La reaprehensión de 2014, cuestionada por jueces

La reaprehensión de 2014, cuestionada por jueces/

ANABEL HERNÁNDEZ

Revista Proceso, 17 de enero de 2016.

Además de integrar un expediente sólido para consignar a Joaquín Guzmán Loera, resolver su extradición y lo que proceda a partir de la fuga del sinaloense del penal del Altiplano, las autoridades federales aún tienen que enfrentar el juicio por la reaprehensión de febrero de 2014. Ni la PGR ni la Marina han podido acreditar la legalidad de esa acción contra Guzmán Loera y su entonces “secretario particular”, Carlos Manuel Hoo.

Nada de la Operación Gárgola ni la versión del gobierno federal sobre la recaptura del Chapo Guzmán ocurrida en febrero de 2014 en Mazatlán, Sinaloa, pudo ser acreditado por la Procuraduría General de la República (PGR) ni por la Secretaría de Marina (Semar) ante el Poder Judicial. Cuando menos así quedó demostrado en el Segundo Tribunal Unitario y el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Distrito en dos sentencias de amparo dictadas en 2014 y 2015.

De hecho en el único parte informativo de la detención, suscrito por los  marinos Ángel Rafael Martínez Yépez y José Antonio Nava Luna, sostienen que ellos dos solos detuvieron al líder del Cártel de Sinaloa de manera casi accidental.

En aquella ocasión el gobierno de Enrique Peña Nieto dio a conocer que  la recaptura de Guzmán Loera y su entonces secretario particular, Carlos Manuel Hoo Ramírez, militar retirado de un grupo de élite, obedeció a una operación de las áreas de “inteligencia” del gobierno de México y fue el resultado de meses de trabajo de diferentes instituciones.

“Esta detención es producto de una operación que fue trabajada durante varios meses en una coordinación plena entre todas las instancias del gobierno federal que han concurrido de manera importante para este trabajo y la detención fue impecablemente lograda por elementos de la Secretaría de Marina”, afirmó durante una conferencia, en el hangar de la PGR en el aeropuerto de la Ciudad de México, el entonces procurador Jesús Murillo Karam, al anunciar oficialmente la recaptura.

“Solamente quiero decirles que en razón de este operativo hemos asegurado a 13 personas y se han asegurado 97 armas largas, 36 armas cortas, dos lanzagranadas, un lanzacohetes, 43 vehículos –de los cuales 19 eran blindados–, 16 casas y cuatro ranchos hasta este momento”, añadió el titular de la PGR.

De acuerdo con la información filtrada por el gobierno a diversos medios de comunicación, se afirmó que al menos 30 marinos, en un operativo en la torre Miramar, lograron detener al Chapo junto con Hoo Ramírez y un supuesto arsenal.  

Pero según dos amparos concedidos en el distrito judicial de Sinaloa  a favor de Guzmán Loera y Hoo Ramírez, de los cuales Proceso tiene copia, ni  la PGR ni la Marina pudieron acreditar los operativos previos en Culiacán ni cómo supieron que el capo estaba en la torre Miramar, ni la forma en que dicen que lo detuvieron.

En este momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene en sus manos la resolución de dos recursos de revisión en los que ejerció la facultad de atracción; tendrá que resolver si la detención de Guzmán Loera y Hoo Ramírez fue legal y si se mantiene el auto de formal prisión de aquella detención.

La Operación Gárgola

El procurador Murillo Karam afirmó que Guzmán Loera estuvo a punto de ser capturado entre el 13 y 17 de febrero en Culiacán, Sinaloa, tras ser ubicados domicilios que usaba el capo, pero que no se logró su detención porque esos lugares estaban conectados por túneles entre sí y al drenaje de la ciudad.

“Las puertas de la casa en las que se intervino estaban reforzadas con acero y eso hizo que los minutos que nos tardamos en abrirlas sirvieran para el escape por los túneles; sin embargo, la investigación era tan plena que continuamos”, declaró el procurador el 22 de febrero.

Después la propia Marina organizó tours para los medios y mostró las casas y los túneles debajo de la bañera; y se filtró a diversos medios la misma versión de la Operación Gárgola. Televisa fue la más entusiasmada en repetirla.

Se dijo que un teléfono satelital delató la ubicación de Guzmán Loera y que en la operación iniciada el 13 de febrero participaron 200 marinos. Particularmente la mañana del 22 de febrero, en la parte culminante de la Operación Gárgola, se afirmó que 30 marinos llegaron a la torre Miramar y entraron, pero al final fueron seis quienes detuvieron en el departamento al Chapo.

Se derrumba la versión oficial

Tras su captura, Guzmán Loera y Hoo Ramírez fueron acusados de portación de armas de uso exclusivo del Ejército. La PGR dijo haberlos detenido en flagrancia. En realidad, aunque sus elementos afirmaron que tenían localizado el escondite del Chapo por las tareas de inteligencia, no contaban con orden judicial ni para ingresar a la torre Miramar ni para entrar al departamento 401, donde el capo fue capturado.

