Revista
Proceso
# 2036, 8 de noviembre de 2015
Acerca
de Cerrojazo a la Comisión Especial
PALABRA
DE LECTOR
De
Juan Carlos Delgadillo Salas
Señor
director:
En
torno a la nota titulada Cerrojazo a la Comisión Especial, firmada por su
reportera Jesusa Cervantes en Proceso 2035, permítame hacer las siguientes
aclaraciones:
1.Dice
su reportera: “Cuando el priista Emilio Gamboa Patrón encabezó la Jucopo,
Delgadillo Salas era su secretario técnico; cuando se fue al Senado, Delgadillo
lo siguió”.
Falso.
Cuando el entonces diputado Emilio Gamboa Patrón encabezó la Jucopo en la
Cámara de Diputados, entre septiembre de 2006 y agosto de 2007, yo me
desempeñaba como secretario técnico de la Comisión de Defensa Nacional en el
Senado de la República. De hecho, laboré ininterrumpidamente en el Senado desde
octubre del 2000 hasta septiembre de 2009, logrando incorporarme por riguroso
examen del Servicio Civil de esa cámara. Nunca he tenido el privilegio de
trabajar bajo las órdenes del hoy senador Emilio Gamboa Patrón.
2.Dice
su reportera: “Luego, éste regresó a San Lázaro, esta vez como asesor de la
fracción del PRI, que encabezó Manlio Fabio Beltrones Rivera en la LXII
Legislatura”.
Falso.
Nunca he “regresado” a laborar a la Cámara de Diputados. Yo me incorporé
laboralmente por primera vez a la misma como secretario ejecutivo de la Junta
de Coordinación Política en septiembre de 2009, al inicio de la LXI
Legislatura, tras solicitar y obtener licencia a mi nombramiento como miembro
del Servicio Civil de Carrera en el Senado. Posteriormente, fui designado
secretario de Servicios Parlamentarios en la LXI Legislatura. Por ello, jamás
me desempeñé como asesor del Grupo Parlamentario del PRI en la LXII
Legislatura.
3.Dice
su reportera: “Ahora, Delgadillo es el titular de la Secretaría de Servicios
Parlamentarios, considerada como ‘el centro de espionaje’ de San Lázaro”.
Falso.
Durante el tiempo que llevo al servicio del Congreso Mexicano –nueve años en el
Senado y seis en la Cámara de Diputados– jamás he escuchado la afirmación de
que la secretaría que tengo el privilegio de encabezar sea un “centro de
espionaje”, lo cual es totalmente descabellado.
Tal
aseveración es absolutamente infamante y calumniosa contra mí y contra todo el
equipo de funcionarios que se desempeñan en dicha secretaría. Ni yo ni la
estructura que encabezo hemos desarrollado jamás ninguna acción o actividad que
pudiera ser considerada, ni siquiera de forma remota, como “espionaje”, lo que
da cuenta de un total desconocimiento sobre las labores de la secretaría, así
como de la falta de investigación por parte de la reportera. En este caso en
particular, si no presentan los documentos que acrediten esa aseveración, pido
una disculpa pública o la retractación de la información publicada.
4.Dice
su reportera: “Delgadillo realizó un ‘sesudo’ análisis de la petición de
Camacho Quiroz. Consultó el Diccionario de la Real Academia para conocer la
etimología de la palabra ‘comisión’ y concluyó que el caso de la instancia que
preside la panista Murguía Gutiérrez se trata de una simple comisión ordinaria;
por lo tanto, no está facultada para llamar a comparecer a funcionario alguno”.
Falso.
Es evidente que la reportera no leyó el documento completo y tomó a su
conveniencia palabras para manipular la información. El análisis, que consta de
siete cuartillas, se basa en una amplia argumentación constitucional y legal
sobre las facultades de la Comisión Especial, como es el caso de la de
Ayotzinapa, la cual sí puede llamar a reuniones de trabajo, como en efecto lo
hizo en la legislatura anterior (así consta en el resumen de actividades que la
Comisión Especial de Ayotzinapa publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara
de Diputados el 4 de noviembre de 2014) y lo ha venido haciendo en la actual
legislatura.
Por
lo anterior, y al tratarse de información difamatoria, calumniosa y carente de
datos reales que busca manipular, desinformar y confundir a la opinión pública,
le solicito que con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Imprenta se
publique esta aclaración en el mismo espacio y lugar que la nota periodística.
