Revista
Proceso
# 2039 , a 28 de noviembre de2015...
Testigo
de las reformas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de 1994,
Olga Sánchez Cordero pasa revista a la labor del máximo tribunal en los cuatro
sexenios (dos priistas, dos panistas) que le tocó vivir como ministra, cargo
del cual está a punto de retirarse; y advierte –ante el inminente relevo de integrantes
de la SCJN– que no es posible retroceder en la protección de los derechos ni
renunciar a las libertades, especialmente ahora, cuando las políticas de
seguridad nacional los amenazan.
En
momentos en que el Senado procesa las ternas propuestas por el presidente
Enrique Peña Nieto para la elección de los nuevos ministros de la SCJN y a unos
días de convertirse en ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero pone en esos
términos la tarea de la institución en los próximos años y advierte en
entrevista: “La Corte no puede retroceder en la protección de los derechos. Es
un camino que nunca se acaba”, sobre todo cuando la seguridad está al acecho de
las libertades.
Sánchez
Cordero fue una de los 11 ministros de la reforma de 1994, cuando durante el
receso judicial de fin de año desapareció la Corte del presidencialismo priista
en lo que entonces se llamó el “golpe de Estado técnico” del presidente Ernesto
Zedillo. La actual conformación y concepción de la SCJN se echó a andar en
enero de 1995.
Marginado
durante décadas, convertido en un poder de tercera durante el presidencialismo
priista del siglo pasado, el PJF, que tiene en la SCJN su máxima
representación, en dos décadas ha pasado a dirimir las diferencias entre los
poderes formales del Estado y a “defender e incluso reparar derechos violados”,
aun cuando en 2010 el Ejecutivo y el Legislativo le quitaron la facultad de
investigar casos de violaciones graves a los derechos humanos.
Primera
prueba
Una
de sus primeras pruebas después de esa reforma fue la matanza de Aguas Blancas,
Guerrero, en junio de 1996, cuando policías de Guerrero masacraron a 17
campesinos e hirieron a otros 21 en el municipio de Coyuca de Benítez. La Corte
ejerció la facultad de investigación, asentada en la Constitución desde 1917 y
que durante el régimen del PRI se ejerció una sola vez.
En
el caso de Aguas Blancas, con el voto de Sánchez Cordero entre otros, la Corte
estableció que el gobernador Rubén Figueroa Alcocer mintió al negar
inicialmente los hechos. Figueroa renunció.
“Lo
que se le cuestionó al entonces gobernador fue la manipulación de la
información. No la orden que dieron otras instancias menores, tal vez sin su
consentimiento. No lo sabemos. Lo que se le cuestionó enormemente fue la
manipulación de la información. Además de las muertes, lo grave fue el
ocultamiento y la mentira.
“El
derecho de acceso a la información pública gubernamental y la transparencia de
las acciones de gobierno eran incipientes. No estaban en la Constitución y la
Corte empezó a construir derechos de abajo hacia arriba.”
Después
vinieron otras investigaciones sobre violaciones graves a los derechos humanos
cometidas por agentes del Estado, en lo que Sánchez Cordero considera que se
convirtieron en “muchos mensajes al Constituyente permanente sobre la cultura
de la transparencia”.
Pero
en esa tarea la Corte fue frenada en 2010, cuando el Ejecutivo y el Legislativo
le retiraron esa facultad de investigación. Con el aval presidencial y el
consentimiento de algunos ministros, el Congreso traspasó esa facultad a la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La
puntilla se dio cuando una minoría de ministros propuso castigar a los
funcionarios municipales, estatales y federales señalados con algún grado de
responsabilidad en el incendio en 2009 de la guardería ABC, subrogada por el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora, tragedia que dejó 49
niños muertos y 76 heridos de entre cinco meses y cinco años de edad y cuya
investigación pasó a la CNDH.
El
autor de la reforma que permitió esto fue el entonces senador y ahora
presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones. La promulgó el entonces presidente
Felipe Calderón.
“¡Yo
nunca estuve de acuerdo en eso! Pienso que era una facultad de la Corte muy
importante, pero a raíz del caso ABC fue, en efecto, que se decide que esta
atribución pasara a la CNDH.”
–¿La
Corte estaba yendo demasiado lejos?
–Para
la opinión de quienes expiden las leyes constitucionales y del propio
Ejecutivo, podría ser que sí. No lo sé porque ellos son los que lo hicieron,
pero pienso que hubo algo de razón en cuanto a que la Corte hizo la
investigación del ABC y muchos de nosotros nos adherimos al proyecto de
resolución que presentó el ministro Zaldívar.
El
proyecto pedía el establecimiento de responsabilidades para funcionarios
federales. Uno de ellos, el ahora fallecido Juan Molinar Horcasitas, quien al
momento de la investigación era secretario de Comunicaciones y Transportes del
gobierno de Calderón, pero antes había sido director del IMSS en la misma
administración.
