Gana el primer round contra la extradición/

Gana el primer round contra la extradición/LA REDACCIÓN

Revista Proceso , 17 de enero de 2016.

El principal frente de guerra de Joaquín El Chapo Guzmán se encuentra hoy en los juzgados del país. Y ya ganó las primeras batallas: logró frenar una intentona de extradición exprés y consiguió que las autoridades lo regresaran al penal del Altiplano y no lo recluyeran en el Campo Militar Número 1. El narcotraficante ha interpuesto amparos a mansalva y ahora se concentra en evitar que el gobierno mexicano lo mande a Estados Unidos.

Sólo unas horas después de que fuera detenido, Joaquín El Chapo Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa, les ganó una batalla a los gobiernos de México y de Estados Unidos…

De acuerdo con fuentes vinculadas a la administración federal mexicana y a la defensa del capo, el viernes 8 logró que las autoridades estadunidenses no pudieran llevárselo inmediatamente y que fuera rein­gresado al Cefereso No. 1 El Altiplano, de donde hacía apenas seis meses se había fugado.

Según las personas consultadas, la familia y los abogados de Guzmán Loera se enteraron de su detención antes de que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, lo anunciara mediante su cuenta de Twitter. Desde los primeros minutos, eso le dio una ventaja importante a El Chapo y permitió a su defensa interponer amparos para evitar su extradición, incomunicación, tortura y malos tratos.

La información recabada asienta que cuando el avión que traía a Guzmán de Los Mochis, Sinaloa, aterrizó en el Aeropuerto de la Ciudad de México, llegaron enviados de Washington con la intención de llevarse al capo inmediatamente, lo que generó tensión con los elementos de la Secretaría de Marina que lo custodiaban. Los amparos interpuestos por la defensa del sinaloense imposibilitaron la deportación exprés.

Los entrevistados señalaron que la administración del presidente Enrique Peña Nieto no había considerado reingresar al Chapo a El Altiplano, sino encerrarlo en el Campo Militar Número 1. No obstante, los defensores del narcotraficante lograron judicialmente que lo enviaran al mismo penal desde donde pudo manejar sus negocios antes de que se fugara el 11 de julio de 2015, según quedó acreditado en el expediente abierto por la huida –del cual esta revista tiene copia.

Desde ahí, el delincuente dará la batalla legal contra la extradición, a través de decenas de amparos de revisión y quejas interpuestas ante el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito radicado en la Ciudad de México.

La vuelta

Cuando Guzmán Loera fue detenido en 2014 y el gobierno federal lo encarceló en El Altiplano, se dijo que estaba totalmente neutralizado y aislado. Pero pronto comenzó a tener prerrogativas que otros presos no disfrutaban. A las pocas semanas de ingresado se permitió la entrada de su esposa Emma Coronel, cuando generalmente ese derecho se otorga hasta después de transcurridos seis meses. Sus abogados, además, tenían más tiempo con él que el permitido a otros internos, y a diferencia de ellos, el nacido en Badiraguato tenía televisión con bocinas. El resto de televisiones sólo pueden ser escuchadas con audífonos.

En julio de 2014, este semanario publicó el reportaje “El Chapo y La Barbie ponen de cabeza el penal del Altiplano” (Proceso 1968), donde se explicó que Guzmán y Édgar Valdez Villarreal La Barbie, extraditado en septiembre pasado, organizaron una huelga de hambre masiva que –con la ayuda de letrados y custodios– incluyó a más de mil presos bajo el pretexto de que se estaban violando sus derechos humanos. De esa forma quedó de manifiesto que Guzmán no estaba aislado.

Luego, en marzo de 2015, se difundió la investigación “El Chapo remece El Altiplano” (Proceso 2000), en la que se informó que el traficante realizó otra muestra de fuerza dentro del penal y se organizó incluso con narcos de cárteles enemigos para presentar una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra las malas condiciones del centro penitenciario.

En ese entonces, familiares de internos y empleados del penal admitieron que dentro había droga, y que quienes tenían dinero podían conseguir teléfonos celulares y comprar prebendas. Era público, así, que El Altiplano estaba lejos de ser una cárcel de máxima seguridad. Pero el gobierno peñanietista ignoró los hechos, y finalmente Guzmán se escapó, presuntamente, por un túnel de más de un kilómetro de longitud.

En el expediente de la evasión (publicado por esta revista en su número 2022) se menciona que existía un cerco de seguridad para vigilar al sinaloense las 24 horas del día, con grabadoras de audio y video, y que había agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) enviados por Peña Nieto sólo para monitorearlo… Pero los hechos sugieren que El Chapo usaba la prisión como una segunda oficina: Junto con otro preso organizó el tráfico de, al menos, un cargamento de droga; planeó su huida, y recibía visitas con documentos falsos, como la de la diputada local panista Lucero Guadalupe Sánchez, a quien se le atribuye una relación personal con Guzmán.

