El gran fracaso de la certificación penitenciaria/PATRICIA DÁVILA

Revista Proceso # 2054, 12 de marzo de 2016

El gran fracaso de la certificación penitenciaria/PATRICIA DÁVILA

La certificación oficial de las cárceles mexicanas es una farsa. Desde abril de 2011, cuando empezó a aplicarse, a la fecha, la Asociación de Correccionales de América ha cobrado 14 millones de dólares provenientes de la Iniciativa Mérida. Sin embargo, ese organismo ha entregado resultados catastróficos. Los 26 penales que considera más seguros en el país distan de serlo, según el Diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria de 2014, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Desde el sexenio pasado, la Asociación de Correccionales de América (ACA) ha recibido 14 millones de dólares destinados por el gobierno de Estados Unidos al mexicano para la certificación de 29 de los 431 penales nacionales, pero los resultados son desastrosos, pues los amotinamientos, asesinatos, sobrepoblación, vulnerabilidad y corrupción en las prisiones continúan.

La certificación penitenciaria, iniciada en abril de 2011 a petición del entonces presidente Felipe Calderón a través del Programa de Correccionales financiado con recursos de la Iniciativa Mérida, es un gran fracaso.

Según la embajada estadunidense, el propósito de ese programa es brindar apoyo al gobierno de México para mejorar las capacidades del sistema penitenciario, que redunde en un manejo más eficiente de su población, e impulsar reformas sustantivas en los reclusorios federales, estatales y municipales para prevenir que las organizaciones criminales trasnacionales operen en ellos.

“A la fecha, señala la legación, más de 14 millones de dólares se han comprometido en entrenamiento, desarrollo de capacidades y equipo”. Los reclusorios certificados por la ACA incluyen 16 federales, ocho de Chihuahua, uno de Baja California y cuatro del Estado de México; ahí tres penales se sumaron apenas en febrero pasado.

Sin embargo, en su Diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria 2014, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sostiene que la consultora dirigida por James Gondles no cumple con gran parte de los 139 estándares internacionales que ella misma maneja. Según los diagnósticos del ómbudsman nacional al sistema penitenciario de 2014, en los penales estatales y federales la sobrepoblación es de 74%.

Asimismo, en un comunicado la CNDH sostiene que en el primer cuatrimestre de 2015 se registraron 78 incidentes, entre riñas, intentos de suicidio, huelgas de hambre, fallecimientos y agresiones que implicaron a 159 reos.

En Estados Unidos, la Prison Legal News –organización civil defensora de los derechos humanos de los reclusos– denunció a la ACA porque, aun cuando se presenta como asociación sin fines de lucro, cobra 3 mil dólares a cada penal y mil 500 dólares al día por cada auditor. En 2011, por ejemplo, la asociación de Gondles recibió 4.5 millones de dólares por acreditación, casi la mitad de sus ingresos de ese año (Proceso 2051).

La reportera se comunicó vía telefónica con Gondles para solicitarle una entrevista. Y como el director de la ACA pidió un cuestionario, se le hizo llegar uno de 35 preguntas por correo electrónico. Gondles devolvió la llamada y canalizó a la reportera con Eduardo Guerrero, representante de la ACA en México y comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.

Guerrero tampoco aceptó la entrevista. La Comisión Nacional de Seguridad respondió por medio de su área de Comunicación Social que las entrevistas “están suspendidas”.

Cifras negras

En 2011 la ACA certificó los primeros cuatro penales federales: el del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México; el de Occidente, en Jalisco; el Noreste, en Tamaulipas, y el del Rincón, en Nayarit.

Dos años después se sumaron el Sudeste, de Huimanguillo, Tabasco; el Nornoroeste, de Durango; el Norponiente, de Sinaloa, y el Oriente, de Veracruz. Asimismo se incorporaron al Programa de Correccionales de la Iniciativa Mérida cuatro penales de Chihuahua y uno de Baja California.

