Comisionado Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia.

Cuatro días despues de la entrevista de la presunta hija del indiciado Joaquín Guzmán Loera, habla el C. Comisionado Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia.

Mensja a medios, lunes 7 de marzo de 2016 
En el mensaje el campechano justificó la vigilancia especial al interno basado en lo que dice la constitución y la Ley contra la delincuencia organizada.. : se refiere a Joaquín Guzmán Loera primero como su nombre sin el alías, de El Chapo y despues se refiere a él como “ este criminal“ o “este individuo“…, y de la presunta hija (Rosa Icela) se refiere sólo a la que “dice ser su hija.“
Subrayó que sus dichos son “señalamientos que carecen de soporte probatorio, cuyo único objetivo es deslegitimar a las instituciones.“
Renato no aceptó preguntas.
Textual

Buenas tardes tengan todas y todos ustedes, compañeros de los medios de comunicación.

En julio de 2015, ocurrió la evasión de uno de los criminales más peligrosos de nuestro país.

Las instituciones del Estado Mexicano se vieron afectadas. Sabíamos que la única manera de resarcir este daño, era logrando su recaptura.

Y fue por ello que en los meses que siguieron, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República realizó un profundo trabajo de coordinación e inteligencia, con un solo objetivo: reaprehenderlo.

Gracias a esa labor y a la lealtad de los integrantes de las fuerzas federales, el pasado 8 de enero se logró la recaptura de Joaquín Guzmán Loera.

Desde ese momento, el compromiso del Gobierno de la República ha sido uno: emplear todas las capacidades del Estado para garantizar que este sujeto no pretenda volver a evadir la acción de la justicia.

Lo hemos hecho con estricto apego a sus derechos fundamentales, haciendo uso de todas las herramientas que la ley nos permite.

La Constitución, en su artículo 18, señala que para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada, las autoridades competentes podrán imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en los Centros Federales de Readaptación Social.

Por su parte, el artículo 45 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, establece la restricción de comunicaciones de los inculpados y sentenciados, así como la imposición de medidas de vigilancia especial a dichos internos.

Esto se confirma, además, en los protocolos vigentes para los Centros Federales de Readaptación Social, y en la ley que establece las bases de readaptación social de sentenciados. (Guzmán Loera no es sentenciado, aún)

Y, además, así fue reiterado recientemente por el Poder Judicial Federal, en resolución incidental recaída ante el juicio de Amparo promovido por la defensa de Joaquín Guzmán Loera.

En el incidente de suspensión 298/2016-2, del índice de juzgado primero de distrito en materia de amparo, se lee:
“Ahora, en la especie, la aplicación del protocolo de seguridad, se debe a las medidas implementadas en el centro de su reclusión, las cuales son de orden público e interés social, pues la sociedad está interesada en que el orden y salvaguarda del referido centro de reclusión se mantengan, porque de lo contrario, podrían ponerse en peligro la tranquilidad e integridad de la colectividad.”

No debemos olvidar tener presente siempre que Joaquín Guzmán Loera ha dañado profundamente a nuestra sociedad. Sus acciones, han causado la muerte de muchos mexicanos; ha envenenado a nuestros jóvenes y destruido a familias enteras.

Les ha arrebatado un padre, una madre o un hermano. Son familias que merecen justicia y a quienes nos debemos en primera instancia.

Y por eso reiteramos: el compromiso del Gobierno de la República es que este criminal sea castigado con todo el peso de la ley.

Derivado de estas acciones, que el Estado ha empleado para fortalecer su resguardo, el Gobierno de la República advierte que existe por parte de este individuo, de su defensa y de algunas otras personas, una abierta estrategia mediática.

Prueba de ello son las más recientes declaraciones de quien dice ser su hija.

Se trata de señalamientos que carecen de soporte probatorio, cuyo único objetivo es deslegitimar a las instituciones.

Sobre estos dichos, habrá de pronunciarse en breve la Procuraduría General de la República.

Pero que quede claro: por lo que corresponde al Gobierno de la República, ni treguas ni alianzas ni pactos con el crimen.

Los hechos así lo han demostrado, así lo demuestran.

No vamos a ceder ante especulaciones, cuyo único objetivo es desviar la atención, victimizar a este sujeto para relajar su vigilancia.

Que no quede duda: en un país de leyes, como lo es México, toda acusación debidamente fundada ha de ser investigada y, en su caso, recibirá una sanción.

Pero el Estado Mexicano no se va a prestar a chantajes ni a litigar en los medios lo que debe ser juzgado únicamente por los tribunales.

Señoras y señores:

El Gobierno de la República seguirá trabajando, como lo hemos hecho durante estos tres años, para fortalecer el Estado de Derecho en todo el territorio nacional.

Para seguir llevando ante la justicia a todo aquel que lastime o pretenda lastimar a las y los mexicanos.

Y, sobre todo, para devolver la tranquilidad a las familias de nuestro país.