El
ala progresista
Las
votaciones de Sánchez Cordero en los últimos años la convirtieron a ojos de
muchos en una ministra progresista, pese a que los jueces constitucionales
mexicanos rechazan ser catalogados como liberales o conservadores.
Que
después de 21 años acabara así identificada no lo imaginaba, cuando después de
su breve paso como magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal fue designada ministra a propuesta de Ernesto Zedillo. Mucho menos en
1993, cuando pidió licencia como notaria pública, la actividad heredada de su
padre.
Su
conversión en ministra liberal fue a la par de la construcción de la SCJN como
tribunal constitucional, hacia donde estaba dirigida aquella reforma judicial
que apuntó al control de los actos del poder público y de las leyes por medio
de las controversias constitucionales y las acciones de constitucionalidad.
El
resultado, dice, es que ahora ese tribunal constitucional “reconoce derechos,
los protege y repara las violaciones que las personas han sufrido” en ellos.
Con
la salida de Sánchez Cordero y de Juan Silva Meza se acaba la época de los
primeros ministros de la reforma judicial y a quienes les tocó la alternancia
del poder, en 2000. Alternaron con cuatro presidentes de la República, dos del
PRI y dos del PAN.
De
Zedillo, la ministra dice: “Fue un presidente respetuoso de las decisiones de
la Corte. Incluso, pienso que era auténticamente demócrata. Creo, lo quiero
pensar. No porque me haya propuesto como ministra, sino por la experiencia que
tuve con él. Bajo mi ponencia estuvo la resolución en la cual la Corte condenó
al Ejecutivo federal a entregar toda la documentación de todos los fideicomisos
de los bancos”.
Fue
la controversia constitucional promovida en 1999 por la Cámara de Diputados, y
firmada por el entonces diputado panista Felipe Calderón, sobre la deuda
asumida por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). Era la
primera vez que la Corte condenaba al Ejecutivo.
“En
el momento en que la Corte resuelve que una disposición secundaria de la ley
del secreto fiduciario no puede estar por encima de una atribución
constitucional de la Cámara de Diputados para revisar la deuda pública, el
presidente entregó toda la documentación de los bancos que estaban en ese
fondo”, asegura.
Así
se supo que se había incorporado deuda privada de los dueños de bancos como
deuda a pagar por todos los mexicanos. No obstante, la Cámara de Diputados
avaló que toda la deuda del Fobaproa debía ser pagada con recursos públicos.
Protagonista
desde el máximo tribunal de la alternancia en la Presidencia de la República,
dice que la Corte se vio favorecida como tribunal constitucional por ese
cambio.
Menciona
el caso de la controversia constitucional interpuesta por el entonces
presidente Vicente Fox en relación con el presupuesto de egresos de 2005 y en
el que la Corte reconoció que el Ejecutivo federal puede vetar lo aprobado por
la Cámara de Diputados. “Un presidente priista nunca hubiera interpuesto una
controversia de ese tipo, o no lo sé. Por eso yo la llamo ‘LA’ controversia
constitucional en la etapa de la alternancia. Fue algo muy positivo para el país,
independientemente de quién ocupara la Presidencia”.
Aunque
para la ministra la relación de Fox con la Corte fue de no intervención, el
desafuero del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel
López Obrador, en 2005, provocó un desgaste no sólo en la Corte, sino para su
gobierno y todo el país.
Sánchez
Cordero decidió darle entrada a la controversia que presentó la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal (ALDF) por el desafuero decidido en la Cámara
de Diputados a instancias del Ejecutivo federal, de cara al proceso electoral
de 2006. Fox “no conocía a fondo el expediente y creo que no tenía muy claras
las consecuencias jurídicas ni lo que significaba para un gobierno estatal el
hecho de enjuiciar a un gobernante”.
–Tal
vez el entonces ministro presidente de la Corte, Mariano Azuela, a quien
consultaba Fox, sí lo tenía claro.
–Yo
no sé qué pensaría Azuela. Pero yo sí lo tenía claro. Me tocó el caso, por
turno, y antes de que se me asignara sabía que la ALDF podía ser equiparada a
un Congreso local y ser parte en el proceso de desafuero del gobernante,
acusado de haber violado una suspensión judicial.
“No
todos mis compañeros a la mejor la hubieran aceptado y habrían argumentado que
era notoriamente improcedente. Pero en el expediente había temas con muy poco
sustento. Por ejemplo, me quedó claro que el jefe de Gobierno no estaba
notificado, porque yo revisé las constancias. Entonces, ¿a alguien que no está
notificado se le puede desaforar y procesar?
“Creo
que el (entonces) presidente Fox, al final, ya cuando la Corte resuelve que sí
se hace cargo de la controversia constitucional y cuando nuestro juez de
Distrito no acepta la fianza que fueron a entregarle (los panistas) para que no
llegara su propio acusado, fue realmente algo fuera de contexto jurídico.
“Al
final el presidente Fox tomó la decisión de hacer cualquier cantidad de
desistimientos y no proseguir con ningún tipo de imputación. Todos nos quedamos
sorprendidos; ¡tanto que desgastó a las instituciones y al país como para después
decir: ‘No, ¿saben qué?, siempre no!’.”