En cuanto un  juez de Toluca les dictó el auto de formal prisión al capo y a Hoo Ramírez por ese supuesto delito, sus abogados interpusieron amparos ante el distrito judicial de Sinaloa argumentando que la detención había sido ilegal porque no hubo flagrancia ni orden de cateo, se violó el domicilio de los detenidos y no se acreditó que tenían armas, por lo que dejaron entrever que éstas habían sido sembradas por la Marina.

Los dos recursos fueron interpuestos por los abogados de Guzmán Loera, quienes han defendido por igual a Hoo Ramírez: José Refugio Rodríguez Núñez, Andrés Granados Flores, Carlos Omar Ramos Barajas y Óscar Manuel Gómez Núñez.

Rodríguez, Granados y Gómez visitaban asiduamente a Guzmán Loera, de acuerdo con el expediente de la fuga publicado por este semanario (Proceso 2023). Gómez fue detenido en noviembre último, acusado de haber colaborado en la fuga del Chapo, y Granados está bajo investigación de la PGR por haber servido de contacto entre el capo y los actores Sean Penn y Kate del Castillo.

Sólo lo arrestamos dos: Marina

Ante los jueces y magistrados que llevaron los amparos se presentó el único parte informativo de la aprehensión, firmado únicamente por Ángel Rafael Martínez Yépez y José Antonio Nava Luna, elementos de la Semar.

Afirmaron que circulaban por la Avenida del Mar a las 6:40 horas en tareas de rutina. Al pasar frente a la torre Miramar una persona les hizo el alto sin identificarse y les pidió ayuda porque había alguien armado en el inmueble.

La defensa argumentó que una denuncia anónima no es válida para justificar un allanamiento y los tribunales le dieron la razón.

Los dos marinos dijeron que contaban con datos de que en el inmueble se encontraba Guzmán Loera por “información obtenida de los diferentes aseguramientos que se habían realizado en Culiacán, Sinaloa”, y que al entrar revisaron el primero, el segundo y el tercer piso, hasta que en el cuarto supuestamente vieron a Hoo Ramírez sentado en la puerta del departamento 401 armado.

Añadieron que al gritarle “¡Armada de México, tire el arma!”, les apuntó pero no disparó y se metió corriendo al departamento.

La defensa señaló que los supuestos aseguramientos ocurridos en la ciudad de Culiacán no estaban señalados ni demostrados en la causa penal, “por lo que se trata de argumentos infundados”. Los tribunales le volvieron a dar la razón.

Según los marinos, en la sala del departamento, Hoo Ramírez tiró el arma al piso y dijo: “Me doy, no hay problema”. Afirman que le quitaron el fusil de asalto que tenía como aditamento un lanzagranadas, y encontraron una pistola, una carabina, cartuchos y cargadores. Fue en ese momento cuando, según declararon, Guzmán Loera salió de una recámara y ellos dos solos lo detuvieron.

Hoo Ramírez, quien dijo ser exmiembro del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) del Ejército mexicano, declaró que cuando los marinos ingresaron al departamento él estaba dormido y no les apuntó con ningún arma. Y de las armas supuestamente aseguradas sólo reconoció una.

Al ser presentado Hoo Ramírez ante el Ministerio Público, tenía heridas en la cara, cuello, esternón, antebrazo, rodillas, piernas, muslos y dedos.

Los marinos dijeron que, luego de desarmarlo y leerles a los dos todos sus derechos, cuando se le dijo a Hoo Ramírez que “sería puesto ante la autoridad correspondiente”, supuestamente intentó correr, “motivo por el cual se vieron en la necesidad de utilizar (los marinos) la fuerza necesaria para poder esposarlo por medidas de seguridad”. Hoo Ramírez dijo al MP que se había caído días antes.

En la sentencia del juicio de amparo 41/2014, a favor del Chapo, emitido por el Segundo Tribunal Unitario del 12º distrito (Sinaloa) y la del juicio de amparo 2/2015, emitido por el Tribunal Colegiado a favor de Hoo Ramírez, se determinó que la Marina no pudo acreditar el delito de flagrancia para ingresar a la torre Miramar; tampoco pudo probar que hubo investigaciones previas supuestamente realizadas en Culiacán, lo que también les hubiera ayudado para acreditar que el ingreso a la torre y al departamento fue legal.

Respecto a Hoo Ramírez, el Tribunal Colegiado fue más allá y determinó que el secretario privado de Guzmán Loera tardó 10 horas en ser presentado ante el MP sin ninguna justificación.

Los tribunales exigieron a los juzgados que se repusiera el procedimiento y se analizaran esas quejas para resolver de nueva cuenta el auto de formal prisión. Los juzgados ratificaron la aprehensión.

En abril de 2014 los abogados de Guzmán Loera interpusieron el amparo de revisión 213/2015 ante el Tribunal Colegiado, que determinó en agosto de 2015 pedir a la SCJN que ejerciera su facultad de atracción. En este momento el expediente 335/2015 está en manos del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Los mismos abogados promovieron otro amparo para Hoo Ramírez, el cual también fue atraído por la SCJN y actualmente está a cargo del ministro Arturo Saldívar Lelo de Larrea.

Será la Suprema Corte la que determine si fue ilegal la reaprehensión de Guzmán Loera en febrero de 2014. l