La C. Procuradora Arely
Gómez comparece ante Comisión de Justicia de San Lázaro
El
diputado Álvaro Ibarra, presidente de la Comisión, dio la bienvenida la titular
de la PGR.
La comparecencia tiene como fin continuar el análisis del estado general que guarda la administración pública del país y enriquecer el diálogo entre poderes..
Título
Palabras de la Procuradora durante su participación como parte de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno en la Cámara de Diputados
Comunicado 679/15
Buenas noches.
Diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, Presidente de la Comisión Justicia.
Saludo a las diputadas y los diputados que integran esta Comisión de Justicia
Buenas noches a todos.
Es para mí una distinción acudir a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.
En cumplimiento del párrafo segundo del artículo 69 constitucional y punto 4 del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, atiendo la convocatoria de este Cuerpo Legislativo para dar cuenta de la situación que guarda la procuración de justicia en México, en el marco del Tercer Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.
Es interés de la Procuraduría que encabezo, fortalecer una relación amplia con el Poder Legislativo, con el fin de construir una agenda común en los temas de responsabilidad a la Institución.
Procuración de justicia eficaz, Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, Respeto y protección de los derechos humanos, además de Transparencia y efectiva rendición de cuentas, son los cuatro ejes que conforman el Plan de Trabajo que establecí al asumir la responsabilidad como Procuradora General de la República.
Estos cuatro ejes son observados en todos los programas que lleva a cabo la Institución.
Me permito darles un panorama de lo que hemos venido trabajando en estas cuatro líneas.
Primer Eje: Procuración de justicia eficaz.
El combate contra el delito requiere del fortalecimiento del sistema de procuración de justicia.
Que el ejercicio de la acción penal y la participación del Ministerio Público de la Federación se sustenten en investigaciones sólidas, que los hechos delictivos sean acreditados mediante la prueba científica y circunstancial, y que ambas constituyan evidencia probatoria contundente para sostener la acusación ante el órgano jurisdiccional.
En años anteriores, el arraigo se utilizaba en exceso no siempre con los resultados deseados. En esta gestión, no se arraiga para investigar: esta figura jurídica es la excepción, no la regla.
Asimismo, la figura del testigo colaborador ha dejado de ser el único instrumento de prueba para consignar. Hoy se utiliza como apoyo a otros medios de prueba. En mi administración, no se procede penalmente en contra de personas con el dicho aislado de un testigo colaborador.
Así también, ante la acción de grupos delictivos que han aumentado su capacidad operativa, se requiere una permanente colaboración interinstitucional e internacional que permita combatirlos de manera eficaz.
A la fecha, se tienen vigentes 114 tratados internacionales con 43 países y 23 acuerdos con 15 naciones, para el intercambio de información y colaboración dentro del marco soberano que nos da la Constitución.
En materia de extradición, en el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2014 al 31 de agosto del presente año, México ha entregado a 50 personas reclamadas por la justicia de diferentes países por delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, "lavado de dinero", homicidio y trata de personas, entre otros.
Hemos fortalecido y perfeccionado los esquemas de colaboración con las instituciones de Procuración de Justicia del país, a través de las Conferencias Regionales y Nacional de Procuración de Justicia, de modo que hoy se cuenta con protocolos de actuación homologados entre procuradurías y fiscalías, para indagar diversos delitos.
La aplicación firme de la ley en contra de las actividades criminales, requiere de un esfuerzo de coordinación y permanente intercambio de información que nos permita mejorar constantemente la actuación de la Procuraduría.
Aprovecho la ocasión para referirme a una de las investigaciones que ocupa la atención de la opinión pública desde hace meses, es la relacionada con la fuga registrada en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, "Altiplano".
Tal y como lo hemos dado a conocer, hasta el momento se han consignado y obtenido auto de formal prisión en contra de 29 personas.
Estas acciones se encuentran respaldadas por 242 pruebas científicas y peritajes, en 18 especialidades, como criminalística de campo, informática, telecomunicaciones y genética.
La lucha contra la delincuencia organizada requiere de estrategias que garanticen un combate integral.