Atentamente
Licenciado
Juan Carlos Delgadillo Salas
Secretario
de Servicios Parlamentarios
H.
Cámara de Diputados
#
Respuesta
de la reportera
Señor
director:
En efecto, como
afirma Juan Carlos Delgadillo Salas, no fue con el senador Emilio Gamboa Patrón
con quien coincidió en el Senado, sino con Manlio Fabio Beltrones, pues fungió
como secretario técnico de la Comisión de Defensa Nacional cuando era
presidida por el priista Jorge Mendoza Garza. Ofrezco una disculpa por este
error.
En
cuanto a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, de acuerdo con los
artículos 49 y 50 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, tiene, entre otras, las obligaciones de verificar quién asiste a
reuniones de comisiones; tomar nota del quórum y de las intervenciones de los
diputados; transcribir grabaciones de lo acontecido; formar, clasificar y
custodiar expedientes; desahogar consultas y apoyar documentalmente a los
órganos de la cámara; así como elaborar informes para que las autoridades y la
propia secretaría determinen qué acciones emprenderán con base en la información
recibida.
Todas
esas funciones, más otras que no viene al caso enumerar, han ocasionado que esa
secretaría sea considerada, de manera coloquial, “el centro de espionaje de San Lázaro”, como yo lo escribí entre
comillas. No hay en esto motivo de disculpa.
Finalmente,
en su último punto reclama la referencia que hago a la consulta del Diccionario
de la Real Academia para establecer “su opinión técnica” y definir la palabra
comisión. Eso aparece también en el análisis de siete cuartillas que él
menciona, por lo que tampoco en este caso procede ninguna petición de
disculpas.
En
suma, no existe en lo publicado ninguna “información difamatoria, calumniosa y
carente de datos reales que busca manipular, desinformar y confundir a la
opinión pública”, como aventura.
Atentamente
Jesusa
Cervantes
Cerrojazo a la Comisión Especial/JESUSA CERVANTES
Revista Proceso # 2035, 1 de noviembre de 2015
La bancada priista maniobró para frenar la Comisión Especial de Ayotzinapa, que preside la diputada panista María Guadalupe Murguía Gutiérrez en San Lázaro. Durante su primer mes de trabajos, sus integrantes tuvieron encuentros informales con diversos funcionarios y recabaron información sustantiva que puso en aprietos al gobierno federal y al Ejército. Eso los animó a solicitar autorización para que las siguientes reuniones fueran comparecencias en forma… Pero intervino el priista César Camacho y vino el cerrojazo.
Inesperados e incómodos, los primeros resultados de la Comisión Especial de Ayotzinapa pusieron en evidencia, por vez primera, la posible inacción y responsabilidad de las autoridades federales durante el ataque, muerte y desaparición de los 43 normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014.
Y ahora, de manera coincidente, se pretende “limitar” el trabajo de los integrantes de esa instancia legislativa, encabezada por la diputada panista María Guadalupe Murguía Gutiérrez, impidiéndole “llamar a comparecer” a funcionarios de alto rango presuntamente implicados en el caso.
En su primer mes de actividades, la comisión logró encuentros “informales” con los secretarios de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos; de la Marina, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz; de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; con el exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, y con el exfiscal de esa entidad, Iñaky Blanco.
De esas reuniones surgieron revelaciones sustantivas: Osorio Chong y el director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Eugenio Ímaz Gispert, por ejemplo, admitieron que se enteraron “en tiempo real” del ataque a los normalistas.
Aguirre Rivero, por su parte, reveló incluso que el 26 se septiembre de 2014 pidió apoyo a la Zona Regional Militar, mientras Blanco acudió al 27 Batallón de Infantería y a la Policía Federal. Ninguna de las dos peticiones fue atendida, según expusieron.
Luego de esos encuentros, el 21 de octubre, la Secretaría de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados envió un oficio a Murguía Gutiérrez para notificarle que “no posee facultades de control evaluatorio”; es decir, que no cuenta con atribuciones para llamar a comparecer a ningún funcionario.