En 2014 se otorgó la acreditación al Centro Federal de Readaptación Social 9 Norte; al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, CPF Papantla; al Centro Federal Femenil de Readaptación Social Rehilete, y al Centro Federal de Readaptación Social Morelos.

Para enero de 2015, en Chihuahua ya estaban certificados los ocho penales estatales. Y el 16 de febrero último, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, presumió que la ACA certificó cuatro de los 21 penales mexiquenses: el de Otumba; el Guillermo Colín Sánchez, en Ciudad Nezahualcóyotl; el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Valle de Bravo, y la Escuela de Reintegración Social para Adolescentes Quinta del Bosque, en Zinacantepec.

Según Ávila, fueron certificados por la ACA “después de pasar los más estrictos controles en temas como humanidad, justicia, protección, administración y seguridad”. Sin embargo, pese a la certificación, los problemas en las cárceles persisten.

En su Diagnóstico de 2014, la CNDH documentó 993 incidentes violentos en penales estatales (ceresos), 740 en los reclusorios federales (ceferesos) y cuatro en las prisiones militares (PM). Las riñas ocuparon el primer lugar: mil 435 y ocurrieron en 700 ceresos, 734 en ceferesos y uno en una PM.

Siguieron los desórdenes, con 126, todos ellos en ceresos; los suicidios, con 68 –62 en ceresos y seis en ceferesos–; los abusos, con 51; los homicidios, con 49, y los motines, con cinco, todos ellos en ceresos.

En el caso de homicidios, los penales con mayor índice fueron el Distrito Federal (18), Guerrero (seis), Tamaulipas y Estado de México (cinco cada uno), Sonora (cuatro), Chihuahua y Sinaloa (tres cada uno). La mayoría en los dormitorios.

Con respecto a los ceferesos, el incidente con mayor número de reportes fue el de riñas: 734. Los centros con más casos fueron los certificados por ACA: el Número 3 Noreste, de Matamoros, Tamaulipas (124); el Número 4 Noroeste varonil, de Tepic, Nayarit (119); el Número 2 Occidente El Salto, Jalisco (115); el Número 12 CPS Guanajuato (94); el Número 13 CPS Oaxaca (56). Por lo general ocurrieron en el comedor, las instalaciones deportivas y en los patios.

El Diagnóstico también expone que en los penales certificados se detectó falta de capacitación en los custodios y falta de elementos que cumplieran esa función; así como fallas administrativas. Ello, pese a que en mayo de 2009 se inauguró la Academia Nacional de Administración Penitenciaria en Xalapa, Veracruz, donde fueron capacitados 7 mil 519 nuevos oficiales.

De manera adicional, 120 oficiales se especializaron en técnicas de supervisión de primera línea y se impartieron dos cursos a 132 empleados de prisiones: uno de liderazgo en Denver, Colorado; otro sobre Grupos de Amenaza contra la Seguridad/Inteligencia, impartido por personal del Departamento de Seguridad Pública y Servicios Correccionales de Maryland.

Otros 118 oficiales de prisiones recibieron entrenamiento en procedimientos de respuesta ante situaciones de emergencia, impartidos por especialistas de la Academia Nacional de Administración Penitenciaria, y 22 instructores recibieron su certificación para impartir cursos de respuesta ante emergencias.

Se adquirieron también dos unidades móviles para el entrenamiento extramuros sobre el manejo de prisiones estatales y federales. Los instructores federales han capacitado a mil 561 custodios en materia de derechos humanos, desarrollo humano, emergencias, uso de la fuerza y simuladores de armas de fuego.

Y las quejas se multiplican

Hasta ahora, la certificación de la ACA a los penales nacionales ha sido infructuosa.

El Diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria 2014 otorga la máxima calificación a los penales de Guanajuato, 7.59, mientras la más baja es para Quintana Roo, 3.66.