Tras la fuga, el director de la cárcel, Valentín Cárdenas, fue destituido y después arrestado por su presunta complicidad, al igual que miembros del Cisen, Policía Federal y guardias. Como nuevo director llegó Jaime López Fernández, y en un operativo llevado a cabo el 18 de septiembre retiró a todos los reos las televisiones y relojes.

También aquel mes murió Sigifredo Nájera Talamantes El Canicón, uno de los testigos de la evasión y de corrupciones dentro de la prisión. Según el gobierno federal, falleció por una sobredosis, aunque se supone que dentro del centro de reclusión no pueden circular drogas.

Fuentes internas de El Altiplano atestiguaron que en prácticamente todos los módulos se puede conseguir cualquier sustancia ilegal. Incluso hay tráfico de pastillas para dormir, pero sólo las pueden adquirir los internos adinerados.

La inestabilidad en el penal ha hecho que funcionarios públicos asignados a ese Cefereso busquen otras alternativas laborales. Aseguran que son tratados peor que los internos y que los castigos por la fuga más reciente del Chapo se han concentrado en empleados de nivel medio y bajo, y no en los verdaderos responsables.

López Fernández duró poco en el cargo, y ahora el director es Salvador Almonte Solís, quien fue director jurídico del Cefereso No. 9 en Coahuila. A él se le relaciona con Mayela Almonte Solís, exsubsecretaria del sistema penitenciario del Distrito Federal. En 2011, cuando Genaro García Luna fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y las cárceles federales dependían de su área, Almonte Solís entró a esa dependencia, y sin tablas en el subsector se le dio la Dirección del Complejo Penitenciario Islas Marías. Antes había laborado en el Poder Judicial de Nayarit.

Hace tres semanas Almonte Solís regresó a los presos sus televisores en las condiciones en que los tenían anteriormente. Según fuentes del sistema penitenciario, a Guzmán Loera también deberán darle una cuando el Consejo Técnico lo autorice. Esto puede demorar seis meses, pero no puede ser excluido o discriminado, a menos que presente mala conducta.

En el Módulo 1

El Módulo de Tratamientos Especiales –el área de, supuestamente, mayor seguridad del penal– fue desalojado tras la fuga del Chapo, y la mayoría de los narcos de alto perfil, como Omar Treviño Morales El Z42, su hermano Miguel Ángel Treviño Morales El Z40 y Héctor Beltrán Leyva, entre otros, fueron cambiados a otras prisiones. El Altiplano no era lo suficientemente seguro.

Los otros presos de Tratamientos Especiales que no fueron cambiados o extraditados ahora están en el Módulo 1. Fuentes internas del penal señalan que actualmente ahí se encuentra Joaquín Guzmán.

Tras su retorno, El Chapo fue inicialmente llevado a COC, que es el área de ubicación de presos, pero después Almonte Solís ordenó que se le enviara al módulo 1 –donde los internos no comen en su celda, sino que van al comedor. Los entrevistados señalan que ahora hay más custodios en el comedor y el patio de dicha zona.

La batalla legal

El 10 de octubre, mientras Guzmán Loera estaba prófugo, su defensa interpuso ante el Quinto Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito el recurso de revisión 289/2015 contra el sobreseimiento de un amparo contra órdenes de arresto con fines de extradición. Dicho amparo, a su vez, está relacionado con cuatro quejas y seis amparos de revisión. El jueves 14 el Quinto Tribunal desechó este recurso.

El 10 de noviembre pasado y ante el mismo tribunal, la defensa del líder del Cártel de Sinaloa interpuso otro recurso de revisión, ahora con el número 118/2015. Éste se halla vinculado con una decena de recursos de revisión y seis quejas contra las dos órdenes de arresto con fines de extradición solicitadas por el gobierno de Estados Unidos, avaladas por la Procuraduría General de la República (PGR) y giradas por dos juzgados de la Ciudad de México en julio y octubre de 2015.

El Chapo, en el escrito presentado al tribunal por su abogado Juan Pablo Badillo, reclama a Washington “la comisión de actos futuros e inminentes, relacionados con su obstinada intención de extraditarme hacia los Estados Unidos de Norteamérica para ser juzgado en esa nación y con la aplicación de feroz degradación, cruel e inhumano maltratamiento, y con atestes de testigos ‘colaboradores’, pagados, aleccionados y protegidos, para obligarme a que me declare culpable de la comisión de delitos graves que no he cometido, ello con la ejecución de la inconstitucional orden de extradición, relacionada con la pena capital”.

El amparo de revisión fue desechado el 14 de enero pasado al ejecutarse la orden de aprehensión que el capo quería evitar con el amparo. l