La diputada Araceli Damián González, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) e integrante de ese órgano legislativo, externa su preocupación por el cerrojazo:
“Quienes consideren que la comisión está siendo incómoda o que haya información que no sea conveniente dar a conocer por estar protegiendo a algunos de los posibles involucrados, o que hayan incurrido en omisiones en su actuar, ahora tienen la posibilidad de negarnos la información.”
Bloqueo priista
Desde su creación, el 15 de septiembre último, la segunda comisión especial –la primera se creó en la pasada Legislatura federal– también provocó malestar entre los priistas: el 29 de septiembre, la víspera de su primera reunión formal, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el priista César Camacho Quiroz, bloqueó la reunión.
“Por reglamento”, les dijo, ninguna comisión puede sesionar cuando hay reunión del pleno de San Lázaro. Y aunque el artículo 212 del Reglamento de la Cámara de Diputados establece lo anterior, aclara que sí puede hacerlo de manera extraordinaria y con el permiso de la Jucopo; la diputada Murguía Gutiérrez informó que cuando solicitó el permiso, le fue negado.
La sesión se pospuso para el 2 de octubre, que finalmente resultó fructífera. Ese día los integrantes de la Comisión Especial de Ayotzinapa dialogaron con la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez. Tres días después lo hicieron con el general Cienfuegos.
Los diputados aprovecharon las dos oportunidades para increpar a sus invitados por la inacción del gobierno durante la agresión a los normalistas de Ayotzinapa; también les dijeron que desde hace años las dependencias que encabezan sabían que el crimen organizado se había infiltrado en los cuerpos policiacos de algunos municipios de Guerrero y existía la presunción de que algunos alcaldes estaban coludidos.
Tras las revelaciones obtenidas en los encuentros informales, en los cuales no se grabaron los diálogos, no hubo fotos ni periodistas ni asesores legislativos, Munguía y sus compañeros convinieron en que los encuentros futuros fueran comparecencias, con todo lo que éstas implican; es decir, que los invitados declararan bajo protesta de decir la verdad.
Morena reclamó que los encuentros con altos funcionarios fueran siempre “reuniones de trabajo” y no de “comparecencia”, toda vez que este último carácter les da soporte legal a sus dichos y les confiere mayor fuerza.
Roberto Guzmán Jacobo, de Morena, cuestionó la manera en que se efectuaron las reuniones con la PGR y la Sedena, pues, dijo, carecieron de propósitos claros: parecían entrevistas deshilvanadas; parecía que la funcionalidad política era salir del paso y dar por hecho que hubo una cooperación entre las autoridades federales y los integrantes de la comisión especial, indicó.
Exigió que los encuentros se realicen en San Lázaro, por respeto al Poder Legislativo, y resaltó que la comisión sí está facultada para “solicitar comparecencias de funcionarios, según se desprende del artículo 198 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Su colega perredista Cristina Gaytán Hernández denunció que los encuentros fueron a modo: “Lo quiero dejar claro: hubo un maltrato, una falta de atención a la representación popular que nosotros tenemos. Se nos retiraron los teléfonos, se nos impidió tomar fotografías, y también la entrada a los asesores”.
Alarmado por las inconformidades, el priista Manuel Silva Tejada propuso que la Jucopo dirimiera el caso. El presidente de esta instancia, Camacho Quiroz, recurrió a la Secretaría de Servicios Parlamentarios para que fuera esa instancia y no el área Jurídica de San Lázaro la que determinara si la comisión podía o no llamar a comparecer.
Mientras llegaba la respuesta, la Comisión Especial de Ayotzinapa siguió sus encuentros con diversos funcionarios. El 14 de octubre acudieron a San Lázaro el exgobernador Aguirre y el exfiscal de Guerrero. Ambos comentaron que pidieron apoyo al Ejército y a los elementos de la Policía Federal, sin que sus solicitudes fueran atendidas.
Dos días después, el almirante Soberón Sanz les dijo que, el mismo día que la PGR atrajo el caso de los normalistas desaparecidos, él pidió la participación de buzos de la Marina. Un día después encontraron la bolsa con los supuestos restos calcinados de los jóvenes en el río Cocula. Sin embargo, aclaró que sus subordinados la entregaron a miembros de la Sedena y a peritos de la PGR.
El día 20, Osorio Chong tuvo un encuentro con los legisladores de la comisión. Dijo que él e Ímaz Gispert se enteraron de la agresión a los normalistas “en tiempo real”.