En este rubro, la CNDH señala que el promedio obtenido en la aplicación del diagnóstico penitenciario en 2014 fue de 6.2 en los ceresos, menor al de 2011 (6.41), al de 2012 (6.28) y al de 2013 (6.10). Según la ACA, los penales certificados de Chihuahua obtuvieron 6.67; los de Baja California, 7.23, y los del Estado de México, 6.01.

En Chihuahua, el Cereso Número 3 –al que acudió el Papa Francisco durante su visita a Ciudad Juárez en febrero pasado–, obtuvo 5.61 en el Diagnóstico de la CNDH, mientras el Número 7 de Ciudad Cuauhtémoc, 6.86, y el Número 2, 6.19.

Este centro obtuvo 4.53 en cubrir aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno; en aspectos que garantizan una estancia digna sacó 7.26; en condiciones de gobernabilidad, 6.2; en reinserción social del interno, 6.53, y en grupos de internos con requerimientos específicos, 3.52, muy lejos de los estándares de la ACA.

Respecto a “condiciones de gobernabilidad”, la CNDH indica que falta un manual de procedimientos para traslado de internos y para motines; existencia de áreas de privilegios, de objetos y sustancias prohibidas y de internos que ejercen violencia o control sobre el resto de la población; presencia de cobros por parte de los custodios, así como por parte de los internos.

En dos de las cuatro prisiones mexiquenses certificadas por la ACA se repite el mismo fenómeno que en las de Chihuahua: el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Otumba obtuvo 6.27, mientras el Dr. Alfonso Quiroz Cuarón llegó a 6.22.

La tendencia se repite en la mayoría de los ceferesos, en los cuales el promedio fue de 6.83, según el documento de la CNDH. El Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Ciudad Ayala, de Morelos, obtuvo 8.18.

El Número 2 de Occidente, en Jalisco, el Número 7 de Guadalupe Victoria, Durango, el Número 5 de Villa Aldama, Veracruz, y el Número 4 de Tepic, Nayarit, obtuvieron calificaciones que fluctúan entre 7.22 y 7.76. Otros, de 6.02 a 6.37, mientras que el más bajo es el Número 9 de Ciudad Juárez, Chihuahua, con 5.53.

La CNDH indica también que en los primeros cuatro meses de 2015 detectó una sobrepoblación de 74% en los ocho ceferesos donde están recluidos los criminales más peligrosos de México, pese a que son consideradas las instalaciones más seguras del país.

Ahí se han registrado 78 incidentes, como riñas, intentos de suicidio, huelgas de hambre, fallecimientos y agresiones entre internos, los cuales implicaron a 159 reos.

La vida cotidiana de los reclusos, incluidos los que purgan sus sentencias en las prisiones certificadas, dista mucho de los estándares de calidad que pregonan los especialistas de la ACA. Y ello se refleja en las quejas presentadas ante la CNDH: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 sumaron mil 542.

El caso del Altiplano es singular. El 26 de febrero del año pasado, 138 internos enviaron a la CNDH una carta en la que se quejaban por malos tratos. Según el portal Nayarit en Línea, entre los firmantes estaban Joaquín Guzmán Loera, El Chapo; Héctor Beltrán Leyva, El H, y Édgar Valdez Villarreal, La Barbie. Meses después, el 11 de julio, El Chapo se fugó.

El 18 de mayo de 2015 Sayra Rodríguez, hija de Nestora Salgado, la exlíder de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, presa entonces en el Cefereso Número 4 El Rincón, en Nayarit, por presunto secuestro, denunció que los derechos humanos de su madre eran violados de manera constante. Salgado inició una huelga de hambre.

El 26 de febrero último, un centenar de custodios del Cereso Número 3 de Ciudad Juárez denunciaron que la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales los envían a otros centros penitenciarios del estado sin apoyo económico. Se quejaron de la falta de uniformes y de la mala calidad de la comida.
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Revista Proceso # 2054, 12 de marzo de 2016

Empresarios de la Comarca Lagunera de Durango y Coahuila se oponen a que el Cefereso Número 14 CPS Durango, recién establecido en esta región, albergue a secuestradores. Temen que se eleven los secuestros en la zona, ya que los criminales siguen operando desde los reclusorios.