Es necesario afectar las estructuras financieras de las organizaciones criminales; su capacidad económica les da también capacidad operativa y les permite corromper e incluso penetrar las estructuras institucionales dedicadas a combatir el delito.
En el caso del grupo delictivo que dirige Joaquín Guzmán Loera, se ha avanzado en el desmantelamiento de su estructura financiera y de operación, la cual comprende inmuebles, vehículos, aeronaves y pistas de aterrizaje.
Esta dinámica de trabajo es una directriz para atacar los apoyos logísticos que se dan a las organizaciones criminales, misma que se aplica en éste y todos los casos en manos de la Procuraduría.
Con estas acciones se avanza en la ruta correcta. Por convicción institucional y exigencia legal, les arrebataremos todos los objetos, productos e instrumentos del delito con los que cuentan para llevar a cabo sus actividades delictivas.
Segundo Eje: Derechos Humanos.
Desde el inicio de su administración, el Presidente Enrique Peña Nieto asumió como una de sus principales estrategias, la instrumentación de una política de Estado en materia de derechos humanos. Este tema es una prioridad de mi gestión.
Atenta a este propósito, además de las tareas propiamente ministeriales, en la PGR se han desarrollado 54 reuniones de trabajo con colectivos de víctimas de delitos relacionados con violaciones graves de derechos humanos, con el objetivo de avanzar en las investigaciones.
Procurar justicia implica de manera específica defender con firmeza los derechos humanos. Esta línea de acción guía nuestra tarea, lo cual se traduce en seguir procedimientos que garanticen los derechos de víctimas, ofendidos e imputados.
Es un compromiso institucional, como lo establece nuestra Constitución, garantizar una procuración de justicia con pleno respeto a los derechos humanos, alineando nuestra función con los estándares internacionales y con acciones concretas que garanticen efectos duraderos.
Tal es el caso de la aprobación y entrada en vigor, en agosto de este año, de los protocolos homologados para la investigación de los delitos de tortura y de desaparición forzada de personas, en todas las instancias de procuración de justicia en el país.
La defensa de los derechos humanos implica contar con buenos instrumentos normativos, instituciones apropiadas y servidores públicos altamente capacitados para aplicar las normas penales de manera oportuna sensible, eficiente y efectiva.
Para cumplir este propósito en el caso de la atención a la tortura hoy fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se crea la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura de la Procuraduría General de la República.
Asimismo, les informo que estamos llevando a cabo un proceso de consulta con especialistas, organizaciones internacionales de derechos humanos y de la sociedad civil, así como de víctimas de tortura y de desaparición forzada de personas, para elaborar y presentar en la próximas semanas al Poder Legislativo dos anteproyectos de leyes generales en esa materia.
Hoy, es una realidad la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas que dará certeza a las víctimas directas e indirectas por estos delitos, al establecer diligencias homologadas y sustentadas científicamente para la búsqueda y localización de personas desaparecidas.
Debo referir que esta misma semana hemos iniciado formalmente la operación de la Base de Datos Ante Mortem – Post Mortem. En una primera etapa, se han ingresado los datos de 650 personas reportadas como desaparecidas o cuyo paradero se desconoce.
Como anuncié el pasado 8 de octubre durante mi comparecencia en el Senado de la República, la averiguación previa del Caso Iguala fue puesta bajo la competencia de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, en donde se ha dispuesto que un equipo de servidores públicos altamente calificados en investigación penal y derechos humanos, atiendan esta indagatoria en una segunda fase.
Lo reitero: las hipótesis dependen de indicios o de pruebas confirmadas. Tratándose de una investigación abierta no hay posturas inamovibles, sino que se desarrollan en el curso de la propia investigación.
De ahí que se hayan incorporado al expediente del caso diversas observaciones y elementos que son necesarios para su desarrollo. Muchos de ellos han surgido de la relación de coadyuvancia técnica, establecida con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Es preciso informar, que en el marco del 156 Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el pasado 20 de octubre, se establecieron diversos acuerdos entre el Grupo de Expertos y el Estado Mexicano. Este hecho representa un importante avance en la definición de las condiciones en las que ambos cooperaremos.