El
periodo que la ministra considera más difícil desde la Corte fue el de la
Presidencia de Calderón, quien entró en confrontación abierta con el PJF, al
cual responsabilizó en distintas ocasiones de liberar a delincuentes que su
gobierno detenía.
“Ahí
están las declaraciones. Qué podemos decir. A mí me dolían muchísimo y sobre
todo que no tuviéramos un diálogo permanente entre poderes, de por qué
estábamos resolviendo de determinada manera. Él es abogado y a mí me hubiera
encantado tener un diálogo mucho más fluido que el que hubo.”
–¿Usted
tuvo la oportunidad de conversar sin el escándalo mediático?
–Tuve
varias conversaciones con él. Pero él tenía una posición y yo otra, y cuando se
tienen posiciones encontradas y no hay un puente de entendimiento, es muy
difícil. Creo que eso le pasó al presidente Calderón con el Poder Judicial. No
transitó en un diálogo de puente permanente.
“No
le gustaron muchas de las resoluciones que tomó el Poder Judicial. No le gustó
el proyecto del ministro Arturo Zaldívar sobre el caso ABC, no le gustó nuestra
posición en el asunto de Florence Cassez, en el llamado michoacanazo, no le
gustaron las resoluciones contra Jorge Hank, no le gustó el apagón analógico
que tuve bajo mi ponencia. Fueron resoluciones que pudieron o no gustar, pero
se acatan y se acabó. Nunca fue grosero… simplemente tenía un punto de vista y
lo sostenía. Y eso tensionó.”
Relevos
En
marzo pasado Sánchez Cordero fue designada para dar el discurso de bienvenida a
Eduardo Medina Mora como ministro de la Corte, propuesto por el presidente
Enrique Peña Nieto. La designación causó rechazo entre quienes criticaron su
perfil de extitular de la Procuraduría General de la República y exdirector del
Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
–¿Por
qué en su discurso reivindicó la independencia del Poder Judicial y el respeto
a los derechos humanos?
–Porque
casi fue un discurso de despedida del tribunal constitucional que nos había
costado mucho trabajo construir. Fue decir: yo estuve aquí 20 años, tratamos de
construir un tribunal garante de derechos, de respeto a la persona, y que el
rol de procurador o del responsable en seguridad pública representa sólo una
parte del proceso jurídico que acaba en el Poder Judicial.
–¿Qué
le dijo a usted del presidente de la República que haya propuesto a Medina Mora
como ministro?
–Creo
que el presidente escuchó hoy más a la sociedad civil. El ministro Medina Mora,
que ha sido muy atento conmigo, había sido funcionario del panismo en los
gobiernos de Fox y de Calderón y del propio Peña Nieto. Había sido un buen
funcionario. Entre la procuraduría y los tribunales existe una cierta tensión.
Por eso mi discurso fue para decir que dejaba de ser fiscal y llegaba al máximo
tribunal del país.
Cuatro
presidentes de la República y seis de la SCJN fueron los que le tocaron a
Sánchez Cordero como ministra. Pero con ninguno de éstos como con Luis María
Aguilar Morales, en enero de este año, vivió una elección tan disputada para
encabezar la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal.
Fueron
necesarias 30 rondas de votaciones para su elección. La muerte del ministro
Sergio Valls y la falta de su reemplazo habían dejado en 10 ministros la
integración del pleno. Se formaron dos bloques en igualdad de votos, la de
aquellos que optaban por un ministro de carrera, como Aguilar Morales, o uno de
los llamados externos, que representaba el ministro Arturo Zaldívar.
Al
final, después de casi cinco horas de votación en la que ningún sector cedía,
el entonces presidente de la Corte, el ministro Juan Silva Meza, cambió su voto
y se definió la presidencia. Sánchez Cordero estuvo con Zaldívar, pero asegura
que no se trató de una disputa entre liberales y conservadores, pues recuerda
que Aguilar “ha votado muchas veces por algunos asuntos de manera muy
progresista”, como en el caso de la despenalización del aborto.
–¿Hay
algún voto que cambiaría, de los que emitió en sus 21 años como ministra, para
ser más justa?
–Hay
reflexiones sobre algunos votos. Por ejemplo, en materia de libertad de
expresión, y en particular en el caso del poema a nuestra bandera.
En
2005 el voto de Sánchez Cordero fue decisivo para condenar como “ultraje” a la
bandera el poema escrito por el escritor originario de Campeche Sergio Hernán
Witz Rodríguez.
“A
varios años de distancia yo me inclinaría por la libertad de expresión, aun
cuando el poema sea muy agresivo e insultante para nuestra bandera. Hoy creo
que privilegiaría la libertad.”
Contraria
a quienes proponen sacrificar libertades por seguridad, afirma: “No podemos
abdicar libertades que nos han costado tanto esfuerzo y tanta sangre, como
Tlatelolco y otros sucesos. No podemos dejar nuestras libertades en aras de una
seguridad. No es permisible”.
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