Al siguiente día, el 21 de octubre, la Secretaría de Servicios Parlamentarios decidió que la Comisión Especial de Ayotzinapa no puede llamar a comparecer a funcionarios.
La mano negra de la Jucopo
Cuando la Jucopo pide una opinión para dirimir controversias sobre facultades o alcances de ciertos órganos parlamentarios, por lo general recurre al área jurídica de San Lázaro, que en esta LXIII Legislatura está en manos del PAN.
Pero esta vez su presidente, el priista Camacho Quiroz, solicitó la opinión a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, instancia que también está facultada para emitir opinión respecto a las comisiones y está encabezada por Juan Carlos Delgadillo Salas, “un priista embozado”, dicen quienes lo conocen.
Cuando el priista Emilio Gamboa Patrón encabezó la Jucopo, Delgadillo Salas era su secretario técnico; cuando se fue al Senado, Delgadillo lo siguió. Luego, éste regresó a San Lázaro, esta vez como asesor de la fracción del PRI, que encabezó Manlio Fabio Beltrones Rivera en la LXII Legislatura. Ahora, Delgadillo es el titular de la Secretaría de Servicios Parlamentarios, considerada como “el centro de espionaje” de San Lázaro.
Delgadillo realizó un “sesudo” análisis de la petición de Camacho Quiroz. Consultó el Diccionario de la Real Academia para conocer la etimología de la palabra “comisión” y concluyó que el caso de la instancia que preside la panista Murguía Gutiérrez se trata de una simple comisión ordinaria; por lo tanto, no está facultada para llamar a comparecer a funcionario alguno.
Ricardo Mejía Berdeja, integrante de la primera Comisión Especial de Ayotzinapa y actual presidente de una comisión espejo en el Congreso de Guerrero, lamenta “la opinión solicitada” a Servicios Parlamentarios:
“A nosotros nunca se nos limitó, ni menos aún se nos exigió una secrecía más allá de la averiguación previa, pues lo que gravitaba en ese tiempo es que se trató de un evento local. Pero ahora esta comisión ha avanzado en la responsabilidad federal y en la del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De ahí que ahora el gobierno trate de blindar a sus funcionarios, al Ejército, al titular de Gobernación, a la Policía Federal… a todos.”
“Una simple opinión”
Víctor Sánchez, diputado de MC, comenta que no duda de la animosidad de algunos miembros de la comisión especial para evitar que avance. “Pero veo difícil que se detenga. Lo que hemos logrado en este primer mes –las revelaciones del exgobernador Aguirre, las contradicciones con el general Cienfuegos, la insistencia del secretario de Gobernación de que no se toque al Ejército–, todo ello sólo nos lleva a pedir más información”.
Y puntualiza: “Nosotros sí estamos facultados para demandar toda la información que necesitemos, y aunque no deseen que comparezcan los funcionarios, sí podemos solicitar documentos”.
Es facultad de todo legislador pedir información y exigir la comparecencia de algún funcionario, insiste Sánchez. Además, por la importancia de lo que se está investigando y la presencia de organismos internacionales en el caso, es imposible que nos limiten con una “simple opinión” de servicios parlamentarios.
A la comisión, dice, ya nadie la detiene. Muestra de ello, agrega, es que ésta ya solicitó una relación de todas las llamadas realizadas por los funcionarios estatales de Guerrero, así como de exfuncionarios, elementos del 27 Batallón de Infantería de la Sedena, de la Policía Federal y de la Zona Regional Militar, además de alcaldes y policías municipales.
“Con ello veremos quién está mintiendo: Si el Ejército, que niega haber recibido solicitudes de apoyo por parte de autoridad civil alguna; el secretario de Gobernación, quien lo defiende; la Policía Federal o el exgobernador Aguirre y el exfiscal Blanco. Estos últimos incluso proporcionaron la hora de la llamada”, según Sánchez.
La comisión también solicitó a la Segob la autorización para entrevistarse con el exalcalde de Iguala José Luis Abarca; la geolocalización de los celulares de los jóvenes desaparecidos –el del militar en activo que está entre los estudiantes apareció dos días después del 26 de septiembre en las instalaciones del 27 Batallón, según revelaron sus padres de familia–, y la fecha para el encuentro con los integrantes del Ejército que estuvieron la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala. l
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