El aspecto más importante de este acuerdo es el relanzamiento de la búsqueda de los normalistas desaparecidos, mediante una estrategia basada en el uso de la tecnología y la ciencia; al mismo tiempo que se trabajará en la atención integral a las víctimas, lo cual incluye el acompañamiento en su búsqueda de justicia.
Reitero que la Procuraduría General de la República continúa trabajando de manera decidida, para agotar todas las líneas de investigación y para dar certidumbre y confianza a las familias de los estudiantes. Esta voluntad implica el firme compromiso de que todos los responsables, sin duda, serán puestos a disposición de la autoridad competente.
Seguiremos trabajando, en éste y otros asuntos con responsabilidad y transparencia, privilegiando el respeto a los derechos humanos.
Tercer Eje: Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Avanzamos hacia la mayor transformación de nuestro sistema penal a nivel federal y lo hacemos en coordinación con autoridades del Poder Judicial de la Federación, Secretaría de Gobernación y Congreso de la Unión.
La transición es histórica. Constituye una alta responsabilidad y un alto compromiso con la sociedad mexicana.
La PGR desarrolló un Plan Maestro de Implementación, que ha permitido una transición ordenada al Sistema de Justicia Penal Acusatorio, tanto en las áreas centrales como en cada una de las delegaciones estatales que integran esta Institución.
Cuarto Eje: Transparencia y rendición de cuentas.
Estoy convencida que la transparencia y la rendición de cuentas deben ser un sello de todos los servidores públicos de la Institución a mi cargo. Ambos elementos fortalecen la credibilidad y confianza ciudadana en las instituciones de procuración de justicia.
Dar cuenta de nuestras acciones y resultados es un deber que tenemos ante la sociedad, por lo que trabajaremos de manera permanente en mejorar los mecanismos que cierren el paso a la impunidad, en observancia de nuestra misión como representación social.
Desde el inicio de mi gestión, ordené la creación de la Unidad de Apertura Gubernamental, cuyas directrices que orientan su trabajo se fijan desde la Oficina de la Procuradora.
Para hablar de transparencia, hay que ser transparentes.
Es por ello, y por constituir una exigencia ciudadana, que la Procuraduría determinó que la versión pública de la averiguación previa del Caso Iguala fuera puesto a disposición de toda la sociedad. Esto constituye un hecho inédito.
Este documento está totalmente abierto para su consulta en la sección de Transparencia de la página electrónica de la Procuraduría, donde hasta ayer se habían registrado 36 mil 552 accesos.
Otro hecho relevante, es la puesta en operación del Sistema de Consulta de Detenidos.
Ahora, cualquier ciudadano puede localizar en internet si algún familiar o conocido se encuentra a disposición del Ministerio Público de la Federación, conociendo exactamente en qué Agencia se encuentra.
Desde mi llegada hemos reducido considerablemente las declaratorias de inexistencia de la información solicitada por el INAI, pasando de un promedio de 35 a sólo 2 mensualmente.
La Procuraduría General de la República es la quinta dependencia de la Administración Pública Federal con más solicitudes de acceso a la información. En lo que va del año, llevamos más de 3 mil 680 solicitudes que se atienden en tiempo y forma.
Los retos en procuración de justicia son grandes, pero las capacidades y esfuerzo institucional son mayores.
Los nobles principios constitucionales de justicia plena son contundentes:
El esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, que al delincuente se le aplique la sanción que le corresponda, con pleno respeto a sus derechos procesales; y que las víctimas del delito reciban verdadera reparación y sean resarcidas en sus derechos.
Mi comparecencia ante estas Comisiones Unidas habrá de permitir la interlocución para construir áreas de oportunidad en la formulación de leyes y la aplicación de las mismas.
Reconozco la disposición y compromiso de ustedes para construir un mejor país, donde la seguridad y la justicia sigan consolidándose.
El deber de garantía penal le corresponde a la Procuraduría General de la República, y alcanzar mejores estándares en la procuración de justicia: es tarea de todas y todos.
