límites del Pentágono de la Amapola. Todas confluyen en un punto: la ciudad de Iguala.

 “Aproximadamente 60% de la producción nacional de opiáceos proviene del estado de Guerrero. Las dos terceras partes de esta cantidad –42% del total–, se origina en el Pentágono de la Amapola”, expone la voz en off.

 Precisa: “La ciudad de Iguala es el principal punto de concentración de estos narcóticos. Su posición geográfica es la adecuada para recibir el producto y embarcarlo hacia el norte del país y la frontera con Estados Unidos.

 “En Iguala abundan las joyerías de oro, las casas de cambio y de empeño, que son adecuadas para disimular las transacciones ilegales y el lavado de dinero. Ahí está uno de los puntos de origen de muchas fortunas, y de la pesadilla igualteca que alcanzó un clímax terrorífico después de que llegó a la alcaldía José Luis Abarca, en 2012.”

 En la pantalla, sobre los límites del Pentágono de la Amapola aparecen sucesivamente símbolos verdes que representan bases militares instaladas en Iguala, Teloloapan, Chilpancingo, Acapulco, Ciudad Altamirano, Pie de la Cuesta, Atoyac y Petatlán.

 La voz en off ofrece un dato desconcertante: “Aunque el Estado mexicano apenas se hace sentir dentro del Pentágono de la Amapola, el Ejército controla quién entra y quién sale de él, con batallones ubicados estratégicamente en sus límites y puntos de acceso”.

 La explicación sobre ese perímetro aparece en el documental Mirar morir, el Ejército en la noche de Iguala, y sirve para apuntalar una de las tesis del filme: que tropas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) controlan la zona y nada sucede sin que lo sepa o tolere, incluidas los movimientos de los cárteles del narcotráfico.

 Dirigido por Coizta Grecko y producido por el colectivo Ojos de Perro vs. La Impunidad, con la colaboración de Cuadernos de Doble Raya, el documental –que será estrenado el martes 20 de octubre durante el Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México (10DOCSDF)– enumera casos de la estrecha relación entre los mandos militares asignados en la zona y autoridades municipales.

 Por ejemplo, el presidente municipal de Cocula, César Miguel Peñaloza, declaró ante la Procuraduría General de la República (PGR) que Alejandro Saavedra, comandante de la 35 Zona Militar, le recomendó a sus dos últimos directores de Seguridad Pública. El último de ellos, Salvador Bravo Bárcenas –quien alcanzó el rango de mayor– denunció ante la PGR que su subalterno, César Nava, quien presuntamente trabaja para el cártel Guerreros Unidos (GU), le quitó mediante amenazas el mando de la corporación. Bárcenas aseguró que denunció a Nava ante el comandante del 27 Batallón, pero que sólo logró que lo detuvieran “brevemente, sin consecuencias”.

 El propio jefe de la Policía en Iguala, Felipe Flores –quien, de acuerdo con la versión oficial, entregó a los normalistas a los sicarios de GU para que éstos los desaparecieran—fue durante una década soldado y cabo en el 27 Batallón de Infantería.

 Más aún, el documental muestra imágenes de José Luis Abarca, cuando era alcalde de Iguala, en actos públicos y reuniones al lado de los mandos de la Sedena destacamentados en la zona.

 “La simpatía de la Secretaría de la Defensa Nacional por Abarca había quedado de manifiesto desde 2005, cuando le obsequió 52 mil metros cuadrados de terreno para que Abarca construyera la plaza comercial más moderna del norte de Guerrero: Galerías Tamarindos. Con una inversión declarada de 300 millones de pesos, se trata de un centro que no le pide nada a sus similares de las grandes ciudades, con multicinemas y un gran supermercado”, señala la voz en off, al tiempo que la cámara hace un paneo de las instalaciones del entorno comercial.

 “La Sedena cedió un terreno público a un particular a pesar de que no tenía facultades para ello –sentencia la voz en off–. Pero nadie se dio cuenta mientras Abarca tuvo amigos poderosos. Sólo en marzo de 2015, cinco meses después de que Abarca dejó la Presidencia Municipal para salir prófugo, la Secretaría de la Función Pública recuperó la posesión del predio; o eso fue lo que anunció, porque la plaza comercial de José Luis Abarca sigue funcionando con normalidad.”

 Encubrimiento

 Con base en decenas de testimonios de habitantes de la región, representantes de comunidades, familiares de desaparecidos, activistas y especialistas, así como en informes de organismos internacionales y de expedientes judiciales, Mirar morir expone las deficiencias de la investigación gubernamental sobre los ataques a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 y la posterior desaparición de 43 de ellos.