Presentado por el titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, como un penal que “cubre la más alta seguridad y tecnología”, ellos insisten en “el alto nivel de corrupción en todos los niveles del sistema penitenciario”.

Agustín Arellano Saucedo, presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, y Eugenio Treviño, presidente de Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Torreón, así como seis regidores del PAN de Gómez Palacio, Durango, encabezados por el coordinador de la fracción, Oswaldo Santibáñez, presentaron al cabildo un punto de acuerdo para impedir que los secuestradores se concentren en ese penal.

Arellano solicita que en el CPS Durango se concentré a los reos de los municipios laguneros que fueron trasladados al Cereso de la ciudad de Durango. El dirigente empresarial dice que resulta muy caro a sus familiares sufragar los viajes para visitarlos.

El pasado 19 de enero, la CNS informó que a partir de ese mes, “todos los internos en el Sistema Penitenciario Federal por la comisión de este delito se concentrarán en dicho Centro. Así se pretende eliminar la posibilidad de que los grupos dedicados a sustraer a una persona para privarla ilegalmente de la libertad, continúen operando y generando inercias nocivas para el resto de la población en reclusión. El centro posee avanzados sistemas tecnológicos que garantizan la seguridad y el monitoreo constante de las actividades de la población interna”.

Treviño, por su parte, advierte sobre el riesgo de que se concentre a todos los secuestradores del país en ese penal: “Estamos pidiendo que al menos a los del sur no los trasladen para acá. Si concentras a todos aquí, se va a volver una universidad del secuestro”.

Y agrega: “Van a venir otras personas a establecerse a la Laguna, desde sus familiares hasta los socios que no agarraron. Además, lo que ellos saben hacer es secuestrar; y cuando queden libres, sin dinero, van a dedicarse al secuestro y lo van a hacer en La Laguna.

“El problema es que el secuestro es un delito, silencioso porque nadie lo denuncia, o se hace en muy baja escala, por lo que se desconocen las estadísticas exactas. Hace cuatro años tuvimos problemas, apenas estamos saliendo porque los delitos que se registran actualmente son del fuero común, los de alto impacto son muy pocos, estamos retomando la estabilidad.

“En La Laguna, hace un par de años, tuvimos grupos armados, secuestros, matanzas de alto impacto. Sabemos que esos delincuentes ya salieron de La Laguna; era cuando la disputa entre Los Zetas y (el Cártel de) Sinaloa”.

Los empresarios tuvieron un encuentro con Ricardo Rebollo, Flor Rentería y Refugio Sandoval, diputados federales de La Laguna, para discutir sobre un posible encuentro con el secretario de Gobernación, Migue Ángel Osorio Chong, y con el comisionado Sales Heredia.

“Nos preocupa ese Cefereso porque ya tuvimos un problema con el Cereso de Gómez Palacio, pues la directora del penal dejaba salir a los reos durante la noche sólo para delinquir. Salían a ejecutar sus crímenes y regresaban a dormir”, recuerda Treviño.

–Según Sales Heredia, al concentrar a los secuestradores se evitará la contaminación de los otros reos –se le comenta al empresario.

–Nuestra percepción es que a quienes están empezando y los agarran, van a aprender de quienes tienen mucho tiempo en el negocio. El CPS Durango se volverá una escuela del crimen. En Gómez Palacio no hay policía municipal desde hace cuatro años; las funciones preventivas están en manos de los militares. Tú sabes que los soldados se mueven lento, esperan órdenes para actuar.

–Pero el comisionado insiste en que esta medida evita la contaminación ­criminógena.