Por su atención, muchas gracias.
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La comparecencia tiene como fin continuar el análisis del estado general que guarda la administración pública del país y enriquecer el diálogo entre poderes..
Título
Palabras de la Procuradora durante su participación como parte de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno en la Cámara de Diputados
Comunicado 679/15
Buenas noches.
Diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, Presidente de la Comisión Justicia.
Saludo a las diputadas y los diputados que integran esta Comisión de Justicia
Buenas noches a todos.
Es para mí una distinción acudir a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.
En cumplimiento del párrafo segundo del artículo 69 constitucional y punto 4 del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, atiendo la convocatoria de este Cuerpo Legislativo para dar cuenta de la situación que guarda la procuración de justicia en México, en el marco del Tercer Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.
Es interés de la Procuraduría que encabezo, fortalecer una relación amplia con el Poder Legislativo, con el fin de construir una agenda común en los temas de responsabilidad a la Institución.
Procuración de justicia eficaz, Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, Respeto y protección de los derechos humanos, además de Transparencia y efectiva rendición de cuentas, son los cuatro ejes que conforman el Plan de Trabajo que establecí al asumir la responsabilidad como Procuradora General de la República.
Estos cuatro ejes son observados en todos los programas que lleva a cabo la Institución.
Me permito darles un panorama de lo que hemos venido trabajando en estas cuatro líneas.
Primer Eje: Procuración de justicia eficaz.
El combate contra el delito requiere del fortalecimiento del sistema de procuración de justicia.
Que el ejercicio de la acción penal y la participación del Ministerio Público de la Federación se sustenten en investigaciones sólidas, que los hechos delictivos sean acreditados mediante la prueba científica y circunstancial, y que ambas constituyan evidencia probatoria contundente para sostener la acusación ante el órgano jurisdiccional.
En años anteriores, el arraigo se utilizaba en exceso no siempre con los resultados deseados. En esta gestión, no se arraiga para investigar: esta figura jurídica es la excepción, no la regla.
Asimismo, la figura del testigo colaborador ha dejado de ser el único instrumento de prueba para consignar. Hoy se utiliza como apoyo a otros medios de prueba. En mi administración, no se procede penalmente en contra de personas con el dicho aislado de un testigo colaborador.
Así también, ante la acción de grupos delictivos que han aumentado su capacidad operativa, se requiere una permanente colaboración interinstitucional e internacional que permita combatirlos de manera eficaz.
A la fecha, se tienen vigentes 114 tratados internacionales con 43 países y 23 acuerdos con 15 naciones, para el intercambio de información y colaboración dentro del marco soberano que nos da la Constitución.
En materia de extradición, en el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2014 al 31 de agosto del presente año, México ha entregado a 50 personas reclamadas por la justicia de diferentes países por delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, "lavado de dinero", homicidio y trata de personas, entre otros.
Hemos fortalecido y perfeccionado los esquemas de colaboración con las instituciones de Procuración de Justicia del país, a través de las Conferencias Regionales y Nacional de Procuración de Justicia, de modo que hoy se cuenta con protocolos de actuación homologados entre procuradurías y fiscalías, para indagar diversos delitos.
La aplicación firme de la ley en contra de las actividades criminales, requiere de un esfuerzo de coordinación y permanente intercambio de información que nos permita mejorar constantemente la actuación de la Procuraduría.
Aprovecho la ocasión para referirme a una de las investigaciones que ocupa la atención de la opinión pública desde hace meses, es la relacionada con la fuga registrada en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, "Altiplano".
Tal y como lo hemos dado a conocer, hasta el momento se han consignado y obtenido auto de formal prisión en contra de 29 personas.
Estas acciones se encuentran respaldadas por 242 pruebas científicas y peritajes, en 18 especialidades, como criminalística de campo, informática, telecomunicaciones y genética.
La lucha contra la delincuencia organizada requiere de estrategias que garanticen un combate integral.
