En Perú, una campaña presidencial y un juicio por asesinato van de la mano

En Perú, una campaña presidencial y un juicio por asesinato van de la mano/

Sonia Goldenberg, exdirectora ejecutiva del Comité para la Protección de los Periodistas, es periodista y documentalista.

The New York Times | 2/ 02/16.'

http://www.nytimes.com/2016/02/02/universal/es/opinion-en-peru-una-campana-presidencial-y-un-juicio-por-asesinato-van-de-la-mano.html?_r=0

En los 80, Hugo Bustíos trabajaba como fotoperiodista en Ayacucho, una provincia peruana que entonces se regía por ley marcial. En esa época el ejército libraba una campaña brutal de contrainsurgencia para abatir a Sendero Luminoso. El trabajo de Bustíos como reportero lo convirtió en un testigo incómodo de las atrocidades cometidas por ambos bandos, y recibió numerosas amenazas de muerte.

En 1988 Bustíos fue emboscado a plena luz del día por una patrulla militar. Lo mataron a tiros y su cuerpo fue destruido con una granada para intimidar a los demás.

Más de 50 periodistas han sido asesinados en Perú desde que el país recuperó la democracia en 1980; muy pocos casos han sido llevados ante la justicia. Sin embargo, el asesinato de Hugo Bustíos no fue olvidado. EL caso fue tomado primero por el Comité para la Protección de los Periodistas de Nueva York y posteriormente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Los avances en la investigación estaban paralizados pero, finalmente, más de un cuarto de siglo después de su muerte, se está llevando a cabo un juicio. Y eso no es lo más extraordinario: el acusado en el juicio podría ser el próximo presidente de Perú.

Ayacucho en 2012. La provincia se regía por ley marcial en los 80, cuando el ejército peruano libraba una campaña brutal contra Sendero Luminoso. Tomas Munita para The New York Times

Ayacucho en 2012. La provincia se regía por ley marcial en los 80, cuando el ejército peruano libraba una campaña brutal contra Sendero Luminoso. Tomas Munita para The New York Times

El General Daniel Urresti, conocido en la época del asesinato de Bustíos con el pseudónimo de Capitán Arturo, fue jefe de inteligencia en la base del ejército en Huanta, Ayacucho. Urresti fue acusado el año pasado de haber ordenado el asesinato del periodista. De ser declarado culpable, enfrenta una sentencia de 25 años en prisión.

Al mismo tiempo, el General Urresti ha sido elegido para ser el candidato presidencial del partido gobernante del país, el Partido Nacionalista del Perú, en las elecciones generales programadas para el 10 de abril.

Por si eso no fuera lo suficientemente bizarro, la compañera de fórmula del General Urresti es Susana Villarán, una reconocida activista de derechos humanos. Entre 2002 y 2005, fue integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la misma organización que ayudó a llevar el caso de Urresti ante la justicia.

Estos compañeros tan dispares son menos extraordinarios de lo que se podría pensar: los partidos son débiles en Perú y los políticos no reparan en cambiar de bando. Pero incluso para estándares peruanos, la candidatura de Villarán es descaradamente oportunista. La viuda de Bustíos, Margarita Patiño, ha acusado a Villarán de una traición que “insulta, veja e indigna a los familiares de víctimas de graves violaciones contra los derechos humanos”.

Conocí bien a Hugo Bustíos. Trabajamos juntos a mediados de los 80 en Huanta.

Poco después de que mi colega fuera asesinado, me nombraron directora ejecutiva del Comité para la Protección de los Periodistas en Nueva York, y en 1990, junto con Human Rights Watch y el Center for Justice and International Law, hicimos que el caso de Bustíos fuera remitido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 1997 la comisión exigió al gobierno peruano dar inicio a una investigación imparcial para que los responsables fueran sometidos a juicio.

El caso siguió estancado porque el gobierno del Presidente Alberto Fujimori había promulgado una ley de amnistía que le otorgaba inmunidad al personal militar implicado en abusos de derechos humanos durante el estado de emergencia. No fue sino hasta 2001, cuando se nombró una comisión de la verdad, que el gobierno peruano por fin aceptó investigar 165 casos, incluyendo el asesinato de Bustíos. En 2007 un tribunal sentenció a dos funcionarios por el delito, pero en 2009 uno de los dos sentenciados implicó al General Urresti en el asesinato.

El General Urresti niega la acusación e insiste que el caso tiene motivos políticos, ya que intenta bloquear sus ambiciones presidenciales. Por su parte, Villarán declaró que, a pesar de haber tenido dudas en el pasado, está convencida de la inocencia de su compañero de fórmula.

La primera vez que vi al general en persona fue en diciembre pasado, cuando testifiqué en su juicio, pero ha sido una figura controvertida en Perú desde hace algún tiempo. En 2014 fue nombrado ministro del interior por el Presidente Ollanta Humala —quien fue oficial del ejército durante la “guerra sucia”— a pesar de que Urresti ya tenía una investigación abierta por el asesinato de Bustíos. Solo duró ocho meses en ese puesto, ya que tras recibir críticas por brutalidad policial durante las protestas del año pasado fue obligado a renunciar. Sin embargo, el estilo combativo del General Urresti en sus apariciones televisivas lo han convertido en una figura popular.

Por una coincidencia perversa, se espera que el tribunal dicte sentencia en el caso Urresti al mismo tiempo que los peruanos voten en la primera vuelta en abril. Y es así como los electores tienen no solo un candidato presidencial que alterna apariciones en televisión con comparecencias ante los tribunales, sino además están expuestos a la posibilidad de que un presidente electo gobierne desde prisión.

No tiene muchas probabilidades de ganar, pero ese podría no ser el principal objetivo de su candidatura. Al ungir al General Urresti como su sucesor político, Humala pareció exculpar a un presunto responsable sujeto a una grave acusación. Los jueces de Perú no son conocidos por su independencia ni integridad; el respaldo presidencial puede sin duda ser visto como un intento de interferir en el curso de la justicia, y en efecto podría comprometer la imparcialidad del juicio.

El esfuerzo por instalar a un aliado tan polémico en la presidencia puede ser un quid pro quo del presidente saliente. La primera dama, Nadine Heredia, está sometida a una investigación por presunto lavado de fondos de campaña y transferir millones de dólares a cuentas bancarias secretas en el extranjero (EL presidente tiene inmunidad que solo puede ser levantada por voto mayoritario en el Congreso una vez que deje el cargo). Humala dejará la presidencia con índices de aprobación terriblemente bajos; su patrocinio a la candidatura de Urresti podría ser visto como un último intento desesperado por apuntalar su situación política.

No hace falta decir que aquellos que aspiran a un cargo público deberían estar libres de toda sospecha de conductas delictivas. Evidentemente este no es el caso de Urresti. Su candidatura socava la ya frágil democracia peruana.

Y lo que resulta peor, la candidatura del General Urresti interfiere groseramente con la administración de justicia. Esto subvierte la larga batalla del Perú por confrontar su oscuro pasado de crímenes contra la humanidad.