–Eso dicen de todos los Ceresos. Pero la realidad es que se siguen recibiendo llamadas de extorsión de personas que, por su acento, sabemos que son del sur del país. El Cereso está en la salida de Gómez Palacio, y en el pueblo cercano de Máximo, las familias de los presos ya están rentando casas para quedarse a vivir.

“Y aunque este Cefereso fue construido por gente de La Laguna que maneja todas las normas internacionales, e incluso certificado por Estados Unidos, su punto débil es la corrupción. Ese es nuestro miedo.”

Malestar generalizado

Los empresarios no son los únicos que han protestado. El panista Osvaldo Santibáñez, regidor en el municipio de Gómez Palacio, expone que la región aún no se repone de la inseguridad.

“Los tres municipios duranguenses estamos bajo el mando único del Ejército. Eso nos habla de que las cosas aún no están bien. Son los estragos que en el 2010 dejó la mala operación del Cereso de Gómez Palacio, cuando la directora Margarita Rojas Rodríguez permitía que un grupo de presos saliera por las noches a cometer ajustes de cuenta con bandas rivales”.

Desde entonces la Policía Municipal fue desmantelada. Y como los policías municipales estaban al servicio de los malhechores, el Ejército tomó el mando. En Gómez Palacio la contratación de policías se inició hace tres meses. Se necesitan 400, dice, apenas hay 100. Mientras, los delitos del fuero común, como los asaltos y robos a casas habitación, están desbordados.

“Analice cómo han evolucionado los municipios en donde han instalado penales de alta seguridad –dice a la reportera–. El Altiplano, que tiene capacidad para 800 reos, por ejemplo, recibió 36 mil vistas en 2008, incluidos familiares, amigos, abogados y presuntos cómplices de los internos.

“Si se hace un comparativo, en el penal federal de Gómez Palacio, con capacidad para 2 mil 500 reos, estaríamos recibiendo 86 mil personas en un año ¡Es demasiado!”

Dice que es una sinrazón concentrar a todos los secuestradores, cuando uno de los principales problemas que han agobiado a la región es precisamente ese delito. “Tenemos empresarios lecheros, metalúrgicos, una diversidad de inversión. Yo haría un paralelismo: es como si el gobierno federal decidiera enviar a todos los sentenciados por narcotráfico al penal de Culiacán”, comenta.

Y aun cuando los alcaldes comentan que habrá una derrama económica, el turismo penitenciario es el menos deseado por los municipios.

La reportera pregunta a Edna Jaime, de la organización no gubernamental México Evalúa, sobre el sistema penitenciario.

“Por lo general –responde– en las cárceles de México se violan sistemáticamente los derechos humanos; en algunos incluso existe el autogobierno. En resumidas cuentas, son un desastre.

“El problema es enorme y tenemos que replantearlo. Lo que está de por medio son vidas de sentenciados, quienes incluso privados de su libertad conservan la mayoría de sus derechos y el Estado mexicano está obligado a velar y garantizar esos derechos. No lo ha hecho.

“El gobierno federal está presionado por el apoyo que recibe por medio de la Iniciativa Mérida, a través de la ACA, organización que establece estándares básicos para certificar los penales. Esto está moldeando la política penitenciaria mexicana.”

Orlando Camacho, de la organización SOS, presidida por Alejandro Martí, la secunda: “El tema no es tanto separar o no a los secuestradores. El tema es de origen. De nada servirá un área exclusiva para secuestradores si el control del penal lo siguen teniendo delincuentes, si hay un cogobierno o corrupción de la propia autoridad”.

El asunto es más profundo: “Pueden tener un área exclusiva para cada tipo de delincuentes, pueden dividir a los diferentes brazos armados o modificar sus horarios siempre y cuando hayan tomado una decisión férrea de reformar íntegramente al penal. Si no es así, nada sirve, sólo es un parche”.

Asegura que los pernales pueden ser de la más alta tecnología, pero la fuga de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, demostró que pese al monitoreo, él se evadió debido a la corrupción; y la madre de la corrupción es la impunidad. l