Es necesario afectar las estructuras financieras de las organizaciones criminales; su capacidad económica les da también capacidad operativa y les permite corromper e incluso penetrar las estructuras institucionales dedicadas a combatir el delito.
En el caso del grupo delictivo que dirige Joaquín Guzmán Loera, se ha avanzado en el desmantelamiento de su estructura financiera y de operación, la cual comprende inmuebles, vehículos, aeronaves y pistas de aterrizaje.
Esta dinámica de trabajo es una directriz para atacar los apoyos logísticos que se dan a las organizaciones criminales, misma que se aplica en éste y todos los casos en manos de la Procuraduría.
Con estas acciones se avanza en la ruta correcta. Por convicción institucional y exigencia legal, les arrebataremos todos los objetos, productos e instrumentos del delito con los que cuentan para llevar a cabo sus actividades delictivas.
Segundo Eje: Derechos Humanos.
Desde el inicio de su administración, el Presidente Enrique Peña Nieto asumió como una de sus principales estrategias, la instrumentación de una política de Estado en materia de derechos humanos. Este tema es una prioridad de mi gestión.
Atenta a este propósito, además de las tareas propiamente ministeriales, en la PGR se han desarrollado 54 reuniones de trabajo con colectivos de víctimas de delitos relacionados con violaciones graves de derechos humanos, con el objetivo de avanzar en las investigaciones.
Procurar justicia implica de manera específica defender con firmeza los derechos humanos. Esta línea de acción guía nuestra tarea, lo cual se traduce en seguir procedimientos que garanticen los derechos de víctimas, ofendidos e imputados.
Es un compromiso institucional, como lo establece nuestra Constitución, garantizar una procuración de justicia con pleno respeto a los derechos humanos, alineando nuestra función con los estándares internacionales y con acciones concretas que garanticen efectos duraderos.
Tal es el caso de la aprobación y entrada en vigor, en agosto de este año, de los protocolos homologados para la investigación de los delitos de tortura y de desaparición forzada de personas, en todas las instancias de procuración de justicia en el país.
La defensa de los derechos humanos implica contar con buenos instrumentos normativos, instituciones apropiadas y servidores públicos altamente capacitados para aplicar las normas penales de manera oportuna sensible, eficiente y efectiva.
Para cumplir este propósito en el caso de la atención a la tortura hoy fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se crea la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura de la Procuraduría General de la República.
Asimismo, les informo que estamos llevando a cabo un proceso de consulta con especialistas, organizaciones internacionales de derechos humanos y de la sociedad civil, así como de víctimas de tortura y de desaparición forzada de personas, para elaborar y presentar en la próximas semanas al Poder Legislativo dos anteproyectos de leyes generales en esa materia.
Hoy, es una realidad la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas que dará certeza a las víctimas directas e indirectas por estos delitos, al establecer diligencias homologadas y sustentadas científicamente para la búsqueda y localización de personas desaparecidas.
Debo referir que esta misma semana hemos iniciado formalmente la operación de la Base de Datos Ante Mortem – Post Mortem. En una primera etapa, se han ingresado los datos de 650 personas reportadas como desaparecidas o cuyo paradero se desconoce.
Como anuncié el pasado 8 de octubre durante mi comparecencia en el Senado de la República, la averiguación previa del Caso Iguala fue puesta bajo la competencia de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, en donde se ha dispuesto que un equipo de servidores públicos altamente calificados en investigación penal y derechos humanos, atiendan esta indagatoria en una segunda fase.
Lo reitero: las hipótesis dependen de indicios o de pruebas confirmadas. Tratándose de una investigación abierta no hay posturas inamovibles, sino que se desarrollan en el curso de la propia investigación.
De ahí que se hayan incorporado al expediente del caso diversas observaciones y elementos que son necesarios para su desarrollo. Muchos de ellos han surgido de la relación de coadyuvancia técnica, establecida con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Es preciso informar, que en el marco del 156 Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el pasado 20 de octubre, se establecieron diversos acuerdos entre el Grupo de Expertos y el Estado Mexicano. Este hecho representa un importante avance en la definición de las condiciones en las que ambos cooperaremos.