 “El documental muestra cómo detrás de la investigación oficial existe una operación de Estado para encubrir la participación de autoridades a nivel superior del municipal. Particularmente se ha querido proteger a los militares, a pesar de que existen numerosos indicios de que varias de sus unidades –en especial el 27 Batallón de Infantería– están involucrados en actos de represión política, en la desaparición de ciudadanos, así como con estructuras de protección al crimen organizado”, dice en entrevista el periodista Témoris Grecko, investigador, guionista y productor del documental.

 Y señala que las declaraciones que el titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda, hizo la semana antepasada en dos entrevistas con Televisa –en las que deslindó al Ejército de cualquier responsabilidad en los sucesos de Iguala–, son “el capítulo más reciente de esa operación”.

 De hecho, el documental incorpora dichas aseveraciones del general y las contrasta con otros testimonios y documentos.

 Así, Cienfuegos dijo el lunes 5 en El Noticiero –que conduce Joaquín López Dóriga en Canal 2 de Televisa– que “el comandante del 27 Batallón habló con el comandante de Seguridad Pública municipal, le preguntó qué había. Y él le dijo que no hay nada, no hay ningún enfrentamiento con los estudiantes. No tenemos ningún detenido, no ha habido disparos. Eso le dijo el director de la policía que anda huyendo”.

 El martes 6, en el noticiario matutino Primero Noticias, de Carlos Loret de Mola, el general Cienfuegos insistió: “Yo no entiendo ahí que si supimos, que si no participamos, que si no evitamos la masacre… ¿Cómo podemos saber que va a haber una masacre? ¿Cómo podemos saber que esos jóvenes que iban ahí eran los estudiantes?”.

 Con base en declaraciones ministeriales y otros documentos oficiales, el documental muestra que el argumento de que el Ejército “fue engañado por un policía municipal” es una falacia, pues a través del sistema del C-4 siempre supo en tiempo real lo que estaba sucediendo y tuvo en el terreno a efectivos de inteligencia militar vestidos de civil que atestiguaron los hechos e informaron de inmediato a sus superiores.

 “Los militares sabían muy bien que eran estudiantes, de dónde venían, qué estaban haciendo y qué les estaban haciendo, según demuestran documentos oficiales contenidos en el expediente de la PGR”, enfatiza la voz en off del documental.

 Refuta otro argumento que el general Cienfuegos expuso ante la primera comisión Iguala-Ayotzinapa de la Cámara de Diputados: Que el Ejército se apega a los protocolos y que éstos establecen que sólo puede actuar a petición de una autoridad y que en el caso de Iguala no la hubo.

 “Pero el general también dijo que los soldados habían acudido al hospital Cristina –donde había normalistas heridos– a resulta de una llamada anónima que recibió el 27 Batallón de Infantería”, dice la voz en off. Y pregunta: “¿Entonces, en este caso no siguieron el protocolo?; o sea, los militares dicen que por protocolo no podían intervenir sin petición de la autoridad, pero fue una llamada anónima la que los motivó a ir al hospital”.

 En la pantalla vuelve a aparecer el general Cienfuegos durante su intervención en El Noticiero, de López Dóriga: “A lo largo de mi administración hemos documentado al menos 100 eventos en los que los normalistas tomaron autobuses, camiones con mercancía y colocaron puestos para pedir dinero. En todas esas ocasiones supimos que salieron, y qué están haciendo, y en ninguna intervenimos, ¿por qué aquí deberíamos haber intervenido?”.

 La voz en off cuestiona: “Decidido a no ceder, el general Cienfuegos estableció que a la hora de hacer algo, no hay diferencia entre un boteo o una toma de autobuses y una operación masiva de asesinatos y desapariciones forzadas, que se prolongó por cuatro o cinco horas”.

 Y aparece en la pantalla Carlos Beristáin, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) –enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos–, quien durante la presentación del informe sobre el caso Ayotzinapa refutó, sin proponérselo, al general.

 Dijo: “Hubo presencia de diferentes agentes del Estado y no encontramos que hubiera acciones de protección. Uno puede discutir si puede hacer cosas frente a las acciones de la Policía Municipal. Pero lo que estaba pasando eran evidentemente agresiones que superaban cualquier neutralización de unas personas y que tenían que ver con disparos de armas de fuego y ataques a la vida”. l