El aspecto más importante de este acuerdo es el relanzamiento de la búsqueda de los normalistas desaparecidos, mediante una estrategia basada en el uso de la tecnología y la ciencia; al mismo tiempo que se trabajará en la atención integral a las víctimas, lo cual incluye el acompañamiento en su búsqueda de justicia.
Reitero que la Procuraduría General de la República continúa trabajando de manera decidida, para agotar todas las líneas de investigación y para dar certidumbre y confianza a las familias de los estudiantes. Esta voluntad implica el firme compromiso de que todos los responsables, sin duda, serán puestos a disposición de la autoridad competente.
Seguiremos trabajando, en éste y otros asuntos con responsabilidad y transparencia, privilegiando el respeto a los derechos humanos.
Tercer Eje: Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Avanzamos hacia la mayor transformación de nuestro sistema penal a nivel federal y lo hacemos en coordinación con autoridades del Poder Judicial de la Federación, Secretaría de Gobernación y Congreso de la Unión.
La transición es histórica. Constituye una alta responsabilidad y un alto compromiso con la sociedad mexicana.
La PGR desarrolló un Plan Maestro de Implementación, que ha permitido una transición ordenada al Sistema de Justicia Penal Acusatorio, tanto en las áreas centrales como en cada una de las delegaciones estatales que integran esta Institución.
Cuarto Eje: Transparencia y rendición de cuentas.
Estoy convencida que la transparencia y la rendición de cuentas deben ser un sello de todos los servidores públicos de la Institución a mi cargo. Ambos elementos fortalecen la credibilidad y confianza ciudadana en las instituciones de procuración de justicia.
Dar cuenta de nuestras acciones y resultados es un deber que tenemos ante la sociedad, por lo que trabajaremos de manera permanente en mejorar los mecanismos que cierren el paso a la impunidad, en observancia de nuestra misión como representación social.
Desde el inicio de mi gestión, ordené la creación de la Unidad de Apertura Gubernamental, cuyas directrices que orientan su trabajo se fijan desde la Oficina de la Procuradora.
Para hablar de transparencia, hay que ser transparentes.
Es por ello, y por constituir una exigencia ciudadana, que la Procuraduría determinó que la versión pública de la averiguación previa del Caso Iguala fuera puesto a disposición de toda la sociedad. Esto constituye un hecho inédito.
Este documento está totalmente abierto para su consulta en la sección de Transparencia de la página electrónica de la Procuraduría, donde hasta ayer se habían registrado 36 mil 552 accesos.
Otro hecho relevante, es la puesta en operación del Sistema de Consulta de Detenidos.
Ahora, cualquier ciudadano puede localizar en internet si algún familiar o conocido se encuentra a disposición del Ministerio Público de la Federación, conociendo exactamente en qué Agencia se encuentra.
Desde mi llegada hemos reducido considerablemente las declaratorias de inexistencia de la información solicitada por el INAI, pasando de un promedio de 35 a sólo 2 mensualmente.
La Procuraduría General de la República es la quinta dependencia de la Administración Pública Federal con más solicitudes de acceso a la información. En lo que va del año, llevamos más de 3 mil 680 solicitudes que se atienden en tiempo y forma.
Los retos en procuración de justicia son grandes, pero las capacidades y esfuerzo institucional son mayores.
Los nobles principios constitucionales de justicia plena son contundentes:
El esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, que al delincuente se le aplique la sanción que le corresponda, con pleno respeto a sus derechos procesales; y que las víctimas del delito reciban verdadera reparación y sean resarcidas en sus derechos.
Mi comparecencia ante estas Comisiones Unidas habrá de permitir la interlocución para construir áreas de oportunidad en la formulación de leyes y la aplicación de las mismas.
Reconozco la disposición y compromiso de ustedes para construir un mejor país, donde la seguridad y la justicia sigan consolidándose.
El deber de garantía penal le corresponde a la Procuraduría General de la República, y alcanzar mejores estándares en la procuración de justicia: es tarea de todas y todos.
Por su atención, muchas gracias.
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